El PP ha registrado en el Congreso la solicitud de comparecencia del Banco de España en el Congreso para informar de sus propuestas para resolver el «grave problema» de la vivienda que existe en el país

La solicitud de comparecencia en la Comisión de Vivienda, a la que ha accedido Europa Press, se registró el pasado 23 de mayo, dos semanas después de que el actual gobernador, Pablo Hernández de Cos, cuyo mandato exprira en principio el 11 de junio, compareciera en la Cámara Baja para desglosar el informe anual de la entidad en 2022 y 2023 e incidir en varios asuntos del documento, entre ellos la vivienda.

Precisamente en esa comparecencia, Hernández de Cos advirtió que la regulación del precio del alquiler puede tener efectos negativos en el mercado de vivienda, como reducir la oferta de inmuebles. También alertó sobre los desajustes entre oferta y demanda «especialmente acusados» en el segmento del alquiler residencial en los centros de grandes áreas urbanas.

Asimismo, el todavía gobernador apuntó que la vivienda afronta un problema para el que no son suficientes las propuestas a corto plazo, como la regulación y la limitación de los precios del alquiler. También dijo que dar incentivos fiscales o apoyos a la demanda ante una situación de oferta «rígida» puede traducirse en que sean los propietarios y no los inquilinos los beneficiados de la medida.

Con este panorama, el máximo representante de la institución instó a las diferentes administraciones a coordinarse para encontrar soluciones y estimular la oferta de vivienda, sobre todo en el mercado del alquiler. También recomendó reforzar la seguridad jurídica en este mercado, dar certidumbre regulatoria y mejorar la gestión de los procesos administrativos relacionados con las políticas de suelo y urbanismo.

El Ministerio de Hacienda aprobó la inyección de 1.000 millones de euros a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en abril para afrontar la adquisición de acciones de Telefónica, según figura en un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y recoge Europa Press.

Esta inyección a la SEPI por parte de Hacienda estuvo compensada parcialmente por «la menor aportación patrimonial al Fondo de Financiación a las comunidades autónomas» por un importe de 500 millones de euros.

Sobre ello, fuentes conocedoras han explicado a Europa Press que debido a que los Presupuestos Generales del Estado son una prórroga de los anteriores y a que este año las comunidades autónomas requieren menos financiación debido a la reducción de su déficit, se han movido 500 millones de euros del fondo de financiación autonómico para apoyar esta operación.

Esto no significa que las comunidades autónomas pierdan recursos, dado que este año recibirán 154.467 millones de euros del sistema de financiación, es decir, casi 20.000 millones más que en 2023 (+14,9%).

En este contexto, la aportación patrimonial a la SEPI por parte de la cartera que dirige María Jesús Montero realizada en abril se suma a las ejecutadas en febrero (500 millones de euros) y marzo (500 millones de euros), por lo que importe total asciende a 2.000 millones de euros.

En concreto, el informe de ejecución presupuestaria de abril (publicado este viernes) apunta a que hubo una aportación patrimonial de 1.000 millones de euros a la SEPI, una inyección de liquidez que fuentes conocedoras han confirmado a Europa Press que se destinó a la adquisición de acciones de Telefónica, de la que el Estado posee ya el 10% a través de la SEPI.

Cabe recordar que a finales del año pasado el Gobierno ordenó a la SEPI la adqusición de hasta un 10% del capital social de Telefónica en un movimiento que estuvo marcado por el sorpresivo desembarco en la compañía de la operadora saudí STC, que el pasado septiembre se hizo con el 9,9% de la teleco española –un 4,9% mediante acciones directas y un 5% con derivados financieros– por unos 2.100 millones de euros.

De este modo, la SEPI completó el pasado 20 de mayo el mandato del Gobierno tras adquirir un total de 567.016.155 acciones de Telefónica a un precio medio de 4,0295 euros por acción, por lo que el importe de la operación ascendió a casi 2.285 millones de euros, si bien a ese paquete accionarial hay que sumarle 541 títulos que la SEPI ya tenía en cartera y que elevan el número total a 567.016.696.

«La operación se ha llevado a cabo minimizando el impacto en la cotización y cumpliendo con las comunicaciones de participaciones significativas establecidas en la normativa de los mercados donde opera», detalló la entidad pública dependiente del Ministerio de Hacienda tras completar la operación.

