Las Islas Baleares podrían convertirse en la primera comunidad autónoma española en prohibir los vehículos diésel. El Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética aprobado por el Govern así lo contempla. Aunque esta normativa todavía está pendiente de tramitación parlamentaria, diferentes patronales del mundo empresarial, tanto nacionales como insulares, han mostrado su desacuerdo. Además, la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) se ha unido a este rechazo.
Es un tema recurrente y, sobre todo, bastante electoralista. Parece que atacar al diésel se ha convertido en una moda política. Entre los pasos que se quieren seguir en Baleares estarían los de prohibir la circulación de vehículos diésel a partir de 2025, exceptuando los que ya están en las islas, así como prohibir la circulación de vehículos «contaminantes», donde también se incluyen los modelos gasolina, a partir de 2035.
El Govern balear no está en su mejor momento de popularidad. Son muchos los organismos que tratan de advertir de las posibles consecuencias que tendría la ley que pretende impulsar. La Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB), Anfac, que está integrada en la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la Asociación Empresarial de Distribuidores de Automoción de Balears (Aseda) y la Asociación Balear de Empresas de Alquiler de Vehículos con Conductor (Baleval), integradas en la Federación Empresarial Balear de Transportes (FEBT) han advertido de que la norma es “contraria a la política europea”, así como “regresiva y discriminatoria”.
Desde el sector de la automoción recuerdan que el verdadero causante de la contaminación son los vehículos antiguos. “Prohibir los vehículos diésel nuevos a la vez que se mantiene y se protege a los coches antiguos provocará el progresivo envejecimiento del parque automovilístico, que es el responsable del 80% de las emisiones contaminantes”, exponen los denunciantes.
Por su parte, otra de las críticas se centra en que el proyecto de ley carece de un plan integral para el desarrollo del automóvil eléctrico y no incluye incentivos y beneficios fiscales. Por ello, implicará una pérdida de competitividad. Además, los ciudadanos de Baleares tendrían que soportar un mayor esfuerzo económico, que aumentará la desigualdad.
“Restará competitividad a las empresas y tendrá efectos perjudiciales para el medioambiente en las islas y, al carecer de un plan integral de desarrollo del vehículo eléctrico, su aplicación será muy costosa en términos económicos para los ciudadanos de Baleares”, han señalado desde las organizaciones.
EL PROBLEMA NO ES EL DIÉSEL
Tal como ha explicado la presidenta de CAEB, Carmen Planas, el principal foco de oposición al proyecto de ley es que incorpora “la prohibición de que puedan circular por las islas, a partir de 2025, vehículos diésel nuevos, que salen de fábrica cumpliendo una restrictiva normativa europea e incorporan sistemas que los hacen menos contaminantes incluso que los de gasolina, mientras que sí podrán hacerlo los coches de mayor antigüedad sin límite de tiempo ni de emisiones”.
Por su parte, el vicepresidente de Anfac, Mario Armero, ha criticado que esta prohibición “supone ignorar la realidad de los avances tecnológicos actuales en los motores diésel, mientras que los vehículos de más de 15 años emiten hasta un 84% más de dióxido de nitrógeno (NOx) y un 90% más de partículas que los nuevos motores diésel que sí que cumplen con la estricta normativa”.
El proyecto de ley también contempla la obligación de que, a partir de 2020, el 2% de la flota de alquiler sea eléctrica. Además, en 2035, el 100% de los vehículos de alquiler deberán ser eléctricos. El presidente de Baleval, Antoni Masferrer, ha negado que exista un mercado suficiente de vehículos eléctricos en este momento, ni está garantizado que pueda haberlo con la progresión que exige el proyecto de ley. “No podemos aceptar ser los conejillos de indias de un experimento”, ha añadido.
En este sentido, las organizaciones señalan que es necesario primero crear una infraestructura de recarga, para después “obligar a tener coches”. “Hacerlo al revés no tiene sentido porque generará problemas con los clientes por falta de puntos de recarga y, también, por los tiempos de recarga que ralentizarán durante horas la preparación del vehículo entre cliente y cliente y perderíamos competitividad”, ha afirmado Masferrer.
EL TURISMO TAMBIÉN SUFRIRÁ
No es nada nuevo que las Islas Baleares tienen una economía basada, en buena medida, en el turismo. Sin embargo, estas nuevas medidas del gobierno autonómico podrían tener consecuencias para los futuros visitantes.
Los coches de alquiler son uno de los negocios que los turistas valoran a la hora de elegir destino. Baleval ha mostrado su preocupación a cerca de la posible falta en el suministro de vehículos. “Con los porcentajes que fija el proyecto de ley como obligado cumplimiento tendríamos que reducir el número de vehículos, lo que implicaría reducir el número de turistas”.
Y es que ya existe un ejemplo claro en que ocurrió lo mismo. Tal como explica el presidente de Baleval, en 2008, Menorca no contaba con suficientes coches de alquiler para la cantidad de personas que querían visitar la isla, por lo que “perdió turistas” que eligieron otro destino.
