Cientos de tractores se reúnen desde la madrugada de este martes en Bruselas para reclamar que la UE proteja a los agricultores en una movilización convocada por el sindicato de extrema derecha neerlandés Fuerza de Defensa de los Agricultores, lo que ha provocado que asociaciones de carácter más tradicional hayan decidido no secundar la protesta.

En concreto, reclaman a las instituciones europeas que se introduzcan cláusulas frente a lo que consideran importaciones «abusivas» ya que critican que genera competencia desleal para el sector doméstico frente a terceros países donde las normas son más laxas.

Los primeros manifestantes han comenzado a llegar a la capital belga en torno a las 6.00 horas y se reúnen en un recinto ferial a las afueras de la ciudad, junto al estadio de Heysel y el Atomium, uno de los principales símbolos de la ciudad.

Se prevé que desde allí se trasladen al barrio europeo, donde varias calles del distrito quedarán bloqueadas, según han advertido las autoridades locales a través de las redes sociales, por lo que piden a la población priorizar el transporte público para evitar aglomeraciones.

Esta nueva protesta llega a dos días de que arranquen las elecciones europeas, que se celebrarán de forma escalonada por países entre el 6 y el 9 de junio, y pese a los intentos de la Comisión Europea de apaciguar los ánimos de los agricultores, a quienes han eximido de cumplir ciertos controles y requisitos medioambientales para acceder a las ayudas de la Política Agraria Común (PAC).

El precio de la vivienda usada se ha disparado un 7,3% en el mes de mayo en comparación con las cifras de hace un año, tras acelerar en el último mes hasta los 2.120 euros por metro cuadrado, lo que supone un nuevo récord histórico al superar el máximo registrado en junio de 2007, en pleno ‘boom inmobiliario’, según el último índice de precios inmobiliarios de Idealista publicado este martes.

El repunte se hace visible en todas las comunidades autónomas durante el quinto mes del ejercicio. Las Islas Baleares lideran las subidas con una ganancia del 1,6%, seguida de la comunidad foral de Navarra (+1,4%) y Andalucía (+1,2%). Por debajo del 1% de incremento, se sitúan las Islas Canarias (+0,7%), Cantabria (+0,5%), Asturias (+0,4%).

Atendiendo a los precios por metro cuadrados, en Baleares el récord se ha situado en los 4.322 euros el metro cuadrado, lo que hace del archipiélago la autonomía más cara para vivir, seguida por la Comunidad de Madrid (3.406 euros).

En el lado opuesto de la tabla se encuentran Castilla-La Mancha (936 euros/m2), Extremadura (996 euros/m2) y Castilla y León (1.189 euros/m2), que son las regiones más económicas.

Sin embargo, la clasificación sufre modificaciones si se atiende al criterio provincial ya que, en este caso, las mayores variaciones de precios al alza se han vivido en Soria, donde las expectativas de los vendedores han subido un 3,8%, seguida de Baleares (1,6%) y Cáceres (1,6%).

Ciudad Real es la provincia más económica para vivir con un precio de 752 euros por cada metro cuadrado. Le siguen Jaén (837 euros/m2) y Cuenca (853 euros/m2).

SAN SEBASTIÁN, LA CAPITAL MÁS CARA

Con esta subida, el precio en Madrid se establece en 4.473 euros el metro cuadrado, mientras que en Barcelona el precio se ha situado en los 4.417 euros/m2.

San Sebastián es la capital más cara de España, al situar su precio en 5.557 euros el metro cuadrado. Zamora, en cambio, es la capital más económica, con sus 1.151 euros, seguida por Jaén (1.166 euros/m2) y Lleida (1.232 euros/m2).

Las empresas creen en la importancia de priorizar la confianza digital para poder alcanzar sus objetivos y prepararse para las oportunidades futuras del mercado, la legislación y el cumplimiento normativo, según pone de manifiesto el informe ‘Estado de la Confianza Digital 2024’, elaborado por Isaca.

En concreto, el 77% de los encuestados está de acuerdo en que la confianza digital es crucial para la transformación digital, pero sólo el 21% de las organizaciones planea aumentar su presupuesto en esta área.

Esta nueva investigación de ISACA, la principal asociación profesional global que ayuda a individuos y organizaciones en su búsqueda de confianza digital, ha puesto en evidencia una clara falta de estrategia organizacional en relación a este punto, pese a que el 82% de los trabajadores encuestados considera que la confianza digital aumentará en importancia en los próximos cinco años.

