La secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, María González Veracruz, ha asegurado que el proyecto de las empresas murcianas Odin Solutions (‘spin-off’ de la Universidad de Murcia) y TProtege en colaboración con la multinacional WISeKey para la implementación de un centro de excelencia en ciberseguridad y chips en esa comunidad autónoma tiene ya muy avanzado el encaje de los requisitos técnicos necesarios para una financiación parcial a través del PERTE Chip.

En este contexto, González Veracruz ha manifestado este jueves en la Universidad de Murcia (UMU) el apoyo del Gobierno para la implantación de ese centro y ha mantenido una reunión con representantes de las dos empresas murcianas (José Trigueros por parte de Odin y Francisco Martínez de TProtege) y de WISekey.

En el encuentro se ha trasladado el apoyo del Gobierno a esta iniciativa empresarial y se ha profundizado en los detalles del proyecto, que pretende implantar en la Región de Murcia un centro de diseño y personalización de chips de altas prestaciones en ciberseguridad, según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno y de la UMU en un comunicado.

En concreto, la colaboración entre WISeKey y las dos empresas murcianas pretende posicionarse a la vanguardia de la mejora de las capacidades de ciberseguridad y personalización de microchips en España a través de la transferencia de conocimientos de investigación sobre ciberseguridad con un alto «grado de maduración innovadora».

En ese sentido, desde el pasado julio se está trabajando de forma coordinada entre la Secretaría de Estado que dirige González Veracruz y los agentes implicados para el encaje de esta iniciativa en los instrumentos financieros del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica de Microelectrónica y Semiconductores de España (Perte Chip).

Este Perte, el de mayor envergadura de los trece que el Gobierno está impulsando para la reconversión económica del país, prevé movilizar 12.250 millones de euros hasta 2027 para consolidar la industria de los chips en el país.

En este contexto, la secretaria de Estado ha apuntado que el proyecto tiene ya muy avanzado el encaje de los requisitos técnicos necesarios para una financiación parcial a través del Perte Chip.

«Es una gran noticia que la Región de Murcia pueda situarse en el epicentro mundial de la ciberseguridad con esta iniciativa con el apoyo del Gobierno», ha afirmado.

González Veracruz también ha resaltado que «es todo un hito» porque supone implantar en Murcia una actividad industrial «clave en la era digital» y en el marco de la cuarta revolución industrial.

«Generará numerosos puestos de trabajo cualificado y podrá servir de sinergia para la Región de Murcia en un sector determinante como es el de la tecnología«, ha agregado.

También ha destacado el papel de la Universidad de Murcia como socio estratégico del proyecto por su trayectoria y excelencia en el ámbito de la investigación.

SOCIEDAD ESTATAL PARA LA TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA

La secretaria de Estado también ha comentado el reciente anuncio del Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, de crear la Sociedad Estatal para la Transformación Tecnológica (SETT).

Se trata de un ente público empresarial dedicado a la gestión, liderazgo y coordinación de las inversiones públicas en los ámbitos de innovación y nuevas tecnologías.

Ha explicado que la creación de la SETT es «un paso más en el ambicioso proceso de transformación tecnológica que está protagonizando España, que permitirá crear sinergias entre las distintas iniciativas en los ámbitos tecnológicos de vanguardia, actuar como interlocutor único con los principales agentes nacionales e internacionales, públicos y privados, y aprovechar aún mejor las ventajas competitivas del país».

González Veracruz ha puntualizado que la SETT reunirá bajo su dirección iniciativas ya existentes como el Perte Chip, dotado con 12.000 millones de euros para semiconductores y microelectrónica, el fondo NextTech, con 4.000 millones de euros para invertir en empresas con alto componente de innovación tecnológica o el fondo del Hub Audiovisual, con 1.700 millones de euros para las empresas de este sector.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado este, en el Boletín Oficial del Estado, sendas resoluciones para la ordenación de la pesquería de la sardina (sardina pilchardus) que se pesca en aguas ibéricas de la zona CIEM 8C y 9A para 2024, en base al acuerdo de gestión entre España y Portugal y la recomendación científica del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES, por sus siglas en inglés).

