El atún es uno de los productos que más rebajas de precio sufre con ofertas que rozan la venta a pérdidas en los supermercados. La mayoría procede de la pesca ilegal liderada por países asiáticos. Por ello, la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores (Opagac) reclama a los países europeos y a las cadenas de distribución que den un paso adelante para apoyar la sostenibilidad que caracteriza al atún español.
“Competimos en desigualdad de condiciones”, ha denunciado el director gerente de Opagac, Julio Morón, durante un encuentro con la prensa. Ha recordado que en 2015 pusieron en marcha junto a Aenor el certificado de Atún de Pesca Responsable (APR), un referente para promover la sostenibilidad social en la pesca del atún tropical.
Los bajos precios de la industria de buques ilegales supone “el riesgo de que nuestra industria pase a manos de otros”, explica Morón. Así, afirma que una forma de sobrevivir es la especialización a través de un sello que garantiza la sostenibilidad ambiental, económica y social.
Este sello es el único en el mundo que integra las condiciones de trabajo a bordo, acordes al Convenio 188 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Desde Opagac aseguran que los marineros españoles cobran un “salario cercano a los 1.000 euros más variables, por encima de los 680 euros de salario mínimo que establece la OIT”.
En este sentido, denuncian las condiciones laborales de los trabajadores de los buques que practican la pesca ilegal del atún. “Hay casos en Irlanda donde los marineros han llegado a cobrar solo 200 euros al mes”, afirman desde Opagac. En otras ocasiones destaca el trato inhumano y trabajo infantil de las flotas de Corea del Sur, Tailandia, Turquía, Rusia y Nueva Zelanda.
La flota atunera española prevé que 2018 y 2019 supongan un punto de inflexión para la pesca de atún tropical, una de las más castigadas una de las más castigadas por la injerencia de flotas ilegales en todo el mundo. Actualmente, y según la FAO, la pesca ilegal mueve un negocio mundial de entre 9.000 y 23.000 millones de dólares.
Llamamiento a las distribuidoras
Ante esta situación, desde Opagac son conscientes de que el consumidor y las cadenas de distribución tienen un papel fundamental. “La sostenibilidad del atún tropical no se podrá garantizar en su totalidad hasta que la cadena comercial se implique y permita al consumidor final seleccionar y elegir un producto con garantías”, apunta Morón.
La organización ha recordado que Eroski se comprometió en 2017 a que todo el atún utilizado para la elaboración en conserva de cualquier marca comercializada en su red proceda de flotas sostenibles. Otras empresas de la distribución muestran interés por suministrar a sus clientes productos que tengan garantías sociales, en la actualidad los certificadores de pesca no son contemplados.
“Queremos que alguno dé el primer paso e incluya el sello en los productos, que se una especie de desencadenante”, aseguran desde la organización, aunque reconocen que se trata de un sello voluntario.
Así, la mayor parte del atún que encontramos en los lineales de los supermercados procede de flotas extranjeras –gran parte de la pesca ilegal–. Por eso, desde la organización defienden que todas las capturas de atún tropical de la flota (400.000 toneladas, que suponen el 8% del volumen mundial) tienen la garantía de ser una actividad pesquera respaldada por las mejoras prácticas.