La mayoría (76%) de los profesionales de negocios y TI cree que la confianza digital es relevante para su organización (además de para la transformación digital) y el 65% considera que es importante que las organizaciones sean calificadas de manera independiente en sus prácticas de confianza digital, y que, además, los resultados se hagan públicos.

A pesar de reconocer su relevancia e importancia, tres cuartas partes (75%) de los encuestados no están seguros o no son completamente conscientes de lo que mejorar la confianza digital requiere en la práctica. Un número similar (77%) informa de que sus organizaciones actualmente o no miden la madurez de sus prácticas de confianza digital, o no están seguros si lo hacen, y el 71% señala que su empresa no ofrece capacitación al personal sobre ello.

«Es alentador que las empresas sigan reconociendo la importancia de la confianza digital, no solo de cara a la sostenibilidad, seguridad y rentabilidad empresarial, sino también para construir una confianza a largo plazo con los consumidores. Sin embargo, es preciso seguir mejorando y tener más iniciativa para lograr niveles altos de confianza digital. El paso imprescindible para poder hacerlo es medir los niveles actuales para establecer una referencia y crear un plan de madurez», ha afirmado Chris Dimitriadis, director de Estrategia Global de ISACA.

AUMENTO DE LOS CIBERATAQUES Y VIOLACIONES DE PRIVACIDAD

El 39% de las organizaciones admite que están experimentando más ciberataques, y el 15% está sufriendo más violaciones de privacidad en comparación con el año pasado. Y, la realidad es que, si las empresas no priorizan la confianza digital, es previsible que estas cifras continúen aumentando, según alerta el citado informe.

Los encuestados reconocen que las organizaciones con baja confianza digital son más propensas a ver una disminución de su reputación (64%), sufrir más incidentes de ciberseguridad (58%), experimentar más violaciones de privacidad (57%) e incluso perder clientes (54%). La encuesta revela que los mayores obstáculos para lograr altos niveles de confianza digital incluyen la falta de habilidades y capacitación del personal (50%), la falta de apoyo de la dirección (42%) y la insuficiencia de procesos y prácticas de gobernanza (32%).

Dimitriadis añade que liderar el cambio «no depende solo de los líderes» e incide en que «las prácticas de confianza digital deben ser implementadas y alineadas en todos los departamentos para tener éxito». «La encuesta de ISACA ha puesto en evidencia que las empresas no están seguras de lo que pueden hacer para mejorar la confianza digital, pero trabajar con un socio especializado que pueda proporcionar un marco paso a paso y asistir en la capacitación en confianza digital puede poner al negocio en el camino correcto hacia el éxito y la seguridad», ha apostillado.

La encuesta indica que solo el 15% de las organizaciones utilizan actualmente un marco para sus prácticas de confianza digital, pese a que casi la mitad (46%) cree que es ‘extremadamente’ o ‘muy importante’ que una organización tenga un marco de confianza digital. En este sentido, ISACA lanzó recientemente su Marco del Ecosistema de Confianza Digital (DTEF, por sus siglas en inglés), un recurso integral de confianza digital con indicadores y controles que pueden ser utilizados y personalizados para las necesidades de todas las organizaciones.

«La hoja de ruta del DTEF y las guías de implementación proporcionan una comprensión clara acerca de cómo las organizaciones pueden alcanzar el nivel de confianza digital que se ajuste a sus modelos de negocio, estrategias y objetivos», concluye el informe.

El Gobierno ha publicado la orden ministerial que actualiza la metodología de cálculo de la retribución a la operación de las instalaciones de cogeneración, biomasa y residuos, y actualiza los valores correspondientes a este primer semestre de 2024, por el que reconoce para estas tecnologías una retribución de más de 1.400 millones de euros para este año.

Así, la retribución de las tecnologías para este 2024 rondará los 1.420 millones de euros, suponiendo una producción de electricidad similar a 2021 y 2022, y considerando la retribución a la inversión y la retribución a la operación, según indicaron en fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

En concreto, la biomasa recibirá unos 45 millones de euros, la cogeneración unos 975 millones de euros y los residuos una retribución a la inversión de unos 400 millones de euros.

