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La hoja de ruta hacia la neutralidad climática entra en la recta final de su tramitación. El Consejo de Ministros aprueba este martes el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (APLCCTE) para su remisión a las cortes, tal y como anunció este lunes la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera.

El texto legal que trata de adaptar las necesidades energéticas al cumplimento de los compromisos para combatir el cambio climático tiene como último propósito -y más elevado- la neutralidad climática para España en 2050. Un objetivo que se desdibuja entre el deseable bienestar económico y el maltrecho medio ambiente. Y una Ley demandada desde hace casi una década, poco ambiciosa para algunos y menos realista para otros. El debate parlamentario promete. La polémica está servida.

Si la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa en 2018 y la creación del Ministerio para la Transición Ecológica aceleraron de forma notable la política climática, el pacto con sus actuales socios de Gobierno de Unidas Podemos ha supuesto el impulso a objetivos todavía más ambiciosos de los planteados inicialmente. El compromiso de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en la economía española para el 2030 pasa del 20% al 23%, respecto a la referencia del año 1990, mientras que Europa aspira a que las emisiones bajen entre el 50% y el 55%.

También se ha elevado la meta de la aportación de las fuentes renovables al consumo final de energía, del 35% al 42%. Además, de aquí a diez años, se fija que el 74% de la generación eléctrica tenga origen renovable (el porcentaje inicial estaba en el 70%). Desde 2021 se convocarán subastas para impulsar la construcción de, al menos, 3.000 MW de instalaciones renovables. Y en materia de eficiencia energética, España tendrá que disminuir el consumo de energía primaria un 39,5% (frente al 35% anterior), según el acuerdo entre ambas formaciones.

Para potenciar el sector de las renovables, el nuevo anteproyecto de Ley impulsa la hibridación -solar/eólica, por ejemplo-. En estos casos, se podrá evacuar la energía utilizando el mismo punto de conexión y la capacidad de acceso ya concedida. Además se contempla la repotenciación de las instalaciones, que podrán aumentar su potencia instalada hasta alcanzar la máxima que se le permite verter a la red.

En cuanto a la movilidad y su incidencia en los objetivos por el clima, el horizonte cambia de fecha. 2040 marcará la caducidad de los vehículos de combustión, según el texto. Dentro de 20 años no podrán circular nuevos coches emisores de CO2 (gasolina, diésel, gas e híbridos) y que el parque de vehículos ligeros no emita CO2 será una exigencia en 2050.

EL PP RECLAMA UNA PLANIFICACIÓN RIGUROSA

Para el Partido Popular (PP) esta ley “nace torcida y mal”, pues no ha revisado el PNIEC en el contexto de la nueva situación económica, “por tanto si el diagnóstico es erróneo, las soluciones también lo son y el dictamen del Consejo de Estado –previo al anteproyecto- es de fecha 12 de marzo, es decir, pre estado de alarma”.

“Creemos, en un desarrollo verde, en la implantación de energías renovables y en la descarbonización de nuestra economía. Nos alineamos con la hoja de ruta de la Comisión Europea de hacer de Europa el primer continente climáticamente neutro en 2050, pero lo creemos en base a la seguridad jurídica, a la certidumbre económica y al desarrollo de oportunidades laborales que garanticen el futuro de España”, explica el portavoz de Energía del PP en el Congreso, Juan Diego Requena, en declaraciones a MERCA2.

En palabras del parlamentario popular “es incongruente, anunciar una subida de objetivos renovables, si en dos años, no se ha desarrollado un marco estable de subasta pública de renovables y no se ha subastado ni un solo megavatio”. Por otro lado, también expresa la preocupación del PP por los objetivos de movilidad: “nuestro país, tiene una potente industria automovilística, que no se puede quedar fuera de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y sin un apartado de incentivos a la industria automovilística para su modernización y adaptación a la nueva realidad energética y de movilidad, se puede poner en peligro un sector estratégico y puntero en el mundo”, asegura.

“Este Gobierno, ha hecho algo muy peligroso, y es modificar toda la estrategia energética en base a criterios ideológicos y de contentar a sus socios de gobierno, pero sin hacer cálculos en base a previsiones claras”, comenta Requena y pone un ejemplo: “los objetivos cuantificados en el PNIEC, en el borrador de la Ley de Cambio Climático y lo acordado con Podemos, representan tres cifras diferentes, eso evidencia la improvisación, un atrevimiento muy desmedido y falta de seriedad”.

“Nos preocupa igualmente la falta de concreción de las energías de respaldo para la consecución de los objetivos y la garantía de la seguridad en el suministro energético, el Gobierno lo encomienda todo al ciclo combinado, pero consideramos que hay tecnologías muy importantes, que pueden ayudar a un mix energético descarbonizado y con garantías y seguridad”, asevera el diputado del PP.

“En resumen, concebimos este proceso sobre la base del diálogo y el consenso, como una oportunidad de crecimiento, innovación y empleo, con una planificación rigurosa, y sin dejar a nadie atrás, que es justamente lo contrario a lo que está haciendo el Gobierno y la vicepresidenta”, finaliza Requena.

