Un profundo cambio en aras de la transparencia y de la protección del inversor ya que, entre otras cosas, se revisan procedimientos y la forma de operar. Así se podría sintetizar lo que va a suponer MiFid II tanto para las entidades financieras como para sus clientes. Como cualquier cambio, tendrá un precio. “La implementación de la tecnología tendrá un coste de unos 40 millones de euros para entidades como BBVA o Banco Santander”, asegura Marco Piña, director de Ventas de Nuance Enterprise para Iberia.
Una implementación que suele tardar entre tres y cuatro meses, a los que hay que añadir un periodo de tiempo similar para optimizar todos los procesos. A ello hay que añadir el gasto anual que conlleva tenerlo plenamente operativo. El mismo oscilará, según el tamaño y las necesidades contratadas, entre 50.000 y cuatro millones de euros anuales.
Tanto Banco Santander como BBVA están muy avanzados en poner en funcionamiento, aplicar los métodos y las medidas necesarios para usar este tipo de herramientas. “Las entidades están ralentizando la implementación de los procesos informáticos y tecnológicos porque nadie se quiere arriesgar a hacer esa inversión, salvo las grandes”, señala Ana García, socia directora del Área de Derecho Regulatorio del Departamento Bancario y Financiero de Baker McKenzie. Para las entidades más pequeñas, el costo sería de entre dos y ocho millones de euros.
Mantener toda la tecnología a pleno rendimiento puede llegar a costar hasta cuatro millones de euros anuales
¿Por qué ese retraso si desde el 3 de enero ya se aplica este marco normativo sobre mercados e instrumentos financieros basado en la directiva MiFid II y el reglamento MiFIR? Porque MiFid II es una directiva que necesita una trasposición en los estados miembros. Y en España todavía no se ha hecho.
De momento, el pasado martes el Congreso de los Diputados ha dado el pistoletazo de salida a su trasposición parcial. Una iniciativa que tramitará como proposición de ley gracias al respaldo del Pleno del Congreso. En su contenido, cabe destacar un endurecimiento del régimen sancionador, subiendo la sanción máxima muy grave desde 600.000 hasta los 5 millones de euros. De la misma manera, las infracciones graves dan un salto desde los 300.000 hasta los 2,5 millones de euros.
“El procedimiento necesita del consenso político”, matiza Ana García. En la citada sesión del pleno de la Cámara Baja, PP, Ciudadanos, Esquerra Republicana, PdeCat, PNV, UPN y Foro Asturias votaron a favor, mientras que PSOE y Compromis lo hicieron en contra, y Unidos Podemos se abstuvo. “El Estado está incumpliendo el mandato europeo, por lo que probablemente habrá multas a España”, indica Ana García.
BBVA y las grabaciones
Entre las novedades que incluye MiFid II está incrementar la transparencia y la protección de los inversores, por ejemplo, diseñando productos dirigidos a un público específico haciéndolos, de esta manera, atractivos. “Una vez que el vendedor [la entidad] lo recibe, debe decidir a quién se lo propone”, acota la representante de Baker McKenzie.
Y la norma dice que, ante la orden de compra de un cliente, la entidad tiene que grabarlo todo (conversaciones presenciales o por teléfono, correos electrónicos…). Ahí comienzan los ‘problemas’ para entidades como BBVA, Banco Santander, Bankia o Caixabank. Hay que grabarlos y guardarlos. Pero también puede darse el caso que haya transcribirlo, diferenciar en una conversación quién es quién, saber cuándo y dónde se llevó a cabo la conversación… “De momento, la transcripción de voz a texto la tienen contratada tres entidades. La biometría ninguna, y el proyecto completo ninguna” acota Marco Piña. Y añade: “Puede acabar afectando a la relación entre la entidad y el cliente. La regulación obliga a dar un reporting”.
¿Cómo se gestionan luego todas esas grabaciones? “En una entidad pequeña, puede haber del orden de 2.000 grabaciones diarias. En una grande se puede disparar hasta el infinito”, mantiene el representante de Nuance Enterprise para Iberia. Además, está la obligación de tener que guardarlo entre cinco y siete años.
“Ser directivo o consejero de entidades de inversión tendrá una carga de responsabilidad, que incluso puede traer consigo responsabilidades penales”, advierte Ana García. Y Marco Piña añade: “Los más grandes tienen los deberes muy hechos. Los medianos lo están intentando. Y cuando se apruebe será una maratón”.
¿Cuál es el riesgo? Que algunas entidades no puedan hacer frente a la directiva, es decir, que no puedan afrontar los costes. “Habrá conversión y, por ejemplo, habrá paso de sociedades de valores a gestoras”, apunta la socia de Baker McKenzie.
El siguiente paso a la normativa será la aprobación, durante el primer trimestre de 2018, del proyecto de la nueva Ley del Mercado de Valores y de los Instrumentos Financieros. Con él, quedaría completada la trasposición de MiFid II. Y BBVA, Banco Santander, y otras entidades más pequeñas ya sabrían las reglas del juego y, así, decidir sus inversiones.
