La banda terrorista ETA continúa con su proceso de desarme, y según ha anunciado ese proceso estará completado el próximo 8 de abril. Para ello va a entregar en estas horas un listado de zulos, en el que se recogen todas las armas con las que -supuestamente- cuenta en estos momentos la organización. Poco a poco la banda se asfixia, en parte por la fuerte presión policial de la última década, pero también por la escasa actividad desarrollada desde que -en 2010- anunciara el alto el fuego permanete en el que nos encontramos.
Esta caída de la acción terrorista, que ha conllevado también la reducción de actos de violencia callejera, tiene sus consecuencias económicas. En primer lugar en el plano social, ya que la permanencia en el tiempo de los atentados en el País Vasco han contribuido de forma sustancial a que, en estos momentos, la región sea más pobre de lo que lo hubiera sido si no hubiera existido. Durante años, y ese estigma todavía continúa de algún modo, son cientos los empresarios que han huido de la región. Como destaca el profesor Pablo Díaz Morlan en este artículo, «se causó un daño importantísimo, así como la pérdida de oportunidades de inversión, ya que el ambiente de miedo y hostilidad que se respiraba no era propicio para atraer inversores».
El impuesto revolucionario era su segunda fuente de financiación
Ese ambiente no era sólo por la posibilidad de padecer un atentado. También por una de las principales fuentes de financiación de ETA: el impuesto revolucionario. Según algunos cálculos elaborados hace unos años, era su segunda fuente de financiación. Un estudio de la Universidad de Deusto Misivas del Terror, análisis ético-político de la extorsión y violencia de ETA contra el mundo empresarial habla de unos 40 millones en su historia; aunque otras fuentes elevan esa cantidad hasta alto más de 50 millones. Algo a lo que habría que sumarle los secuestros que, según el diario El Mundo, hasta el año 2004 logró recaudar algo más de 79 millones de euros.
Pero la principal fuente de financiación de ETA han sido las subvenciones oficiales, con las que lograba más de la mitad del dinero. Recordemos que contaba con distintas ramas como Herri Batasuna, Euskal Herritarrok, Udalbiltza y otras marcas que -años más tarde- fueron todas eliminadas por la justicia. De hecho, el brazo político de ETA, trabaja tan sólo bajo la marca de EH Bildu. A partir de aquí, un complejo entramado solitario basado en la ayuda a los presos (Gestoras Pro Amnistía); empresas relacionadas con el mundo de la cultura o los medios de comunicación; fundaciones que llamaban a la desobediencia civil o al terrorismo callejero; así como distintas asociaciones que -precisamente- buscaban a través de la cultura la recepción de dinero público para financiar al entramado terrorista.
Sin el terrorismo de ETA, el País Vasco sería una región todavía más rica de lo que es actualmente
También se ha hablado mucho de su relación con las drogas, sin embargo, las fuentes de la lucha antiterrorista niegan que existiera esa coalición; de hecho, siempre se ha restado credibilidad a los informes de algunas organizaciones internacionales que ligaban a ETA con esa vía de financiación.
Pero el terrorismo de ETA ha generado gasto económico al Estado. Según estimaciones -un tanto atrasadas- del profesor Mikel Buesa, los actos de violencia callejera costaron al erario público cerca de 155.000 euros mensuales (entre 2004 y 2007 cuando se contabilizaron 149 actos de este tipo). A esta cantidad hay que sumarle también el coste de la lucha contra el terrorismo al que la Policía y la Guardia Civil debían destinar cerca de 700 millones de euros anuales, allá por el año 2011, según los cálculos del profesor.
