La Alianza Empresarial por la Bajada del IVA a la imagen personal ha convocado una nueva protesta el próximo lunes, 26 de febrero, a las 11.00 horas a las puertas del Congreso de los Diputados, en Madrid, para exigir la restitución de su IVA reducido como servicio esencial en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024.

Esta protesta es una continuación de las que el sector de la imagen personal viene realizando desde hace cuatro años para luchar por esta reivindicación y que con esta, son ya más de 450 las organizadas en toda España.

También acudirán en esta concentración de Madrid representantes sectoriales profesionales y pequeñas y medianas empresas de la imagen personal de otros puntos de España.

La plataforma, que revela que para 6 de cada 10 (59,19%) empresarios del sector su situación es «mala o muy mala», ha explicado que esta crítica situación se refleja en la caída de facturación de los últimos 4 años, y hace que «de 2020 a 2023 la imagen personal haya perdido el 20,34% de sus ingresos».

«El empequeñecimiento y autonomización del sector, que no deja de crecer, ya está conformado por el 95,2% de autónomos y empresarios», ha manifestado la asociación, que dice que la concentración del próximo lunes está coordinada y organizada por la Alianza Empresarial por la Bajada del IVA, la plataforma de imagen personal ‘Creer en nosotros’ y las principales patronales nacionales y asociaciones autonómicas del sector –ANEIP, FANAE, ANEPE-IMPE, FEDCAT, y EIPEF–.

En la concentración se mostrará un mapa de las comunidades españolas con la caída de facturación acumulada estos últimos 4 años y una escenificación de la «dramática situación del sector con profesionales poniéndose los pelos de punta y utensilios de trabajo en un ataúd para reflejar la situación agonizante de las pequeñas y medianas empresas y autónomos que no van a poder sobrevivir».

La plataforma ha explicado que con esta acción la imagen personal reclamará a todos los partidos políticos la inclusión de la restitución del IVA reducido (10%) como servicio esencial en los Presupuestos Generales del Estado de 2024.

El fondo de pensiones británico Nest ha comunicado este jueves que prevé invertir 5.840 millones de euros (5.000 millones de libras) hasta 2030 a través de la gestora Lombard Odier Investment Managers (LOIM), a la que ha encomendado un mandato de renta variable con enfoque global.

La gestora ha detallado en una nota de prensa que invertirá en acciones alineadas con la transición hacia una economía de cero emisiones y que busca proporcionar «resultados sostenibles y rendimientos de inversión sólidos» para los miembros de Nest, que suponen un tercio de la fuerza laboral del país y disponen de 42.000 millones de euros (36.000 millones de libras) en activos bajo gestión.

En concreto, la estrategia de gestión activa de la firma se centrará en tres temas clave: mitigación y adaptación al cambio climático, capital natural y tendencias sociales para una sociedad más próspera.

Los equipos de investigación en sostenibilidad e inversión en renta variable de Lombard Odier trabajarán para identificar oportunidades en mercados desarrollados y emergentes que estén alineadas con estos temas y que sean capaces de «impulsar el progreso hacia la transición a cero emisiones, al mismo tiempo que buscan un atractivo rendimiento futuro ajustado al riesgo para todos los miembros», ha argumentado la entidad.

El director de inversiones de Nest, Liz Fernando, ha explicado que «Lombard Odier fue el candidato más destacado en el proceso de contratación, demostrando que puede adoptar un enfoque dinámico en la construcción de carteras».

De su lado, el consejero delegado y director global de desarrollo de negocio de Lombard Odier, Jasbir Nizar, ha enmarcado que «los cambios sistémicos derivados de la transición medioambiental darán lugar a profundos cambios en los modelos de negocio, en las cadenas de valor y en la organización de nuestra economía«, en tanto que esperan «navegar a través los riesgos e identificar las oportunidades de inversión que están surgiendo de esta transición.

El conglomerado británico Rolls Royce obtuvo un beneficio neto atribuido de 2.412 millones de libras (2.064 millones de euros) en 2023, por lo que ha dejado atrás los ‘números rojos’ registrados en el ejercicio previo, cuando contabilizó unas pérdidas de 1.269 millones de libras (1.086 millones de euros).

Según los resultados presentados este jueves por la compañía, la empresa aumentó sus ingresos en operaciones continuadas en un 21,9%, hasta situarlos en los 16.486 millones de libras (14.109 millones de euros).

