Varios cientos de personas han marchado este domingo por las calles de A Coruña para reclamar al Estado la condonación de la deuda de la Autoridad Portuaria «como ocurrió en Valencia», así como para rechazar una eventual venta de terrenos del muelle para afrontar esta situación financiera.

La protesta, finalizada en la Praza de María Pita, ha estado convocada por más de 70 entidades capitaneadas por la plataforma En Defensa do Común, pero también ha contado con el apoyo de organizaciones políticas como el BNG, la Marea Atlántica, la coalición Galicia en Común-Unidas Podemos.

El portavoz de Defensa do Común, Ricardo Vales, ha destacado la participación de los coruñeses en esta movilización «teniendo en cuenta los tiempos que corren» en relación a la pandemia de la covid-19. De hecho, ha asegurado que es «la manifestación más numerosa que hubo» en la ciudad «después de la de los sindicatos el 1 de mayo».

Para la plataforma convocante, este evento ha sido «un estímulo para seguir trabajando por el objetivo de siempre: que se condone la deuda del puerto –unos 200 millones de euros– y que nos den el mismo trato que a Valencia» cuando acumulaba un déficit de más de 300 millones.

Además, Francisco Vales alerta ante el riesgo de que las administraciones –Estado, Xunta y Ayuntamiento– opten por vender los terrenos del muelle de San Diego y el petrolero «para construir 4.000 viviendas y así sanear las cuentas» tras la habilitación del puerto exterior, en Punta Langosteira.

«Sería la primera vez, desde 1850, que se acometa una venta de terrenos portuarios. Antes, cuando había un problema, lo que se hacía era una concesión administrativa», explica el portavoz de Defensa do Común.

Así las cosas, la plataforma y los cientos de manifestantes que han acudido desde diferentes partes de Galicia han lanzado proclamas a favor de «que se condone la deuda, que todos los terrenos sean de titularidad pública y que en ellos se puedan compatibilizar» los usos propios de la actividad portuaria con espacios «para los ciudadanos».

EL BNG CENSURA LA «ESCPECULACIÓN»

Esta multitudinaria movilización ha contado con el apoyo de varias formaciones políticas. Por parte del BNG, ha acudido su portavoz nacional, Ana Pontón, además del concejal Francisco Jorquera y del diputado en el Congreso Néstor Rego. Pontón, en declaraciones a los medios, ha destacado el valor «inmenso» de esta protesta que busca evitar que A Coruña «sea discriminada» con respecto a Valencia.

Así, ha criticado que esta situación financiera esté generada por «una decisión estatal», como fue llevar parte de la actividad económica a Punta Langosteira, y que ahora se busque revertir con una «especulación que está promoviendo el Partido Popular», que piensa «en la cuenta de resultados de algún especulador» y no «en el futuro» de la ciudad.

«El señor Feijóo se convirtió en una especie de agente especulador. Quieren que paguemos con dinero público unos terrenos que ya son públicos. Es un auténtico disparate», ha lamentado Pontón.

Y es que, para el BNG, los terrenos interiores del muelle son «una gran oportunidad» para acometer «la gran transformación pendiente» de A Coruña, lo que permitirá «mejorar la movililidad, ganar espacios verdes y ser un referente de innovación».

Ana Pontón también ha cargado contra el PSOE por «renunciar» a esa condonación de la deuda votando «en contra» en las Cortes. «Con excusas de mal pagador se dice que no se puede, pero lo que no hay es voluntad política. Alguien nos tiene que decir por qué en Valencia sí y en A Coruña no».

Por su parte, el portavoz municipal del Bloque, Francisco Jorquera, ha apuntado también a la alcaldesa, la socialista Inés Rey: «Decir que es un logro que se modifiquen los plazos de amortización de la deuda es total y absolutamente falso. El logro es que el puerto de A Coruña tenga el mismo trato que el de Valencia».

GALICIA EN COMÚN: TERRENOS PÚBLICOS «SÍ O SÍ»

También ha acudido a la protesta el diputado de Galicia en Común en el Congreso Antón Gómez-Reino, quien ha valorado ante los medios que esta movilización «expresa el sentimiento mayoritario» de los coruñeses.

Para el también secretario xeral de Podemos Galicia, los muelles interiores «sí o sí» deben mantener su titularidad pública como «una oportunidad para pensar en una nueva movilidad, para abrir zonas verdes para los barrios y, en definitiva, para unos usos productivos que en el puerto generan puestos de trabajo».

Por eso, Gómez-Reino ha apelado a «trabajar en todos los ámbitos institucionales», tanto en el Congreso como en «presionar a los ministerios competentes». Precisamente, ha recordado cómo «hace aproximadamente un mes» tuvo una reunión con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para trasladarse que «lo fundamental es la titularidad pública del puerto de A Coruña».

Mientras tanto, la portavoz municipal de Marea Atlántica, María García, ha sugerido emplear los terrenos «para mejorar los barrios» y sus «necesidades». Asimismo, ha criticado que esta cuestión se debata «a puerta cerrada»: «Ni siquiera se comparte con el resto de la Corporación cuáles son las propuestas del Ayuntamiento».

