La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha pedido que se tomen los datos del tercer trimestre de la Encuesta de Población Activa (EPA) con cautela, pero ha puesto de relieve que el fin de las restricciones de la actividad y la movilidad tuvo «un claro efecto favorable» sobre el mercado laboral, «tras el notable deterioro de este en el segundo trimestre».

La patronal ha señalado que es posible que la situación extraordinaria de reducción de movilidad de los informantes de la EPA también puede afectar a los resultados de la encuesta. Además, afirma que la consideración estadística de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) y la excepcionalidad a la que están sujetos en la actualidad «hacen especialmente complejo el análisis».

Por ello, la CEOE piensa que los resultados en este contexto puede que no sean estrictamente comparables con los de trimestres anteriores y que habrá que esperar a próximos trimestres para valorar la incidencia de estos fenómenos.

No obstante, cree que las medidas que se están volviendo a imponer por los rebrotes suponen «un retorno parcial a la situación previa, con la consiguiente dificultad para la actividad y el empleo en los próximos meses».

También ha recordado que tanto los niveles de empleo como de actividad están claramente por debajo de los existentes hace un año. Por ello, ha instado a intensificar las medidas llevadas a cabo para minimizar el impacto de la situación sobre las empresas, «en un contexto tan excepcional como el que se está viviendo».

La patronal ha resaltado que, en términos interanuales, el empleo está en niveles inferiores a los registrados hace un año, destacando la caída del sector privado del 4,84%, frente al incremento del 3,36% del empleo público.

Así, ha apuntado que los niveles de empleo efectivo, que se mide a través de las horas trabajadas, todavía se encuentra «muy por debajo» de los niveles previos a la crisis.

La Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo ha aprobado este martes en el Congreso la revisión de sus recomendaciones, acordadas finalmente el pasado viernes, y que se elevan así al Pleno de la Cámara, que las votará ya en noviembre.

Las nuevas recomendaciones han sido avaladas por el PSOE, el PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, Junts, el PNV y Coalición Canaria, mientras que Esquerra Republicana y EH-Bildu han optado por abstenerse. Únicamente Vox ha votado en contra.

Entre las principales recomendaciones están la de sanear el déficit del sistema de pensiones a partir de un reordenamiento de sus gastos, recuperar el IPC como referencia para la subida de las pensiones, fomentar el retraso de la jubilación, los planes de empresa complementarios y la elección de los mejores años de cotización para cubrir lagunas de cotización.

Estas son las principales recomendaciones acordadas:

RECHAZO A UNA TRANSFORMACIÓN RADICAL DEL SISTEMA

– Reconocimiento de la Seguridad Social como «columna vertebral del Estado del Bienestar, el estandarte y la seña de identidad de una sociedad moderna y cohesionada».

– Rechazo a una «transformación radical del sistema» que rompa los principios de solidaridad intergeneracional o intrageneracional, suficiencia y equidad.

– No ve adecuado separar el sistema de pensiones en función del tipo de prestación.

– La financiación del sistema ha de adecuarse a la naturaleza de las prestaciones (las pensiones no contributivas, a través de Presupuestos Generales del Estado).

– La fuente básica de financiación son las cotizaciones, pero para asegurar la sostenibilidad y su suficiencia se podrán obtener recursos adicionales «basados en la imposición general».

EL ESTADO DEBE ASUMIR GASTOS

– Reconocimiento de que las políticas de empleo explican «en buena medida el déficit existente» y que las cotizaciones soportan gastos que «deberían ser asumidos por el Estado».

– Los Presupuestos Generales del Estado deben asumir reducciones a la cotización, prestaciones asistenciales (no contributivas), ayudas a la jubilación anticipada, bonificaciones a regímenes especiales y parte de las prestaciones relacionadas con el nacimiento y cuidado del menor y complementos a la pensión.

– Calendario para reordenar gastos para acabar con el déficit y los préstamos hasta 2023.

– Estudiar qué se ha asumido indebidamente para tener «una imagen fidedigna» de la Seguridad Social.

ACTUALIZACIÓN DE LAS PENSIONES SEGÚN EL IPC

– Defensa del mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones.

– Revalorización con arreglo al IPC real.

– Toda subida por encima del IPC se financiará con otros recursos.

– Mantener en 15 años el período mínimo de cotización necesario para acceder a la pensión contributiva.

– Asume la ampliación de 15 a 25 años para calcular la base reguladora y llama a evaluar su impacto.

– Contemplar la elección de los mejores años para calcular la pensión (evitar lagunas de cotización).

– Evaluar la progresiva ampliación del período cotizado necesario para acceder a la pensión máxima.

EDAD DE JUBILACIÓN

– Aproximar «tanto como sea posible» la edad de jubilación efectiva a la edad legal.

– Fomentar con incentivos la permanencia de trabajadores en activo con mejores incentivos y favorecer la prolongación voluntaria más allá de la edad legal (valoración positiva de compatibilizar pensión y salario).

– Analizar cuánto cuestan las penalizaciones a las jubilaciones anticipadas y su impacto en la equidad de las pensiones, con especial atención a casos forzados y de largas carreras de cotización.

