El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, considera que la red financiera global es «insuficiente» en caso de que se produzca una crisis extrema.

«El diagnóstico que teníamos y que tenemos hoy es que para, digamos crisis normales, la capacidad de movilización de recursos por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), acompañado del resto de organismos multilaterales, era suficiente, pero que por supuesto para crisis extremas, no», ha señalado el gobernador durante su intervención el Foro La Toja 2020.

Preguntado por el impacto de la pandemia en América Latina, De Cos ha señalado que no se puede dejar caer a los países de la región, y ha indicado que en ese sentido tiende a ser optimista sobre la capacidad de reacción del Fondo Monetario Internacional (FMI).

«¿Realmente podemos dejar caer América Latina? ¿Alguien en el globo se lo puede permitir?… Yo entiendo que no, la verdad, casi por egoísmo personal, más que por lo fundamental, que es echarle una mano a los países de América Latina. En ese sentido tendería a ser optimista sobre la capacidad de reacción del FMI y de las jurisdicciones que están detrás del FMI y del resto de organismos multilaterales para, llegado ese momento (…) podamos estar en situación de movilizar esos recursos, en ese sentido tiendo a ser optimista», ha manifestado.

En lo que concierne a la región, el economista y exjefe del departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo, José Juan Ruiz, ha explicado que el 75% del ciclo económico del continente responde a factores externos como el crecimiento del comercio, el precio de las materias primas, el acceso a los mercados de capital, el envío de remesas o el peso del turismo sobre el PIB.

En lo que respecta al acceso al mercado, Ruiz ha indicado que si bien algunos países tienen acceso, otros no disponen de él, y mientras que hace un año entraban 60.000 millones de dólares (51.200 millones de euros), ahora están entrando en torno al 10% de esa cantidad.

Con respecto a la respuesta al virus por parte de las administraciones latinas, el economista destaca que se basan en dos ejes, que son los confinamientos, que ha calificado como «legalmente muy restrictivos» y «superestrictos»; y los apoyos financieros de los Gobiernos, que han dependido, según Ruiz, de la ideología del Ejecutivo de turno, yendo del 20% del PIB desplegado de Perú, que en el caso europeo sería equiparable a lo movilizado por Alemania, al 1% destinado por México.

Por otro lado, ha puesto el foco en la pérdida de la renta per cápita, que llegará a niveles de finales del siglo pasado, y al recrudecimiento de la pobreza, que podrá alcanzar a 40 millones de personas.

El pronóstico de Ruiz sobre las consecuencias financieras futuras para América Latina es el de un incremento en la inflación generalizado, dado el aumento de la deuda generado por la pandemia y la baja recaudación impositiva en la región, que es de aproximadamente un 16%.

El secretario general de la patronal de la pequeña y mediana empresa Pimec, Antoni Cañete, ha afirmado que sería un «problema muy grave de dimensiones incalculables» si el Gobierno contemplara una subida del IVA hasta el 21% en los Prespuestos Generales del Estado (PGE) a la sanidad y la educación privadas, como recogen algunos medios.

Cañete ha asegurado que subir la presión fiscal en las actuales circunstancias de la pandemia es «como meterse en una autopista en dirección contraria» porque considera que complicaría la situación a muchas empresas que ya están sufriendo.

«No somos conscientes de la situación real que tenemos por un cierto dopaje de los créditos ICO», ha afirmado Cañete, y ha añadido que cuando estas medidas se retiren se verá la magnitud de la crisis, y que una subida de impuestos la empeorará.

También ha destacado que las pymes calculan que deberán destinar el 90% de sus recursos al retorno de los créditos que han contraído durante la pandemia para mantener la actividad, y que serán «más difícil si se aumenta la presión fiscal».

Cañete ha explicado que no han tenido conocimiento oficial de estas medidas, pero que durante todo este viernes han recibido una gran cantidad de llamadas de asociados relacionados con los sectores preocupados por las publicaciones en la prensa.

La subida del IVA es una de las opciones que baraja el equipo encargado de elaborar el borrador de Presupuestos Generales del Estado de 2021, formado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el secretario de Estado de Asuntos Sociales, Nacho Álvarez, que debaten la posibilidad de eliminar determinadas exenciones en el pago del tributo, como ocurre actualmente con la educación y la sanidad privadas.