Así, García ha denunciado que la alcaldesa «va por libre» en su diálogo con Puertos del Estado y la Xunta, que llegan a la ciudad «a hacer caja», en lugar de «trabajar en consensos y acuerdos» como sí hizo –ha afirmado– el anterior regidor, Xulio Ferreiro (Marea Atlántica).

Vecinos de la comarca de A Mariña y trabajadores de la planta de Alcoa San Cibrao, en Cervo (Lugo), han vuelto a protagonizar este domingo una multitudinaria concentración frente al Ayuntamiento de Xove para urgir al Gobierno central, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), a acometer la «intervención temporal» de la fábrica.

Esta protesta, en la que han participado en torno a 5.000 personas –según cifras estimadas por el comité de empresa–, ha servido también para recordar que hace un año del inicio de las movilizaciones contra el ERE planteado el 28 de mayo de 2020 por la multinacional.

Este expediente, que posteriormente fue suspendido por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), está ahora pendiente de lo que decida el Tribunal Supremo sobre el recurso presentado por Alcoa.

En declaraciones, el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, ha agradecido la «muy buena» acogida que ha tenido la movilización, que ha discurrido «en un tono reivindicativo» tras 365 días con más de 500 empleos en el aire.

La plaza del Ayuntamiento de Xove y las calles colindantes se han llenado este mediodía de cascos, monos de trabajo, globos azules y pancartas en las que se podía leer las ya habituales consignas ‘Enerxía solución’, ‘Alcoa sálvase loitando’ y ‘Madrid, escoita, A Mariña está en loita.

Incluso han hecho saltar por los aires una tarta de cumpleaños para simbolizar el tiempo transcurrido desde la presentación del ERE.

LOS TRABAJADORES, TODAVÍA «PENDIENES»

Y es que un año después, tal y como ha lamentado el presidente del comité de empresa, los trabajadores siguen «pendientes» de una intervención temporal por parte de la SEPI que, de hecho, es un «mandato del Parlamento de Galicia y del Congreso».

Esta compra pública temporal serviría, explica Zan, para que luego el Estado venda la fábrica a un tercero que garantice en ella la carga y los puestos de trabajo.

Precisamente, el comité de empresa iniciará esta semana una ronda de reuniones con los posibles compradores, comenzando el miércoles con Liberty, primera compañía que se interesó por la fábrica de San Cibrao.

CIG: «ALCOA SECUESTRA EL FUTURO» DE A MARIÑA

Por parte de la Conferencia Intersindical Galega (CIG), ha participado en la concentración su secretario nacional, Paulo Carril, quien ha afeado a los diferentes gobiernos que «siguen sin querer dar una solución definitiva» y permitiendo que Alcoa «tenga secuestrado el futuro de toda una comarca».

Durante la protesta, Carril ha alertado de que cuanto más tarde se dé salida a esta situación «más se deteriorarán las instalaciones, más posición en el mercado se perderá y más nos aproximamos a la resolución del recurso que Alcoa presentó contra la sentencia que anuló el ERE».

Por eso, el dirigente de la CIG ha subrayado que la SEPI «no puede escapar de su papel protagonista en la consecución de una solución» atendiendo a los «compromisos adquiridos, a las declaraciones aprobadas en el Congreso y al clamor de A Mariña».

EL PP PIDE A LA SEPI «QUE CUMPLA»

Entre los diferentes colectivos sociales y políticos presentes en la concentración, también ha estado una delegación del PP de Lugo capitaneada por su presidenta, Elena Candia, y por los alcaldes de Xove y Cervo, Demetrio Salgueiro y Alfonso Villares, respectivamente.

Desde allí, los populares han exigido la intermediación del Ministerio para la Transición Ecológica y que «cumpla la SEPI», ya que lamentan que el Estado y la propia multinacional no culminasen la negociación para la compraventa de la planta.

«Hay compradores que siguen estando interesados, por lo que no entendemos cómo estamos en este bucle que non lleva a ninguna parte. Lo que precisan estos trabajadores es una solución y esta debe producirse en el menor tiempo posible. La indefensión es total y la desolación en A Mariña no puede ser más notable», ha recalcado Salgueiro.

Por su parte, Alfonso Villares ha urgido a una solución inmediata para poner fin «al desamparo» de todas las familias que se ven afectadas por el ERE.

El Salón Inmobiliario (SIMA) ha recibido más de 9.000 visitas en los cuatro días de feria, que ha cerrado este domingo sus puertas. «Es una cifra en línea con nuestras previsiones y muy satisfactoria por las circunstancias tan extraordinarias en que se ha desarrollado la feria, que además ha tenido un aforo limitado», ha declarado Eloy Bohúa, director general de SIMA.

En esta nueva edición de SIMA han participado más de 150 firmas comerciales, un indicador, según la organización, de que «la actividad del inmobiliario comienza a alcanzar los niveles que tenía antes de la irrupción de la pandemia».

Una recuperación que, según la organización, también se ha reflejado en los stands de SIMA, cuyas mesas han estado la mayor parte del tiempo ocupadas por visitantes cuyo interés por adquirir una vivienda ha sido valorado por los expositores consultados de «muy alto».