– Da tres meses al Gobierno para proponer una respuesta ante efectos «inequitativos» de estas penalizaciones.

– Necesidad de contar con un objetivo que defina la suficiencia de las pensiones.

SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES

– Preferencia por los planes a partir de la negociación colectiva, prioritariamente sin ánimo de lucro.

– Pide mejoras fiscales y jurídicas para estos sistemas y fórmulas específicas de apoyo a salarios más bajos o carreras profesionales «más vulnerables».

– Más transparencia en los planes de ahorro para evitar rendimientos negativos y necesidad de regular «fórmulas más intensas de protección de los ahorros invertidos».

BRECHA DE GÉNERO

– Garantizar la igualdad en el acceso al empleo, las condiciones de trabajo y la corresponsabilidad en los cuidados, particularmente en los permisos.

– Introducir correcciones contra las lagunas de cotización involuntarias y tratamientos discriminatorios en las pensiones de personas trabajadoras a tiempo parcial.

– Retomar la regla por la que los excedentes de las cotizaciones, «sin límite alguno», se deben incorporar al Fondo de Reserva.

FONDO DE RESERVA

– La caída de activos del Fondo de Reserva «en ningún caso se utilizará» para justificar la reducción de la cuantía de las prestaciones.

– Plantea la conveniencia de establecer un remanente mínimo, sujeto a una regla endurecida de disponibilidad.

– En la línea de corregir «una excesiva dependencia de las cotizaciones», si la revolución tecnológica implica más productividad pero no empleo, «encontrar mecanismos innovadores que complementen la financiación de la Seguridad Social, más allá de las cotizaciones sociales».

JÓVENES

– Impulso a las políticas que faciliten la transición del sistema educativo al mercado de trabajo, especialmente con el impulso a la formación profesional y la interrelación universidad-empresa.

– Mejora del marco de relaciones laborales que permita combatir la precariedad de los jóvenes.

– Garantizar y mejorar la protección social de los becarios con una legislación que mejore su protección social y garantice su derecho a una carrera profesional «adecuada y justa».

MIGRANTES

– La Administración intensificará su deber de cuidado para evitar el racismo o la discriminación en el ámbito laboral, dada la mayor vulnerabilidad de las personas migrantes.

– Canalizar el flujo de migraciones a través de mecanismos que garanticen la incorporación de los migrantes al mercado de trabajo.

– Facilitar la gestión de los trámites de contratación, afiliación e integración en el sistema.

– Favorecer la integración social de los trabajadores migrantes y la de sus familias.

El presidente del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE), Andrea Enria, ha asegurado este martes en el Parlamento Europeo que un ‘banco malo’ diseñado a nivel europeo puede ser una herramienta «útil» para atajar un posible incremento de los préstamos dudosos en los balances de la banca comunitaria.

Durante su comparecencia ante la comisión de Asuntos Económicos y Monetarios de la Eurocámara, el italiano ha evitado utilizar la expresión ‘banco malo’, pero ha subrayado que las «compañías de gestión de activos» han demostrado ser eficientes en los esfuerzos para facilitar «la gestión y la recuperación» de préstamos dudosos (NPL, por sus siglas en inglés).

«Una iniciativa europea que, por ejemplo, conecte las compañías de gestión de activos nacionales en una red a través de mecanismos de financiación común y precios armonizados, podría ser una herramienta útil para enfrentarse a un incremento esperado de los NPL y garantizar la igualdad de condiciones dentro de la Unión Bancaria», ha argumentado.

Durante el debate con los eurodiputados, Enria ha admitido que se trata de una propuesta «controvertida» porque existe el «miedo» de que un instrumento así conduzca a una «mutualización de las pérdidas» en la UE.

Sin embargo, ha defendido que los ‘bancos malos’ «bien diseñados» no suelen tener pérdidas para los contribuyentes y «permiten que el sector bancario limpie sus balances más rápido». «Podemos diseñar estas iniciativas sin mutualización si esa es la preferencia política», ha añadido el italiano.

El presidente del Consejo de Supervisión del BCE ha advertido de que, aunque «la crisis por ahora no ha llevado a un crecimiento importante» de los préstamos dudosos, es «importante» que los bancos y también las autoridades políticas estén preparados» para un «probable» incremento de éstos.

«Esperamos un aumento de las exposiciones dudosas, en especial cuando expiren las medidas de apoyo públicas, como la moratoria de los pagos. Ya estamos viendo para la mayoría de los bancos que está incrementado el coste del riesgo comparado con 2019», ha avisado Enria.

En este contexto, el presidente del Consejo de Supervisión del BCE ha recalcado que los poderes públicos deben ser «rápidos» y «más efectivos» en sus esfuerzos para ofrecer la «necesaria reestructuración» al sector bancario europeo, que todavía sufre «debilidades estructurales» que no han sido abordadas desde la última crisis.

Tenemos que perseguir el objetivo de salir de esta crisis con un sector bancario más fuerte y capaz de ayudar en la transformación hacia una economía más sostenible y tecnológicamente avanzada», ha dicho.