La medida se recogía en una de las recomendaciones que la Autoridad Fiscal (AIReF) ha propuesto para las cuentas del próximo año.

Fuentes del Ejecutivo señalan que se han debatido y analizado «todas las medidas» del documento de la AIReF, que calculaba que el coste fiscal para de la exención del IVA a la educación y a la sanidad privadas era de 1.694 y 1.763 millones de euros, respectivamente.

De eliminarse finalmente esos beneficios fiscales a la educación y la sanidad privada, podrían verse afectados por la aplicación del IVA al 21% actividades privadas como las clínicas de salud, los colegios privados, los laboratorios, las autoescuelas, los centros de formación y otras actividades similares.

El Banco Central Europeo (BCE) ha intensificado los trabajos en relación con la posible introducción de un euro digital, cuestión sobre la que iniciará una consulta pública el próximo 12 de octubre y espera adoptar una decisión «a mediados de 2021», aunque el Eurosistema continuará emitiendo efectivo, según ha informado la entidad.

«Hacia mediados de 2021, el Consejo de Gobierno del BCE considerará la posibilidad de lanzar un proyecto de euro digital, que comenzaría con una fase de investigación dirigida al desarrollo de un producto mínimo viable», indicó  un portavoz del banco central.

De este modo, abarcaría las dimensiones clave de un euro digital y no solo abordaría los requisitos técnicos, con el fin de informar del diseño del euro digital y sus procesos de modo que pueda satisfacer las necesidades de los posibles usuarios. «El objetivo es garantizar que el Eurosistema esté preparado para emitir un euro digital si decide hacerlo en el futuro», explicó la entidad.

No obstante, el BCE advirtió de que antes de que se pueda tomar cualquier decisión sobre la emisión de un euro digital, se debe cuantificar el alcance y el coste de dicho proyecto, con el fin de comparar esta solución con posibles alternativas, subrayando que los costes asociados con la emisión de un euro digital no serían solo financieros, sino también a nivel organizativo, ya que el banco central tendría que desarrollar nuevas competencias y procesos y gestionar nuevos riesgos.

Por otro lado, desde el BCE confirmaron  que el pasado mes de septiembre la institución presentó ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) una solicitud de información para la marca ‘digital euro’, tramitada a través del bufete bock legal Partnerschaft von Rechtsanwälten, domiciliado en Fráncfort, según reflejan los registros de EUIPO.

La solicitud de información de marca presentada cubre cuatro categorías, según la clasificación de Niza, incluyendo las relativas a software de comercio electrónico para realizar transacciones comerciales; asuntos financieros y monetarios, servicios bancarios, servicios de tarjetas de crédito y débito; servicios de programación en el ámbito de la tecnología de la información en relación con software para el comercio electrónico y la prestación de servicios de autenticación de usuarios en el ámbito de las transacciones de comercio electrónico.

COMPLEMENTO DEL DINERO EN EFECTIVO.

«El euro pertenece a los europeos y nuestra misión es salvaguardarlo», ha afirmado Christine Lagarde, presidenta del BCE, para quien el papel de la institución es garantizar la confianza en el dinero, lo que significa asegurar que el euro sea adecuado para la era digital. «Debemos estar preparados para emitir un euro digital si fuera necesario», ha sentenciado.

En este sentido, la institución ha señalado que un euro digital «sería un complemento del efectivo, no un sustituto» del dinero en efectivo, destacando que sería una forma electrónica de dinero de banco central que todos los ciudadanos y empresas podrían utilizar -como los billetes, pero en formato digital- para realizar sus pagos diarios de manera rápida, fácil y segura.

«Deberíamos estar preparados para emitir un euro digital siempre y cuando la evolución de nuestro entorno lo haga necesario. Esto significa que ya debemos prepararnos para ello», ha afirmado Fabio Panetta, representante italiano en el directorio del BCE y presidente del Grupo de Trabajo de Alto Nivel sobre Dinero Digital de Banco Central.