En la edición de este año se han puesto a la venta más de 12.000 viviendas, sobre todo en la Comunidad de Madrid, que concentraba casi el 60% de las unidades comercializadas. El resto se localizaban en los principales destinos turísticos españoles, sobre todo en la Costa del Sol, Costa Blanca y los dos archipiélagos, pero también en el norte del país, especialmente en Cantabria, que por primera vez ha entrado en el top five de las provincias con más oferta residencial en la feria.

Esta nueva edición de SIMA ha servido también, según la organización, para «confirmar cómo los cambios en el modelo ideal de vivienda apuntados tras la experiencia del confinamiento ya son una tendencia claramente definida».

«En un porcentaje significativamente superior al de ediciones anteriores, los visitantes han demandado viviendas grandes, con espacios para el esparcimiento y localizadas fuera de la almendra de la ciudad de Madrid. Además, las casas situadas más allá de la corona metropolitana, sobre todo en los pueblos serranos, se han revelado como una opción de segunda residencia cada vez más demandada», explican desde SIMA.

La nueva normativa de la inspección técnica de los vehículos (ITV) entra en vigor este martes, día 1 de junio, e incorpora diferentes novedades que hacen más estricta la prueba y la adapta al Brexit.

Así, la nueva revisión del Manual de Procedimiento de ITV incorpora aquellos cambios reglamentarios necesarios para adecuar la inspección técnica a las nuevas tecnologías y se especifican de manera más clara y precisa algunos procesos de revisión para los operadores.

Tal como ha explicado la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV), uno de los principales cambios que llega con la nueva legislación es la modificación en la gravedad del defecto de no funcionamiento del ABS cuando es obligatorio llevarlo.

A partir de ahora, que el sistema antibloqueo de frenos presente algún tipo de fallo pasa de considerarse un defecto leve a un defecto grave. Misma circunstancia ocurre con un posible desprendimiento de los espejos retrovisores, que también se considerará defecto grave.

Además, se establece la posibilidad de comprobar los datos del permiso de circulación por medio del Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico (DGT) en caso de no ser presentado este en la estación ITV.

Los defectos graves generan un rechazo de la inspección e inhabilitan al vehículo para circular por las vías públicas excepto para su traslado al taller. Por ello, esta nueva normativa hará más estricta la revisión.

Por su parte, la nueva ITV se adapta al Brexit, por lo que, a partir de ahora, los vehículos procedentes de Reino Unido que se quieran matricular en España se considerarán modelos procedentes de terceros países. Así, se deberán realizar los trámites de importación necesarios, entre otros elementos.

El nuevo manual mantiene las medidas de higiene y prevención en las estaciones de ITV para garantizar que sus instalaciones sean lugares seguros respecto al coronavirus tanto para los usuarios como para quienes trabajan allí.

MULTAS DE HASTA 500 EUROS

Por su parte, la nueva normativa mantiene las multas económicas que puede acarrear el circular por la calle con un coche sin la inspección técnica superada. Así, tener la ITV caducada acarrea una sanción económica de 200 euros, tanto si el vehículo está circulando como si está estacionado en el garaje o en la calle.

Además, ser cazado con la ITV desfavorable también supone una multa de 200 euros. En este supuesto, el titular del vehículo está obligado a reparar los defectos graves y volver a la estación de ITV en un plazo máximo de dos meses y solo puede mover el coche para llevarlo al taller.

Por último, circular con una ITV negativa, es decir, cuando los desperfectos son tan graves que no se permite abandonar la estación por medios propios, supone una multa de 500 euros.

El Tesoro Público, organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, subastará el próximo jueves bonos y obligaciones del Estado, arrancando así las emisiones del mes de junio.

En concreto, el jueves 3 de junio el Tesoro emitirá bonos del Estado a 5 años con cupón del 0% y vencimiento el 31 de enero de 2026; obligaciones del Estado con una vida residual de 6 años y 5 meses, con cupón del 1,45% y vencimiento el 31 de octubre de 2027; obligaciones del Estado indexadas a 10 años, con cupón del 0,65% y vencimiento el 30 de noviembre de 2027, y obligaciones del Estado a 20 años, con cupón del 1,20% y vencimiento el 31 de octubre de 2040.

En la última emisión de bonos a cinco años del pasado 20 de mayo, el Tesoro captó 1.677 millones de euros con un tipo de interés marginal del 0,180%.

Por su parte, en última emisión de obligaciones indexadas a 10 años con cupón del 0,65% del pasado 10 de diciembre de 2020, se adjudicó un total de 482 millones, con un tipo de interés marginal del -1,135%.

En cuanto a la última emisión de obligaciones a 20 años del pasado 21 de enero, el Tesoro adjudicó 1.450,04 millones de euros, ofreciendo una rentabilidad del 0,629%.

Con la subasta de este jueves, el Tesoro abre las emisiones del mes de junio y volverá a los mercados el martes día 8 con una subasta de letras del tesoro a 6 y 12 meses.

La Estrategia de Financiación del Tesoro para 2021 contempla una emisión neta de 100.000 millones, un 9% menos respecto a los 109.922 millones con los que cerró 2020, mientras que la emisión bruta se situará en el récord de 289.138 millones, un 4,4% más respecto los 277.059 millones del año pasado, debido a que, aunque el déficit bajará este año, el nivel de deuda acumulada obliga a refinanciar más vencimientos cada año.