Las entradas provinieron, principalmente, de la división aeroespacial civil y de defensa, que brindaron 7.348 millones de libras (6.289 millones de euros) y 4.077 millones de libras (3.489 millones de euros), respectivamente. Estas cifras incrementaron sus ingresos subyacentes en un 29% y un 12% en términos orgánicos. Después, los sistemás eléctricos generaron 3.968 millones de libras (3.396 millones de euros), un 16% más.

La compañía ha indicado que el beneficio operativo se duplicó con creces (132,3%), hasta llegar a los 1.944 millones de libras (1.664 millones de euros) respecto de los 837 millones (716,3 millones de euros) de 2022.

El flujo de caja libre fue de 1.285 millones de libras (1.100 millones de euros), un 154,5% más, según los resultados subyacentes, al tiempo que la rentabilidad financiera fue del 11,3% desde el 4,9% previo. Por otro lado, la deuda neta de la compañía se moderó un 40%, hasta las 1.952 millones de libras (1.671 millones de euros).

«Nuestra transformación ha dado lugar a unos resultados récord en 2023 que se han visto impulsados por la optimización comercial, la eficiencia de costes y los avances en nuestras iniciativas estratégicas», ha afirmado el consejero delegado de Rolls Royce, Tufan Erginbilgic.

El directivo ha destacado que este «cambio radical» se ha logrado en un entorno «volátil» y geopolíticamente inestable y a pesar de los «retos en la cadena de suministro» y de las presiones inflacionistas.

Rolls Royce ha avanzado sus perspectivas para 2024, año para el que anticipa un beneficio operativo subyacente de entre 1.700 y 2.000 millones de libras (1.455-1.712 millones de euros), en tanto que el flujo de caja libre se situará en torno a los 1.700 y 1.900 millones de libras (1.455-1.626 millones de euros).

El Banco Central Europeo (BCE) registró al cierre del ejercicio 2023 pérdidas por importe neto de 1.266 millones de euros como resultado del impacto de las subidas de los tipos de interés en su balance, según ha informado la institución, por lo que no se distribuirán beneficios a los bancos centrales nacionales (BCN) de la zona euro en relación con el pasado ejercicio.

Se trata de los primeros ‘números rojos’ contabilizados por el BCE en casi dos décadas, después de esquivar las pérdidas el año anterior con un resultado en equilibrio, ya que el último resultado negativo del instituto emisor de la eurozona se remontaba a 2004, cuando la entidad se anotó pérdidas de más de 1.600 millones de euros.

Las pérdidas del BCE en 2023 habrían sido sustancialmente mayores de no haber utilizado el saldo íntegro de la provisión para riesgos financieros, que ascendía a 6.620 millones de euros, con el fin de compensar las pérdidas incurridas durante el ejercicio, lo que permitió enjugar los ‘números rojos’ a 1.266 millones, que se reconocen en el balance de la entidad para su compensación con beneficios futuros.

«El principal factor determinante de estas pérdidas fueron los considerables gastos netos por intereses«, explica el BCE.

En concreto, en el pasado ejercicio los ingresos por intereses del BCE sumaron 63.751 millones de euros, frente a los 12.536 millones de 2022, aunque los gastos por intereses se dispararon a 70.944 millones desde los 11.636 millones de 2022, lo que arrojó un desequilibrio negativo de ingresos por intereses netos de 7.193 millones, frente a un saldo positivo de 900 millones en 2022.

En este sentido, el BCE ha precisado que el aumento de los gastos por intereses en 2023 respondió principalmente a los gastos derivados del pasivo Target neto del BCE, que se situaron en 14.236 millones de euros, siete veces más que el año anterior, a consecuencia de la subida del tipo de interés de las operaciones principales de financiación (OPF), que pasó de una media del 0,6% en 2022 al 3,8% en 2023.

Asimismo, como consecuencia de la subida del tipo de interés de las OPF también dio lugar a incrementos de los ingresos por intereses generados por la cuota correspondiente al BCE del total de billetes en euros en circulación y de los gastos por intereses abonados a los bancos centrales nacionales en concepto de remuneración de sus activos exteriores de reserva transferidos al BCE, que se situaron en 4.817 millones y 1.335 millones de euros, respectivamente.