Este grupo de trabajo, en el que participan expertos del BCE y de los 19 bancos centrales nacionales de la zona del euro, ha identificado posibles escenarios que requerirían la emisión de un euro digital, incluyendo un aumento de la demanda de pagos electrónicos en la zona del euro, un descenso significativo del uso del efectivo como medio de pago en la región, la creación de medios de pago privados a escala mundial que podrían generar problemas regulatorios y representar riesgos para la estabilidad financiera y la protección del consumidor, así como un uso generalizado de dinero digital de banco central emitido por bancos centrales extranjeros.

De este modo, el Eurosistema comenzará el próximo 12 de octubre una consulta pública sobre esta cuestión y mantendrá contactos frecuentes con los ciudadanos, el mundo académico, el sector financiero y las autoridades públicas para valorar en detalle sus necesidades, así como los beneficios y los retos que esperan de la emisión de un euro digital.

El Ibex 35 ha roto su racha de cuatro semanas consecutivas en negativo con un avance semanal del 1,9%, hasta colocarse en los 6.754,5 puntos.

Los avances farmacéuticos y la posibilidad de un nuevo paquete de ayudas en Estados Unidos impulsaron las bolsas al principio de la semana, aunque en las sesiones posteriores perdieron fuerza ante la debilidad de los datos macro y el positivo por Covid-19 de Donald Trump.

El analista de XTB Joaquín Robles ha explicado que el aumento de casos de coronavirus en España, Francia, Bélgica y Reino Unido aumenta el riesgo de sufrir nuevas paralizaciones económicas para contener la propagación, mientras que los avances farmacéuticos siguen siendo la mayor esperanza para los inversores.

En Europa, Boris Johnson intervendrá este sábado en las negociaciones del Brexit por primera vez desde junio, y se acerca el plazo para una salida forzosa del Reino Unido el próximo 15 de octubre.

En este escenario, el Ibex 35 ha cerrado en ‘verde’, con un avance del 0,35% en la sesión de este viernes, en la que se ha conocido que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa, Melania Trump, han dado positivo por coronavirus, lo que ha motivado que las bolsas americanas hayan abierto con caídas y ha puesto en peligro la celebración del próximo debate electoral fijado para el 15 de octubre en Miami.

Por otro lado, la Comisión Europea ha dicho que está estudiando la posibilidad de prolongar seis meses más, hasta el 30 de junio de 2021, la flexibilización de las reglas sobre ayudas públicas adoptada para ayudar a las empresas a capear el impacto económico de la pandemia, así como ajustar su alcance.

También se ha publicado que la tasa de paro de Estados Unidos cayó al 7,9% en septiembre y se crearon 661.000 empleos y que la inflación de la eurozona se debilitó al -0,3% en septiembre.

El protagonista de la sesión bursátil de este viernes ha sido ACS, que se ha disparado un 25,85%, hasta los 23,42 euros, tras comunicar que negocia la venta de la mayor parte de su división industrial, Cobra, al grupo francés Vinci después de recibir una oferta no vinculante por alrededor de 5.200 millones de euros.

En el terreno positivo también han destacado Grifols (+2,54%), Pharma Mar (+2,11%), Ferrovial (+1,71%), Sabadell (+1,55%), Acciona (+1,19%), Colonial (+0,83%) y Endesa (+0,7%).

Por el contrario, las mayores caídas han sido para IAG (-2,28%), Indra (-2%), Amadeus (-1,91%), Meliá (-1,62%), Enagás (-1,26%), Siemens Gamesa (-1,07%), Viscofan (-1,05%), CaixaBank (-1,01%), Inditex (-0,82%) y Bankia (-0,81%).

El resto de plazas europeas también han cerrado este viernes en positivo, a excepción de Fráncfort (-0,33%). La Bolsa de Londres ha avanzado un 0,39%, la de París un 0,02% y la de Milán un 0,01%.

El barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, cotizaba en 37,7 dólares, mientras que el crudo Brent, de referencia para Europa, marcaba un precio de 39,84 dólares.

Por su parte, la prima de riesgo española se situaba en 76 puntos básicos, con el interés exigido al bono a diez años en el 0,217%, mientras que la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1711 ‘billetes verdes’.

