Avalmadrid concedió avales millonarios a empresas gestionadas por miembros de su consejo de administración, entre los que se encontraban Arturo Fernández Álvarez y Gerardo Díaz Ferrán. Según ha podido saber MERCA2 en exclusiva. La Secretaría del Consejo de Administración ha puesto a disposición de la Fiscalía especial para Delitos Económicos datos de 100 operaciones sospechosas sobre 167 estudiadas por el Banco de España, que supusieron un desembolso de unos 82 millones de euros, por posibles graves delitos societarios. Por su lado, el Banco de España ha abierto expediente y propuesto graves sanciones sobre la práctica totalidad de consejeros de Avalmadrid por saltarse gravemente sus recomendaciones sobre riesgos y reclamación de impagos millonarios de estas 167 operaciones.
La historia se remonta a 2012, cuando una inspección del Banco de España dio con la pista de infracciones que podrían ser constitutivas de hechos delictivos por parte del Consejo de Administración de Avalmadrid. En ese momento el regulador informó a Avalmadrid de la necesidad de aplicar una política crediticia que disminuyese la concentración existente en la cartera de avales con acreditados/avalados con un riesgo individual significativo. En concreto, en la cartera de avales existían riesgos de 78,4 millones de euros.
El por entonces Consejo de Administración de Avalmadrid hizo caso omiso a los requerimientos del Banco de España hasta tal punto de que en 2013 concedió varias operaciones de aval financiero a siete sociedades por un total de 10,7 millones de euros, de los cuales 6,4 millones de euros no tenían reafianzamiento, según refleja el informe del Banco de España al que ha tenido acceso MERCA2.
El último de los escritos enviado a Avalmadrid, con fecha 28 de junio de 2018, solicitaba que analizase la concesión y formalización de 167 avales concretos previamente identificados y analizados por el Banco de España durante la inspección realizada entre el último trimestre de 2016 y el primero de 2017.
Por su parte, Avalmadrid encargó a la empresa Forest Partners para la emisión de un análisis forense de la cartera analizada (los 167 avales). El borrador del informe llegó a manos de la Secretaria del Consejo de Administración el 20 de febrero de 2019. Las conclusiones muestran que los avales podrían dar lugar a algún tipo de responsabilidad jurídica relevante para Avalmadrid, especialmente el conjunto de los concedidos a favor del Grupo Arturo Cantoblanco y del Grupo Marsans.
Estas dos empresas estaban relacionadas con dos nombres muy conocidos por la justicia. En primer lugar, Arturo Fernández Álvarez era propietario y administrador único de Grupo Arturo Cantoblanco. También ocupó los cargos de presidente de la patronal madrileña CEIM (antes vicepresidente de CEOE) entre 2007 y 2014 y representante de la Cámara de Comercio de Madrid hasta 2016. Por otro lado, Gerardo Díaz Ferrán. Fue uno de los socios del extinto Grupo Marsans, además de presidente de CEIM de 2002 a 2007 y de la CEOE de 2007 a 2010.
Ambas compañías mostraban “evidencia suficiente de que ya tenían dificultadas económicas obvias que ponían en riesgo la continuidad de su negocio y el cumplimiento de sus obligaciones”, según el informe que emitió la Secretaria del Consejo de Administración en relación con las conclusiones del recibido de Forest Partners al que también ha tenido acceso MERCA2. El hecho de que estos dos empresarios formaran parte del Consejo de Administración de Avalmadrid “derivó necesariamente en una situación de conflicto de interés para la persona que ostentaba un cargos en los órganos de gobierno de Avalmadrid al tiempo de la concesión del aval”.
La Secretaria de Consejo de Avalmadrid considera que “la persona vinculada se benefició de una garantía que difícilmente hubiera conseguido por otra vía o a través de otra entidad financiera”. Por todo ello, concluye, “el aval concedido causó un quebranto económico en Avalmadrid”. Eso sí, especifica que “el quebrante económico que pueda sufrir Avalmadrid con motivo de la concesión de avales al Grupo Marsans es significativamente superior al causado por el conjunto de operaciones concedidas al Grupo Arturo Cantoblanco”.
La actuación de los consejeros de Avalmadrid descrita podría conllevar delitos penales y civiles. La concesión de avales a entidades en dificultades económicas obvias podría presentar indicios de la comisión de alguno de los delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico previstos en el Título XIII de la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre, del Código Penal. Además, el informe de la Secretaria estima que habría que esperar al desarrollo de la instrucción penal de los hechos puestos de manifiesto para ver si en el transcurso de la misma se apreciase la existencia de responsabilidad civil derivada de delito.
Por todo ello, los administradores de Avalmadrid al objeto de aclarar y perseguir una potencial comisión de un delito en el ámbito de su organización o contra su organización concluyen que se debería poner en conocimiento de la fiscalía especializada en delitos económicos los hechos analizados en el Informe de Forest Partners.
AVALMADRID Y EL ADIÓS DE JUAN PABLO LÁZARO
Mes y medio después de que la Secretaria del Consejo de Administración de Avalmadrid firmara el informe sobre las conclusiones del presentado por Forest Partners, el presidente de la patronal madrileña y vicepresidente de la CEOE, Juan Pablo Lázaro Montero de Espinosa, presentó su dimisión de ambos cargos para dedicarse plenamente a su empresa Sending Transporte Urgente.
Juan Pablo Lázaro era presidente de CEIM desde 2014. Sucedió en el cargo a Arturo Fernández, uno de los implicados en el caso de Avalmadrid. La junta directiva de CEIM ha decidido adelantar las elecciones en la entidad a junio. En cuanto a la vicepresidencia de la CEOE, accedió a ella en 2015, cuando aún era presidente Juan Rosell. Tras el ascenso de Antonio Garamendi a la presidencia, Juan Pablo Lázaro se convirtió en su hombre fuerte.