En una nota, el ministerio ha señalado que ha establecido la posibilidad de abrir la pesquería de la sardina en fechas diferentes en el Cantábrico y Noroeste y en el Golfo de Cádiz, respetando la parada temporal obligatoria de tres meses consecutivos para la recuperación de esta especie. Para esta campaña, la flota de cerco del Golfo de Cádiz podrá iniciar la pesquería de la sardina ibérica este viernes, 1 de marzo, lo que supone un adelanto de casi 20 días con respecto a la fecha de la campaña anterior.

En este sentido, esta decisión, que se ha adoptado siguiendo la mejor información científica disponible para la protección del recurso, se ha adoptado a petición del sector, que había solicitado un adelanto en esta pesquería para que coincidiera, en la medida de lo posible, con la apertura de la pesquería del boquerón, tras la finalización de la parada obligatoria que debía cumplir el cerco en el Golfo de Cádiz, establecida en el Plan de gestión para los buques de los censos del Caladero Nacional en esta zona. Esta medida contribuye a mejorar la gestión empresarial y la viabilidad socioeconómica de esta flota.

Asimismo, para 2024 se fija en 14.890,75 toneladas el limite de capturas de sardina ibérica que puede capturar la flota española. Esta cantidad se ha establecido en base al acuerdo alcanzado entre España y Portugal, que limita el máximo de capturas en 44.450 toneladas entre ambos países, con una reducción de más de 12.000 toneladas respecto a la campaña anterior, según ha explicado el Ministerio.

Para adoptar esta medida se ha tenido en cuenta la recomendación científica y el enfoque precautorio de la regla de explotación para la sardina ibérica evaluada por ICES.

De la cantidad asignada a España, 6.166.695 kilos corresponden a los buques de cerco del Golfo de Cádiz, cantidad que se distribuye individualmente por posibilidades de pesca a los barcos de dicho censo. Otros 8.317.392 kilos corresponden a los buques de cerco en el Cantábrico y Noroeste, así como a aquellos barcos que utilicen artes altamente selectivas, como el racú y la piobardeira.

Por su parte, 406.663 kilos están distribuidos entre los buques que utilicen artes de xeito. En este sentido, el Ministerio ha indicado que un año más, y por sus especiales características, la flota que utiliza el arte de xeito podrá realizar la pesquería de la sardina ibérica a lo largo de toda la campaña, hasta el agotamiento de la cuota que tenga asignada.

Por otro lado, el ministerio también ha publicado hoy en el BOE una resolución que establece el censo del arte de palangre de superficie para la captura de especies altamente migratorias. Esta regulación indica, para cada uno de los barcos, las zonas donde están autorizados a faenar con este arte, así como el porcentaje de posibilidades de pesca en los caladeros para los que dispongan de derecho de acceso sometidos a totales admisibles de capturas (TACs) y cuotas.

La Comisión Europea ha informado este jueves de su visto bueno a la alianza de Enagás Renovable, Prezero y ACES (Agbar) para un proyecto de biogás en España, al concluir que la operación no tendrá un impacto negativo en el espacio económico europeo ni en una parte sustancial del mismo.

En su examen preliminar, Bruselas considera que la operación no plantea problemas de competencia en tanto que la ‘joint venture’ planteada tendrá una actividad «insignificante» en el conjunto del espacio económico común.

La transacción se refiere principalmente al mercado del tratamiento de residuos orgánicos y la producción de biogás para su comercialización a través de la red gasista española, según ha indicado el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

El expediente, que le fue notificado a Bruselas el pasado 6 de febrero, ha sido examinado bajo el procedimiento simplificado que se aplica a los casos menos problemáticos.

España lidera la actividad del Fondo de Innovación de la Unión Europea (UE) con 23 proyectos seleccionados para recibir subvenciones por un importe de más de 570 millones de euros y 13 proyectos seleccionados para recibir asistencia técnica por parte del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha celebrado este jueves una jornada informativa con el fin de difundir la actividad del fondo y las características de la última convocatoria publicada para la selección de proyectos de grande, media y pequeña escala, así como para proyectos centrados en la fabricación de tecnologías limpias y proyectos piloto.