El sindicato UGT urge a adecuar los precios de la vivienda a los ingresos medios de los hogares, fijando un umbral máximo del 25-30% en zonas tensionadas, a través de la nueva Ley Estatal de Vivienda, al tiempo que rechaza la política basada en deducciones y desgravaciones para el alquiler y defiende gravar fiscalmente las viviendas vacías.

«La falta de correlación entre los precios de las viviendas y de sus alquileres, que en el 2020 subieron un 7,4% y un 1,9%, respectivamente, según el INE y Servihabitat, con respecto a las rentas de los hogares españoles ha intensificado el drama social que supone la dificultad para acceder a un hogar», ha advertido el sindicato a través de un comunicado.

UGT insiste en que este es un problema de carácter estructural en España y en que constituye «una violación del derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada». En este sentido, el sindicato ha apuntado que España acumula «varias denuncias» de la ONU por este motivo y que, pese a esto y a que el escudo social en esta materia ha aumentado, durante el último año se llevaron a cabo 29.406 desahucios (tres cuartas partes por impago del alquiler).

Por tanto, el sindicato reclama que se ponga fin a la «carencia de políticas públicas en materia de vivienda». Entre las propuestas de UGT, se encuentra una reforma legislativa que incorpore el derecho a una vivienda digna y adecuada como un auténtico derecho subjetivo que, además, se complemente con la garantía de acceso a unos suministros básicos para personas vulnerables.

También considera necesaria la construcción de grandes Parques Públicos de Viviendas Sociales, preferiblemente en alquiler y con carácter permanente no descalificable, y aboga por regular el mercado de las viviendas turísticas.

Además, plantea aumentar el gasto público en vivienda hasta el 1,5% del PIB, estableciendo objetivos cuantitativos consensuados con los agentes sociales y urge a abordar una estrategia de rehabilitación del parque público de viviendas con ayuda de los fondos europeos.

La Agencia Tributaria empezará a atender el próximo miércoles 2 de junio a los contribuyentes en sus oficinas de forma presencial para la confección y presentación de los documentos correspondientes a la declaración de la renta 2020.

Desde el pasado jueves 27 de mayo, los contribuyentes tienen la posibilidad de solicitar su cita previa para esta atención presencial que comenzará la próxima semana.

A cierre del jueves 27 de mayo, la Agencia Tributaria ha devuelto ya más de 4.300 millones de euros a 6,5 millones de contribuyentes. En total, se han presentado más de 12 millones de declaraciones, de las que a 8,8 millones le corresponden importes a devolver, según los datos facilitados por la Agencia Tributaria.

Está previsto que en toda la campaña se presenten 21.570.000 declaraciones, un 2,1% más que el año anterior. De ese total, se prevé que 14.330.000 den derecho a devolución, dos tercios del total y un 1% menos que el año anterior, por un importe de 10.857 millones de euros. A su vez, se esperan 5.960.000 declaraciones a ingresar, un 5,7% más, por importe de 12.976 millones.

La Agencia Tributaria destaca que la principal característica de la campaña de este año es el refuerzo previsto en la asistencia personalizada para los afectados por los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y los perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

316.900 DECLARACIONES PRESENCIALES EL AÑO PASADO

En la campaña de la renta del año pasado, se presentaron un total de 316.900 declaraciones de la renta a través del servicio de asistencia presencial en oficinas, según los últimos datos recogidos por la Agencia Tributaria.

Este año como novedad, la Agencia Tributaria ha incorporado una nueva vía de asistencia a través del ‘Informador’ de Renta. Esta herramienta, accesible en la web dentro del apartado dedicado a la campaña, incluye todos los bloques informativos tradicionales de Renta, aunque reestructurados y sistematizados para poder ir ofreciendo la información que requiere cada contribuyente a partir de preguntas sencillas que realiza la propia herramienta.

En cuanto a otros canales, aunque no novedosos, la Agencia Tributaria inició a principios de mayo la confección telefónica de declaraciones a través del plan ‘Le Llamamos’, que este año mantiene un diseño que permite atender desde el primer día al mismo perfil de contribuyentes que en la atención presencial en las oficinas, y también a nuevos colectivos que lo necesiten, como por ejemplo los perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV) o de los Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

Respecto a este canal de presentación, una vez que el contribuyente pide cita (se recomienda la solicitud por internet o mediante servicio automático en el 901 12 12 24 y en el 91 535 73 26) y elige horario de mañana o de tarde, el sistema le propone un día y una hora en la que recibirá la llamada del funcionario de la Agencia.

La Agencia Tributaria recuerda que resulta muy conveniente que el contribuyente tenga disponible la información y documentación necesaria para realizar la declaración cuando reciba la llamada.

A su vez, y al objeto de mitigar una eventual pérdida de citas en perjuicio del conjunto de los contribuyentes, se solicita a los ciudadanos que anulen la cita por la misma vía por la que la obtuvieron si han decidido no hacer uso de ella.

