Era, sin duda, uno de los pasos que iba a dar el Gobierno de Mariano Rajoy y lo contamos aquí: meter miedo. Obviamente, no se trata de asustar a nadie con amenazas imposibles, sino de advertir de las consecuencias de determinados actos, porque a veces parece que esas consecuencias se olvidan. Y es lo que está haciendo el Gobierno, sobre todo después de que el Govern haya anunciado que ya tiene en marcha la Agencia Tributaria de Cataluña.
Fuentes del Ministerio de Hacienda reconocen que las advertencias se están haciendo llegar, vía interna, a los funcionarios que voluntariamente colaboran con la puesta en marcha y el funcionamiento de una agencia ilegal. También a los agentes colaboradores y, como no, a los propios contribuyentes que deben saber “que determinados comportamientos pueden ser constitutivos de delito”, añaden estas fuentes.
Cataluña, como el resto de las comunidades autónomas, tienen oficinas propias para recaudar los impuestos estatales y los autonómicos. De hecho, los contribuyentes pagan sus impuestos a las oficinas autonómicas de la Agencia Tributaria. Lo que no puede hacer una comunidad autónoma –salvo en el caso de País Vasco y Navarra que tienen Hacienda Foral-, escrear una agencia tributaria propia.
“Los funcionarios deben saber que si colaboran con esa agencia, pueden ser expedientados por ellos y suspendidos e, incluso, denunciados por la comisión de un delito en función de su grado de participación”, señalan. Del mismo modo, los agentes colaboradores, como son los bancos, “también deben saber que los pagos de impuestos deben de hacerse a las oficinas acreditadas para ello, y no a una agencia de carácter ilegal”, y también se exponen a sanciones si lo hacen, incluso pueden incurrir en responsabilidad subsidiaria y tener que afrontar cuantiosas multas.
Finalmente, los contribuyentes, tanto jurídicos como personas físicas, “deben saber que no pagar los impuestos o las deudas a la Agencia Estatal puede ser constitutivo de un grave delito cuyas sanciones tanto económicas como, incluso, penales, pueden ser muy graves”. Con estas advertencias, es difícil que la agencia catalana consiga que se produzca una rebelión fiscal hacia el Estado, y más bien parece poco probable que salvo en casos muy excepcionales logre sumar contribuyentes.