En concreto, la dirección general de Acción por el Clima de la Comisión Europea (DG Clima) y la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (Cinea) presentaron las principales características del Fondo de Innovación y la convocatoria abierta a finales de 2023 y compartieron mejores prácticas y lecciones aprendidas de anteriores convocatorias, ofreciendo orientación a los promotores que deseaban presentar propuestas a este instrumento de financiación europeo, informó el Ministerio.

Además, en la jornada diversos representantes de la Administración General del Estado, en concreto del Ministerio de Industria y Turismo, del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y de la secretaría de Estado de Energía, presentaron algunos de los instrumentos financieros y palancas disponibles para la financiación de proyectos innovadores en materia de descarbonización.

El Fondo de Innovación de la UE es un programa de financiación específico para el despliegue de tecnologías, procesos y productos innovadores con bajas emisiones de carbono gestionado por la Comisión Europea, cuyo objetivo es introducir en el mercado soluciones que contribuyan a cumplir los compromisos de descarbonización de la UE.

El Sistema de Comercio de Emisiones de la UE (EU ETS) proporciona los ingresos para el Fondo a través de la subasta de los derechos de emisión.

Este Fondo supone una gran oportunidad de financiación, en la que concurren de forma competitiva proyectos ubicados en todo el territorio de la UE, Noruega e Islandia. La convocatoria actualmente abierta cuenta con un presupuesto de 4.000 millones de euros y presenta novedades como la ampliación del alcance a nuevos sectores. El plazo para enviar solicitudes finaliza el próximo 9 de abril.

Se espera que durante esta década el fondo financie actuaciones para el despliegue de tecnologías, procesos y productos innovadores con un volumen de ayudas estimado de más de 40.000 millones de euros.

El grupo alemán Siemens Energy se ha asegurado con un consorcio formado por 26 bancos internacionales una línea de crédito renovable o ‘revolving’ (RCF) de 4.000 millones de euros en sustitución de una línea existente de la propia compañía y de otra de Siemens Gamesa.

Según ha indicado un portavoz de la compañía germana, la nueva línea de crédito reemplazará una RCF de 3.000 millones de euros de Siemens Energy y otra RCF de 2.000 millones de Siemens Gamesa Renewable Energy.

La facilidad, vinculada al desempeño ESG y disponible desde el final de febrero, tiene un plazo de cinco años, con la posibilidad de extenderse en dos ocasiones por un año adicional.

«Esta estructura está en línea con las líneas de crédito renovables típicas para empresas con grado de inversión«, indicaron desde la empresa alemana.

La agencia de calificación crediticia S&P Global confirmó el pasado mes de diciembre la nota ‘BBB-‘ de Siemens Energy y retiró su amenaza inminente de rebaja de rating, aunque mantiene una perspectiva negativa sobre la nota de solvencia de la compañía, después del plan de desinversiones anunciado por la empresa y la expectativa de que los problemas operativos detectados en su filial Siemens Gamesa (SGRE) sean abordados adecuadamente.

De su lado, Siemens Energy reconoció este lunes que necesitará de varios años para terminar de abordar los problemas detectados en las turbinas defectuosas de su filial española Gamesa y que le provocaron pérdidas de 4.532 millones de euros en el ejercicio fiscal 2023, lo que, a su vez, derivó en una línea de avales por parte del Gobierno alemán con un coste anual medio para el grupo de 100 millones de euros.

La red de servicios profesionales Grant Thornton International aumentó en 2023 sus ingresos mundiales hasta alcanzar la cifra récord de 7.500 millones de dólares (6.925 millones de euros), lo que representa un crecimiento del 10,9% con respecto a 2022.

La firma registró un alza de dos dígitos en todas las principales líneas de servicio. De esta forma, la unidad de auditoría y ‘assurance’ ha sido la que más ha crecido, con un aumento del 14,5%, hasta brindar 3.200 millones de dólares (2.955 millones de euros), seguida de la de asesoría, que se anotó una mejora de más del 11,8% y generó 2.700 millones de dólares (2.493 millones de euros).

Mientras, la división impositiva y legal amplió su facturación un 10,8%, hasta situar sus ganancias en más de 1.600 millones dólares (1.477 millones de euros).