De su lado, los ingresos netos por intereses obtenidos de los valores mantenidos con fines de política monetaria aumentaron hasta 3.467 millones de euros desde los 1.534 millones en 2022, mientras que los ingresos netos por intereses procedentes de los activos exteriores de reserva se incrementaron un 198%, hasta 2.382 millones de euros, como resultado principalmente del aumento de la rentabilidad media en la zona euro y en Estados Unidos.

Asimismo, las minusvalías no realizadas ascendieron a 38 millones de euros, frente a 1.840 millones en 2022, fundamentalmente como consecuencia de las pérdidas no realizadas por precios en algunos valores mantenidos en las carteras en dólares estadounidenses y de recursos propios.

A este respecto, se realizaron análisis del deterioro de los valores mantenidos por el BCE en sus carteras relacionadas con la política monetaria, que se valoran a coste amortizado (sujeto a deterioro) y, sobre la base de los resultados de esos análisis, no se registraron pérdidas por deterioro en esas carteras.

Por otro lado, el BCE indicó que sus gastos de personal aumentaron un 3,7%, hasta 676 millones de euros, como consecuencia del aumento del número medio de empleados en 2023, en su mayoría en supervisión bancaria, así como de los ajustes salariales.

El importe de otros gastos administrativos se incrementó un 4,2%, hasta 596 millones de euros, debido principalmente al retorno a niveles de plena actividad después de la pandemia, en particular en supervisión bancaria, así como al impacto de la inflación.

En el caso de los ingresos por tasas de supervisión, procedentes de las tasas cobradas para recuperar los gastos incurridos por el BCE en el ejercicio de sus funciones supervisoras, estos ascendieron a 654 millones de euros frente a los 594 millones de 2022.

Las protestas de los agricultores han llegado este jueves al Puerto de Valencia, donde se han vertido unos 200 kilos de almendras, naranjas, cereales y vino y se ha llevado a cabo una quema de paja.

Tras congregarse en el Edificio del Reloj, se han dirigido a intentar cortar el acceso sur, donde un dispositivo policial ha impedido su paso y se han vivido algunos momentos de tensión. Un participante ha sido detenido como presunto autor de los delitos de resistencia y desobediencia a la autoridad, según fuentes policiales.

El sector valenciano ha estado arropado por participantes llegados desde Castilla la Mancha, Murcia y Castilla y León. Los tractores han rodeado el Edificio del Reloj, en las inmediaciones del puerto, y los agricultores, convocados por las principales organizaciones agrarias valencianas, han mostrado mensajes como ‘No + cotonet de Sudáfrica’, ‘¿Europa queréis agricultores o no?’, ‘El campo en el abismo y al gobierno le da lo mismo’ y ‘Políticos acomodados y nosotros arruinados.

Los representantes de las organizaciones agrarias han tomado la palabra para exigir la revisión de los acuerdos comerciales europeos con países terceros, han cargado contra la nueva Política Agraria Común (PAC), la falta de reciprocidad en productos fitosanitarios y los «precios ruinosos» que ofrecen en el mercado a sus productos.

El presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, ha señalado que los agricultores españoles están bloqueando los puertos del Mediterráneo «en protesta por lo que entra, especialmente por Rotterdam en la Unión Europea, por las plagas que nos entran, por la competencia desleal que nos hacen y, por tanto, por los problemas que nos ponen para recibir un precio digno».

Aguado ha afirmado que los agricultores «toman buena nota» de las actuaciones policiales que, según ha denunciado, han impedido a algunos de ellos acudir a la protesta, por lo que ha pedido la dimisión de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Ha criticado que España es «el único país en el que personas de 70 y 80 años han sido apaleados» en las movilizaciones.

También ha lanzado un «aviso a navegantes» a las cadenas comerciales que venden productos de otros países sin clarificar su procedencia y «confunden a los consumidores». «Les atacaremos en sus tiendas, en sus plataformas, esto ha terminado», ha amenazado.

Asimismo, ha criticado la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Marruecos «lleno de dinero para invertir en la agricultura» de ese país. Ha reprochado además el «presupuesto ridículo» de la Conselleria de Agricultura, que cree que debe duplicarse, y ha pedido un plan de modernización para el sector y para la huerta valenciana.

