Andan tensos los ánimos en casa de Francisco González (BBVA). Sus empleados, los de a pie -claro- andan con la mosca detrás de la oreja. Temen que su nombre pueda terminar en una ´lista negra’ que les ponga de patitas en la calle. Un método que se lleva aplicando desde el pasado mes de junio, y por el que ya han sido despedidos más de medio centenar de trabajadores.
El método es sencillo. Se incrementa la presión hasta el máximo de modo que -de forma más o menos sibilina- el trabajador se vea obligado a renunciar al puesto en cuanto tiene ocasión. Se trata de dos vías distintas. La primera, más empleada en el equipo económico, pasa por la fijación de objetivos muy elevados, que complica sus cumplimientos. De este modo, al no llegarse a ellos, se les ‘invita’ a marcharse bajo el criterio de «bajo desempeño».
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Lo mismo está ocurriendo en los servicios centrales. Aquí la presión viene por cambios departamentales que culminan en una «desvinculación» por un despido, una baja incentivada o una prejubilación forzosa. No sólo eso, es que en muchas ocasiones se mete al trabajador en un despacho, y se le solicita que tome una decisión sobre la forma en la que quiere marcharse. El caso es que sea una salida voluntaria, no un despido. Y si se llega al juzgado, no hay problema, en la conciliación se echa el resto para que no haya juicio.
Ánimos caldeados que llegaron a la pasada Junta de Accionistas donde todos los sindicatos denunciaron estos métodos que, desde la entidad niegan -como es evidente-. Los empleados, por su parte, dicen que no reconocen al banco. «Es un método que jamás se había utilizado, y que nunca había sido la forma de proceder de la entidad», de ahí el asombro generado. Sobre todo, porque como bien es sabido, sí se había aplicado una política de prejubilaciones desde hace varios años. De hecho, aún está pendiente de definirse cuántas personas podrán acogerse a ellas este 2017, aunque se confía en que sean unas 1.000.
Algunos trabajadores dicen no reconocer los métodos aplicados en la entidad en los últimos meses
Y no parece que vayan muy desencaminadas las estimaciones. Hace tan sólo unos días que el consejero delegado, Carlos Torres, decía que en España los resultados de 2017 tendrán como «principal catalizador» la reducción de costes. Una caída que, en parte, vendrá de las sinergias de la integración de Catalunya Banc, pero también del cierre de 130 sucursales a lo largo del año. Una situación que, según la entidad, no debería suponer el despido de ningún trabajador. Sin embargo, visto lo visto, las dudas que se han instalado en la plantilla son muchas.