Los resultados por áreas geográficas también han sido «buenos», liderados por la región Europa, Oriente Medio y África, que avanzó un 12,8%, hasta los 2.800 millones de dólares (2.585 millones de euros); seguida de Asia-Pacífico, que elevó sus ingresos un 11,2%, hasta los 1.300 millones de dólares (1.200 millones de euros) y América, que hizo lo propio en un 9,3%, hasta los 3.400 millones de dólares (3.139 millones de euros).

En este sentido, los resultados por país y firma individuales son «excelentes», dado que más del 60% han registrado crecimientos de dos dígitos en el ejercicio cerrado.

Por otro lado, la plantilla de Grant Thornton también ha pasado de 68.000 profesionales a casi 73.000 tras reforzarse el equipo de todas las unidades de negocio.

«Estos resultados subrayan la excepcional capacidad de la red para lograr un crecimiento sostenible a pesar de los continuos retos en los diversos mercados en los que operan nuestras firmas miembro. Todas ellas han demostrado su resistencia en los últimos años frente a las perturbaciones geopolíticas, económicas y regulatorias, y estos resultados muestran su éxito a la hora de ayudar a los clientes a navegar por esta volatilidad», ha afirmado el consejero delegado de Grant Thornton, Peter Bodin.

La multinacional está inmersa en el despliegue de su estrategia global actual hasta 2025, denominada ‘Go Beyond’, que pasa por «afianzar las capacidades globales de la red en todos los países en los que opera, con la máxima calidad y gestión del riesgo, así como la extensión en todo el mundo de una cultura corporativa vibrante, diversa, inclusiva y segura, en la que todos sus profesionales puedan desarrollarse.

Según el presidente de Grant Thornton en España, Ramón Galcerán y que este año también ha sido designado como nuevo miembro de la ejecutiva global de la firma, «perseguimos un crecimiento sostenible de cada una de nuestras líneas de servicio, intentando también desarrollar aquellas que el propio mercado nos está solicitando, como pueden todas nuevas necesidades relacionadas con ESG o innovación e inteligencia artificial».

El Euríbor ha cerrado el mes de febrero situado en el 3,671%, a falta de confirmación por parte del Banco de España, lo que supone un nuevo repunte respecto al 3,609% registrado en el mes de enero y un alza en comparación con el 3,534% observado un año antes.

Los deudores que tengan que revisar su hipoteca tomando como referencia el dato de Euríbor de febrero experimentarán el menor encarecimiento en casi dos años, ya que el diferencial respecto a febrero de 2023 es apenas de 13,7 puntos básicos. En enero, este diferencial era de 27,2 puntos básicos.

Durante el segundo semestre de 2022 y el primero de 2023, con el cambio de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) se produjo un repunte muy rápido del Euríbor, registrando encarecimientos interanuales que llegaron a superar los 380 puntos básicos (3,8 puntos porcentuales).

De esta forma, aunque la tasa de referencia avanzará levemente en febrero frente a enero, todavía se sitúa por debajo de los máximos de 4,15% registrados durante el verano del año pasado.

Según explica el director de Hipotecas del comparador y asesor hipotecario iAhorro, Simone Colombelli, el Euríbor es un indicador «volátil» y que suba o baje un poco cada mes es esperable. «Lo que no esperamos es que vuelva a situarse por encima de la barrera del 4% o que baje de repente a niveles más cercanos al 3%; esto no sería lógico a menos que se produzca un cambio macroeconómico inesperado (una guerra, una pandemia, una bajada de los tipos de interés oficiales…)», ha indicado.

El dato de febrero implica que para una hipoteca modelo a tipo variable, el encarecimiento de la cuota sería de unos 12 euros al mes. Este cálculo, asume un capital pendiente de pago de 150.000 euros y un plazo residual de 30 años, con un diferencial del 0,99% más el Euríbor.

Los encarecimientos para las hipotecas reales serían menores, ya que en este ejemplo se contabiliza todo el capital de la hipoteca con todo el plazo aún por cumplir. Con el sistema de amortización utilizado en España, los primeros años de cuota es cuando se pagan más intereses, por lo que hipotecas más maduras afrontarían alzas en su cuota menores.

«Pese a que el Euríbor haya subido levemente, si miramos su evolución a largo plazo, seguimos en un momento de estabilidad dentro de la bajada que se prevé que registre este indicador», ha añadido Colombelli.