El secretario general de la Unio Llauradora, Carles Peris, ha calificado el mes de febrero como «el maratón de la movilización agraria» y ha puesto el foco en las cadenas de comercio y distribución que venden productos de fuera en competencia con los valencianos para «bajar los precios de origen» y «presionan a los políticos para que hayas acuerdos de comercio internacional» con países terceros, así como en las bonificaciones que aplican puertos como el de Valencia a productos extranjeros que ya se producen localmente. «Los enemigos no son solo los políticos, los tienen a lado de casa», ha asegurado.

«Tenemos que ser más agresivos en la calle, no porque queramos sino porque si no, no nos hacen caso», ha aseverado Peris, antes de criticar que el ministro de Agricultura, Luis Planas, anuncie ante las protestas 284 millones de euros para seguros agrarios que «ya estaban en los presupuestos. «Ministro valenciano dicen, aquí no te queremos ni en pintura», ha apostillado.

Durante su discurso, Peris ha instado a los manifestantes a cortar desplazarse hasta el acceso sur para intentar cortar la vía de paso hacia el Puerto de Valencia.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, llevará al próximo Consejo de Ministros de Agricultura de la UE, que se celebrará el lunes 26, simplificar la burocracia de la Política Agrícola Común (PAC) y abordar las ‘cláusulas espejo’ a terceros países, demandas solicitadas por los agricultores y ganaderos, que están manifestándose desde hace más de dos semanas por toda España.

En concreto, Planas ha recordado que ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, remitió una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen «apoyando» la que a su vez Agricultura había enviado al presidente del Consejo y a la Comisión Europea de cara a la reunión del próximo lunes.

De esta forma, España defenderá en esta cita la simplificación en temas de condicionalidad, donde cree que se debería «formular algunos ajustes«, así como la directiva de 2019 de prácticas comerciales desleales, donde Planas ha recordado que España cuenta con la Ley de la Cadena Alimentaria, que es considerada «pionera». Hemos avanzado mucho, pero nos queda mucho por hacer», ha reconocido el ministro de Agricultura, durante su participación en el Forúm de Nueva Economía.

Otro de los asuntos que llevará a la cita de Bruselas serán las cláusulas espejo, ya que se prohíben determinados productos fitosanitarios, pero hay países terceros que los emplean y ahí reconoce que hay un «problema de competencia desleal«, pero entiende que para solucionar este tema tiene que llevarse una negociación en el marco de OMC para ver, efectivamente, si estas «cláusulas son compatibles».

«Algunos somos grandes productores y exportadores como España, Francia o Portugal, pero otros países de la UE son compradores netos. Como ministro de Agricultura de España, tenemos que defender a nuestros agricultores y ganaderos», ha recalcado.

No obstante, Planas se ha congratulado de que Europa esté escuchando el «mensaje fuerte» de los agricultores y ganaderos de todos los países.

«Lo que está pasando en España probablemente no hubiera pasado si no hubiera ocurrido lo que ocurrió antes en Francia o Alemania», ha recordado.

De esta forma, se ha congratulado de la reciente reflexión de Von der Leyen, aunque cree que debería haberlo hecho antes. «Quizás si lo hubieran hecho antes se habrían facilitado un poquito las cosas. Estamos haciendo un gran tránsito de una PAC a otra PAC, de un modelo de sostenibilidad a un modelo más avanzado y más ambicioso y necesario«, ha recalcado.

Por otro lado, Planas cree que de cara a las próximas elecciones europeas de junio, la problemática del agricultores y ganaderos es un «campo perfecto para la batalla política». «Entiendo que hay quien piense que esto es, y con razón, un preludio de la gran batalla electoral de junio próximo, y no es menor el envite porque nos jugamos la composición del próximo Parlamento Europeo y de la Comisión Europea», ha subrayado.

REITERA QUE «SOLO CABE LA SOSTENIBILIDD SI HAY RENTABILIDAD»

De esta forma, Planas ha reiterado que una de las claves del futuro del sector agrario es la sostenibilidad, recalcando que «o el futuro de la producción alimentaria es sostenible o no será». «La sostenibilidad no es una pretensión política o una cuestión ideológica, como lo plantean algunos, sino que es una necesidad productiva, pero solo cabe la sostenibilidad si hay rentabilidad», ha subrayado.

«No puede sostenerse en el tiempo la sostenibilidad de nuestras empresas si éstas, a su vez, no son rentables. Y esta sostenibilidad empresarial es un elemento clave y son compatibles una y otra», ha recalcado, consciente de que otro factor es la «velocidad» de la adaptación del medio rural al cambio climático.

