El think tank del PSOE quiere alquileres indefinidos, IBI dual y 1,7 millones de pisos sociales con su reforma de la Ley de Vivienda.
El texto se titula Proteger y construir. Hacia un New Deal para la vivienda en España, lo firman la Fundación Laboratorio de Ideas AVANZA y la Fundación Friedrich Ebert y no tiene rango normativo. Su valor es otro: fija el suelo y el techo de lo que Moncloa considerará negociable cuando arranque el debate prelegislativo.
Las cifras explican la prisa. En 2025 se visaron unas 139.000 viviendas frente a una formación estimada de 200.000 hogares al año, y la emancipación de los 18 a los 34 años se quedó en el 31,3%, 17 puntos por debajo de 2010.
Del contrato de tres años al indefinido: qué copia AVANZA de Alemania y Países Bajos
La propuesta estrella es el contrato de alquiler de duración indefinida con causas de resolución tasadas, es decir, un listado cerrado de motivos para terminar el arrendamiento: impago, obras, uso indebido o necesidad del propietario. El espejo son Alemania y Países Bajos, donde el inquilino tiene derecho a quedarse salvo causa legal.
Lo que cambia para el propietario es la expectativa. Hoy la LAU le devuelve el control del inmueble a los tres, cinco o siete años; con un contrato indefinido la salida deja de estar en el calendario y pasa a depender de un supuesto tasado y, previsiblemente, de un juez. AVANZA suma la inscripción obligatoria de todos los contratos en el Registro de la Propiedad, una base de datos que por fin diría cuánto se paga de verdad por un piso.
Un contrato indefinido no levanta ni un metro cuadrado de obra nueva: cambia quién decide cuándo termina, y ese cambio también tiene precio.
El informe pide además evaluar periódicamente los topes a la renta en zonas tensionadas y cerrar el atajo de los contratos de temporada y turísticos, usados en la práctica para esquivar las obligaciones del alquiler de vivienda habitual. La crítica del pequeño propietario es la de siempre: se regula el precio y no se toca la oferta.
1,69 millones de viviendas sociales, ICO con mandato y tanteo sobre las carteras de los fondos
Para pasar de las 614.000 viviendas sociales contabilizadas al 10% del parque residencial en 15 años, el informe calcula que hacen falta 1,69 millones más. Con un coste medio de 180.000 euros por unidad, la inversión anual se iría a 20.300 millones, de los que entre 4.000 y 6.200 saldrían de capital público y el resto de deuda barata y capital privado sujeto a regulación. El ritmo exigido, unos 112.700 pisos al año, se acerca al total de visados de todo el país en 2025.
El vehículo sería el Instituto de Crédito Oficial (ICO), con un mandato estable para financiar vivienda social, un fondo de garantías que rebaje el riesgo del promotor y la reinversión de lo recuperado en nuevas promociones. Las administraciones deberían además ejercer el tanteo y el retracto cuando los grandes fondos vendan carteras con descuento, y la protección de lo construido con dinero o suelo públicos tendría que ser indefinida: para blindarla se plantean incluso una ley orgánica o una reforma constitucional, mayorías que hoy no existen.
En fiscalidad, la propuesta más vistosa toca el IBI: separar el valor del suelo del de la edificación. El argumento es que la base sobre la que tributan las viviendas baratas equivale de media al 42% de su precio de mercado, frente al 32% en los inmuebles caros, así que el impuesto castiga más al propietario modesto. Se añade una deducción temporal, y decreciente, por compra de primera vivienda y rebajas en el IRPF del trabajo. En la simulación, un inquilino de renta media en Madrid gana 3.900 euros al año y un contribuyente con dos pisos en la capital paga 4.870 más.
La Ficha del Inversor
La métrica que resume la operación es el diferencial entre lo que cuesta poner un piso en el mercado y lo que ese piso renta: 180.000 euros por unidad y 20.300 millones anuales para un parque que hoy se queda muy lejos del 10% prometido. Cualquier institucional con suelo finalista en Madrid o Barcelona debería leer el documento como una lista de precios a la que el regulador puede comprar mañana: el tanteo y el retracto sobre carteras de fondos es, literalmente, un derecho de compra preferente del Estado sobre stock privado.
La tendencia a seis meses es de negociación larga y sin calendario. El texto entra en el circuito prelegislativo y competirá con la posición de las comunidades, de las promotoras y de los colectivos de propietarios. El precedente de la Ley de Vivienda de 2023 invita a la prudencia: sus límites a la renta tardaron más de un año en aplicarse allí donde se asumieron y el registro de alquileres sigue sin datos homogéneos. Desde 2008, las medidas de demanda se aplican rápido y las de oferta se quedan en el papel.
El perfil al que habla el informe es doble. Para el comprador de primera vivienda hay dos caramelos: deducción temporal y un IBI algo más justo. Para el inversor patrimonial con dos o tres pisos en alquiler, el escenario es el inverso: contrato indefinido, rentas topadas y factura fiscal más alta. El riesgo es de ejecución, no de relato. La próxima cita para medirlo será la tramitación del anteproyecto en el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, aún sin fecha pública.