La próxima semana seguirá condicionada por la evolución de la crisis sanitaria, el estado de salud de Donald Trump y la reunión del BCE y de la Reserva Federal, que ofrecerán nuevas previsiones económicas.

Desde XTB esperan que el Ibex 35 continúe cotizando dentro del rango de los 6.600 y los 7.200 puntos, a la espera de novedades, y señala que los altos niveles de incertidumbre «podrían disparar la volatilidad en función de los próximos acontecimientos».

La economía madrileña sufrirá un pérdida de más de 8.000 millones si las restricciones, que entran en vigor hoy en diez municipios de la Comunidad, se mantienen durante un mes.

Así lo ha detallado el consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, en la rueda de prensa en la que ha detallado el recurso que ha interpuesto el Ejecutivo autonómico contra la orden ministerial que recoge las nuevas medidas de restricción.

Las medidas afectarán a la movilidad de un total de 4.786.948 habitantes de los diez municipios afectados en LA región: Madrid capital, Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz.

Por su parte, la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) estima que las nuevas restricciones supondrán en la región un coste de 600 millones de euros semanales y una caída del Producto Interior Bruto (PIB) de un 15 por ciento, según han explicado a Europa Press fuentes de la patronal.

La organización ya advirtió de que se «dinamitarán miles de empleos». En esta línea, el presidente de CEIM, Miguel Garrido, pidió que se aplicasen «medidas distintas» para obtener «resultados distintos»; ya que tras aplicar iniciativas similares en marzo se ha obtenido como resultado «rebrotes, ruina económica y empobrecimiento social».

ESTIMACIONES DEL SECTOR

De su lado, los hosteleros de Madrid cifran en 1.131 millones el lucro cesante previsto para el último trimestre, según Hostelería Madrid, que estima que las medidas del Ministerio de Sanidad para diez municipios madrileños «impactarán de forma drástica» en la actividad de 23.014 locales de hostelería de las localidades afectadas, un 75%.

Con las limitaciones de horario previstas y la reducción de los aforos el sector perderá, en el último trimestre del año, una facturación de 1.131 millones de euros, que supone el 7 por ciento de la facturación anual del sector, y que se suma al 50 por ciento de descenso de facturación acumulado en lo que va de año.

En términos de empleo, el sector tiene en juego 15.841 empleos que se perderán en el último trimestre del año con la reducción de aforo y horarios, que se suman a los 40.042 empleos que ya se han perdido en lo que va de año, de enero a agosto de 2020, en el sector de la hostelería de la Comunidad de Madrid.

Según Juan José Blardony, director de Hostelería Madrid, «la situación es insostenible para más de 23.000 empresas que ven perdidos los turnos de cenas con los cierres a las 23 horas». «Si las medidas persisten, ponemos en juego la campaña de navidad de miles de restaurantes que facturan en estas fechas el 20 por ciento de su facturación anual», ha señalado.

El Gobierno francés ha recaudado un total de 2.786 millones de euros de los operadores de telecomunicaciones en la subasta de 310 MHz de espectro en la banda de 3,4-3,8 GHz, clave para el desarrollo de la nueva tecnología móvil 5G, que había tenido que posponer por la pandemia del Covid-19.

En un comunicado, la Autoridad Reguladora de las Comunicaciones Electrónicas y Postales de Francia (Arcep por sus siglas en francés) ha informado de la conclusión de la subasta tras 17 rondas y en la que han participado Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange y SFR.

En concreto, al final de la subasta los operadores han pagado un precio unitario de 126 millones de euros por cada uno de los once bloques de 10 MHz que se han subastado. En concreto, Orange se ha quedado con cuatro bloques, SFR con tres y Bouygues Telecom y Free Mobile con dos cada uno.

Además, recuerda que las cuatro compañías ya obtuvieron en una primera fase un bloque de 50 MHz por 350 millones de euros cada una a cambio de cumplir ciertos compromisos cuando fueron elegidos el pasado 2 de abril para participar en este proceso.

De esta manera, Orange se convierte en el operador que más espectro ha conseguido, con 90 MHZ a un precio total de 854 millones de euros, seguido de SFR, que obtiene 80 MHz por 728 millones de euros. Por su parte, Bouygues Telecom y Free Mobile pagarán cada uno 602 millones de euros por 70 MHz.