En cuanto al resto de vías de presentación, además del canal telemático principal, que es la página web de la AEAT (www.agenciatributaria.es), destacan las presentaciones a través de la aplicación móvil de la Agencia.

Sacyr ha obtenido la mejor calificación técnica en la licitación pública lanzada por la Comunidad de Madrid para llevar a cabo las obras de construcción y reforma del nuevo bloque técnico y de hospitalización del Hospital Universitario 12 de Octubre, un contrato valorado en 252 millones de euros.

Al concurso se han presentado todas las grandes constructoras del país sin excepción, así como otras empresas relevantes del sector como Grupo San José, Lantania, Copasa y Puertos y Calzadas, agrupadas en nueve distintos consorcios, según figura en las actas de licitación.

Todos ellos, excepto FCC, han apurado al límite la oferta económica mínima para que su oferta se tome en consideración, debido a que, según fuentes del sector, los pliegos descalificarían cualquier importe con un descuento superior al 10% respecto al presupuesto base.

Este importe inicial es de 252 millones de euros, por lo que ocho de los nueve consorcios, entre los que se incluye Sacyr, han limitado su propuesta económica a 227.139.914,17 euros exactamente. FCC, en cambio, la ha aumentado a 230,7 millones de euros.

Respecto a la clasificación técnica, que evalúa principalmente la experiencia de los jefes de obra de cada empresa, Sacyr obtiene la mayor puntuación, de 47,75 puntos, frente a los 46,5 puntos de OHL y los 45,5 de FCC Construcción, las tres con la mejor evaluación.

Estos criterios técnicos pesan un 50% sobre la decisión final, mientras que los económicos deciden el restante 50%. Según el pliego, que establece la tramitación urgente aunque con procedimiento abierto, no procede en este caso la evaluación de criterios que dependan de un juicio de valor.

De esta forma, a falta de la adjudicación definitiva, el grupo presidido por Manuel Manrique ha tomado la delantera en el proceso. La compañía se adjudicó recientemente la construcción y concesión de un hospital en Chile por 101 millones de euros.

MAYORES PRESTACIONES

Este contrato forma parte del plan integral de renovación de las instalaciones de este centro público madrileño y estará terminado antes de finalizar el año 2023. El nuevo edificio contará con 740 habitaciones médico-quirúrgicas para la hospitalización de adultos y niños.

Asimismo, dispondrá de 40 quirófanos y áreas destinadas a cirugía mayor ambulatoria, reanimación y cuidados intensivos (150 camas para adultos, niños y neonatos), entre otras instalaciones relevantes.

En la Unión Temporal de Empresas (UTE) constituida por Sacyr también figura Cavosa. ACS (Cobra y Vias) se presenta con Ortiz por una parte y por otra con San José, Drace y EBA por medio de Dragados; y Ferrovial con Banasa y Castillejos.

En solitario acuden OHL, con la segunda mejor puntación técnica y la misma oferta económica que Sacyr, FCC Construcción y Acciona. Por último, Lantania ha formado una UTE con Aldesa, Rover y Construcciones Sánchez Domínguez, y Copasa con Puertos y Calzadas.

Este lunes es el último día en el que se podrán comprar en el mercado acciones de Telefónica con derecho a percibir el dividendo flexible de 0,20 euros, a cuenta del ejercicio de 2020, que la compañía repartirá en el mes de junio.

Los accionistas tienen la opción de elegir el pago en efectivo de 0,198 euros por parte de la sociedad, vender los derechos en el mercado o recibir los derechos de asignación gratuita para cobrar en acciones -son necesarios 20 derechos para percibir un título-.

La fecha de este lunes, no obstante, no es el límite para beneficiarse del dividendo de Telefónica, ya que quedaría una segunda vía: comprar derechos de suscripción al dividendo en el mercado, una posibilidad abierta hasta el 15 de junio.

En esa fecha, Telefónica hará efectiva la compra de los derechos gratuitos que los accionistas que apuestan por el efectivo le venderán.

Estos recibirán su pago dos días después, el 17 de junio, jornada en la que Telefónica comunicará a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el importe de la ampliación de capital realizada para cubrir las nuevas acciones surgidas del dividendo.

AMPLIACIÓN Y COTIZACIÓN DE NUEVAS ACCIONES

La compañía realizará una ampliación de capital a cargo de la caja por un importe máximo de 1.143,7 millones de euros, el equivalente a hasta 272,1 millones de acciones.

El importe de la ampliación de capital no superará esta cifra debido a que Telefónica adquirirá los derechos gratuitos de aquellos accionistas que prefieran la retribución en efectivo de 0,198 euros brutos por acción y estas acciones no entrarán en negociación.

El último trámite tendrá lugar entre el 18 y el 29 de junio, horquilla en la que la empresa sitúa la inscripción del aumento de capital liberado en el Registro Mercantil y la admisión a cotización de las nuevas acciones, cuyo primer día en el parqué, de cumplirse esta fecha tentativa, sería el 30 de junio.

LA SÉPTIMA VEZ QUE RECURRE AL DIVIDENDO FLEXIBLE

Se trata de la séptima vez que Telefónica recurre al dividendo flexible en su historia. La primera fue en mayo de 2012 y la cifra llegará hasta nueve presumiblemente, ya que la compañía repartirá el dividendo de 0,30 euros en dos tramos a cuenta del ejercicio de 2021 en el mismo formato.