Respecto a la Política Agrícola Común (PAC), el titular del ramo ha reiterado que se trata de una «política fundamental» y cree que se ha «conseguido una buena PAC en términos presupuestarios para España», a pesar de las críticas que recibe por parte de agricultores y ganaderos en las concentraciones y manifestaciones de estas semanas.

De esta forma, el titular de Agricultura cree que el «gran agujero y foso» que se da en toda Europa también es cómo se ven percibidos agricultores y ganaderos. «Ese desencuentro entre lo rural y lo urbano es algo que va mucho más allá de esta problemática y de esta movilización concreta. Creo que cuando los ciudadanos de las ciudades que están molestos, ayer mismo en Madrid, por la interrupción de tráfico y demás, pero les aplauden al entrar porque en el fondo tenemos una deuda con ellos», ha señalado.

Respecto al problema de vértigo que sufrió ayer en la sesión de control del Gobierno en el Congreso de los Diputados, Planas ha sido contundente: «No soy un buen cantante, pero les diré ‘resistiré. Estoy muy bien y recuperado plenamente aunque probablemente parte de mis problemas físicos sea por mi dedicación a saber qué está pasando».

Por otro lado, se ha congratulado del reciente viaje del Presidente del Gobierno a Marruecos, ya que las relaciones entre ambos países se encuentran en «un momento excelente». «Eso es bueno para Marruecos y es bueno para España, porque nuestra relación es estratégica y tiene que ser siempre positiva, mirando hacia adelante. Que las cosas vayan bien entre España y Marruecos es una buena noticia», ha subrayado, aunque ha recordado que está pendiente la vista del Tribunal de Justicia por el acuerdo pesquero con la UE tras ser recurrido su protocolo, que tendrá lugar en abril, mientras que se espera la sentencia en la segunda parte del año.

Cuestionado por si se reunirá con Unión de Uniones, organización agraria que ayer llevó 1.500 tractores a Madrid con la presencia de 10.000 agricultores por las calles, Planas ha recalcado que se cita con Asaja, COAG y UPA, que «representan a la mayoría del sector agrario y ganadero». «Pero no quiero entrar en polémicas que no solucionan nada, porque mi preocupación son los problemas de agricultores y ganaderos», ha zanjado.

Mientras que respecto a la polémica con Rioja Alavesa, Planas ha señalado que defiende como en el caso del Cava la «unicidad de la denominación de origen por razones prácticas». «No nos corresponde a los políticos juzgar lo que se deba hacer en las denominaciones de origen. Tienen que ser las empresas, en este caso los bodegueros, los que decidan entre ellos lo que quieran hacer», ha señalado.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha dictado una sentencia en la que considera que el Derecho español no disuade adecuadamente a las Administraciones Públicas del abuso de la contratación temporal, lo que puede llevar a emplear a trabajadores de forma precaria «durante años».

En este sentido, apunta que, «a falta de medidas adecuadas» en la legislación española para prevenir y sancionar con arreglo a las normas europeas los abusos derivados de la utilización sucesiva de contratos temporales, incluidos los contratos indefinidos no fijos prorrogados sucesivamente, «la conversión de esos contratos temporales en contratos fijos puede constituir» la solución.

En todo caso, considera que corresponde a la Justicia española modificar la jurisprudencia nacional consolidada si ésta se basa en una interpretación incompatible con los objetivos de la legislación europea, particularmente con el Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada.

El TUE responde con este fallo a una petición del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para que interprete el Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70, a raíz del caso de tres trabajadores de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Agencia Madrileña de Atención Social de la Comunidad de Madrid.

Dichos trabajadores estuvieron durante muchos años (desde 1994 en los dos primeros casos y desde 1998 en el tercero) con contratos temporales sucesivos, por lo que el TSJM pide al TUE que interprete el acuerdo marco en relación a la eficacia de las medidas destinadas a evitar el abuso de los contratos o relaciones laborales de duración determinada en el sector público.

En su sentencia, el TUE responde al TSJM que un trabajador indefinido no fijo, figura de creación jurisprudencial, debe considerarse un trabajador con contrato de duración determinada a efectos del acuerdo marco, por lo que está comprendido en el ámbito de aplicación de éste.

