Romper un radar de la DGT: multa de hasta 3.000 euros y penas de cárcel por daños

El artículo 263.2 del Código Penal castiga el sabotaje con prisión de uno a tres años y una multa de 12 a 24 meses. A esa condena se suma la reparación del aparato, valorado en hasta 67.000 euros.

Romper un radar de la DGT no es una multa de tráfico: es un delito de daños con cárcel.

Lo dejó por escrito la propia Dirección General de Tráfico: vandalizar un cinemómetro encaja en el artículo 263.2 del Código Penal, castigado con prisión de uno a tres años y una multa de 12 a 24 meses. Y no acaba ahí. A la condena se le suma la responsabilidad civil por el aparato destrozado.

Publicidad

Las imágenes más recientes llegan de los alrededores de Sevilla. En las últimas semanas se han viralizado vídeos en los que un coche arranca un cinemómetro de su base después de atarlo con una cuerda, junto a otros episodios de incendios y de herramientas hidráulicas empleadas para reventarlo. Los propios autores los subieron a redes. Ese detalle se vuelve contra ellos.

Conviene separar dos planos que la conversación pública mezcla con frecuencia. Una cosa es la sanción administrativa por exceso de velocidad y otra, muy distinta, el delito en el que se incurre al reventar el instrumento que mide esa velocidad. Son procedimientos diferentes, con jueces diferentes y con consecuencias que no se parecen en nada.

Destrozar un radar no rebaja la multa de velocidad: añade una condena penal, antecedentes y una factura de decenas de miles de euros.

Qué castiga el Código Penal cuando se destroza un radar

El criterio no ha cambiado. Quien golpea, quema o arranca un cinemómetro no se enfrenta a una sanción de tráfico, sino a un procedimiento penal. La horquilla la decide el juez: de uno a tres años de prisión y multa de 12 a 24 meses.

La multa se calcula por cuotas. El magistrado fija una cantidad diaria en función de la capacidad económica del condenado y la multiplica por los días que dure la condena. Con una cuota de ocho euros al día, el suelo ronda los 2.900 euros; con cuotas altas, la cifra se multiplica. Dicho de otro modo, el importe final tiene poco que ver con el radar y mucho con la nómina de quien lo destrozó.

La factura que casi nadie calcula: hasta 67.000 euros por aparato

dañar radar cárcel

Aquí llega el golpe definitivo. Además de la pena, el condenado responde civilmente del coste del equipamiento. Según los datos que maneja la DGT, un radar fijo nuevo cuesta 67.000 euros y uno de tramo, 66.000. No es una estimación al alza: es el precio de reposición y se reclama íntegro.

Pongamos la cifra en contexto. Una multa grave de tráfico son 200 euros; una muy grave, 500. La reparación de un solo cinemómetro fijo equivale a más de 330 multas graves. Y ese dinero no vuelve a la carretera: sale del bolsillo del autor. Se paga entero.

El vídeo en redes no es agravante, pero es una prueba en tu contra

Los autores de los destrozos de Sevilla grabaron lo que hacían y lo publicaron. La abogada Blanca Martín Ríos, consultada por COPE Sevilla, lo explica con precisión: ‘grabar la conducta y subirla a internet no es un agravante en sí mismo, pero sí tiene efectos importantes’. El primero es evidente. ‘El autor de los hechos está aportando una prueba contra sí mismo’, señala.

El segundo efecto es más fino y más caro. Ese vídeo documenta una exhibición, un ánimo de que otros imiten la conducta. Y ese ánimo, a ojos del juez, puede traducirse en una condena más alta dentro de la horquilla legal. Publicar la tropelía no multiplica la pena por sí solo, pero inclina la balanza hacia arriba.

Accidente no es lo mismo que vandalismo

Hay una línea que separa el delito de la responsabilidad civil ordinaria, y esa línea pasa por la intención. Si el radar resulta dañado en un siniestro de tráfico, la vía penal no se abre: la responsabilidad se dilucida según las circunstancias del accidente y las coberturas de la póliza. Nadie acaba en prisión por salirse de la vía y llevarse por delante un poste con cinemómetro.

La diferencia práctica está en el parte y en la peritación. El seguro asume el daño material dentro de los límites contratados y la factura del radar engorda la reclamación. En el caso del vandalismo no hay póliza que valga: las aseguradoras excluyen los actos dolosos y la responsabilidad es personal.

Por qué la respuesta penal es la única que cabe

Hay un ruido de fondo que conviene reconocer: una parte de los conductores ve los radares como una herramienta recaudatoria y no como un instrumento de seguridad vial. El debate es legítimo. Lo que no admite discusión es la aritmética. Cada aparato destruido cuesta 67.000 euros que salen del presupuesto público, es decir, del bolsillo de todos, y el tramo se queda sin control justo donde se habían concentrado los accidentes.

La norma, además, no es tan opaca como se dice. Los radares fijos deben estar señalizados y la DGT publica su ubicación; el margen de error del cinemómetro está tasado y la notificación tiene requisitos formales que se pueden impugnar. Todo eso son vías reales de defensa para un conductor sancionado. Reventar el aparato no es una de ellas: no discute la multa, la confirma y le añade una causa penal.

El riesgo a vigilar es la réplica. La oleada de Sevilla nació de una competición por ver quién colgaba el vídeo más espectacular. Y ahí está la paradoja: la mayoría de estos casos se resuelven por la propia grabación o por la matrícula del vehículo usado para arrancar el poste. Sin prueba, no hay caso; con vídeo, el caso está hecho. Si te han sancionado y crees que el radar o la notificación están mal, el cauce existe, es gratuito dentro de plazo y no exige abogado en la primera fase.

🚨 Ficha de la Normativa

  • Infracción / Novedad: Destrozar, quemar o arrancar un radar de la DGT se persigue como delito de daños del artículo 263.2 del Código Penal.
  • Sanción económica: Multa de 12 a 24 meses (en torno a 3.000 euros con las cuotas diarias habituales) más la responsabilidad civil del aparato, hasta 67.000 euros.
  • Puntos del carnet: No aplica. La vía es penal, no administrativa.
  • Entrada en vigor: Ya vigente. El artículo 263.2 del Código Penal está en vigor y la DGT mantiene el criterio.

Publicidad