Para el analista del comparador HelpMyCash, Miquel Riera, «el mercado se pasó de optimista al esperar una pronta bajada de los tipos del BCE» y por eso el Euríbor llegó a situarse muy cerca del 3,5%. «En febrero, en cambio, ha tenido que ajustar sus previsiones a la realidad y eso explica por qué este índice ha repuntado ligeramente«, ha asegurado.

Con Riera coincide la portavoz del comparador Kelisto, Estefanía González. «Los datos demuestran que la euforia con la que terminó 2023 y comenzó 2024 -ante la expectativa de una posible bajada de tipos en marzo- se empieza a desvanecer y que los mercados empiezan a confiar en los sucesivos avisos del Banco Central Europeo», ha agregado.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha exigido al Gobierno que se mantenga el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en el 10% para la electricidad, ya que «es un servicio de primera necesidad para los consumidores».

En un comunicado, la asociación recordó que otros países como Bélgica y Portugal han aprobado la aplicación de un IVA aún más bajo, con un valor superreducido del 6%.

La electricidad recuperará su IVA habitual del 21% en el mes de marzo, después de que el precio del mercado mayorista haya registrado una media inferior en febrero a los 45 euros por megavatio hora (MWh), el tope fijado en el Real Decreto de medidas urgentes.

El último Consejo de Ministros del año pasado aprobó que el IVA de la electricidad pasara del 5% al 10% y que se mantuviera ese tipo hasta finales de 2024, siempre que se cumpliera la condición de que los precios del MWh en el mercado mayorista se mantuvieran altos, por encima de esos 45 euros/MWh.

En concreto, el IVA pasaría a ser el 21% siempre que el mes natural anterior al del último día de facturación el precio mayorista se situara por debajo de ese listón. Es decir, todas las facturas que incluyan el consumo de al menos un día de marzo, pasarán a tener el IVA del 21%. Tan solo los hogares con el bono social se libran de este incremento ya que su IVA se mantendrá en el 10% durante todo 2024.

La producción renovable, especialmente la eólica, ha sido muy alta durante febrero, debido al paso de varias borrascas. Eso ha llevado a reducir los precios de la electricidad hasta situar la media del ‘pool’ en febrero en los 40 euros/MWh.

SUPONDRÍA UN AUMENTO DE 62 EUROS EN LA FACTURA ANUAL

Según cálculos de OCU, un hogar medio con la tarifa regulada -el denominado PVPC-, con una potencia de 4,6 kW y un consumo mensual de 292 kWh de consumo mensual, pagará este mes 51,64 euros durante el mes de febrero, pero en el momento que incluya consumos de marzo, el IVA aplicado será del 21% y el recibo se elevaría a 56,81 euros.

De esta manera, la organización estimó que el incremento en el IVA eliminaría la rebaja de los mercados y supondría un aumento de 62 euros al año en las facturas de un usuario medio de mantenerse en el 21%.

Además, aunque los precios de la energía en el mercado diario han bajado sustancialmente por esa mayor presencia de las renovables, la tarifa regulada no ha bajado tanto, ya que la nueva metodología de cálculo que entró con la llegada de 2024 ya no depende enteramente de ese mercado diario, sino que otorga un peso del 25% a los mercados de futuros. Con ese ‘ajuste’, en este mes en concreto*el PVPC del mes de febrero se ha encarecido en un 14%.

Así, el nuevo sistema penaliza la factura de los hogares con PVPC, pues si en el mercado diario hay bajadas, no se trasladan rápidamente. En concreto, con el antiguo cálculo que no incluía ese ajuste de futuros, la factura del PVPC sería de 47,10 euros con el IVA del 10% -51,8 euros con el IVA de 21%-. Es decir, el ajuste del mercado de futuros este mes ha encarecido la factura en un 10% (4,53 euros).

La Asociación del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC) ha demandado al Gobierno central y a los autonómicos «su intervención inmediata con medidas eficientes» para acabar con los cortes y bloqueos que se están produciendo «indiscriminadamente» en las carreteras desde el pasado 6 de febrero, cuando comenzaron las protestas de los agricultores y ganaderos españoles.