Un vez concluido este proceso, se celebrará este mes de octubre una subasta de posicionamiento para determinar la parte concreta de la banda que se asignará a cada uno de los operadores, tras lo cual tendrá lugar la adjudicación de las licencias en función de sus preferencias.

Arcep ha completado finalmente la subasta de los 11 bloques restantes que quedaban por asignar en esta banda de frecuencias, que estaba inicialmente prevista para finales del mes del abril, pero que tuvo que ser pospuesta por las medidas «sin precedentes» de confinamiento adoptadas para frenar la expansión del coronavirus.

Esta segunda fase ha consistido en una subasta en multi-ronda de las frecuencias que quedaban disponibles, divididas en bloques de 10 MHz, con una precio inicial de 70 millones de euros por bloque. Todos los ganadores tenían que tener un mínimo de 40 MHz y un máximo de 100 MHz.

Para la asignación de los 310 MHz de espectro habilitados en esta banda de 3,4-3,8 GHz, la autoridad francesa ha diseñado un mecanismo que no se basaba únicamente en las ofertas financieras presentadas por los operadores.

De hecho, en la primera fase del proceso los operadores aceptaron varios compromisos relacionados con impulsar la competitividad de otros sectores de la economía francesa con el 5G, así como la innovación y la competencia; la cobertura en interiores; el suministro de productos de acceso fijo en redes móviles, y una mayor transparencia.

La Comisión Europea está estudiando la posibilidad de prolongar seis meses más, hasta el 30 de junio de 2021, la flexibilización de las reglas sobre ayudas públicas adoptada para ayudar a las empresas a capear el impacto económico de la pandemia, así como ajustar su alcance, según ha informado en un comunicado.

Bruselas ha enviado un borrador con los cambios previstos a los Estados miembros para que todos los gobiernos de la UE remitan ahora sus comentarios al respecto antes de que el Ejecutivo comunitario plantee su propuesta legislativa definitiva.

Así, la Comisión Europea ha planteado una ampliación de seis meses, hasta el 30 de junio de 2021, del periodo de vigencia del Marco Temporal sobre Ayudas de Estado, que con la normativa vigente finalizaría el 31 de diciembre de este año.

Esta flexibilidad en las reglas europeas sobre ayudas públicas fue adoptada en marzo de este año para que los gobiernos pudieran ayudar al tejido empresarial de sus países mediante ayudas directas, avales bancarios o recapitalizaciones que normalmente estarían prohibidas.

Además, Bruselas quiere aprovechar esta prolongación para ampliar el alcance de las medidas, de forma que los Estados miembros puedan ayudar a las empresas a cubrir una parte de los costes fijos que éstas no llegan a cubrir por la caída de sus ingresos. El objetivo de ello sería evitar un mayor deterioro de su posición de capital y permitir que mantengan su actividad.

En tercer lugar, el borrador de la Comisión propone adaptar las condiciones sobre medidas de recapitalización de empresas. En particular, permitiría a los Estado miembros que ya formaban parte del accionariado antes de la recapitalización salir de la misma a través de una evaluación independiente.

Según cálculos del Ejecutivo comunitario, los Estados miembros han aprobado ayudas para las empresas europeas con un valor superior a 3 billones de euros gracias a la flexibilización de las normas sobre ayudas de Estado desde el comienzo de la pandemia.

«Los efectos de la crisis estarán con nosotros durante un tiempo. Por eso proponemos prorrogar el Marco Temporal hasta mediados de año y ajustarlo a las necesidades de las empresas mientras protegemos el mercado único europeo. Decidiremos cómo avanzar teniendo en cuenta las opiniones de los Estados miembros», ha explicado la vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Competencia, Margrethe Vestager.

La hostelería hace un llamamiento a sus clientes a que adelanten sus horarios de cena a los europeos, por lo que modificarán sus turnos y les anima hacer sus reservas a partir de las 20.00 horas para intentar salvar sus negocios ante las restricciones que entrarán en vigor esta misma noche en Madrid capital y nueve municipios del la Comunidad Autónoma para hacer frente a la segunda ola del coronavirus.

