Que el enemigo público número uno del taxi es la comunidad de Madrid no es nada nuevo. Cada gesto del gobierno de Ángel Garrido, es visto por gran parte del sector como una declaración de guerra. Este jueves se celebró el pleno en la Asamblea de Madrid para informar de la situación del taxi, a petición de Podemos, y ha vuelto a dejar de manifiesto una distancia que parece insalvable.
La consejera de Transporte, Rosalía Gonzalo, acusó al gobierno de Ahora Madrid de inacción y señaló que el consistorio de Carmena está utilizando a los taxistas “con fines espurios”. Gonzalo no ve conveniente regular las VTC ya que, según señalo, no es “razonable que legisle en dos meses lo que no fue capaz de hacer el Gobierno en nueve años”. Por tanto, de momento, todo queda igual.
El enfado del taxi va en aumento, sobre todo, tras el Real Decreto del 25 de octubre. El taxi vio una luz al final del túnel, creyó que podría ser una solución a parte de sus problemas y peleó desde ese momento para que se ejecutara la nueva norma. Desde ese momento todo han sido balones fuera. La competencia en materia de transporte siempre ha sido de la comunidad de Madrid, y ahora está mucho más claro que, con la nueva ley, el Ayuntamiento tiene una competencia más limitada.
En esto momentos tiene competencia en los servicios de regulación de tráfico movilidad y en libranzas. Todo lo que concierte a la ratio 1:30, la proporción fijada por ley que estipula que debe haber un VTC cada 30 taxis, así como la ejecución de la normativa vigente, depende de la comunidad.
La web de control es otro de los frentes abiertos de taxi. El ejecutivo se comprometió, tras los paros de julio, a tener lista la web a finales de este año. Este apartado fue heredado de la gestión del PP, que ya se había comprometido a ello antes de la moción de censura. El taxi lo marcó como una de sus líneas rojas en las conversaciones que mantuvo con Fomento tras los paros de verano. La página funcionaría como registro telemático para controlar la actividad de las VTC. Exigirá a los conductores indicar todos sus servicios, para dar cuenta del cumplimiento de las normas, tales como no captar clientes a pie de calle y la distancia a la que deben estar de las zonas de influencia.
El secretario de Estado de Infraestructura, Pedro Saura, reiteró que la web estaría lista antes del 31 de diciembre, de hecho, en el comienzo del ejercicio en septiembre licitó el contrato público. Sin embargo, en la reunión que mantuvieron algunas asociaciones de taxistas con los Directores Generales de Trasportes de todas las comunidades autónomas, el pasado 4 de diciembre, se dio por descartada esa fecha.
UNAUTO, CONTRA EL CONSISTORIO DE CARMENA
Si el taxi ha declarado la guerra al Gobierno de la comunidad de Madrid, las VTC lo han hecho con el ayuntamiento. Unauto, la patronal que agrupa al sector de las VTC, ha denunciado la “instrumentalización electoral del sector por parte de Inés Sabanés”. La patronal se ha buscado un enemigo en el consistorio de Ahora Madrid y acusa a la delegada de medio ambiente de legislar en base a unos compromisos electorales con los círculos más radicales del taxi.
Los representantes de Uber y Cabify lanzan varios dardos envenenados al ayuntamiento: señalan que es “temerario” legislar sin una normativa aprobada. Consideran que hay capacidad para que las VTC operen en Madrid. Amenazan con solicitar indemnizaciones de más de 1.600 millones de euros si se expropian licencias.
La patronal insiste en que las VTC dan trabajo a más de 15.000 personas y que están abierto al diálogo. “Nos resulta inverosímil el nivel de protección que las instituciones están dando al taxi”, sentencian.
El decreto ley fija una moratoria de cuatro años para que las comunidades autónomas y ayuntamientos concedan una segunda licencia, de no ser así los vehículos con liciencia VTC tendrán una competencia interprovincial.