En la última ocasión, dos tercios de los accionistas apostaron por recibir acciones de la compañía en lugar de efectivo.

Entre los principales accionistas de la compañía, se encuentran BlackRock, que cuenta con el 4,983% a través de instrumentos financieros, Caixabank, que posee el 4,879%, y BBVA, con el 4,839%, según sus últimas notificaciones a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Si optaran por recibir el dividendo en efectivo, percibirían 53,7 millones de euros, 52,58 millones de euros y 52,1 millones de euros, respectivamente.

En caso de optar por las acciones, BlackRock recibiría alrededor de 13,56 millones de títulos y Caixabank, 13,27 millones de acciones, mientras que BBVA se haría con 13,17 millones aproximadamente.

El Euríbor, el índice al que se encuentran referenciadas la mayoría de las hipotecas españolas, sumará en mayo su cuarto mes consecutivo de ascensos, cerrando en torno al -0,480%, frente al -0,484% de abril, a falta de conocer mañana el dato del último día del mes.

Tras haber firmado una racha de ocho meses seguidos de descensos (con seis mínimos históricos consecutivos), el índice repuntó en febrero y ya suma cuatro meses de ligeros ascensos.

Si finalmente cierra mayo en el -0,480%, supondrá que las hipotecas de 120.000 euros a 20 años con un diferencial de Euríbor +1% a las que les toque revisión experimentarán un abaratamiento de 251,88 euros en su cuota anual respecto al mismo mes del año pasado o, lo que es lo mismo, de 20,99 euros al mes.

LA SUBIDA EN LA CUOTA DEPENDE DE LA PERIODICIDAD CON LA QUE SE ACTUALICE

El director de hipotecas de iAhorro, Simone Colombelli, ha afirmado que este aumento del Euríbor «ha sido bastante constante, pero prácticamente insustancial». Así, considera que a nivel macroeconómico se está produciendo una recuperación en varios sectores, «aunque difícilmente veremos este año moverse al indicador en niveles superiores al -0,3%».

De esta forma, el comparador cree que las personas que tengan su hipoteca referenciada a este índice «no tendrán que preocuparse por si se encarecen sus cuotas, por lo menos, hasta finales de año». Además, señala la posibilidad de que en noviembre se produzcan ligeros ascensos en las cuotas respecto al año anterior si el Euríbor mantiene su senda alcista, «pero serán mínimos».

«Por ahora los hipotecados pueden estar tranquilos, previsiblemente les espera un verano y, prácticamente, un último trimestre de año con rebajas. Es posible que haya subidas importantes de tipos, pero no antes de 2022″, añade Colombelli.

Desde HelpMyCash, sin embargo, señalan que la subida en las cuotas de los préstamos que se revisen próximamente dependerá de la periodicidad con la que se actualice el interés de estos productos.

Así, indica que el interés de las hipotecas variables se suele revisar cada seis o doce meses. En cada actualización, el banco toma el último valor registrado por el Euríbor –o el de hace dos meses, si lo indica en la escritura– y lo usa para determinar el nuevotipo aplicado.

«Si ese nuevo interés es más alto, las cuotas del préstamo serán más caras, mientras que si es más bajo, serán más baratas. Hace seis meses, el euríbor se situaba en el -0,481% (noviembre de 2020). En consecuencia, una hipoteca variable con revisión semestral se encarecería si se revisara en las próximas semanas», ejemplifica este comparador.

No obstante, si la revisión fuese anual, la cuota bajaría, ya que el Euríbor cotizaba en mayo de 2020 al -0,081%.

En cuanto a la tendencia al alza de este índice, desde HelpMyCash señalan que los principales especialistas «no prevén que aumente bruscamente a corto plazo». El Departamento de Análisis de Bankinter, por ejemplo, cree que seguirá cerca del -0,5% durante todo el año, mientras que la agencia de calificación Moody’s pronostica que no experimentará subidas importantes hasta 2023.

A medio y a largo plazo, en cambio, el comparador sí cree que podrá sufrir cambios dependiendo de la evolución económica de la eurozona. Si mejora y aumenta la inflación, el Banco Central Europeo (BCE) podría aumentar sus tipos para contenerla, lo que haría subir el Euríbor.

Si, por el contrario, «se estanca o empeora, el BCE probablemente seguiría aplicando sus medidas de estímulo, lo que mantendría el Euríbor en valores muy bajos».

A día de hoy, es imposible saber qué ocurrirá: algunos expertos creen que habrá un boom económico en cuanto pase la pandemia de la Covid-19, mientras que otros aseguran que la economía seguirá estancada durante años», afirma el comparador, que recomienda mantenerse a la espera para observar cómo evoluciona la recuperación de la economía del euro y cuál será el impacto en el Euríbor.

La nueva factura de la luz, que entra en vigor este 1 de junio y diseñada de la mano por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, incentivará un consumo más eficiente por parte de los consumidores, buscando que el importe del recibo final dependa más de cuándo que de cuánto se consume, con el traslado de los consumos a las denominadas horas ‘valle’.

