Sharon Smyth para Bloomberg
El Gobierno central español ejerce presión en pro de la liberación de ocho funcionarios de la derrocada administración catalana. El objetivo es que estén fuera de prisión a tiempo para las elecciones del próximo mes, según una fuente familiarizada con los hechos.
El presidente Mario Rajoy también quiere que el ex presidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, sea liberado si regresa a España de un exilio autoimpuesto en Bélgica, de acuerdo al informante, que prefirió no ser identificado.
Esta semana, Puigdemont calificó al Gobierno español de “fascista” y lo acusó de violar los derechos humanos, después de que Rajoy tomó el control de la administración catalana, como respuesta a la declaración ilegal de independencia. El jueves, El País reportó que la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, negó una solicitud de liberación introducida por los abogados de los funcionarios.
Puigdemont calificó al Gobierno español de “fascista”
Rajoy confía en que las elecciones del 21 de diciembre muestren que la mayoría de los votantes se oponen a la independencia. También quiere que Puigdemont y sus aliados desempeñen un papel destacado en la campaña, para que no haya dudas sobre la legitimidad del resultado, aseguró la fuente.
Debido a que España se niega a que los catalanes vayan a un referéndum sobre su independencia, las elecciones regionales serán vistas por muchos como un plebiscito de facto para sus 7,5 millones de habitantes.
Responsabilidades y ley
Después de los comicios, “todos deben cumplir con sus responsabilidades como europeos y españoles. La primera de ellas es obedecer la ley, las reglas que nos permiten vivir juntos y expresar la voluntad de la mayoría”, expresó Rajoy durante un discurso este jueves en Salamanca.
El miércoles, el diario El País informó que el Tribunal Supremo podría encargarse de la investigación y liberar a los funcionarios catalanes que enfrentan hasta 30 años de cárcel por posibles cargos de sedición, rebelión y uso indebido de los fondos públicos.
El vocero principal del Gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo, indicó la semana pasada que Rajoy respetaría lo que jueces decidan en el caso, independientemente de las consecuencias políticas.
“La actitud del Gobierno siempre ha sido respetar las decisiones judiciales”
“La actitud del Gobierno siempre ha sido respetar y hacer cumplir las decisiones judiciales”, aseveró Méndez de Vigo en una conferencia de prensa televisada. “A veces estás de acuerdo con ellas, otras no”.
Si bien los jueces españoles, en teoría, operan separados del Gobierno, el control político sobre los nombramientos deja a los tribunales vulnerables a la influencia externa. En una encuesta a 1.285 jueces activos el año pasado, 75% dijo que el Consejo Judicial no hace lo suficiente para proteger la autonomía de los tribunales y 9% de los que trabajaban en casos de corrupción política aseguraron haber estado bajo presión.
