Una obra inacabada, una demanda y una indemnización millonaria podrían sepultar el futuro del mercado municipal de San Fernando (Lavapiés), en un plazo de dos años. El asunto corre riesgo de convertirse en nuevo ‘caso BiciMad’ para la capital madrileña.
De prosperar la denuncia interpuesta contra la asociación de comerciantes, el Ayuntamiento de Madrid se encontrará en la tesitura de tener que rescatar un edificio municipal -gestionado por un vocal de Ahora Madrid- o entregar el mismo al demandante, que es uno de los comerciantes. En concreto a Bond40, un restaurante que reclama una indemnización de más de ocho millones de euros en concepto de pérdida de beneficio. La persona que se encuentra detrás de este negocio reclama esta cantidad a la asociación de comerciantes, que previamente había demandado la nulidad de unos contratos para explotar la planta de arriba del edificio.
Desde 1988, el mercado municipal de San Fernando, emplazado en el polémico barrio de Lavapiés, tiene concedido un contrato de gestión de servicios públicos por una duración de 50 años. A lo largo de todo este tiempo, el mercado ha sufrido numerosos intentos de reforma. En la actualidad, en la construcción municipal conviven los puestos de abastos y los puestos de restauración y ocio, que buscan proyectar una imagen similar al del mercado de San Martín o la Boquería de Barcelona.
A finales de 2010, para impulsar esta nueva imagen Bond 40, un pequeño local de tapas situado en la planta baja del mercado, decidió invertir en la restauración, adecuación y recalificación del uso del suelo de la parte superior del edificio. Este área se encontraba totalmente abandonada, con puestos cerrados desde hacía años. Por este motivo, la intención de este comerciante era rehabilitarla, solicitar los permisos necesarios y montar un restaurante de lujo.
El acuerdo supondría sanear una zona totalmente desaprovechada y para ello el mercado, a través de la asociación de comerciantes, y la Gerencia se comprometieron también a realizar una serie de obras en las zonas comunes. Unas obras que consistían en la construcción de una entrada desde el exterior de la fachada y accesos para personas con movilidad reducida, entre otras acciones.
En la firma del acuerdo se estipulaba que para el año 2013 el local debía de abrir sus puertas, pero un retraso en la licencia de obras impidió que esto ocurriera. A pesar de ello, durante esos tres años, el propietario de Bond40 realizó un proyecto con un coste de cerca de 15.000 euros y acometió las primeras adecuaciones. De hecho, no son los únicos informes que elaboró. Al final, entre abogados, tasas, impuestos, seguros, fianza de arrendamiento, certificaciones de obras, acopio de materiales y un aval el informe pericial calcula en cerca de 800.000 euros el dinero invertido por Bond40, hasta la fecha.
El problema es que la otra parte, es decir, la asociación de comerciantes, no cumplió su parte del acuerdo. En 2013, todavía no tenían ninguno de los permisos de obras necesarios para poder rehabilitar y adecuar las zonas comunes, según afirman fuentes conocedoras del asunto. Esta circunstancia retrasó por lo tanto la fecha de apertura del local. Por su parte, la asociación se defiende y afirma que todo estaba listo para que comenzaran las obras, pero la constructora contratada quebró .
Tras tres años de disputas, en 2016 la asociación de comerciantes decidió demandar a Bond40 por incumplimiento de contrato. La demanda venía motivada por la no apertura del local en el año 2013, como se estipulaba en el pliego de condiciones firmado en el año 2010. «En realidad lo que existe es un interés por quedarse con el espacio», afirman fuentes cercanas al caso.
Sea como fuere, la realidad es que el juez no sólo la desestimó, sino que aceptó una demanda reconvencional que solicitaba a la asociación de comerciantes cumplir con las obligaciones derivadas de los contratos susctritos entre ellas -en especial a elaborar y presentar en el Ayuntamiento de Madrid la la ampliación y modificación del Plan Especial de Planteamiento Urbanísitico Ambiental de Usos, para que se le ceda la superficie de terraza del edificio a los efectos de ser explotada para la actividad de cafetería-restaurante.
Una deuda millonaria para el mercado
Después de 8 años, de contratos incumplidos, demandas y obras sin acabar la realidad es que el resultado es un local a medio hacer, un proceso judicial abierto y un informe pericial que tasa en más de ocho millones el dinero que Bond40 ha dejado de ganar durante todo este tiempo. Por este motivo, el mercado corre un serio riesgo de quiebra. La mayoría de puestos del mercado son de abastos, es decir, pequeños comerciantes sin liquidez suficiente para afrontar una deuda de ocho millones de euros. Por lo tanto, en el peor de los escenarios será el Ayuntamiento de Madrid el que tendrá que decidir qué hacer con la construcción municipal.
Según ha podido saber MERCA2, el informe pericial está en manos del grupo municipal del Partido Popular. El asunto preocupa a la formación ‘popular’ porque el asunto podría afectarles de manera directa si dentro de un par de años -tiempo estimado para que se resuelva la sentencia- están en la Alcaldía.
Un vocal de Ahora Madrid, señalado en el mercado
Paralelo a esta demanda que podría arruinar al mercado municipal se ha producido también una denuncia contra el vocal de Ahora Madrid del distrito Centro, José Roncero Siles, por cometer en el mercado que gestiona presuntas irregularidades en materia de horarios, licencias o seguridad, según publica Ok Diario.
Esta circunstancia es una consecuencia de la guerra interna por el poder que vive el mercado desde el aterrizaje de colectivos afines a Ahora Madrid. En 2012, el gerente del mercado de San Fernando, Víctor Alonso, desesperado por la ausencia de proyectos, convenció a la Junta Directiva de la asociación de comerciantes para que cedieran varios locales vacíos a miembros de colectivos como el de ‘Tabacalera’ o ‘Patio Maravillas’. La idea funcionó y en muy poco tiempo el mercado se convirtió en un referente del comercio justo y la sostenibilidad. Aunque este resurgir no sólo fue gracias a las personas asociadas a los movimientos ‘okupas’, sino que también influyó la gran cantidad de locales de restauración que abrieron a lo largo de los últimos cuatro años y que llegaron a través de traspasos de locales o pagando anualidades como marca la Ley.
Precisamente, fueron estos comerciantes los que se revelaron a comienzos del año 2017 ante lo que ellos creían que se había convertido en una dictadura del Patio Maravillas. En enero de ese mismo año, una nueva Junta Directiva llegaba al poder de la asociación de comerciantes del mercado de San Fernando y con ellos una guerra interna dentro de sus instalaciones. José Roncero Siles, presidente de la Junta Directiva y vocal vecino de Ahora Madrid (cargo remunerado por el Ayuntamiento de Madrid), impuso una serie de normas fijadas en un reglamento interno que dejó de aplicarse hace cuatro años. Entre ellas destacó el horario de apertura de la instalación. Desde su aterrizaje en la presidencia de la asociación de comerciantes el mercado abre de 10.00 horas a 14.00 horas de la tarde y de 17.00 horas a las 20.00 horas de la noche. Esta medida ahoga a todos los locales dedicados a la restauración y la hostelería. Muchos de ellos no han respetado este nuevo horario y por lo tanto han sido multados por la Gerencia del mercado en base a la normativa de la asociación de comerciantes.