Asimismo, señala que la expresión «utilización sucesiva de contratos o relaciones laborales de duración determinada» contenida en el acuerdo marco comprende una situación en la que, de no haber convocado la Administración en cuestión en el plazo establecido un proceso selectivo para la cobertura definitiva de la plaza ocupada por un trabajador indefinido no fijo, el contrato de duración determinada es prorrogado automáticamente.

En este sentido, el TUE entiende que concluir que «no existen sucesivas relaciones laborales de duración determinada a efectos del acuerdo marco por la mera razón de que un trabajador esté vinculado a la Administración mediante un único contrato indefinido no fijo» y de que se mantiene en su plaza por el «incumplimiento» de convocar en plazo un proceso selectivo, podría «comprometer el objeto, la finalidad y la efectividad de dicho acuerdo marco».

«Esa interpretación restrictiva del concepto de ‘sucesivas relaciones laborales de duración determinada’ permitiría emplear a trabajadores de forma precaria durante años y podría llevar no sólo a excluir, en la práctica, un gran número de relaciones laborales de duración determinada de la protección de los trabajadores perseguida por la normativa europea, vaciando de gran parte de su contenido el objetivo perseguido por ésta, sino también a permitir la utilización abusiva de dichas relaciones por parte de los empleadores para satisfacer necesidades permanentes y estables en materia de personal», alega el TUE.

En los casos examinados, dado que la Administración en cuestión no convocó en el plazo establecido un proceso selectivo para la cobertura definitiva de la plaza ocupada por un trabajador indefinido no fijo, las prórrogas automáticas de dicho contrato de duración determinada pueden asimilarse a renovaciones y, por consiguiente, a la celebración de distintos contratos de duración determinada.

De ello se deduce, según el TUE, que estos tres casos «no se caracterizan por la celebración de un único contrato, sino por la celebración de contratos que efectivamente pueden calificarse de sucesivos a efectos del acuerdo marco«, pero este extremo, añade la justicia europea, ha de ser comprobado por el TSJM.

El TUE explica que no le corresponde pronunciarse sobre la interpretación del Derecho interno, por lo que habrá de ser el TSJM el que deba apreciar en qué medida los requisitos de aplicación y la ejecución efectiva de las disposiciones pertinentes de la normativa española hacen que éstas constituyan una medida apropiada para evitar la utilización abusiva de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada.

ORIENTACIONES DEL TUE PARA EL TSJM

No obstante, «con el fin de orientarlo en su apreciación», el TUE señala que las razones objetivas expuestas por el Gobierno y las AAPP españolas (garantía del acceso al empleo público en condiciones de igualdad, mérito, capacidad y publicidad para remediar contratación irregular en el sector público hasta el momento en que se produzca la cobertura de la plaza) «son razones objetivas que justifican la aplicación del contrato indefinido no fijo, mientras que el acuerdo marco europeo se refiere a las razones objetivas que justifiquen la renovación de los contratos de duración determinada.

El TUE entiende además que convocar en plazo procesos selectivos para la cobertura definitiva de las plazas ocupadas provisionalmente por trabajadores temporales «es una medida adecuada para evitar que se perpetúe la situación de precariedad de dichos trabajadores«.

Sin embargo, el TUE señala que, según el TSJM, pese a que la normativa aplicable establece plazos concretos para que la Administración de que se trate convoque esos procesos selectivos, «en realidad dichos plazos no se respetan y esos procesos son poco frecuentes».

«En estas circunstancias, una normativa nacional que prevé la convocatoria de procesos selectivos que tienen por objeto cubrir de manera definitiva las plazas ocupadas provisionalmente por trabajadores temporales, así como los plazos concretos a tal fin, pero que no garantiza que esos procesos se convoquen efectivamente, no parece que pueda evitar la utilización abusiva de sucesivas relaciones laborales de duración determinada», apunta el TUE.

En consecuencia, al Alto Tribunal europeo considera que la normativa española parece no constituir «una medida suficientemente efectiva y disuasoria para garantizar la plena eficacia de las normas adoptadas conforme al acuerdo marco europeo.

LA INDEMNIZACIÓN TAMPOCO SANCIONA EL ABUSO DE TEMPORALES

El TUE apunta que ya declaró que el abono de una indemnización tasada por extinción de contrato de 20 días por año no permite alcanzar el objetivo perseguido por el acuerdo marco de prevenir los abusos derivados de la utilización sucesiva de contratos de duración determinada, «ya que ese abono parece ser independiente de cualquier consideración relativa al carácter legítimo o abusivo de la utilización de dichos contratos».

