España es el segundo país de la Unión Europea (UE), tras Italia, que más dinero recibirá del mecanismo Next GenerationEU, el Plan de Recuperación para Europa: 140.000 millones de euros en subvenciones y créditos durante el período 2021-2026.
Esta ingente cantidad de fondos debe ser utilizada con transparencia, responsabilidad y eficacia para evitar que se convierta en un renovado Plan E cuyo único “logro”, a pesar de ser calificado como un éxito por Manuel Chaves, entonces Vicepresidente del gobierno con Zapatero y hoy condenado a 9 años de inhabilitación por un delito de prevaricación, consistió en dilapidar más de 12.000 millones de euros en obras innecesarias y/o insostenibles y no crear ningún empleo a largo plazo, según certificó el Tribunal de Cuentas años después.
Pero todas las medidas adoptadas por el Gobierno de Sánchez para gestionar los fondos europeos de recuperación se definen por la opacidad, el sectarismo y, mucho me temo, por la ineficiencia. Este gobierno entiende esos fondos como el maná que les permitirá cuadrar las cuenta y los ha puesto al servicio exclusivo de su “agenda política” no del interés de los españoles.
Primero, eliminó todos los controles que son preceptivos en la gestión de cualquier subvención como dejó reflejado el Consejo de Estado en un demoledor informe lo que abre la puerta a la arbitrariedad de decidir, por parte del propio gobierno, quién recibe y quién no el maná europeo.
Segundo, el Gobierno, el más puro estilo “Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como”, ha creado una oficina en Moncloa y una comisión interministerial para coordinar la gestión de estos fondos.
Y tercero, las diferentes convocatorias de ayudas que ha publicado el gobierno a cargo de los fondos europeos se han caracterizado por el ordeno y mando. El Gobierno decide el cuánto, cómo y para qué y las Comunidades Autónomas y las entidades locales, no tienen capacidad de decisión ni ningún margen de maniobra para adaptar dichos fondos a las necesidades reales de los ciudadanos, autónomos, pymes y grandes empresas que viven, trabajan y crean empleo en ellas.
Unas convocatorias a través de las cuales las grandes empresas reciben cinco veces más ayuda que las pymes a pesar de que la mayor parte del empleo, tanto en España como en el mundo, se crea por las pequeñas y medianas empresas y de que el 81% de las casi 45.000 empresas que han echado el cierre definitivo en los primeros siete meses de este año son microempresas.
Un dato preocupante, aunque ¿podía esperarse algo diferente de un gobierno que no fue capaz de pagar las prestaciones derivadas de los ERTE a tiempo ni de llegar a todos aquellos a los que prometió proteger con el Ingreso Mínimo Vital?
Pero lo más grave puede estar por llegar ya que, aunque Sánchez y sus ministros traten de ocultarlo, estos fondos no son gratis. Exigen medidas que avancen, por ejemplo, en la reforma laboral aprobada por el Partido Popular en 2012 mientras la Ministra de Empleo, orgullosa comunista, insiste en derogarla.
Y exigen que se respeten principios básicos en toda democracia como la separación de poderes y la independencia judicial.
Mientras, Sánchez y su gobierno, perseveran en su intento de someter al Consejo General del Poder Judicial, al Supremo y a la justicia española, la UE ha bloqueado los fondos de recuperación a Polinia y Hungría por tratar de controlar a los jueces de sus respectivos países.
En definitiva, Sánchez y su gobierno, son el mayor obstáculo para la recuperación de nuestro país y pueden transformar una oportunidad única en una oportunidad pérdida.
(*) Antonio González Terol, vicesecretario general del PP