Fuentes del gabinete dirigido por Teresa Ribera señalaron que, a grandes rasgos, la revisión de la retribución a la operación se realizará cada trimestre, considerando el precio de los combustibles, el precio de los derechos de emisión de CO2 y el precio del mercado eléctrico. Además se tendrán en cuenta las cotizaciones de los mercados de futuros.

Asimismo, consideraron que la nueva metodología facilitará que las instalaciones mejoren sus previsiones económicas, «porque refleja de una manera más precisa la estructura de ingresos y costes del sector, de modo que podrán tomar decisiones con mayor certidumbre».

EL SECTOR, PENDIENTE DE LAS SUBASTAS

La cogeneración, sector que afecta al 20% del PIB industrial español en industrias como la alimentaria, química, papelera, cerámica, textil o automóvil, esperaba de manera inminente la promulgación de esta nueva metodología de retribución regulada a la operación.

Otra de las peticiones del sector al Gobierno es la de fijar la fecha para que en este 2024 se puedan celebrar las subastas de 1.200 megavatios (MW), pendientes desde hace dos años.

En concreto, estiman que estas subastas movilizarían unos 800-1.000 millones de euros para que el sector pueda continuar con el proceso de transición de las plantas.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha celebrado que el Juzgado de lo Mercantil número 4 de Valencia haya admitido a trámite la demanda colectiva contra los fabricantes de las marcas Ford, Mitsubishi y BMW, según indica la asociación en un comunicado de prensa este martes.

La OCU explica que se trata de la sexta de las acciones que la Organización comenzó a presentar el pasado 19 de octubre de 2023 contra los 21 fabricantes de coches sancionados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el pacto ilegal de precios.

El pasado 29 de abril la organización presentó esta sexta demanda colectiva contra los fabricantes de las marcas Ford, Mitsubishi y BMW ante los juzgados de lo Mercantil de Valencia, a los reclama una indemnización para los consumidores afectados por el ‘cártel de coches’.

La organización pretende con esta demanda una indemnización para resarcir a los propietarios que pagaron un sobreprecio en la compra de sus vehículos debido a «un pacto colusorio» realizado por las citadas marcas.

En concreto, la OCU, a merced de un análisis pericial efectuado, solicita el 10,61% del precio de compra, en concepto de indemnización por el perjuicio ocasionado a los consumidores que adquirieron un vehículo por un importe superior del que deberían haber pagado de no haber existido acuerdos contrarios a la competencia.

A este importe, explica, se han de añadir los intereses de demora desde la adquisición del vehículo, lo que equivaldrá por tanto a una indemnización total de entre un 14% y un 17,5% en función de la fecha de compra.

En la práctica, esto quiere decir que los compradores de un vehículo de las citadas marcas en ciertas fechas son los beneficiarios de esta acción, por ser los periodos acreditados en el que los correspondientes fabricantes participaron en «el pacto ilegal».

Así, tras examinar la demanda y concluir que cumple con los requisitos formales y procesales para darle trámite, el Juzgado acuerda trasladar la misma a las marcas demandadas para que preparen y presenten su contestación a la demanda en el plazo de 20 días hábiles, indica.

La OCU espera que el resto de demandas «corran la misma suerte» y se pueda contar con su admisión a trámite en un corto plazo de tiempo.

También recuerda que para incorporarse a su acción legal, cualquier consumidor afectado todavía puede hacerlo por internet en a través de la web de la organización. «Todos afectados aún están a tiempo de unirse a la campaña», añade.

Samara ha levantado una ronda de financiación serie A por importe de nueve millones de euros que destinará a seguir impulsando su expansión nacional y desarrollar su propia plataforma tecnológica para ofrecer un servicio de transición energética personalizado para los hogares, fortaleciendo así su posición en el sector, informó la ‘startup’.

En concreto, la ronda ha estado liderada por los fondos internacionales Green Generation Fund y Move Energy y en ella también ha participado el fondo de impacto Ring Capital, así como Athletico Ventures, fondo de capital de atletas y deportistas.

Además, tanto Seaya como Pelion Green Future, los fondos especializados en tecnología y sostenibilidad que lideraron las rondas ‘pre-seed’ y ‘seed’ de la ‘startup’, han vuelto a participar en esta ronda.

Samara multiplicó por ocho su cifra de negocios en 2023 dando un servicio integral de instalación de paneles solares, baterías y cargadores de vehículo eléctrico, y planea ya incorporar nuevas tecnologías renovables en su cartera de productos.