La pandemia, ha afirmado Enria, es uno de los muchos retos a los que se enfrenta el sistema financiero, junto con el cambio climático y las consecuencias del Brexit. Sobre este último punto ha destacado que «muchos bancos han hecho avances considerables» en sus preparativos para la era post Brexit, a partir de 2021, pero «algunos todavía tienen que intensificar sus esfuerzos».»Esto incluye en particular la renovación de contratos con clientes de la UE a quienes los bancos han dado servicios directamente desde Reino Unido», ha ejemplificado.

El sector químico español ha registrado de media en los nueve primeros meses del año un crecimiento del 1,9% de su empleo directo, alcanzando su máximo histórico de 209.100 asalariados, frente a los 205.200 con los que cerró 2019, a pesar de la caída productiva del 2,6% en el contexto de recesión económica actual debido a la pandemia.

En un comunicado, la Federación Empresarial de la Industria Química Española (FEIQUE) señala que estos «positivos» resultados se deben «fundamentalmente al papel estratégico que está jugando este sector, y particularmente algunos de sus subsectores, como proveedores de productos de alta demanda para hacer frente a la pandemia, tanto de índole sanitaria como otros de primera necesidad, esenciales para garantizar la continuidad de las cadenas de suministro».

La patronal subraya que este dato viene a reafirmar «el elevado compromiso del sector químico con el empleo, no solo manteniéndolo, sino generando nuevos puestos de trabajo, lo que resulta especialmente revelador» teniendo en cuenta la caída productiva del 2,6% que ha experimentado de enero a agosto respecto al mismo periodo de 2019. Según datos del INE, el índice de producción del conjunto de la industria española decreció un 12,8% de enero a agosto.

Además de los empleos generados de manera directa, el sector genera adicionalmente otros 501.840 empleos indirectos e inducidos a partir de la actividad que desarrolla hasta alcanzar los 710.940 empleos directos, indirectos e inducidos de media en los primeros nueve meses del año, frente a los 697.500 con los que cerró 2019.

El importe destinado a políticas de desempleo aumentará en 4.191 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021, mientras que la dotación para fomento del empleo se incrementará casi un 30%, según ha avanzado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Montero, que ha presentado las líneas generales de los PGE tras la aprobación del proyecto en el Consejo de Ministros, ha enmarcado estas subidas en el importante esfuerzo en gasto social que contempla el Presupuesto de 2021, un total de 239.765 millones de euros, «la mayor cifra de la historia» y un 10% superior a la del año anterior.

Esta cantidad, ha precisado la ministra, incluye casi 9.000 millones de euros de los fondos europeos. Sin esta ayuda, el gasto en protección social crecería a un ritmo del 6%. «No dedicamos más recursos a la protección social por el simple hecho de tener fondos europeos, sino porque está en el ADN del propio Ejecutivo», ha subrayado.

Dentro de la política social se enmarca además la subida de las pensiones contributivas en un 0,9% y la de las no contributivas en un 1,8%, medidas que beneficiarán a unos 10 millones de personas y que permitirán a los pensionistas seguir ganando poder adquisitivo, según ha resaltado Montero.

La ministra ha recordado que el Presupuesto de 2021 incluye la transferencia por valor de 18.396 millones de euros desde el Estado a la Seguridad Social para descargarla de gastos impropios, en línea con las recomendaciones acordadas en el Pacto de Toledo.

Montero ha detallado además que los recursos para la dependencia aumentan un 34% en las cuentas públicas del próximo año; que a la lucha contra la pobreza infantil se destina una dotación un 59% superior; que el ingreso mínimo vital contará con 3.000 millones de euros, y que el Indicador Público de Rentas con Efectos Múltiples (Iprem) registrará una subida histórica del 5%.

Además, el Presupuesto contendrá «la mayor partida para becas de la historia», con 2.090 millones de euros, mientras que las políticas de violencia de género recibirán 180 millones y la política sanitaria, «la que más sube en 2021», contará con 7.130 millones de euros, un 75,3% más.

Axa Investment Managers ha empeorado sus previsiones económicas para España y prevé un retroceso del 11,8% para el PIB en 2020, la peor caída de las economías avanzadas analizadas; seguido de una recuperación del 4,2% el próximo año, más negativa que el consenso de analistas, que prevé crecimiento del 6,9% para 2021.

La firma señala que España y Francia ya no son los «únicos puntos calientes» del Covid-19, tras el incremento de casos en Países Bajos, Alemania e Italia, si bien ha llevado a cabo la mayor revisión a la baja en el crecimiento español para 2021 «por la evolución de la pandemia y las características estructurales de la economía».

Con el resurgir de la pandemia, los riesgos apuntan a una desaceleración en el cuarto trimestre, mientras que las perspectivas para 2021 están cayendo en todo el mundo, según los pronósticos de la gestora de fondos de inversión.

