El próximo 14 de febrero Aena y sindicatos de seguridad privada se reúnen para intentar llegar a un acuerdo para desbloquear la licitación del concurso público de seguridad privada de los aeropuertos españoles. Casualidad o no, el Día de los Enamorados puede ser la fecha en la que Aena se reconcilie con este colectivo y frene futuras huelgas de controles como la vivida en verano en El Prat. Pero la clave de toda esta situación está en los contratos a la baja y la Ley de Contratos del Sector Público.
En diciembre, Aena lanzó el concurso para el servicio de seguridad privada en los aeropuertos españoles por importe de 370,3 millones de euros. La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO detectó ciertas irregularidades en los pliegos, por lo que se interpuso un recurso. Y Aena se vio obligada suspender el plazo de presentación de ofertas, que estaba previsto para el 2 de febrero, hasta que se pronuncie el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
Entre ellas las irregularidades el sindicato destaca la licitación mediante subasta electrónica. La Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004 la describe como “un proceso repetitivo basado en un dispositivo electrónico de presentación de nuevos precios, revisados a la baja, o de nuevos valores relativos a determinados elementos de las ofertas que tiene lugar tras una primera evaluación completa de las ofertas y que permite proceder a su clasificación mediante métodos de evaluación automáticos”.
En la práctica, se trata de un procedimiento que se realiza para “bajar el precio del servicio, algo que aumentaría la conflictividad como ocurrió este verano en El Prat”, recuerda Basilio Alberto Febles, secretario general de Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO (FTSP-USO).
Más de 2.000 contratos a la baja
Y es que Aena es especialista en adjudicar contratos de bajas temerarias, es decir, contratos que están por debajo del precio inicial de licitación. Un ahorro para el gestor que se traduce en peores condiciones laborales para los empleados de las empresas adjudicatarias. Esta situación no solo se vio en los controles de seguridad de El Prat o Barajas, también en las huelgas de personal de limpieza del aeródromo de Ibiza.
Un total de 1.153 obras, suministros, asistencias o servicios fueron adjudicados con más del 30% de disminución del coste, 631 con más del 40% y 304 con más del 50%. Todos ellos se corresponden con contratos realizados por Aena de más de 300.000 euros entre 2012 y 2017, según el Gobierno. En total, se trata de 2.088 de más de 300.000 euros con bajas superiores al 30%.
Fernando Navarro, portavoz de Fomento del grupo parlamentario Ciudadanos, ya denunció esta situación en el Congreso. Desde la formación naranja criticaron que estas reducciones del coste perjudican la calidad de los servicios prestados a los pasajeros. E incluso podría poner en riesgo intereses públicos. Sin embargo, Aena sigue tirando de estas prácticas.
Más irregularidades
Otra de las irregularidades que denuncia el sindicato es que no se incluyen los acuerdos alcanzados en la reunión del mes de noviembre del grupo de trabajo en materia de contratación pública, compuesto por Ministerio de Fomento y agentes sociales. En esa reunión se pactó el incremento salarial a través de tres pluses.
“Aena calcula lo que le va a costar a las empresas estos pluses y se lo suma al valor del contrato total –370millones de euros–, pero no incluye la obligación de que las empresas de seguridad se lo paguen a los trabajadores”, denuncia el responsable sindical.
Sin embargo, el gestor de defiende y lo niega todo. «Los acuerdos alcanzados en noviembre por los ministerios de Fomento, Empleo e Interior con sindicatos y empresarios en materia de seguridad privada ya están incluidos en el pliego. Así, entre otros asuntos, tienen en cuenta los nuevos pluses para vigilantes de aeropuertos vinculados al desarrollo de determinadas actividades», señalan fuentes de Aena a Merca2.
Por otro lado, el colectivo sindical pide que se incluya la obligación del cumplimiento del Convenio Colectivo Estatal por parte de la empresa adjudicataria durante el tiempo de vigencia del contrato, pues ese es el espíritu literal de la nueva Ley de Contratos del Sector Publico. Dicha normativa, que verá la luz en marzo, podría poner fin a esta práctica y dotar de mayor transparencia las condiciones de adjudicación.
También critican que los auxiliares de servicio, es decir, aquellas personas que llevan a cabo labores de información o chequeo de la tarjeta de embarque, “no tiene asegurada una subida salarial ni su puesto de trabajo”. Así que San Valentín es el día en que se sabrá si hay reconciliación o no entre Aena y sindicatos.