Así, los precios de los peajes y cargos serán diferentes entre los periodos horarios, tanto de potencia como de energía. En el caso de la potencia de lunes a viernes en los días laborables, la ‘valle’ irá de las 00.00 horas a las 07.00 horas, mientras que la ‘punta’ será de 08.00 horas a las 24.00 horas. En el caso de los fines de semana y festivos, el término potencia será ‘valle’ todo el día.

En lo que se refiere al consumo, se fijan tres tramos horarios: ‘punta’, ‘llano’ y ‘valle’. El periodo ‘punta’, en el que el coste de los peajes y los cargos será más alto, estará comprendido entre las 10.00 y las 14.00 horas y las 18.00 y 22.00 horas; el tramo ‘llano’, con un coste intermedio, se situará entre las 08.00 y las 10.00 horas, las 14.00 y las 18.00 horas y entre las 22.00 y 00.00 horas; y la tarifa ‘valle’, la más barata de las tres, se ubicará entre medianoche y las ocho de la mañana y se aplicará durante todas las horas de los fines de semana y festivos.

De esta manera, este novedoso modelo con respecto al resto de países de Europa abre la puerta a ese abaratamiento en el recibo de la luz de los consumidores por medio de unos comportamientos eficientes en el consumo e incentivando trasladar los consumos de electricidad desde las horas de máxima demanda eléctrica (‘puntas’) a las de menor uso (‘valle’), lo que reducirá la necesidad de llevar a cabo nuevas inversiones en redes.

En este sentido, destacan que más del 50% de las horas del año son de las denominadas ‘valle’, donde el consumo es un 95% más barato que en ‘punta’.

A este respecto, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) estima que desplazar el consumo de los principales electrodomésticos desde las horas punta hasta las horas ‘llano’ o ‘valle’ puede suponer 130 euros de ahorro anual en la factura eléctrica.

Asimismo, la CNMC entiende que estos ahorros en la factura pueden ser mayores todavía ajustando esa potencia de ‘punta’ y ‘valle’ a la nueva estructura de peajes y cargo y con medidas como evitar simultanear consumos, es decir, intentar no encender varios aparatos a la vez (por ejemplo, lavadora y cocina o plancha), que podrían inducir un ahorro de entre 200 y 300 euros anuales para un consumidor con alto equipamiento eléctrico, lo que le permitirá ajustar la potencia contratada, o cargar el vehículo eléctrico por la noche.

De esta manera, el regulador estima que trasladar 500 watios (W) de la potencia contratada del periodo de ‘punta’ al ‘valle’ y el 10% del consumo del periodo de punta a los periodos ‘llano’ y ‘valle’ puede suponer para el consumidor un ahorro en el componente regulado de la factura superior al 15%, con un abaratamiento en el recibo de en torno al 7,5%.

Otro ejemplo de ahorro para el regulador es una acción tan cotidiana como el planchado, cuyo traslado fuera del periodo ‘punta’ a ‘llano’ puede disminuir en 38 euros al año su coste.

En lo referente a qué debe hacer cada consumidor a partir de junio, en el caso de los consumidores de PVPC, las comercializadoras de referencia aplicarán los nuevos peajes y cargos por periodos horarios.

EL COMERCIALIZADOR DEL MERCADO LIBRE DEBERÁ TRASLADAR LA VARIACIÓN.

Para el mercado libre, el comercializador deberá adaptar el precio del contrato para trasladar la variación del componente regulado de la factura, pero puede decidir la forma en cómo lo traslada.

Con el nuevo modelo, el consumidor doméstico no deberá elegir peaje ni cargo, aunque sí que tendrá que ir adaptando sus potencias contratadas y sus pautas de consumo a los nuevos periodos horarios. A este respecto, por defecto su potencia en cada periodo es la que tiene contratada actualmente, aunque va a poder modificar dos veces las potencias en el año y va a tener información de sus potencias máximas por periodos horarios en su factura.

En el caso de que esté en el PVPC con derecho al bono social, la potencia no será superior a los 10 kilovatios (kW) en ninguno de los periodos horarios.

Por otra parte, la CNMC va a desplegar diversas acciones con el objetivo de que el consumidor esté «formado e informado» de cara a maximizar este nuevo modelo de factura de la luz.

En este sentido, ya cuenta con una guía para entender los nuevos peajes en su web, con ejemplos para los consumidores tipo de cómo puede optimizar su factura, y en los próximos meses, en torno a finales de verano, prevé lanzar un comparador de ofertas, en el que se incluirá un código QR en la factura con acceso directo al comparador, y donde contará también con el PVPC y se añadirán las ofertas de precios dinámicos. Además, desarrollará una herramienta para facilitar la comprensión de la factura.

UN 3,4% MÁS BARATO EL RECIBO

Solo con la entrada en vigor del modelo, la CNMC prevé que se abaratará como mínimo en torno a un 3,4% el recibo de los 19 millones de consumidores domésticos sin discriminación horaria.