Al precio de mercado actual, el paquete accionarial del Gobierno en Telefónica tiene un valor de casi 2.427 millones de euros, con la cotización de la compañía en 4,28 euros al cierre de la sesión bursátil de este viernes.

CaixaBank y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) han firmado un acuerdo con el que la entidad se adhiere a la línea de avales del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y gestionada por el ICO para la adquisición de la primera vivienda destinada a residencia habitual y permanente para jóvenes y familias con menores a cargo.

Según ha informado CaixaBank este domingo en un comunicado, la línea está dotada con un total de 2.500 millones de euros y tiene el objetivo de que las personas que cuentan con solvencia financiera pero que no han generado capacidad de ahorro suficiente para acceder a un préstamo hipotecario puedan adquirir su primera vivienda.

El acuerdo suscrito contempla un aval que podrá cubrir hasta el 20% del importe del préstamo, llegando hasta el 25% en aquellos casos en los que la vivienda adquirida disponga de una calificación energética D o superior

La medida está dirigida a jóvenes menores de 35 años y a familias con menores a cargo cuyos ingresos no superen los 37.800 euros brutos al año –4,5 veces el umbral del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)–.

Los avales también incluyen factores de mejora, ya que el límite establecido en función del IPREM se incrementará en unos 2.520 euros brutos anuales por cada menor a cargo y, en el caso de una familia monoparental, el límite se podrá incrementar en un 70% adicional.

El plazo para formalizar los préstamos que se acojan a esta línea de avales finalizará el 31 de diciembre de 2025, estableciendo la posibilidad en el convenio de poder ampliar el plazo hasta 2027.

El repunte de la tasa de inflación registrado en mayo en la eurozona no será obstáculo para que el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) comience a revertir este jueves el grado de restricción de su política monetaria con una primera bajada de los tipos de interés de 25 puntos básicos, según el consenso de analistas, reforzado por los mensajes que se han venido telegrafiando estas semanas desde Fráncfor

En este sentido, los diferentes representantes del directorio del BCE que han comentado recientemente cuál podría ser la decisión de la institución han dejado claro que, en ausencia de sorpresas, una primera rebaja en junio sería apropiada y, como avanzó el propio vicepresidente de la entidad, Luis de Guindos, con una magnitud de 25 puntos básicos.

De su lado, el economista jefe del BCE, el irlandés Philip Lane, también dejaba claro la semana pasada que la institución estará en condiciones de rebajar los tipos de interés en su reunión del jueves, aunque advertía de que la política monetaria necesitará mantenerse en terreno restrictivo durante el resto del año.

En su reunión de abril, el Consejo de Gobierno del BCE dejó los tres tipos de interés estables en el 4,50% para las operaciones de refinanciación, mientras que la tasa de depósito se sitúa en el 4% y la de la facilidad de préstamo en el 4,75%.

De confirmarse el jueves la esperada bajada del precio del dinero, sería el primer recorte de los tipos en la eurozona desde septiembre de 2019, cuando el BCE redujo la tasa de su facilidad de depósito, mientras que mantuvo sin cambios las de refinanciación y préstamo, que no han bajado desde marzo de 2016.

En este sentido, Riccardo Marcelli Fabiani, economista senior de Oxford Economics, considera que el aumento de la inflación de la eurozona en mayo no significa que el proceso deflacionario se haya detenido y «no impedirá el recorte de tipos de interés de junio», aunque advierte de que «es poco probable que baje las tasas de interés en la reunión de julio».

En una línea parecida, desde ING Research, Bert Colijn, economista senior para la eurozona de la entidad, apunta que el dato de inflación de mayo sirve como advertencia de que la decisión del BCE en su reunión del jueves «podría no marcar el inicio de un ciclo de recortes tradicional» y la cuestión será «cuántos recortes pueden seguir».

Ante tal incertidumbre, Rubén Segura-Cayuela, economista jefe de Bank of America para Europa, no duda en expresar su confianza en que el jueves debería confirmarse una bajada de 25 puntos básicos, a la que seguirán otros 75 puntos básicos de recortes en 2024 y un ajuste de 125 puntos básicos en 2025.