El vicepresidente ejecutivo de ASTIC y miembro del comité ejecutivo de presidencia de la Organización Internacional del Transporte por Carretera (IRU), Ramón Valdivia, ha asegurado que les parece «totalmente incomprensible e inadmisible que desde las distintas administraciones, central y autonómicas, no se sea eficaz a la hora de impedir que estas protestas afecten de manera tan negativa e indiscriminada» a la libre circulación de los camiones.

ASTIC ha asegurado que sus empresas de transporte llevan 23 días sufriendo bloqueos y, en algunas ocasiones, ataques a sus vehículos y mercancías, en cientos de carreteras y autovías, puertos e infraestructuras logísticas del país.

Asimismo, ha denunciado que muchos transportistas siguen sin poder realizar su trabajo adecuadamente, a pesar de que en la reunión que se mantuvo el pasado día 7 entre el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) y el ministro de Transportes, Óscar Puente, se comprometió a trabajar conjuntamente con el Ministerio de Interior para garantizar el derecho a la libre circulación de todos los vehículos.

Valdivia ha asegurado que entienden y respetan «las reivindicaciones de los agricultores y los ganaderos», pero no comprenden que «para hacerse oír necesiten secuestrar la labor de las compañías transportistas».

Además, ha manifestado que se consideran «aliados de estos sectores», a los que posibilitan el desarrollo de su actividad transportando, no sólo sus productos, sino también el combustible, los fertilizantes, el pienso o los propios animales.

El bloqueo de carreteras mediante tractoradas no sólo perjudica a las empresas transportistas del país, que llevan perdidos cientos de millones de euros por estas protestas en territorio nacional, «sino también a compañías de muchos otros sectores económicos que se ven indirectamente afectadas por estos disturbios al no poder enviar o recibir productos de toda índole», ha insistido ASTIC.

Valdivida ha señalado que la frontera con Francia es la principal puerta de entrada de los productos españoles al resto de Europa, con más de 20.000 camiones circulando cada día en ambas direcciones de la frontera, «por lo que el corte de vías tan estratégicas como la AP-7 en Cataluña, que lleva desde el martes bloqueada, ya está impactando en las exportaciones e importaciones».

El pleno del Parlamento Europeo ha dado este jueves su visto bueno al nuevo Acuerdo de Asociación Económica entre la Unión Europea y Kenia, el primero de este tipo que el bloque comunitario establece con un país en desarrollo incluyendo también una dimensión comercial y de desarrollo sostenible.

El nuevo marco, que necesita aún luz verde formal de los Veintisiete, incluye disposiciones vinculantes y ejecutables sobre estándares y acuerdos internacionales en materia de trabajo, igualdad de género, clima y medio ambiente; incluidas cláusulas que impiden a las partes reducir los estándares laborales y medioambientales. Además, las cláusulas sobre comercio y desarrollo sostenible serán vinculantes e incluyen un mecanismo específico de resolución de disputas.

El acuerdo ofrece un acceso al mercado de la UE libre de aranceles y cuotas a todas las exportaciones de Kenia –excepto material de defensa– así como una apertura parcial y gradual del mercado keniano a las importaciones procedentes de la UE, si bien podrá excluir de la liberalización ciertos productos sensibles.

Según datos ofrecidos por Bruselas, que negocia los acuerdos comerciales con terceros países en nombre de los Veintisiete, la Unión Europea es el primer destino de las exportaciones de Kenia y el segundo mayor socio comercial de este país, con un volumen de 3.300 millones de euros en intercambios comerciales en 2022.

Las importaciones de la UE desde Kenia ascienden a 1.200 millones de euros y son principalmente hortalizas, frutas y flores. Las exportaciones de la UE, por su parte, ascienden a 2.020 millones de euros y se destinan principalmente a productos minerales y químicos y a maquinaria.

La compañía de servicios ‘cloud’ Evolutio, cuyo principal accionista es la gestora independiente de capital privado Portobello Capital, ha adquirido –por un importe no revelado– la empresa tecnológica portuguesa especializada en ciberseguridad y conectividad Securnet, según ha informado en un comunicado.

Securnet, con sedes en Oporto y Lisboa, cuenta con «una amplia y consolidada cartera de clientes», por lo que Evolutio considera que esta operación le permite sumar «talento y capacidades», fortalecer su portfolio de servicios y ampliar la «aportación de valor» a sus clientes.