En concreto, este abaratamiento en el recibo de la luz para estos consumidores con la entrada a partir del próximo mes del nuevo modelo será producto de la reducción de un 68% en el componente regulado de la factura (los peajes -el coste de las redes de transporte y distribución- y los cargos -los costes asociados al fomento de las renovables, a las extrapeninsulares y las anualidades del déficit de tarifa-), que representan entre el 50-55% de la factura final.

Mientras, el 24% restante de lo que se paga en el recibo de la luz corresponde al coste de la energía y algo más del 21% a los impuestos que se incluyen.

Sin embargo, en el caso de los consumidores que ya estaban acogidos a peajes con diferenciación horaria -unos 10 millones- el nuevo esquema hará que la factura de peajes y cargos aumente unos 2 euros al mes.

El PP ha planteado en el Congreso abrir las ayudas y subvenciones públicas impulsadas por las diferentes administraciones a raíz de la crisis provocada por la pandemia de Covid-19 a posibles afectados que no estén al corriente de sus pagos con Hacienda o la Seguridad Social, siempre que los incumplimientos correspondan a 2020 y 2021.

Y es que, según plantean los ‘populares’ en una proposición no de ley registrada en la Cámara Baja, la regulación actual de las normativas de concesión dispone que es necesario estar al corriente de pago de los diferentes impuestos, tasas y cotizaciones, y su impago imposibilita las ayudas.

En su exposición de motivos, el PP argumenta que, dadas las circunstancias actuales, hay personas o empresas que, al carecer de ingresos o reducirse estos de forma importante, son deudores de las administraciones públicas por no poder hacer frente al pago de deudas tributarias o de la Seguridad Social.

ACCEDER A AYUDAS SI HAY DEUDAS POR MOTIVO DE LA PANDEMIA

Por ello, el PP reclama facilitar el acceso de estas ayudas y modificar el régimen de concesión de ayudas y subvenciones, con el fin de exonerar de este requisito durante este año y el que viene, siempre que las deudas tengan su causa en incumplimientos forzados por la crisis y correspondan a este año o al pasado.

Para 2021 y 2022, el PP pide que en caso de que no sea posible acreditar la inexistencia de deudas, el potencial beneficiario pueda acceder a las mismas acreditando la deuda, su concepto y origen en los últimos dos ejercicios (2020 y 2021) mediante su certificación expedida por la Agencia Tributaria, la Seguridad Social o administraciones autonómicas o locales.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación impulsa la promoción de los alimentos españoles mediante su participación del encuentro gastronómico Madrid Fusión, que se celebra en el Recinto Ferial de Ifema del 31 de mayo al 2 de junio.

Este certamen, que a partir de esta edición pasa a denominarse ‘Madrid Fusión-Alimentos de España’, cuenta con el Ministerio como principal patrocinador de esta y las dos próximas temporadas.

En este marco, el ministro Luis Planas entregará, el martes día 1, el primer premio ‘Alimentos de España-Madrid Fusión’, que se concede para reconocer al restaurante que ofrezca el menú más enraizado en las tradiciones culinarias españolas o que haga mejor uso de los productos locales.

Entre los actos programados, destaca la celebración de 20 actividades en MF The Wine Edition, el congreso novedad este año que busca descubrir nuevas tendencias y talentos en el mundo del vino.

Asimismo, el ministerio coordina una mesa redonda titulada ‘El sector primario como valor añadido de un país’, en el que participará el director general de la Industria Alimentaria, José Miguel Herrero, y la chef Elena Arzak, entre otros, y que tendrá lugar el miércoles, 2 de junio.

Además, la marca Alimentos de España promoverá dos de las ponencias que se presentarán en la feria: ‘360 grados / 365 días’, con Joan Roca (El Celler de Can Roca), el lunes, 31 de mayo; y ‘La cocina con verduras de descarte’, con Luis Callealta (Restaurante Ciclo, España) y Rafa Monge (Diseñador Agrícola), el miércoles, 2 de junio.

En este mismo marco de Madrid Fusión-Alimentos de España está prevista la celebración de la segunda edición de ‘Madrid International Pastry’, un congreso internacional sobre el mundo de la panadería, la pastelería y el chocolate que reúne a maestros pasteleros, artesanos y expertos nutricionistas

Esta cita con la gastronomía dulce y la panadería busca incrementar el valor y crecimiento de ambos sectores, descubrir y dar visibilidad al talento y valor de los profesionales y enriquecer el debate con experiencias y nuevas técnicas y tendencias.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación será patrocinador institucional de este congreso, con el que quiere reforzar la visibilidad y conocimiento de la norma de calidad del pan, además de dar a conocer la marca Alimentos de España.

De igual forma, el Ministerio organizará la ponencia de Jesús Monedero, chef del restaurante El palio de Ocaña, titulada ‘Bean to bread, del molino a la mesa’.

Por otra parte, el Ministerio patrocinará en exclusiva la sección Cinema Cocina, del Festival de Cine de Málaga, (del 3 al 13 de junio) a través de la inclusión de los logos en toda la cartelería y materiales promocionales, así como en la página web y redes sociales.

En este espacio, también se proyectará el spot de la campaña ‘El país más rico del mundo’ antes de las proyecciones de Cinema Cocina y en la pantalla gigante ubicada en la Plaza de la Constitución.