«La mayoría de las economías están encaminadas a llevar a cabo un gran salto en el crecimiento para el tercer trimestre, ya que reabrieron en verano, pero muchos han registrado un debilitamiento en el impulso antes del final del tercer trimestre», señala Axa.

La previsión de la gestora para el conjunto de la Eurozona es de una caída del PIB del 7,5% este año, seguido de una reactivación del 4% en 2021, muy por debajo de sus estimaciones del consenso de 5,7%.

Entre los países vecinos, Axa espera que Alemania sufra una contracción del 5,3% este año y mejore un 4% en 2021. En el caso de Reino Unido, la gestora anticipa una caída de su PIB del 10,3% este año y un avance del 5,5% el año próximo.

Por su parte, Francia caería un 9,5% en este ejercicio para después crecer un 5% en 2021; mientras que Italia se contraería un 9,6% en 2020 y su PIB experimentará una recuperación del 3,7% en 2021.

Italia y España serán los principales beneficiarios de los fondos europeos de recuperación, según la gestora. Axa considera que, «en la práctica, España espera un desembolso de solo 7.000 millones de euros, por lo que el Gobierno emitirá los 20.000 millones de euros restantes en 2021 o la postura fiscal deberá ser ajustada hacia abajo. «Esto tendría consecuencias negativas para el déficit y el crecimiento», destaca.

La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, González Laya, ha indicado que la región iberoamericana debe buscar un paraguas de inversión colectiva similar al fondo de recuperación y financiación diseñado en Europa, así como una agenda común para la descarbonización de las economías y el control del cambio climático y el impulso de la digitalización que ayude los países a conectar al sector informal, entre otras cuestiones.

Así lo ha resaltado la ministra en un encuentro digital organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi), presentado por la presidenta del Grupo Red Eléctrica, Beatriz Corredor, moderado por el presidente de Vocento, Ignacio Ybarra, y en el que han participado la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grysnpan y la presidenta de Ceapi, Núria Vilanova.

La titular de Exteriores ha enfatizado la necesidad de aprovechar las oportunidades de los acuerdos de la Unión Europea con Mercosur, México y Chile y pugnar por una mayor igualdad retributiva, salarial y tecnológica. «En el inmediato, mientras se gestiona la crisis, hay que pensar ya en construir de forma diferente a medio y largo plazo», ha añadido.

En este contexto, González Laya ha hecho un llamado ante empresarios iberoamericanos para avanzar en la recuperación económica de manera unida y conseguir una nueva agenda común de transformación económica y social para dejar atrás la recesión causada por la pandemia.

«La comunidad iberoamericana debe caminar unida hacia la recuperación económica, no para recobrar lo anterior, sino para emerger transformada. Y, para impulsar esta salida común de la grave crisis provocada por la Covid-19, la cumbre de Andorra de 2021 va ser clave», ha destacado.

De este modo, la ministra ha recomendado hacer de esta cita «el gran momento para un impulso conjunto con el que dejar atrás la crisis, con un esfuerzo público y privado».

De su lado, González Laya ha asegurado que España y Portugal «tienen la obligación de que Europa haga suya la agenda iberoamericana» y la comunidad iberoamericana debe trabajar unida ante el enorme desafío que entraña una crisis que es «sistémica.

Por otra parte, la titular de Exteriores ha indicado que la pandemia ha acelerado la desorientación e incapacidad de tomar decisiones a tiempo en Europa y América Latina, así como la desigualdad y la desincronización en cuanto al avance tecnológico de los países.

«La pandemia que ha acelerado estas tres ‘d’ es el tercer choque que sufre el mundo en casi 30 años, tras los causados por los atentados del 11-S y la crisis financiera de 2008», ha recordado la ministra, para añadir que se trata de «tres grandes rupturas a las que se añaden la crisis climática y la migratoria».

González Laya ha enfatizado que la pandemia obliga a pensar en lo más urgente, lo sanitario, pero sin descuidar la economía y el empleo y ha destacado que los gobiernos han acometido un gran esfuerzo, pero con la lección aprendida de los errores cometidos en la crisis de 2008.

Aprendimos que en esta situación no tiene sentido la austeridad y el ahorro, sino el aumento del gasto para mantener con vida empresas, empleos y sistema sanitario, y esta es la receta que hemos seguido y que recomiendan el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en un consenso muy diferente al de la crisis de 2008″, ha indicado.

Por su parte, la presidenta de Ceapi, Núria Vilanova, tras remarcar que la organización que encabeza tiene como meta «ayudar a construir más y mejor Latinoamérica haciendo empresa», ha señalado que «España es cada vez más importante para las compañías latinoamericanas».

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha avanzado este martes que el proyecto de Presupuestos de 2021 incluirá la reducción de la bonificación extraordinaria en el diésel para su equiparación con el gravamen de la gasolina, en línea con lo previsto en los fallidos presupuestos del año pasado, que suponía un incremento del precio del gasóleo de 3,8 céntimos por litro para los consumidores particulares.

Así lo ha avanzado durante la clausura del XXIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar, en la que ha destacado que los Presupuestos son «absolutamente extraordinarios» y buscan impulsar el crecimiento yo la creación de empleo, para adelantar la recuperación.