«Esperamos que el BCE recorte los tres tipos de interés oficiales en 25 puntos básicos la próxima semana. Este debería ser el primer recorte de 25 puntos básicos de los 200 puntos básicos de relajación entre junio de 2024 y julio de 2025», anticipa, añadiendo que, es probable que la conferencia de prensa indique que no existe una senda preestablecida y que la forma de proceder será reunión a reunión.

En este sentido, el economista espera que Lagarde vuelva a apunta que habrá un poco más de información en julio y mucha más en septiembre, «una clara señal de que es más probable que el próximo movimiento sea en septiembre que en julio».

De su lado, Ulrike Kastens, economista para Europa de DWS, asegura que, en cuanto a la reunión del jueves, «esencialmente, ya está todo dicho», puesto que casi todos los miembros del Consejo se han pronunciado a favor de una posible reducción de los tipos de interés en junio.

Sin embargo, la experta subraya que lo que importa aún más es el camino a seguir, ya que, si bien el BCE está dispuesto a «eliminar el nivel máximo de restricción», como dijo Philip Lane, no cabe duda de que algunos banqueros centrales es posible que ya estén a favor de otra reducción en julio, mientras que otros prefieren un enfoque más prudente.

«Es probable que prevalezca el tono ‘hawkish’, haciendo hincapié en la dependencia de los datos y en un enfoque de reunión por reunión», anticipa Kastens, que espera que Lagarde evitará comprometerse explícitamente con otro recorte de tipos en julio. «En general, mantenemos nuestra previsión de tres recortes de tipos más hasta finales de marzo de 2025», apuesta.

PREVISIONES MACRO.

De este modo, además de la descontada bajada de los tipos de interés, los mercados estarán atentos a las nuevas proyecciones macroeconómicas del BCE, especialmente después de que el dato adelantado de inflación de mayo sorprendiera el pasado viernes ligeramente por encima de las expectativas.

En concreto, en mayo la tasa de inflación de la zona euro repuntó al 2,6% interanual, dos décimas por encima de la subida de los precios observada en abril, en lo que supone su primer repunte desde diciembre de 2023, alcanzando así su mayor nivel desde el pasado mes de febrero.

Al descontar el impacto de la energía sobre los precios, la tasa de inflación de la eurozona subió al 2,8%, una décima más que en abril, mientras que al excluir también el coste de los alimentos, así como del tabaco y del alcohol, la tasa subyacente se aceleró al 2,9% desde el 2,7%.

Asimismo, a finales de mayo también se conoció que la subida de los salarios negociados en la zona euro alcanzó el 4,69% interanual en el primer trimestre de 2024, una aceleración respecto del alza del 4,45% en el último trimestre del año pasado.

En cuanto a la actividad económica, el producto interior bruto (PIB) de la zona euro registró en el primer trimestre de 2024 una expansión del 0,3% con respecto al cuarto trimestre del año pasado, cuando la economía se contrajo un 0,1%, mientras que en comparación con el primer trimestre de 2023, el crecimiento del PIB fue del 0,4%.

En su cuadro macro del pasado mes de marzo, el BCE proyectaba que la inflación de la eurozona se situará en el 2,3% en 2024, el 2% en 2025 y el 1,9% en 2026, mientras que preveía un avance del PIB del 0,6% en este ejercicio, del 1,5% en 2025 y del 1,6% en 2026.

Pide mayor seguridad jurídica para adaptarse a las exigencias de las marcas y la competencia china

Las ventas de coches eléctricos –puros e híbridos enchufables– «están paralizadas» en Europa, y España no escapa de esta tendencia, según ha señalado el presidente de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos (Ganvam) Raúl Palacios.

A una semana para la celebración de las elecciones al Parlamento Europeo que se tendrán lugar el próximo 9 de junio –aunque hay países en los que se abrirán las urnas desde el día 6– la organización ha aprovechado la atención política para lanzar sus peticiones a los próximos europarlamentarios, a los que piden conformar «un marco comercial sólido» con el que garantizar inversiones e independencia económica a los distribuidores de vehículos con respecto a los fabricantes del sector.

Además, Las autoridades «deberían» fomentar y «apostar más» por la infraestructura de recarga de coches para incrementar las ventas de vehículos, ha señalado Palacios en declaraciones a Europa Press.

