El salón de plenos del Ayuntamiento de Barcelona vivió una de sus sesiones más intensas el pasado 15 de abril. Ese día Ada Colau estalló en público al considerar que era «el colmo» que el PDeCAT y la CUP le tumbasen una consulta sobre la gestión municipal de las aguas después de que ambas formaciones «se hayan llenado la boca del derecho a decidir».
Esta fue la gota que colmó el vaso de la alcaldesa, que mantiene un pulso abierto desde hace meses con la concesionaria del servicio, Agbar. Barcelona en Comú no esconde que tiene la intención de remunicipalizar la gestión de un bien básico.
De hecho, los servicios jurídicos del Ayuntamiento estimaron en 41 millones de euros la compensación que la Ciudad Condal debiera abonar a una compañía que sin embargo eleva la cifra a 500 millones.
La diferencia sobre el servicio de abastecimiento de agua domiciliario en Barcelona tuvo su segundo episodio con la venganza de Agbar, que reclamó en julio al Área Metropolitana de Barcelona, presidido por Colau, una deuda de 13,58 millones de euros por la actividad de saneamiento de aguas residuales.
LOS CHANCHULLOS DE AGBAR
El País demostró en 2015 que eL Grupo Agbar fue el mayor donante de la fundación CatDem, vinculada con Convergència.
Según el citado medio, «Sorea y Aquagest, dos filiales del grupo, aportaron a la fundación 715.000 euros, con donaciones superiores a los 100.000 euros entre 2008 y 2011, que descendieron bruscamente hasta desaparecer por completo en el último ejercicio«.
La concesionaria aportaba más del 15% del monto que recaudaba la formación nacionalista a través de esta trama fraudulenta. Y detrás de la posible contraprestación se encuentra la Fiscalía Anticorrupción, que según desveló hace unos días El Mundo «ha iniciado una investigación sobre la privatización del suministro de agua en la ciudad de Barcelona».
La decisión se habría tomado «tras conocer que Germá Gordó diseñó un plan para trucar la licitación a favor de Aigües de Barcelona (Agbar), sin embargo, tras la oposición de algunos funcionarios clave, la licitación acabó en manos de Acciona».
La multimillonaria concesión, que fue la mayor privatización de la Generalitat, contemplaba un canon de 1.000 millones de euros y un periodo concesional de 50 años. Es por ello que había interés en Artur Mas en favorecer a Agbar.
El ex president, según El Mundo, arremetió contra los técnicos en una reunión: «Por qué le tenéis manía a Agbar? (…) Es una empresa catalana y hay que ayudarla«. Los técnicos acosados lo tienen claro: «El interés de CDC era que esta empresa se quedara el negocio del agua en Barcelona a toda costa».
Esta vinculación entre la compañía y un partido que tuvo que disolverse por corrupción podría estar detrás de la decisión del consejo de administración de la Sociedad General de Aguas de Barcelona, matriz de Agbar.
La compañía acordó hace unas semanas el regreso de la sede social de Madrid a Barcelona porque «hay estabilidad económica» pese a que el procés conllevó la salida de más de 3.000 compañías (Caixabank, Banco Sabadell, Abertis o Naturgy) que se niegan a regresar.
Recuerden que posteriormente se anuló el concurso por defectos formales tras la denuncia de un organismo afín a Convergéncia y Quim Torra ha anunciado que en 2019 el servicio del agua retornará a la Generalitat para alegría de Agbar.
AGBAR TAMBIÉN JUEGA FUERA DE CATALUNYA
El Caso Pokemon investiga al socialista Juan Ramón Feito, alcalde de la localidad asturiana de Tineo, porque pudo utilizar su cargo para lucrarse a través de las concesiones a Aquagest, filial de Agbar.
Esta compañía firmó en 1996 un contrato para el abastecimiento y saneamiento de Tineo que ha ido prorrogándose sin concurso público. Esta situación podría estar relacionada por un delito de cohecho ya que se ha probado que Feito viajó al menos dos veces a Barcelona por cortesía de Agbar.
El Confidencial por su parte demostró que Agbar utilizó varias filiales para hacer donativos a Convergència en 2012: «Una de esas empresas es Aquagest Región de Murcia (…) que realizó una primera donación a CDC por importe de 40.000 euros el 26 de octubre de 2012, solo cuatro semanas antes de las elecciones al Parlament». Ahora Agbar está de vuelta en Barcelona y a Ada Colau le pitan los oídos.