Calviño ha explicado que el proyecto incluye «ajustes» en materia de impuestos existentes y nuevas figuras «muy en línea» con la política medioambiental, con un nuevo impuesto a los plásticos, los residuos y la reducción de la bonificación extraordinaria que había para el diésel.

En los PGE del año pasado ya se recogía la decisión de suprimir la bonificación del diésel, que entonces se calculaba que tendría un impacto de tres euros mensuales para el consumidor medio, el que realiza unos 15.000 kilómetros anuales, lo que supondrá unos 36 euros al año.

Las nuevas cuentas públicas recogerán un aumento de dos puntos el IRPF para las rentas del trabajo de más de 300.000 euros, hasta un tipo marginal del 49%, y tres puntos para las rentas de capital de más de 200.000 euros, así como un alza del 1% en el impuesto para patrimonios de más de 10 millones de euros, fijará una tributación mínima del 15% para ‘socimis’ y reducirá desgravaciones de planes de pensiones privados.

Además, se limitará las exenciones en el Impuesto de Sociedades, sobre lo que Calviño ha precisado que España se alineará con el resto de países europeos al pasar de una bonificación del 100% al 95% de los temas relacionados con una doble tributación de dividendos derivado de la internacionacionalización, pero con una excepción para las empresas que facturen menos de 50 millones durante los tres primeros años.

Esa bonificación, ha indicado Calviño, incentiva la internacionalización en la primera fase, pero pasada la decisión de salir a mercados internacionales, se ha comprobado que no tenía un impacto «tan significativo» y se ha optado por alinearse con países como Alemania, Francia o Italia.

Estos cambios se suman a los ya anunciados más allá de las tasas ‘Tobin’ y ‘Google’, como el nuevo impuesto a los envases de un solo uso y el IVA del 21% a bebidas azucaradas y edulcoradas.

La vicepresidenta tercera ha explicado que se va a crear un grupo de expertos para reflexionar con «profundidad» sobre la «necesaria adecuación» de la estructura fiscal a la nueva realidad con un sistema «progresivo, más verde y dando una vuelta a bonificaciones fiscales que hayan perdido su sentido».

NO DESCARTA PEDIR CRÉDITOS

En cualquier caso, Calviño ha indicado que desde el año que viene se reducirá el déficit hasta el 7,7% del PIB, y que a medio plazo se continuará con la consolidación presupuestaria, si bien ahora la prioridad es el impulso de la inversión.

Ha añadido que los PGE de 2021 incluirán ya 27.000 millones de los fondos europeos de forma anticipada y ha aclarado que aunque se priorizará en los 72.000 millones de transferencias en la primera parte (2021-2023) de la recepción de los 140.000 millones de fondos europeos a recibir hasta 2026, si los proyectos se van ejecutando y hace falta aportar más recursos «por supuesto» se recurrirá a la financiación de los créditos, prevista en principio para la segunda parte.

El objetivo, ha dicho, es ir avanzando para empezar a ejecutar los proyectos desde el 1 de enero de 2021, y ha indicado que se prioriza en transferencias para aprovechar los menores costes de financiación, estimados entre 1.000 y 1.800 millones de euros.

La Comunidad de Madrid concederá bonos ambientales para la movilidad, pioneros en España, con una cantidad de 1.250 euros para que los ciudadanos puedan destinarla a utilizar los sistemas de alquiler de motos o coches eléctricos urbanos, a cambio de achatarrar sus coches más contaminantes.

Los madrileños podrán pedirlos a partir de este miércoles y hasta el próximo 15 de noviembre, según ha informado el Gobierno regional en un comunicado. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, los ha presentado este martes acompañada por la consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín, en el Parque de Valdebernardo.

«Queremos reducir los gases contaminantes y de efecto invernadero, la contaminación acústica, favorecer la eficiencia energética y un uso más racional del espacio urbano, fomentar el uso de vehículos ‘cero emisiones’ y facilitar una movilidad sostenible que asegure la distancia social», ha declarado Ayuso.

En este sentido, la jefa del Gobierno madrileño ha indicado que resulta «paradójico» hablar de movilidad cuando se está pidiendo el esfuerzo colectivo de limitar la circulación, pero ha subrayado que «la vida sigue además del coronavirus» y aunque se pretenda «de manera errónea enfrentar a la economía o el medio ambiente con la salud», están relacionados.

«Los usos y costumbres han cambiado, tenemos tres de cada diez vehículos eléctricos de nuestro país, somos líderes en la modalidad de coche compartido y, por eso, somos un laboratorio perfecto para buscar soluciones sostenibles que contribuyan a mejorar la calidad del aire y a la conservación del Medio Ambiente», ha considerado.

Para la puesta en marcha de estas ayudas, la presidenta madrileña firmará un convenio de colaboración con la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive) y varias empresas de movilidad compartida.

SE CANJEARÁN POR MINUTOS

Los bonos se podrán canjear por kilómetros, por minutos o por servicios a través de las empresas de transporte compartido de vehículos eléctricos, ‘car sharing’ y ‘moto sharing’ durante un máximo de dos años.

