La modificación de las ayudas del Programa de Extensión de la Banda Ancha de Nueva Generación (PEBA) reabre las heridas en materia digital en las pequeñas localidades rurales. El Gobierno condiciona la presentación de los proyectos a la cuantía mínima de 100.000 euros. Esta medida ha llegado “en pleno periodo electoral y aprovechando la Semana Santa”.
El amplio sector agrupa cerca de unas 800 empresas en España y la Asociación Nacional de Operadores Locales de Telecomunicaciones (AOTEC) representa sus intereses, y en concreto su presidente, Antonio García Vidal, ha calificado de “incomprensible” la nueva estrategia del PEBA, porque “atenta contra el propio fin de estas ayudas”. Esta situación deja fuera de la partida a pequeñas localidades rurales que no importan a las grandes operadoras y por tanto, estas medidas imposibilitan a operadores alternativos ofrecer una solución. La inversión necesaria para llevar internet de banda ancha a una pequeña población es inferior a 10.000 euros, a pesar de esto, las pequeñas poblaciones rurales no atraen a los gigantes del sector.
Los incentivos ya primaban a los proyectos que incorporaban a un mayor número de municipios. Ahora, las duras condiciones económicas que establecen un mínimo, acentúa este factor, obligando a presentar proyectos más amplios y con más poblaciones. Sin embargo, la experiencia demuestra que los operadores dominantes “después renuncian a parte de estas ayudas porque en realidad los proyectos no les salen rentables, abandonando pequeños municipios, que quedarán condenados a seguir esperando para tener conexión de banda ancha pese a que hubiera operadores locales interesados en abordarlos. Esto ya ha pasado y ahora se volverá a repetir, se está insistiendo en el error y perjudicando al mundo rural”.
La modificación en las ayudas llega después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) rechazara de pleno, por anticompetitivo, el borrador de orden del Ministerio de Economía con el que éste pretendía otorgar sólo un proyecto por provincia. “Claramente querían que sólo se presentaran las grandes empresas y ahora lo logran por otra vía, estableciendo el mínimo de 100.000 euros de cuantía subvencionable”, explica García Vidal, quien considera que esto demuestra el “desprecio” del Gobierno por las pequeñas y medianas empresas locales dispuestas a invertir, a las que se “discrimina” en las ayudas.
OPERADORES LOCALES, LOS REYES DEL TERRENO
El operador local es un experto en la creación y gestión de redes en pequeñas poblaciones, prestan servicio en municipios con población inferior a 50.000 habitantes. Pero, además de la asistencia en estas zonas, la brecha digital que afecta a estas zonas más despobladas, estas empresas generan unos 6.000 puestos de trabajo directos. Desde Aotec establecen que son los habitantes de los pueblos los principales perjudicados.
Aotec mantuvo en marzo una reunión con el director general de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información del Ministerio de Economía y Empresa, Roberto Sánchez, en la que la asociación expuso las capacidades del sector, que es “tres veces más eficiente con el uso de las ayudas públicas que las grandes empresas”, tal como demuestran los datos del propio Gobierno. Así, en la anterior convocatoria de ayudas el coste de cablear una unidad inmobiliaria en pequeñas localidades rurales por un operador local fue de 62,40 euros de media frente a los 171,99 euros de los operadores regionales y nacionales.
‘SE NOS DECÍA QUE NO HABRÍA CAMBIOS’
España es el tercer país de la OCDE, superado por Corea y Japón, con mayor porcentaje de población cubierta por redes de gran capacidad de acceso a internet. Esta posición se debe en parte a los operadores locales de telecomunicaciones. García Vidal ha lamentado que “ni si quiera se nos haya advertido de la posibilidad de este cambio, sino todo lo contrario, se nos enviaban mensajes de tranquilidad y de que no habría variaciones en la convocatoria”.
A su juicio, la actitud del Gobierno demuestra que “simplemente no cree en las capacidad y profesionalidad de las pymes españolas y prefiere dar el dinero de todos los españoles a empresas multinacionales”. En esta situación, las empresas de menor tamaño no pueden crecer ni fortalecerse en el país.
En este sentido, explica que los operadores tienen capacidad económica para acudir a la convocatoria, pero que su forma de crecer habitual es la de expandirse hacia municipios cercanos, por lo que podrían acudir coordinadamente a la convocatoria asociándose en Utes para abarcar un mayor número de poblaciones, algo inviable con sólo un mes de plazo.
Los incentivos del Programa de Extensión de la Banda Ancha de Nueva Generación, al que el Gobierno destina 150 millones de euros para proyectos a desarrollar dentro de los tres próximos años, se publicaron el pasado 17 de abril en el BOE y el plazo para la presentación de proyectos concluye en apenas un mes, el 20 de mayo.
