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Luke Sharrett/Bloomberg

La batalla para eliminar o reducir el azúcar de las bebidas no cesa. Algunas comunidades como Cataluña ya la tienen su tasa y otras como Valencia se lo están planteando. Con la llegada del nuevo Ejecutivo socialista al poder existe la posibilidad de que llegue al Congreso. No obstante, Coca-Cola ya ha pedido que no se discrimine con un impuesto de este tipo a las bebidas.

El director general de Coca-Cola Iberia, Juan Ignacio de Elizalde, se ha mostrado dispuesto a trabajar con el Gobierno de Pedro Sánchez para seguir reduciendo el azúcar en sus productos”, al tiempo que ha pedido que se mantenga un “sistema más estable” y “sin cambios de reglas”. Este considera que la tasa sobre el azúcar “es discriminatoria” porque “no corrige el problema de la obesidad”, ha señalado durante su intervención en un desayuno informativo organizado por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

“Sabemos de estudios que dicen que poner esta tasa no genera un cambio en el comportamiento de los consumidores. Creemos que hay que otras medidas como el reformular los productos, que es el camino que tiene impacto en la dieta. Como industria hay que trabajar con el Gobierno, pero sin que se discrimine a una categoría”, ha añadido.

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Francia, Hungría, Italia o Reino Unido implantaron o planean implantar este tipo de impuesto. En España, de momento, la guerra contra el azúcar va por comunidades autónomas. Aunque se planteó aprobar el impuesto a nivel nacional, nunca pasó la votación en el Congreso. En Cataluña sí aprobó una tasa específica, mientras que la Proposición No de Ley de Compromís para imponer una tasa a las bebidas azucaradas puede no ver la luz en esta legislatura.

Con respecto al nuevo Gobierno ha destacado los nuevos movimientos políticos. “El movimiento político de noticias fue más del que había visto en los últimos tres años en Bélgica. Pretendemos tener un sistema más estable y sin cambios de reglas que nos permita tomar decisiones y seguir invirtiendo”, ha señalado.

Coca-Cola celebra sus 65 años de historia con el propósito de “seguir haciendo un país mejor y en 2017 contribuimos a la economía española con 6.315 millones de euros y empleamos directamente a más de 4.000 personas”.

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