Podrán acceder a solicitar la ayuda los propietarios de los vehículos que tengan más de diez años de antigüedad o que carezcan de distintivo ambiental y que hayan sido achatarrados desde el 1 de enero de 2020 que cumplan con todos los requisitos para acreditar el destino del vehículo.

Esto es, estar en posesión de copia del recibo de pago del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), copia del certificado que acredite la destrucción del vehículo y la ficha técnica.

TRES MILLONES PARA VEHÍCULOS

Por otro lado, la presidenta madrileña ha desgranado otra línea de ayudas directas para la adquisición de vehículos eléctricos de movilidad personal (patinetes, bicicletas y ciclomotores) aprobada en Consejo de Gobierno el pasado 21 de octubre, y al que el Ejecutivo regional ha destinado 3 millones de euros.

A los propietarios de este tipo de vehículos adquiridos entre el 1 de enero y el próximo 15 de noviembre se concederá hasta el 50% de su precio de compra.

Así, serán ayudas de un máximo de 150 euros en patinetes, de 600 euros en bicicletas con sistema de asistencia al pedaleo y una potencia inferior o igual a 250W, y 700 euros en ciclomotores eléctricos de dos ruedas, siempre que se trate de ciclomotores con una potencia igual o inferior a 50 centímetros cúbicos y no superen los 45 kilómetros por hora. En este caso, tampoco se podrán incluir en el importe de la ayuda ni los accesorios ni los impuestos.

AYUDAS DIRECTAS CON EFECTOS RETROACTIVOS

Para conceder las ayudas que tendrán efectos retroactivos, la Comunidad de Madrid tendrá en cuenta, además del cumplimiento de todos los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria, el riguroso orden de presentación en registro de las solicitudes.

De cara a agilizar la entrega de los importes de las ayudas, el Gobierno regional ha establecido en su convocatoria que los madrileños beneficiados reciban el importe correspondiente directamente en su cuenta bancaria, si son solicitantes de la ayuda a la adquisición los vehículos eléctricos, o en su correo electrónico, en caso de tratarse del bono ambiental.

En la presentación de las ayudas, también han estado presentes representantes de Aedive, de la Asociación Nacional de Marcas y de España (AMBE), de la Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas (Anesdor) y de la Asociación Española del Comercio Minorista Especializado de la Bicicleta (ATEBI).

También han asistido siete empresas del sector de la movilidad compartida de ‘car sharing’ y ‘moto sharing’ que operan en la región: Zity, Emov, WiBLE, Wishlife, Sharenow, Acciona, Muving y Ecooltra; y con las que, el Gobierno regional firmará, próximamente, un convenio de colaboración que regirá la tramitación de los bonos ambientales.

Las aerolíneas de bajo coste han sabido adaptarse mejor a este panorama de incertidumbre al estar menos expuestas al tráfico internacional de larga distancia, que se ha visto seriamente alterado por la crisis sanitaria, según una investigación de la UOC que analiza los efectos a largo plazo de las aerolíneas de bajo coste en los aeropuertos europeos de 2001 a 2019.

El estudio revela que la pandemia del coronavirus ha provocado una caída en picado de los viajes, especialmente de los realizados a otros países.

Los datos reflejan que en el segundo trimestre de este año, la bajada de ingresos de las aerolíneas llegó al 80% respecto a 2019, con una parada casi total de la flota de pasajeros, según datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

«La COVID-19 ha motivado la mayor crisis de la historia de la aviación. Para 2020, el sector de las aerolíneas tendrá una caída de más del 50 % en la oferta de plazas, casi 3.000 millones menos de pasajeros y 400.000 millones de dólares de pérdidas de ingresos», estima Pere Suau-Sánchez, investigador principal del grupo SUMA (Sustainability and Management Research Group), de los Estudios de Economía y Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), y experto en transporte aéreo.

Aunque estos datos afectan a todo el sector, las aerolíneas de bajo coste han demostrado adaptarse mejor a este panorama de incertidumbre. Así lo recoge Suau-Sánchez en una investigación publicada en la revista Journal of Transport Geography, en la que también participa Edgar Jiménez, de la Universidad de Cranfield (Reino Unido).

Según el estudio, estas aerolíneas han sido más resilientes que las tradicionales, al estar menos expuestas al tráfico internacional de larga distancia, que se ha visto seriamente alterado por la crisis sanitaria.

De hecho, la disminución de plazas ofertadas durante marzo y abril de 2020 fue mucho más pronunciada en las aerolíneas tradicionales que en las de bajo coste, mientras que la tendencia de recuperación según se han ido levantando las restricciones de viaje es similar en ambos tipos de compañías.

Las aerolíneas de bajo coste operan en mercados regionales (intracontinentales) y, en consecuencia, tienen menor exposición a las dinámicas de los mercados de largo radio (intercontinentales), que fueron los primeros en cerrar a principios de febrero y son los que se han mantenido más inactivos en la recuperación a causa de las restricciones determinadas por los gobierno«, explica el investigador de la UOC.