Las ventas de vehículos eléctricos puros llegarán a representar un 6% del total a finales de año, mientras que otro exiguo 6% corresponderá a los híbridos enchufables. Esto significa que poco más de uno de cada diez coches vendidos en España serán eléctricos a cierre de 2024, según las previsiones de Ganvam.

«El gran problema es que el vehículo eléctrico no está escalado en su producción», sentencia Palacios.

HACER FRENTE A LAS MARCAS CHINAS

Al tiempo, los aranceles que la Unión Europea tiene previsto aprobar a la importación de vehículos eléctricos procedentes de China podrían costarle a Pekín casi 4.000 millones de dólares (más de 3.600 millones de euros) en intercambios comerciales con el bloque comunitario.

En consecuencia, el número de vehículos eléctricos chinos importados a la UE se reduciría en una cuarta parte –unos 125.000 coches– si Bruselas impusiera un arancel del 20%, acorde a los datos ofrecidos en el último análisis sobre la economía mundial del Instituto Kiel.

Las ventas de vehículos de producción local –puramente europea– aumentaría, probablemente, en la misma proporción.

De momento, China no ha anunciado oficialmente ninguna represalia, aunque Pekín ha señalado que está dispuesta a imponer aranceles de hasta el 25% a los automóviles importados con motores de gran cilindrada, lo que afectaría sobre todo, a Mercedes-Benz y BMW.

Sobre esto, comenta Palacios que «la entrada de los competidores chinos se puede ver como «una oportunidad» a efectos de distribución, a pesar de que fabrican con costes operativos mucho menores que las marcas occidentales», si bien el directivo reconoce que esta situación puede terminar derivando en una reducción de la estructura de marca del país y, a futuro, minar la rentabilidad de la red comercial.

A cuenta de este asunto, Estados Unidos ha anunciado que aplicará la subida de aranceles del 25% al 100% para la importación de vehículos eléctricos de China desde el próximo 1 de agosto, cuando entrarán en vigor también los incrementos a la compra de baterías, microchips para la industria tecnológica y productos médicos.

LOS PROBLEMAS DEL CONTRATO DE AGENCIA

Sin embargo, el gran frente abierto por el sector de la distribución de vehículos es el de la normativa. «No se está regulando la política comercial del fabricante y esto influye en que los distribuidores podamos ser o no rentables», alega Palacios, quien asume próximas inversiones para «adaptarse a las nuevas estrategias de las marcas» –en especial, por la electrificación y la competencia china– aunque por ello pide «antes que nada seguridad jurídica».

«La rentabilidad la modula la política comercial del fabricante y pedimos que sea rentable», ha remarcado.

La Comisión Europea se comprometió a tener lista en 2023 una legislación para que los talleres independientes puedan innovar en su propuesta de servicios y competir en igualdad de condiciones con los servicios de los talleres de marca, algo que garantizará, en opinión de Palacios, «la libre competencia y ofrecerá mejores precios para los consumidores».

Además, el representante de la organización habla de la necesidad de impulsar desde Bruselas la «estrategia adecuada» para, haciendo cumplir a los Estados miembros la normativa comunitaria de competencia, corregir las prácticas con las que las compañías de seguros lastran la actividad de los negocios posventa para garantizar la rentabilidad de los talleres.

El sector se está enfrentando a un cambio de paradigma con la introducción del modelo de agencia para los distribuidores en los mercados europeos con los esfuerzos puestos en favorecer las ventas en línea de los coches.

«La inseguridad jurídica es una sensación generalizada en el sector en toda Europa», ha advertido en declaraciones a Europa Press.

Sin embargo, hoy por hoy, las ventas a particulares siguen realizándose en los concesionarios. En el caso de España, siguen representando casi el 45% del total.

«Hay fabricantes de vehículos que llegan a cambiar la política comercial tres veces en un mes, desde los tiempos de promoción a los sistemas de retribución», ha señalado Palacios, al tiempo que ha lanzado esta advertencia: «Si los cambios y las obligaciones para las marcas no llegan ahora, la oportunidad se pierde. El nuevo marco regulatorio tiene que darse durante la próxima legislatura».

Se complementa la asistencia personalizada por teléfono y el plan especial de asistencia para mayores de 65 en pequeños municipios

La Agencia Tributaria comienza a prestar desde este lunes, 3 de junio hasta el 1 de julio de 2024, el servicio de confección y presentación de declaraciones de la Renta correspondiente al año 2023 en sus oficinas, con solicitud de cita desde el 29 de mayo hasta el 28 de junio de 2024.