«A través de esta operación, que se suma a la adquisición de Warpcom en 2021, Evolutio se posiciona como el principal integrador de servicios de ciberseguridad y SD-WAN del mercado portugués, y uno de los más importantes a nivel ibérico. Con la ratificación de esta compra, la tecnológica española continúa avanzando en su plan de crecimiento, en el que como grupo prevé una facturación de 400 millones de euros en el 2024″, ha destacado la empresa.

Además, Securnet cuenta con una serie de certificaciones «del más alto nivel» que le permite acceder, tratar, custodiar y almacenar información clasificada como «secreta», tanto a nivel nacional como en la Unión Europea (UE) y para la OTAN.

De este modo, las dos firmas consideran que esta operación servirá como palanca para acelerar su crecimiento y su cuota de mercado.

El consejero delegado de Evolutio, Jacinto Cavestany, ha destacado que la adquisición de Securnet refuerza las capacidades de su compañía para proteger los sistemas y redes de sus clientes.

En tanto, el consejero delegado de Securnet, Miguel Santiago, ha puesto en valor que las capacidades de su firma «encajan a la perfección con la propuesta de valor» de Evolutio y también que abre «nuevas oportunidades» a su empresa.

El Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre trabajadores domésticos ha entrado en vigor para España este jueves, 29 de febrero, según ha informado UGT, que ha recordado que, a 1 de enero, había un total de 370.688 afiliados en el sistema especial de Empleados de Hogar, de los que el 96% eran mujeres.

El sindicato ha denunciado que, pese a los avances legislativos, esta actividad de mujeres, más de la mitad de ellas migrantes, «sigue marcada por la precariedad de las condiciones de empleo, la no equiparación con el resto de trabajadoras y la utilización de esta actividad para afrontar necesidades sociales que deberían estar cubiertas por las administraciones en forma de gasto en protección social que atendiera las necesidades de cuidados».

Según UGT, el 2% de las mujeres de nacionalidad española y el 14% de las mujeres de nacionalidad extranjera que están afiliadas a la Seguridad Social, lo están al Sistema Especial de Empleados de Hogar.

Esta actividad, advierte el sindicato, tiene el porcentaje más alto de trabajo a tiempo parcial, el 52,8%, y el salario medio bruto mensual más bajo, de 981 euros. «Un trabajo que, en muchos casos, se desarrolla de manera irregular y donde perviven situaciones que son inconcebibles en el siglo XXI, como las más extremas formas de trabajo interno o la preeminencia de la relación de confianza sobre los derechos y obligaciones que marcan una relación laboral», añade.

Para UGT, resulta también una «preocupante realidad» que en 2022, según la memoria de la Fiscalía General del Estado, se abrieran seis diligencias de seguimiento por delito de trata de seres humanos en el sector de trabajo doméstico.

Sin perjuicio de que la reforma que se llevó a cabo en 2022 para reconocer el derecho a cotizar y percibir la prestación por desempleo o la desaparición de la forma de extinción del contrato del desistimiento, UGT denuncia que «siguen perviviendo elementos que configuran una situación de precariedad».

«La inclusión de esta actividad en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales sigue, casi un año y medio después, sin el desarrollo reglamentario que debe concretarla. Y, pese a la preocupación generalizada de las administraciones públicas por los cuidados, éstas siguen sin asumir su responsabilidad en la cobertura de las necesidades sociales mediante cuidados profesionalizados bajo una relación laboral común o de empleo público», se queja el sindicato.

Con la entrada en vigor del Convenio 189, UGT considera «imprescindible» que el Gobierno proceda a abrir una mesa de diálogo social para poner en práctica tanto sus disposiciones como otras cuestiones pendientes.

Así, UGT quiere abordar el desarrollo reglamentario de las previsiones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales; la intervención de las agencias de colocación y plataformas digitales en este sector; medidas relativas a la Inspección de Trabajo; protección efectiva contra toda forma de abuso, acoso y violencia; la utilización de la relación laboral especial para cubrir trabajos profesionalizados que deben ser objeto de una relación laboral común; el trabajo interno y la limitación de las horas de presencia; o la evaluación de las bonificaciones a la parte empleadora en la cotización al Sistema Especial de Empleados de Hogar que se prevé para octubre de este año.