Sus muros no intentan rozar el cielo, aunque parece que Dios ha querido mandar una especie de maldición para este órgano representativo del pueblo español. Es cierto que el Senado -en este nuestro sistema bicameral- ejerce sus funciones como Cámara de reflexión y representación territorial, dentro de la soberanía nacional, pero tampoco se equivocan aquellas voces que claman que en algunos casos se puede explotar al límite este carácter -y por ende se sobrecargan las arcas públicas-.
Y es que, como bien rezaba el primer párrafo, esta impronta local y representativa de todas las regiones españoles se puede viciar en algunos casos y desvirtuar de su sentido inicial. El resultado se traduce en un ascenso de los gastos finales, más cuando existe una lengua común en la que cualquier ciudadano español se puede entender con otro. Se trata, ni más ni menos, que del sistema de traducción simultaneo para todos aquellos representantes del pueblo que deciden hablar en una de las distintas lenguas cooficiales del Estado.
En cualquier caso, están en su derecho, pero se ha convertido en un derroche de las arcas públicas en unos años en los que, precisamente, los recursos no son abundantes y más cuando existe un idioma en el que todos los asistentes a los plenos pueden entenderse.
En definitiva, y yendo al grano de esta cuestión, hay que ponerse en antecedentes: en 2010, cuando se modificó el Reglamento de la Cámara Alta, se introdujo un nuevo apartado al artículo 84 del mismo -el quinto-. Según el cual, «los Senadores podrán intervenir en el Pleno, con ocasión del debate de las mociones, en cualquiera de las lenguas que tengan el carácter de oficiales en alguna Comunidad Autónoma de acuerdo con la Constitución y el correspondiente Estatuto de Autonomía».
En este concepto, se han destinado ya un total de 1,25 millones de euros en tan solo cinco años, el que corresponde desde 2011 hasta 2016. Por ejercicio, 2013 fue el más caro en este concepto, cuando se desembolsaron más de 264.000 euros en este sentido. La tendencia, eso sí, parece haber tomado una línea descendente desde aquel año: en 2014 se redujo hasta los 240.000 euros y en 2016 ya ha caído hasta los 149.737 euros, por lo que la diferencia es abismal.
1.258.651,6 de euros es el coste final en el periodo 2011-2016 para el sistema de traducción en sesiones plenarias
Sin embargo, este no es el único concepto establecido en el reglamento interno de la Cámara Alta en el que se hace uso de este sistema de traducción. El artículo 56 bis 9 del reglamento interno recoge la siguiente disposición: «Las intervenciones que se produzcan en las sesiones de la Comisión General de las Comunidades Autónomas podrán realizarse en cualquiera de las lenguas que, con el castellano, tengan el carácter de oficiales en alguna Comunidad Autónoma, de acuerdo con la Constitución y el correspondiente Estatuto de Autonomía. En el Diario de Sesiones se reproducirán íntegramente en la lengua en que se hayan realizado y en castellano».
En este sentido, los gastos son menores, según hemos podido conocer en este medio gracias al sistema de transparencia del Senado, que abre a la ciudadanía todos los datos recurrentes a la actividad de este órgano democrático de nuestro país: 72.583 euros en el mismo periodo. En 2015 y 2016, de hecho, no se han producido costes algunos en este sentido.
Más de una década al servicio del Senado
Los intérpretes llevan casi una década ejerciendo esta labor, -específicamente desde 2005– aunque es cierto que su función inicial se circunscribía a transcribir las sesiones -en castellano- que se celebraban en este órgano de representación, para después traducirlas al resto de lenguas cooficiales en España.