FLEXIBILIDAD Y REALISMO

El senador de Vox, José Manuel Marín, increpaba este lunes en la Cámara Alta a Ribera en relación al anuncio de la remisión parlamentaria del anteproyecto de ley: “veremos cómo mantiene la economía de miles y miles de españoles, cómo cuida el mundo rural, y cómo evita la pérdida de los millones de empleos de la industria tradicional”, y ha insistido en que “la transición tiene que ser justa no sólo con el medio ambiente, sino con todos los españoles”.

“Usted sabe que la energía nuclear es limpia, no emite gases contaminantes, es absolutamente compatible con sus planes de transición energética y, hoy por hoy, es la base de nuestra energía”, ha manifestado el senador, quien ha reprochado a Ribera que “ya tenga preparado el plan de eliminación de la energía nuclear española”.

Por otro lado, fuentes de Ciudadanos (Cs) consultadas por MERCA2 comentaban que, hasta el día de ayer, “pocas cosas se saben sobre la propuesta, salvo las grandes proclamas de la ministra Ribera, que se basan en unas metas irrealizables y un dogmatismo exacerbado en lo que respecta a determinadas tecnologías que también pueden contribuir a la descarbonización”. En este sentido, desde la formación naranja afirmaban que era una “mala noticia que el Gobierno pierda pie con la realidad y con sus propias posibilidades, también en cuanto a frustrar a los ciudadanos se refiere”.

“Por nuestra parte, trataremos de mejorar el texto, -cuando llegue al Congreso-, con un enfoque práctico que persiga los objetivos previamente descritos”, ultiman las mismas fuentes. Desde Cs “apostamos por una transición inteligente, basada en la adopción de los objetivos de descarbonización comunitarios y los principios de neutralidad tecnológica y coste-eficiencia”, concluyen.

En cuanto a la ambición de los objetivos, desde un punto de vista jurídico, “ciertos aspectos tienen un marcado carácter programático, más que normativo o coercitivo”, explica a MERCA2 Carolina González, del Departamento de Energía del despacho internacional de abogados Bird & Bird, rebajando así el alcance práctico de la ley. Sin embargo, “también es preciso dotar a la norma de flexibilidad y realismo atendiendo a las circunstancias cambiantes de la economía española, a partir de aquí, el debate parlamentario se prevé intenso”, afirma González.

ELÉCTRICAS, GASISTAS Y ACTIVOS DE ORIGEN FÓSIL

Según consta en el proyecto de Ley, el Gobierno prohibirá a las eléctricas y gasistas destinar los recursos obtenidos a través de actividades reguladas a financiar sus negocios liberalizados. Las empresas transportistas de electricidad y gas (como REE, Enagás o las grandes eléctricas -Iberdrola, Endesa o Naturgy- y gasistas -Redexis, Nortegas o Madrileña Red de Gas-, entre otras) no podrán otorgar préstamos, prestar garantías o avalar préstamos de otras sociedades del grupo o partes vinculadas que realicen actividades liberalizadas u otras actividades ajenas al sector.

Por otro lado, el Gobierno procederá a la desinversión estatal en todos aquellos activos en empresas o entidades que incluyan la extracción, refinado o procesado de productos energéticos de origen fósil. De este modo se establece que la aplicación de nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil deberá estar debidamente justificada por motivos de “interés social, económico o atendiendo a la inexistencia de alternativas tecnológicas”.

A partir de la entrada en vigor de la futura ley no se otorgarán nuevas autorizaciones de exploración de hidrocarburos en todo el territorio nacional. Tampoco se autorizará la fracturación hidráulica de alto volumen, el fracking.

UN ANTEPROYECTO LARGAMENTE DEMANDADO

El anteproyecto de ley y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) son dos de los grandes pilares del Marco Estratégico de Energía y Clima para el periodo 2021-2030. Se trata de dos instrumentos que son complementarios y coherentes entre sí, puesto que el anteproyecto marca  un suelo incrementable por el PNIEC.

Mientras el anteproyecto establece el marco institucional cuya función principal es marcar la dirección del país hacia la neutralidad climática, el PNIEC es un instrumento de planificación revisable que define los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de penetración de energías renovables y de eficiencia energética, así como las líneas de actuación y la senda para alcanzarlos.

La Comisión Mixta Congreso/Senado para el Estudio del Cambio Climático recomendó al Gobierno elaborar este anteproyecto de ley en el año 2011. El texto responde al compromiso adquirido mediante la firma del Acuerdo de París y constituye un marco normativo que trata de aportar “estabilidad y certidumbre” para orientar la descarbonización de los diferentes sectores de la economía española a 2050 y facilitar una transformación, gracias a la cual, “el país ganará en prosperidad, seguridad, generación de empleo, innovación, desarrollo tecnológico y justicia social”, explican desde el MITECO.

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Asimismo, se alinea con “El Pacto Verde europeo”The European Green Deal-, acordado por la Comisión Europea en diciembre de 2019, que establece una nueva estrategia de crecimiento para transformar la Unión Europea en una sociedad justa y próspera, con una economía moderna, eficiente en el uso de sus recursos y competitiva, y que alcanzará la neutralidad climática en 2050.

El borrador actualizado del PNIEC fue remitido a la Comisión Europea en febrero. El nuevo texto ha integrado todas las recomendaciones que hizo la Comisión, las alegaciones recibidas en el proceso de consulta pública de marzo de 2019 e incluye nuevas medidas y mayor detalle en la información, reforzando los objetivos y resultados.

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