En concreto, los hosteleros, uno de los sectores más afectados por la pandemia, reiteran la necesidad de mantener sus negocios abiertos, extremando al máximo las precauciones sanitarias para evitar contagios en sus establecimientos.

«Ante las nuevas medidas os necesitamos. A nuestros clientes con mucha humildad pedimos un pequeño cambio de hábito adelantar las cenas para comenzar entre las 20.00 y las 20.15 horas. Este ajuste nos permitiría pasar esta travesía complicada que tenemos por delante», pedía el chef Juanjo López de La Tasquita de Enfrente en su perfil de Twitter.

La hostelería reacciona así ante la entrada en vigor esta noche a las 22.00 horas de las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno de España en la orden ministerial publicada el pasado miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que obliga a la hostelería a tener un aforo máximo del 50% en espacios interiores y del 60% en espacios exteriores.

Además, se prohíbe el consumo en barra, se fija el horario de cierre a las 23.00 horas, no se admitirán nuevos clientes a partir de las 22.00 horas y se establece un máximo de seis personas por mesa. Ante esta medida, un gran número de restaurantes madrileños ya ha empezado a adelantar turnos y horarios para atender antes a sus clientes y que sigan acudiendo a sus locales.

El chef Javier Aranda, del estrella Michelin Gaytán que también adelanta el turno de cenas a las 20.00 horas, hace un llamamiento a cambiar las costumbres de los clientes para que sigan acudiendo a los restaurantes. «Animamos al cliente a que siga confiando en la hostelería. Estamos luchando para adaptar nuestros negocios y muestra de ello es la de adelantar nuestro servicio de comidas y cenas para que el comensal pueda disfrutar. Poco a poco iremos saliendo de ésta, pero tendremos que hacerlo juntos», ha señalado.

Por su parte, los propietarios de Sa Brisa, Esther Bonet y Pere Vendrell, han hecho un llamamiento en redes sociales bajo el hastag #venacenaralas20. «Mientras dure esta situación nos gustaría apoyar a la hostelería desde nuestras redes sociales. Por eso levantamos la voz haciéndonos eco del hashtag #venacenaralas20. Estamos seguros de que millones de personas que nos dedicamos a esto te lo agradecerán», han avanzado.

«No dejemos de celebrar, de salir y disfrutar de la gastronomía, los restaurantes están limpios, desinfectados, son un lugar seguro al que ir con el mismo cuidado y respeto que a cualquier otro sitio», ha asegurado la cocinera María Luisa Banzo, que modifica el horario de ‘La Cocina de María Luisa’ para abrir a mediodía de lunes a domingo y ofrecer cenas a partir de las 20.00 horas jueves, viernes y sábado.

De esta forma, numerosos restaurantes madrileños ya han anunciado que adelantan el turno de cenas a las 20.00 horas, como Ronda 14, Colósimo, Saddle, New York Burger, Villoldo, Popa y Aitatxu, mientras que otros locales como Ramsés, La Malaje, Patio de Leones o Rocacho, entre otros, tendrán horario ininterrumpido hasta las 23.00 horas.

Además, muchos de los establecimientos de la capital, como ya ocurriera durante el confinamiento, apostarán durante estas semanas por reforzar su servicio a domilicio (‘delivery’) y el ‘take away’, actividad que se mantiene sin restricciones.

SE ESTIMAN PÉRDIDAS DE 1.131 MILLONES

El presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel, se ha mostrado en contra de las nuevas medidas que van a «penalizar gravemente» al sector. «Cerrar la hostelería es matar a muchas empresas», ha señalado, recordando que la crisis podría provocar el cierre del 30% del sector, lo que supone más de 100.000 establecimientos en España.

Por su parte, la asociación Hostelería Madrid estima que estas medidas para diez municipios madrileños «impactarán de forma drástica» en la actividad de 23.014 locales de hostelería de las localidades afectadas, un 75% y podría suponer unas pérdidas en el último trimestre del año de 1.131 millones de euros.

La Unión Nacional de Agencias de Viajes (UNAV) ha puesto de manifiesto la urgencia de que España, en coordinación con el resto de países europeos, establezca protocolos que permitan viajar a los destinos a través de corredores seguros ante el desplome de la actividad turística, que cayó un 75,9% en España durante el mes de agosto.