CRECIMIENTO EXPONENCIAL EN MENOS DE UNA DÉCADA.

La investigación analiza los efectos a largo plazo de las aerolíneas de bajo coste en los aeropuertos europeos. Además, identifica los aeropuertos que más se han beneficiado de la consolidación de estas compañías desde 2001.

Tradicionalmente, cuando se habla de tráfico aéreo se suelen usar cifras absolutas que no permiten conocer cuál es la situación real de cada aeropuerto. Los autores han desarrollado dos nuevas métricas. La primera mide la proporción de oferta de plazas de bajo coste respecto al total de plazas ofertadas en ese aeropuerto, es decir, calcula la cuota de mercado de estas compañías.

La segunda métrica normaliza la cuota de mercado de bajo coste en cada aeropuerto individual en relación con el aeropuerto que tiene el mayor número de plazas de bajo coste ofertadas.

Tras analizar todos los vuelos programados en Europa de 2001 a 2019, la investigación revela que, en 2001, las aerolíneas de bajo coste representaban el 5,3% del total de asientos disponibles del mercado, lo que significa 37 millones del total de 701 millones de plazas.

Entre 2001 y 2019, la oferta de viajes aéreos europeos se duplicó y el mercado de bajo coste creció de forma exponencial: aumentó hasta catorce veces su tamaño, de tal forma que en 2019 estas compañías representaban un 37,3% del total de asientos ofertados, lo que se traduce en 534 millones de asientos de los 1.430 millones de plazas.

DEMOCRATIZACIÓN DEL TRANSPORTE AÉREO.

Además investigación revela cómo baja la concentración del mercado cuando llegan las aerolíneas de bajo coste. Las compañías de bajo coste han democratizado el transporte aéreo en Europa y han liderado el desarrollo de tráfico en los aeropuertos europeos.

El estudio también muestra que la crisis financiera de 2008 supuso un paréntesis en el crecimiento de estas compañías. Asimismo, los datos reflejan que los países de Europa del Este han experimentado una expansión de estas aerolíneas unos años más tarde que el resto de Europa.

El desarrollo más tardío del tráfico de bajo coste en Europa del Este va ligado a la entrada en 2004 y 2007 de diversos países del Este a la Unión Europea.

De cara al futuro y teniendo en cuenta este nuevo escenario pospandémico, Suau-Sánchez sostiene que el sector aéreo tendrá menos compañías, concentrará su actividad en los mercados más grandes y tendrá menos pasajeros de negocios. «Deberá focalizarse en la sostenibilidad económica y ambiental para asumir un creciente número de cambios», concluye el experto.

Los bancos españoles prevén endurecer sus criterios para la concesión de nuevos préstamos en todas las modalidades durante el trimestre en curso, después de haber aplicado ya en el tercer trimestre condiciones crediticias más estrictas ante el aumento de la percepción del riesgo como consecuencia del deterioro de las perspectivas económicas, según recoge la última Encuesta de Préstamos Bancarios, elaborada por el Banco de España.

«De cara al trimestre en curso, las entidades españolas encuestadas anticipaban un nuevo endurecimiento de los criterios de concesión de préstamos en todos los segmentos«, señala el documento, tras constatar que entre julio y septiembre los criterios aplicados, tanto en España como en la Unión Económica y Monetaria (UEM), fueron más estrictos en general.

Por el lado de la demanda, las entidades financieras españolas anticipan que en el último trimestre de 2020 seguirán descendiendo las solicitudes de préstamos procedentes de las empresas y de los hogares para consumo y otros fines, mientras que se mantendrían estables las provenientes de familias para adquisición de vivienda.

De este modo, los bancos españoles señalan la continuidad de la tendencia observada en el tercer trimestre del año, en el que aplicaron mayores restricciones a la concesión de créditos al consumo a los hogares, en línea con trimestres anteriores, pero, además, también endurecieron sus criterios para dar crédito a las empresas, con mayor intensidad en el caso de las pymes, mientras que se mantuvieron sin cambios los criterios para conceder hipotecas a las familias.

El mayor endurecimiento de las condiciones para conceder préstamos a las empresas durante el tercer trimestre se produjo tras la relajación registrada en España entre abril y junio como consecuencia de las distintas medidas adoptadas por los Gobiernos y el Banco Central Europeo (BCE) para favorecer el flujo de crédito al sector corporativo, en un contexto de fuerte crecimiento de las necesidades de liquidez.

Dentro del segmento de crédito a las empresas, los criterios de aprobación de préstamos se endurecieron en el tercer trimestre, tanto en las operaciones con grandes empresas como, especialmente, en aquellas realizadas con pymes. Asimismo, el desglose por vencimiento evidencia una evolución similar en las operaciones a largo plazo y en las realizadas con un horizonte más corto.

«La razón principal que explicaría la contracción de la oferta crediticia sería el aumento de los riesgos percibidos, vinculado al deterioro en las perspectivas, tanto sobre la situación económica general como sobre la solvencia de prestatarios y sectores concretos, y, en menor medida, al valor de las garantías solicitadas», señala la encuesta.

