Los taxistas andaluces, representados en las asociaciones Élite Taxi Sevilla y Foro Taxi Libre, mantienen su oposición al borrador, elaborado por la Junta de Andalucía, para la ordenación y modernización del sector del transporte discrecional en vehículos turismo, que abarca tanto a los taxis como a los vehículos de transporte concertado (VTC).
Tras nuevas reuniones entre asociaciones de taxistas y los responsables de la Dirección General de Movilidad de la Consejería de Fomento, una vez presentadas las alegaciones formuladas por el sector del taxi al borrador que faculta a las comunidades autónomas y los municipios para regular la actividad de los vehículos con conductor de Uber o Cabify, la batalla sigue abierta.
Los conductores de VTC han denunciado situaciones de coacción o incluso daños a manos de taxistas
En el caso de Sevilla, los taxistas y el Ayuntamiento acordaron pedir a la Junta de Andalucía que se limitase la contratación de los servicios de VTC a una antelación mínima de entre 30 minutos y una hora, con la obligación de que estos vehículos regresen a sus bases tras cada porte, entre otros aspectos, puesto que el borrador no incluye la demanda de los taxistas relativa a la antelación mínima para la precontratación de los VTC.
Esta reivindicación se basa en la acusación del sector local del taxi a los conductores de VTC de invadir su ámbito de actuación e incurrir en «intrusismo», pues la regulación de los vehículos de transporte concertado, por ejemplo, prohíbe que estos conductores circulen a la búsqueda aleatoria de clientes, capten viajeros de manera espontánea o utilicen los carriles reservados a los autobuses públicos y taxis.
Los conductores de VTC, por su parte, han denunciado situaciones de coacción o incluso daños a manos de taxistas, dando lugar a una causa judicial en toda regla.
En ese sentido, y conforme al decreto ley que faculta a las comunidades autónomas y los municipios para regular la actividad de los vehículos de transporte concertado que operan para empresas como Uber o Cabify, las propuestas de la Junta contemplan la posibilidad de que los taxistas ofrezcan un precio cerrado al usuario en los servicios precontratados o realizar servicios cobrando por plaza, entre otros aspectos.
LAS ESTACIONES DE VTC
El decreto ley estipula un régimen transitorio de cuatro años para que las comunidades autónomas y los municipios adapten las normativas, periodo en el que los VTC podrán seguir operando como hasta ahora en el ámbito urbano. Para ese período de transición, la Junta propone la creación de estaciones de VTC ubicadas en el perímetro de los núcleos urbanos, con la intención de que conductores estén obligados a regresar a dichas estaciones cuando completen sus servicios, «salvo que tengan otro servicio precontratado». De esta forma, se podría supervisar la actividad de los VTC mediante una web de control.
Élite Taxi Sevilla ha calificado de «muy decepcionante» la reunión con los responsables de la Dirección General de Movilidad. Según la asociación, los representantes autonómicos habrían reconocido que «los VTC operan cometiendo infracciones al Reglamento de Transportes, pues es el único modo que tienen de prestar un servicio con inmediatez», pero «se muestran reticentes a establecer un tiempo de precontratación tal como se está regulado en todas las comunidades autónomas excepto Madrid, también gobernada por el PP.
UNIDAD DE ACCIÓN DEL COLECTIVO DE TAXISTAS
«El mantenimiento de un servicio público no puede quedar supeditado a la rentabilidad de empresas privadas. La salvación del servicio del taxi en defensa de los intereses de los usuarios sólo tiene un camino: la regulación de la actividad de los VTC que operan con Uber y Cabify, y la liberalización del transporte discrecional de viajeros en vehículos turismo«, concluyen los representantes de los taxistas.
Foro Taxi, ha mostrado su «disconformidad con el precio por plaza y las estaciones de VTC», considerando que el resto de propuestas del borrador «nada tienen que ver con las condiciones de precontratación, solicitud de servicios, captación de clientes, recorridos mínimos y máximos, servicios u horarios obligatorios» cuya modificación «habilita» el Real Decreto Ley que faculta a las comunidades autónomas y los municipios para regular la actividad de los VTC.
«La estrategia de convocar a cada uno de los grupos que han presentado alegaciones (al borrador) es una clara maniobra de dilación. Se impone la unidad de acción para mantener que el taxi siga siendo un servicio esencial de interés general«, enfatiza este colectivo de taxistas.