«Por lo tanto, esa medida no resulta adecuada para sancionar debidamente dicha utilización abusiva y eliminar las consecuencias del incumplimiento del Derecho de la Unión y, por consiguiente, no parece constituir, por sí sola, una medida suficientemente efectiva y disuasoria para garantizar la plena eficacia de las normas adoptadas conforme al acuerdo marco», ha indicado.

Asimismo, el TUE entiende que la convocatoria de los procedimientos de consolidación prevista en el Derecho español «no resulta adecuada para sancionar debidamente la utilización abusiva» de relaciones laborales temporales.

La inversión inmobiliaria se recuperará en 2024 y se extenderá a 2025 gracias a la perspectiva de relajación de tipos de interés por parte de los bancos centrales y a una vuelta al dinamismo en las incorporaciones de socimis a los mercados de valores, según se desprende del informe sectorial ‘Radiografía de las socimi en España’ elaborado por Abbaco Markets.

El estudio ha constatado que en 2022 comenzó una ralentización en el número de socimis (siglas de Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria) incorporadas a cotizar, siendo 2023 el año con menor número de estrenos desde 2015 tanto en mercados nacionales como internacionales con sólo siete incorporaciones, dejando el total de socimis en 116.

Entrando al detalle, el informe ha apuntado que BME Growth (el segmento bursátil español dedicado a pymes) sigue a la cabeza en cuanto a número total de socimis incorporadas a cotización -en torno a un centenar-, seguido por la francesa Euronext Access; sin embargo, en cuanto al número de socimis incorporadas a cotizar año a año, la tendencia ha cambiado, ya que en los últimos años ha sido Euronext Access el mercado que más entidades ha incorporado.

A este respecto, la ejecutiva de Abbaco Markets, Ana de Luis, ha comentado que la demanda de inversión en activos inmobiliarios en rentabilidad «se fue retrayendo por la situación macroeconómica con tipos de interés muy elevados -al 4,5% en Europa-, la situación geopolítica y la incertidumbre en España durante el periodo de gobierno interino en 2023.

Por otra parte, desde Abbaco Markets han apuntado que, en cuanto al tamaño de estos vehículos, la mayoría de las socimis (en torno a un 70%) que se han incorporado a cotizar a lo largo de los últimos años lo ha hecho con una capitalización bursátil inferior a 100 millones de euros, siendo esta una tendencia que se viene produciendo desde 2018 y que sólo se interrumpió en 2022.

Para la firma, esta tendencia de socimis de menor tamaño tiene su origen en la mayor accesibilidad a los mercados surgida de la competencia entre los mismos, con reducción de requisitos y costes asociados, para la admisión a negociación y mantenimiento en el mercado.

De su lado, Bolsas y Mercados Españoles (BME) acoge a las socimis de mayor tamaño con las socimis del mercado continuo arrojando una capitalización bursátil media de 2.200 millones, y, al mismo tiempo, cabe destacar que dos socimis cotizan en el principal indicador burátil español, el Ibex: Inmobiliaria Colonial (2.800 millones de capitalización) y Merlín Properties (4.300 millones).

QUIÉN Y EN QUÉ INVIERTEN LAS SOCIMIS

El informe ha destacado el peso del inversor extranjero en estos vehículos de inversión en activos inmobiliarios, en tanto que el 41% del númerod de socimis ha sido promovido por inversores extranjeros y su tamaño medio es inferior a los 100 millones de euros.

En una panorámica más general, la inversión extranjera supone más del 25% de la capitalización total que suman las socimis en los mercados.

En lo referente al objeto de inversión, más del 30% de las socimis se dedica exclusivamente en residencial, lo que supone el activo estrella de inversión junto a la estrategia de residencias con política de inversión mixta.

Las socimis que invierten exclusivamente en el sector ‘retail’ (locales comerciales, por ejemplo) ocupan el segundo lugar del ranking de especializadas en una sola tipología de activo, suponiendo alrededor del 21% del total.

En tercer lugar, y a distancia de las otras dos, está la inversión en oficinas, en la que se enfocan de forma exclusiva alrededor del 10% de las socimis.

Por último, el estudio ha remarcado que en 2023 debutó la primera socimi con cariz social, ya que tiene como objetivo generar mayores posibilidades de acceso a la vivienda mediante alquileres asequibles.