Asimismo, las entidades consultadas indicaron que la demanda de préstamos procedente de empresas en el tercer trimestre había disminuido, tanto en España como en la UEM, después del fuerte aumento registrado el trimestre anterior con el fin de financiar las cuantiosas necesidades de liquidez generadas. En cambio, las solicitudes provenientes de los hogares para adquisición de vivienda habrían aumentado ligeramente en ambas áreas, recuperándose algo después del fuerte retroceso experimentado entre abril y junio.

Este descenso de la demanda de fondos procedente de las empresas en el tercer trimestre reflejó principalmente las menores inversiones en capital fijo y una reducción de las necesidades de liquidez de las compañías para financiar existencias y capital circulante ante la recuperación de la facturación en la mayoría de las empresas, tras el desplome observado en el segundo trimestre por el estado de alarma.

EL BCE NO INFLUYE EN EL CRÉDITO

Por otro lado, la encuesta refleja la opinión de las entidades sobre el impacto del programa ampliado de compra de activos del BCE y del programa especial de compras ante la emergencia pandémica (PEPP), que los bancos españoles y europeos consideran que sirvieron durante los últimos seis meses a un incremento de los activos y de la liquidez, así como una mejora de sus condiciones de financiación y a un ligero aumento de sus ratios de capital.

Sin embargo, en el caso de España «estos programas no habrían tenido impacto ni sobre la oferta crediticia ni sobre los volúmenes de crédito concedido», señala el documento, en contraste con lo sucedido en el resto de la zona euro, donde sí habrían favorecido una ligera relajación de las condiciones y un aumento de los volúmenes de los préstamos concedidos en todos los segmentos.

Asimismo, las entidades españolas consultadas anticiparon que, en los próximos seis meses, los programas de compra de activos del BCE propiciarán una ligera mejora de sus condiciones de financiación, pero siguen sin esperar que haya «ningún impacto significativo ni sobre los criterios y las condiciones aplicadas ni sobre el volumen de crédito concedido».

En cuanto a otras actuaciones del BCE, los bancos españoles siguen señalando que el tipo de interés negativo de la facilidad de depósito del banco central continuará provocando un ligero descenso de su rentabilidad y de sus ingresos netos por intereses el próximo semestre.

Por último, en relación con las operaciones de financiación a largo plazo del BCE (TLTRO-III), tan solo una de las diez entidades españolas encuestadas tiene intención de participar en futuras subastas al considerar que las condiciones de las TLTRO son atractivas, así como por precaución ante posibles necesidades futuras de liquidez.

En España, las diez entidades encuestadas participaron en la subasta de junio, mientras que solo dos bancos lo hicieron en la de septiembre. En la eurozona, la participación fue del 76% en junio, y en la de septiembre se redujo hasta un 34%.

La Comisión Europea ha desembolsado este martes el primer tramo del préstamo a España para financiar el gasto público en ERTE y ayudas por cese de actividad de autónomos que asciende a 6.000 millones de euros, según ha informado la institución en un comunicado.

Además, el Ejecutivo comunitario ha pagado a Italia 10.000 millones de euros y a Polonia 1.000 millones de euros. Se trata de los primeros desembolsos de Bruselas con cargo al fondo europeo de 100.000 millones de euros con el que la UE quiere apoyar las políticas que busquen sostener el empleo durante la pandemia, bautizado como SURE.

Bruselas ha destacado que estas préstamos con «condiciones favorables» ayudarán a los países europeos ha hacer frente a aumentos «repentinos» del gasto público como consecuencia de las medidas adoptadas para evitar despidos masivos. Las condiciones de estos créditos, incluido el interés de los préstamos, están contemplados en los contratos firmados entre cada Estado y la Comisión Europea, que por ahora no han trascendido.

Italia, España y Polonia son los tres Estados miembros que más se beneficiarán de este instrumento con préstamos que ascenderán en total a 27.000 millones, 21.300 millones y 11.200 millones, respectivamente. En total, la UE ha dado ‘luz verde’ a las solicitudes de 17 socios comunitarios, que en conjunto recibirán préstamos del SURE por valor de casi 90.000 millones de euros.

El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, ha asegurado que el desembolso de los primeros tramos «marca un hito importante para la solidaridad europea» , pero ha añadido que «no es más que el principio» en un momento en el que «Europa se prepara para un invierno difícil».

«Gracias al instrumento SURE, hemos conseguido estar a la altura de las expectativas de nuestros ciudadanos de una rápida entrega de las ayudas en tiempos de crisis. Me alegra ver que los ciudadanos y las empresas de España, Italia y Polonia serán los primeros beneficiarios», ha destacado por su parte el comisario de Presupuesto, Johannes Hahn.

La Comisión Europea completó la semana pasada la primera emisión de bonos sociales con los que financiará este fondo contra el desempleo. En esa operación capturó 17.000 millones de euros en bonos a diez y veinte años y registró una demanda de 233.000 millones.