Janna Ensthaler, socia fundadora de Green Generation Fund, destacó que «el notable crecimiento de Samara en España es un claro reflejo de la dedicación de la empresa a simplificar y hacer asequible para todos la transición energética en el hogar«.

A la cabeza de Samara, que nació en junio de 2022, están Iván Cabezuela, ‘excountry manager’ de Bulb en España, y Manel Pujol, ‘excountry manager’ de Uber Eats y Alan en España, dos emprendedores con amplia experiencia escalando y operando compañías tecnológicas de alto crecimiento.

Cabezuela indicó que se está en el inicio del proceso de cambio de la forma en la que los hogares consumen energía y que en los próximos años se verá «una aceleración de la adopción de nuevas tecnologías verdes y que ayuden a la electrificación del hogar y de la movilidad».

«En un sector como el eléctrico que es el peor valorado por los clientes en España por la falta de transparencia y donde la mayoría de clientes apenas entiende bien la factura de la luz, nuestra visión es ser la empresa de referencia para el consumidor», dijo.

La compañía, que dispone de equipos propios de ingeniería, instalación y gestión de comunidades energéticas, entre otros, cuenta con centros logísticos en Madrid y Barcelona y opera en el 74% de la geografía nacional, pretendiendo expandirse a toda España este mismo año.

La protesta de tractores de los agricultores de distintas organizaciones agrarias de Álava y Gipuzkoa, que se inició este pasado lunes, está ocasionando todavía algunas retenciones en Biriatou y en el peaje de en Irún, según ha confirmado la Ertzaintza.

La protesta suponía bloquear durante 24 horas, desde las diez de la mañana del lunes a las diez de la mañana de este martes, el paso de vehículos pesados. Entre otros objetivos, están reclamar la «eliminación de impuestos a la energía utilizada como medio de producción para el sector agrario», así como «mayor seguridad alimentaria para los productos que ingresan a Europa» y la aplicación de «una ley europea que dé preferencia de los productos locales».

En concreto, en el paso de Biriatou, en la AP-8, sentido Francia, hay tractores camiones ocupando el carril derecho, lo que está generando un kilómetro de retenciones.

Además, en otro punto de la AP-8, en el peaje de Irún, se registraban, poco antes de las 10.00 horas, retenciones de dos o tres kilómetros ya que están los camiones se empiezan a dirigir hasta la frontera, a la espera de la apertura del paso a las diez de la mañana.

Seguridad ha indicado que el tráfico transfronterizo se desvía por esta zona de las Ventas y es el origen de las retenciones. También en Oiartzun se registran retenciones de dos kilómetros.

Este martes, 4 de junio, finaliza el plazo de aceptación de la oferta pública de adquisición (OPA) planteada por los fondos ISQ y TDR –a través de su sociedad conjunta Amber– sobre Applus+, la cual valora la compañía en 1.650 millones de euros con una propuesta de 12,78 euros por acción.

En ese sentido, una de las principales incógnitas es la estrategia que seguirá el fondo de inversión Apollo, que posee el 21,85% de la compañía y que hace unas semanas decidió desistir de su OPA formulada sobre el 100% de Applus+ al existir una oferta competidora por un precio superior a la suya (12,51 euros por título), es decir, la formulada por ISQ y TDR.

A pesar de que el periodo de aceptación finaliza este martes, el resultado de la OPA se dará a conocer el próximo 10 de junio, según la información remitida por ISQ y TDR a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La OPA de Amber EquityCo está condicionada a su aceptación por un mínimo del 50% del capital (64.537.067 acciones) y, al ser esta la única oferta vigente sobre Applus+, en el supuesto de que la oferta no sea aceptada por ese número mínimo de acciones y los fondos ISQ y TDR no renuncien al cumplimiento de la condición adquiriendo todos los valores ofrecidos, la propuesta quedará sin efecto.

En este contexto, la oferta de ISQ y TDR cuenta con el respaldo del consejo de administración de Applus+, pero queda por ver si finalmente Apollo mantendrá su participación en la empresa española o no, si bien el fondo de inversión ya ha solicitado un asiento en el máximo órgano de decisión de la empresa, una propuesta que se tramitará en la junta de accionistas de la compañía del próximo 27 de junio.