Al igual que en los años anteriores, la Agencia Tributaria ha aclarado que si en un momento dado el contribuyente no encuentra citas disponibles, ello no significará que no queden citas, sino que se volverán a abrir más citas en los días siguientes.

El plazo de presentación finalizará el 1 de julio para declaraciones tanto a ingresar como a devolver, si bien el plazo en las declaraciones a ingresar con domiciliación bancaria concluirá el 26 de junio.

Además de la vía telemática, la Agencia Tributaria puso en marcha este mes el plan ‘Le Llamamos’ para la confección de declaraciones de Renta por vía telefónica. Así, desde inicios de mayo y hasta el final de la campaña los contribuyentes que necesiten una asistencia personalizada podrán ser atendidos sin necesidad de desplazamientos a una oficina.

También ya está operativo desde principios de mes la principal novedad de esta campaña, que es el plan especial de asistencia a personas mayores de 65 años en pequeños municipios de la geografía española.

De esta forma, y gracias a la colaboración de los respectivos ayuntamientos, la Agencia ofrece a personas mayores residentes en más de 550 municipios de las 46 provincias del territorio en régimen común la confección de su declaración sin desplazamientos o, en algunos casos, con desplazamiento a un municipio muy cercano.

SINDICATOS DE AGENCIA TRIBUTARIA NO DESCARTAN HUELGA EN PLENA CAMPAÑA

Pero la Campaña de la Renta de este año está marcada por el conflicto iniciado por los sindicatos de la Agencia Tributaria para lograr mejoras salariales y laborales en esta administración.

Pese a la reunión con la directora general de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, los sindicatos han decidido mantener las movilizaciones ante la «falta de compromiso político y ausencia de oferta económica» para negociar mejoras retributivas y en la carrera profesional de la plantilla. Las organizaciones no descartan ningún escenario, incluida la huelga.

Desde la Agencia Tributaria, aseguran que tienen voluntad y autorización para negociar mejoras pero lo condicionan a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025. Pero los sindicatos consideran que esta oferta es insuficiente, ya que no hay garantías políticas ni retributivas.

UGT, SIAT, CSIF, CCOO y CIG, que representan a más del 80% de la Mesa General de la Agencia Tributaria, registraron la semana pasada en el Congreso una carta para pedir a los grupos parlamentarios la reprobación del presidente del organismo y secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, por la «grave situación» que atraviesa la Agencia Tributaria.

23.281.000 DECLARACIONES EN ESTA CAMPAÑA

La Agencia Tributaria prevé ingresar 18.908 millones de euros en la Campaña de Renta 2023 que arrancó el pasado mes, un 12,2% más respecto al ejercicio anterior, mientras que el importe a devolver a los contribuyentes será un 1,8% inferior, con 11.650 millones.

Está previsto que en esta campaña del IRPF se presenten un total de 23.281.000 declaraciones, un 1,2% más que el año anterior. De ese total, se prevé que den derecho a devolución casi un 63% de ellas –14.614.000, un 3% menos– por un importe estimado de 11.650 millones de euros.

¿QUIÉNES NO ESTÁN OBLIGADOS A DECLARAR?

En términos generales, no están obligados los contribuyentes con rentas exclusivamente procedentes del trabajo hasta un importe de 22.000 euros anuales. Sin embargo, este límite se reduce si los rendimientos proceden de más de un pagador (salvo excepciones), o también cuando el pagador no está obligado a retener y cuando los rendimientos están sujetos a un tipo fijo de retención. En tales casos, el límite es de 14.000 euros anuales.

Igual que el año anterior, tampoco estarán obligados los contribuyentes que cuenten con rendimientos del trabajo, capital y actividades económicas, así como ganancias patrimoniales (subvenciones, premios y otras), con el límite conjunto de 1.000 euros, junto con pérdidas patrimoniales inferiores a 500 euros.

Por otra parte, se recuerda que los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital deben presentar la declaración, de acuerdo con la normativa que establece el ingreso.

Redeia celebra este martes, 4 de junio, su junta general ordinaria de accionistas, en la que someterá a reelección los nombramientos de su presidenta, Beatriz Corredor, y de su consejero delegado, Roberto García Merino.

