El concepto «finales de año» lo ha llevado a rajatabla el Gobierno de Pedro Sánchez con la presentación de la futura Ley de Cambio Climático, así como el próximo Plan Nacional de energía y clima. Este segundo debe ser presentado a Bruselas antes de que comience el 2019; y el compromiso de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, era que la ley viese la luz antes de acabar el ejercicio. Apenas descuentan unas horas de este año y la expectativa es máxima, aunque las esperanzas -por parte de algunas empresas- son pocas.
Hace unas semanas todas las partes interesadas recibieron un borrador de la futura ley. Las reacciones, tanto de unos (las empresas) como otros (los sectores afines a lo verde), vieron una aproximación incompleta y para salir del paso. Aunque el problema, para empezar, son los plazos que el Gobierno apura al máximo.
Fuentes del ministerio energético aseguran a MERCA2 que estas últimas semanas los esfuerzos se han centrado en la cumbre climática (COP24) celebrada en Polonia y que, por lo tanto, el Plan y la Ley han quedado en un segundo lugar. Afirman que estos días se dará a conocer el calendario concreto, aunque por el momento no hay seguridad sobre cómo se gestionarán los trámites.
En cuanto a la forma y el modo, según los planes iniciales del equipo de Ribera, podrían distinguirse las siguientes alternativas regulatorias: 1/ Adoptar únicamente el Plan Nacional Integrado de energía y clima, en el que se incluirían los objetivos nacionales., que podría aprobarse por real decreto o acuerdo del Consejo de Ministros, previa remisión en su caso a la Comisión Delegada de Gobierno para Asuntos Económicos; o 2/ Adoptar una estrategia nacional como instrumento de planificación.
Todo eso es la parte pragmático, ¿pero que esperan las empresas directamente afectadas con esta Ley de Cambio Climático? ¿Creen que realmente valdrá para alcanzar los objetivos de reducción acordados con Bruselas? Y, lo más importante para ellas, ¿habrá alternativas a las exigencias medioambientales?
UNA LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO SIN CONCRECIÓN
Según explica una de las grandes energéticas españolas a MERCA2, una vez visto el borrador de la ley, y según los planteamientos que se están haciendo desde el Gobierno, las esperanzas son pocas. Creen que la normativa será muy generalista, sin concreciones y, lo más preocupante, en el fondo intentarán no pillarse los dedos ante los posibles enfrentamientos políticos que puedan tener.
Otra fuente consultada, en este caso en el sector de la automoción, estima que el problema será que no den alternativas a los requerimientos que se hagan en el Plan y la Ley. Tanto a nivel de inversión como otras vías de negocio si tienen que recortar en algunos segmentos.
Sobre esta situación, que mezcla los cabos sueltos y los callos que no querrá pisar el Gobierno, se encuentra el concepto de «transición justa». Muy debatido estos días en Polonia, en nuestro país se encuentran a las cuencas mineras asturianas (PSOE), cuyas industrias deberán echar la persiana; e incluso las comarcas que viven de ciertas energías, como es la nuclear en Almaraz (PSOE), donde también supondría un golpe a la economía de la región.
Algo similar sucede con otro tema que aborda la ley: los combustibles fósiles para los motores de combustión. En este caso el departamento de Ribera se enfrenta a dos lobies muy potentes: el motor y las petroleras. Las limitaciones al diésel crean incertidumbre en el negocio de unos; y una reinvención (con su pertinente inversión) en el negocio de los otros. Aquí la percepción es la misma. Se va a obligar a invertir, por ejemplo, en electrolineras para la recarga de vehículos eléctricos, pero no se concreta qué pasará con la amortización de dicha inversión que, voces del sector, califican como tirada a fondo perdido.
Así, ante este panorama tendrá que lidiar el Gobierno con el desarrollo de la futura Ley de Cambio Climático, así como Plan Integrado de energía y clima cuyo aspecto más importante es que todavía no hay noticias de cuando lo sacará del armario el Ministerio.