Así lo ha explicado el presidente de la entidad, José Luis Méndez, en un comunicado, en el que ha destacado que se trata de una caída «dramática» y que «no basta con mitigar» la situación a través de la prolongación de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), ya que «resultan a todas luces insuficientes».

Por ello, ha indicado que las agencias de viajes «quieren trabajar», para lo que se necesita la recuperación de la actividad, «aunque sea gradualmente».

También ha resaltado que se podrían realizar pruebas rápidas de coronavirus para impulsar los viajes, al igual que están haciendo en otros países, así como extender los bonos turísticos a través de agencias para dinamizar la actividad turística.

Asimismo, ha solicitado la reducción temporal del IVA turístico del 21% al 7% durante la temporada 2021/2022 para reactivar la industria turística y mantener el máximo número de puesto de trabajos.

La CEOE ha afirmado este viernes que comparte «la preocupación» de los sectores de sanidad y educación ante la posibilidad de que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) acaben con la exención del IVA aplicable en la actualidad a servicios de atención hospitalaria y educativos cuando se presten por una entidad privada, y ha advertido de que conllevará la «destrucción» de empresas y empleos.

«Esta medida atenta contra el derecho fundamental a la libertad de elección de los ciudadanos», ha manifestado la patronal en un comunicado.

A juicio de la CEOE, la medida tendría «escasa eficacia» recaudatoria, ya que incidiría «muy negativamente» en la demanda de servicios de sanidad y educación privados por parte de los consumidores, «más aún en un entorno de recesión económica como el actual; y llevaría a una segura destrucción de empresas y empleo».

«Esto podría tener un efecto económico contrario al deseado, advierte la CEOE, que indica que tal y como refleja la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en el apartado relativo a exenciones de sanidad y educación de su informe ‘Evaluación del Gasto Público 2019’, el incremento de recaudación derivado de eliminar la exención de IVA sería inferior al coste para el sector público de la necesidad de prestar esos mismos servicios a aquellos individuos que abandonasen el sistema privado a raíz de esta modificación.

Además, los empresarios españoles consideran que «hay razones para rechazar este cambio fiscal, ya que dificulta la participación del ámbito privado en estos sectores, que están demostrado que permite mejoras en coste, calidad y eficiencia».

Por último, ha indicado que, «como también reconoce la AIReF», ambas exenciones, de carácter social y que tienen el objetivo de abaratar el acceso de la ciudadanía a servicios esenciales, se encuentran generalizadas en los países de la UE, sin excepciones en sanidad y con muy escasas excepciones en educación».

El comité de empresa de Robert Bosch en la planta de Castellet i la Gornal (Barcelona) ha pedido a la dirección la retirada del expediente de regulación de empleo (ERE) presentado y una solución «válida para las 300 familias que dependen de las plantas», según ha informado este viernes en un comunicado.

Las secciones sindicales de la UGT FICA de Catalunya y de CCOO Industria en la empresa Robert Bosch España Castellet han denunciado que «el inmovilismo del posicionamiento de la dirección en el proceso de cierre de la planta de Castellet i la Gornal (Barcelona) está perjudicando todavía más la plantilla por lo que respecta al consumo de los plazos legalmente establecidos».

El comité de empresa ha tachado a la dirección de actuar «con irresponsabilidad y mala fe con las 300 personas que ocupan la planta», y de incumplir con los acuerdos de segregación recogidos en el anexo 10 del convenio colectivo que establecen pasos previos ante situaciones así.

A día de hoy, el comité sigue pendiente de una reunión telemática entre la representación sindical, la empresa y con la participación de las consellerías de Empresa y de Trabajo, y de otra con la gerencia de la división Electrical Drivers, la presencia del comité europeo, la dirección de Bosch España y la representación del comité Rbec.

Por el momento, la plantilla de Robert Bosch Castellet mantiene las huelgas convocadas para los días 5, 6, 7, 8 y 9, y 13, 14 y 15 de octubre, de los cuales, el día 7 tienen la intención de cortar durante 15 minutos la N-340, entre las 11 y las 12 del mediodía.