En concreto, los accionistas votarán la reelección como consejera, dentro de la categoría de ‘otros externos’, de Beatriz Corredor, así como la de consejero ejecutivo de García Merino por un periodo de cuatro años.

Junto a estos dos nombramientos, se propondrá a los accionistas del grupo a Guadalupe de la Mata Muñoz como nueva consejera independiente de Redeia.

De esta manera, Corredor afrontará un nuevo mandato al frente de Redeia, después de que fuera nombrada en febrero de 2020 presidenta de la entonces Red Eléctrica Corporación, y ratificada en la junta de ese mismo año, tras la dimisión en el cargo de Jordi Sevilla.

Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, Corredor es registradora de la propiedad desde 1993. Afiliada al PSOE desde 2003, fue secretaria de Mujer e Igualdad en la agrupación de San Blas-Canillejas de Madrid.

Fue ministra de Vivienda en la IX Legislatura, entre abril de 2008 y octubre de 2010, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, a partir de 2010 esa cartera se integraría en el Ministerio de Fomento, pasando Corredor a ocupar el cargo de secretaria de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas.

Otros cargos públicos que ha desempeñado son el de presidenta de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) y consejera de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), así como el de directora del Servicio de Estudios Registrales de Castilla-La Mancha desde 2002 hasta 2007 y el puesto de vocal-registrador en el Tribunal de Oposiciones al Cuerpo de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, siendo la primera mujer en ocupar el cargo.

Asimismo, de octubre de 2013 a junio de 2017 fue directora de Relaciones Institucionales del Colegio de Registradores de España y también es miembro del Bureau del Working Party in Land Administration, de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (Unece); mentora de la Fundación Endeavor España y profesora asociada de Derecho Civil en el máster de Acceso a la Abogacía (Universidad Nebrija), además de ponente y conferenciante.

Por su parte, García-Merino ocupa el cargo de primer ejecutivo de Redeia desde 2019, cuando fue nombrado consejero delegado tras el cese de Juan Francisco Lasala.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valladolid, PDG por el IESE y MBA por el Instituto de Empresa, García-Merino cuenta con una larga trayectoria en el grupo desde su incorporación en 2004, donde ha desempeñando distintas funciones vinculadas a la planificación estratégica y al desarrollo de negocio, especialmente en el ámbito internacional y en el ámbito de las telecomunicaciones.

DIVIDENDO

Junto a estos nombramientos, se propondrá a la junta el examen y aprobación de las cuentas de 2023, así como el reparto de un dividendo de 1 euro con cargo a los resultados del ejercicio pasado.

De este importe hay que detraer los 0,2727 euros por acción pagados a cuenta el pasado 5 de enero. El dividendo complementario de 0,7273 euros previsiblemente se abonará el próximo 1 de julio.

También se someterá las delegaciones a favor del consejo de administración, por un plazo de cinco años, de la facultad de aumentar el capital social en cualquier momento, en una o varias veces, hasta un importe máximo de 135,270 millones de euros.

Asimismo, la facultad, también por un plazo de cinco años, de emitir, en una o varias veces, directamente o a través de sociedades del grupo, obligaciones, bonos y otros instrumentos de renta fija o instrumentos de deuda de análoga naturaleza, tanto simples como convertibles o canjeables por acciones de la sociedad, de otras sociedades del grupo o de otras sociedades ajenas al mismo.

Además, se votarán las autorizaciones al órgano rector de la compañía para la adquisición derivativa de acciones propias y aprobación de un plan retributivo en acciones para empleados, miembros de la dirección y consejeros ejecutivos.

Telefónica se ha adjudicado por 4,35 millones de euros la licitación pública para la prestación del servicio de correo electrónico y colaboración de Radio Televisión Española (RTVE), según figura en el portal de contratación del Estado y recoge Europa Press.

En el pliego de prescripciones técnicas de la licitación se indica que RTVE requiere la contratación de un proveedor especializado que disponga de los medios tecnológicos y recursos técnicos adecuados para asegurar la calidad del mencionado servicio.

En ese sentido, la adjudicación busca «conseguir el diseño más adecuado del servicio para RTVE y su implementación mediante la configuración, instalación, puesta en servicio, operación y mantenimiento de las plataformas que conformen la infraestructura de red corporativa, integrada con otros servicios de comunicaciones de RTVE, durante toda la vida del contrato».

RTVE tiene implantado actualmente el servicio de correo electrónico y colaboración en ‘cloud’ Microsoft Office365, con las correspondientes licencias de utilización en modo suscripción para garantizar la compatibilidad con las herramientas ofimáticas utilizadas y para permitir el intercambio, edición y compartición de archivos de distintos tipos sin pérdida de funcionalidad.

Así, en el pliego se especifica que el número aproximado de usuarios finales de RTVE que utiliza los servicios de Microsoft Office365 es de 6.500 y teniendo en cuenta que, en el caso del correo electrónico, hay empleados que manejan una cuenta personal y una o varias genéricas.

Según la documentación publicada la de Telefónica ha sido la única oferta presentada para este contrato público.

El Tesoro arranca la próxima semana las subastas de junio, un mes que estará marcado por la decisión que adopte el Banco Central Europeo (BCE) en su reunión del día 6 (jueves) sobre los tipos de interés, para los que se espera una rebaja, salvo sorpresa.

Las decisiones de política monetaria afectan a las subastas del Tesoro, que en estos meses han visto crecer la remuneración ofrecida a los inversores, en línea con las subida de tipos. Esto ha provocado que el interés en la compra de deuda se incremente, especialmente en el caso de la adquisición de letras del Tesoro por parte los hogares.

Recientemente, el economista jefe del Banco Central Europeo (BCE), Philip Lane, ha dicho que, salvo sorpresas, la institución estará en condiciones de rebajar los tipos de interés en su reunión de la semana que viene, aunque ha advertido de que la política monetaria necesitará mantenerse en terreno restrictivo durante el resto del año y no será hasta 2025 cuando pueda discutirse su normalización.

En este contexto, el Tesoro retomará las emisiones de deuda en junio con una subasta el martes día 4 de letras a seis y doce meses. En la última emisión de este tipo, el organismo dependiente del Ministerio de Economía colocó 5.453 millones a tipos más bajos. En concreto, ofreció a los inversores una rentabilidad del 3,554% en las letras a seis meses y del 3,424% en la referencia doce meses.

Por su parte el día 6, coincidiendo con la reunión del BCE, el Tesoro subastará cuatro referencias de bonos y obligaciones del Estado.

Concretamente emitirá bonos del Estado a 3 años, con cupón del 2,50%; Obligaciones del Estado con una vida residual de 6 años y 11 meses, con cupón del 0,10%; Obligaciones del Estado indexadas a la inflación a 15 años y con cupón del 2,05% y Obligaciones del Estado a 30 años, con cupón del 4%.

Como tipo de interés marginal de referencia, los porcentajes se situaron en anteriores subastas en el 2,965% en bonos del Estado a 3 años; en el 1,335% en las Obligaciones del Estado indexadas a la inflación a 15 años y en el 4,002% en las Obligaciones del Estado a 30 años

PROGRAMA DE FINANCIACIÓN DEL TESORO PARA 2024

El Tesoro ya lleva emitidos 95.113 millones de euros a medio y largo plazo en 2024, el 54,9% de su programa de financiación a medio y largo plazo para 2024. La vida media de la deuda del Estado en circulación alcanza los 7,96 años y el coste medio de la cartera de deuda del Tesoro se sitúa en 2,159%.

En total, la estrategia de financiación del Tesoro de 2024 prevé unas necesidades de financiación nueva de en torno a los 55.000 millones para este ejercicio, lo que supone una reducción 10.000 millones respecto a las de 2023.

Por su parte, la emisión bruta prevista ascenderá a 257.572 millones de euros, un 2% superior a la de 2023, debido al incremento de las amortizaciones, y el grueso se cubrirá mediante la emisión de instrumentos a medio y largo plazo con el objetivo de mantener la vida media de la cartera de deuda pública.

Dentro de esa estrategia, el Tesoro tiene previsto recurrir nuevamente a las sindicaciones para la emisión de determinadas referencias de obligaciones del Estado.

Otros de los objetivos para 2024 serán mantener la diversificación de la base inversora y apostar por la emisión de bonos verdes como elemento estructural del programa de financiación, reforzando de esta forma el mercado de finanzas sostenibles en España.