Los ayuntamientos deben acreditar que su ZBE funciona desde el 26 de noviembre o sus multas quedarán en el aire.
La modificación del Real Decreto 1052/2022, que fija las condiciones mínimas de las Zonas de Bajas Emisiones, añade nuevos requisitos de acreditación. Ya no basta con aprobar una ordenanza ni con delimitar un perímetro con una señal de prohibido el paso.
El texto retoca el apartado 3 del artículo 10 y obliga a cada municipio a justificar cinco extremos ante la Administración estatal y ante el órgano autonómico competente en medio ambiente. La documentación se dirige a la Subdirección General de calidad del aire del Ministerio para la Transición Ecológica y al gobierno de la comunidad autónoma correspondiente.
Qué cambia y a quién obliga la nueva acreditación
Hasta ahora bastaba con que las limitaciones aparecieran recogidas en una ordenanza municipal. Con la nueva redacción, el consistorio tendrá que demostrar que el régimen de restricciones está vigente y se aplica de verdad, con el potencial contaminante de cada vehículo como criterio. El papel ya no vale por sí solo.
El control entra en la ecuación. Los ayuntamientos deberán documentar que las cámaras y los sistemas de vigilancia de accesos están operativos, no solo instalados. Y tendrán que justificar la conexión de su zona con el Punto de Acceso Nacional de Tráfico y Movilidad de la Dirección General de Tráfico, la plataforma que centraliza la información de movilidad del Estado.
Una ZBE sobre el plano no multa: la norma estatal exige ahora pruebas de que las cámaras funcionan y de que las sanciones se tramitan.
Cuándo entra en vigor y qué plazo tienen los ayuntamientos
La nueva regulación se aplica desde el 26 de noviembre de 2026. A partir de esa fecha, cada consistorio debe remitir la documentación en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de su norma municipal, y la información básica de la zona —delimitación, superficie, medidas adoptadas y calendario— en el mes siguiente a su establecimiento.
No hay periodo de gracia para las zonas ya declaradas. Tampoco se libra ningún municipio por tener la ordenanza publicada en el boletín oficial provincial meses atrás: lo que se comprueba es el funcionamiento, no el trámite.

Los cinco requisitos que debe acreditar cada ZBE
El artículo 10.3 queda articulado en torno a estas cinco pruebas documentales:
- Normativa municipal vigente que regule la Zona de Bajas Emisiones.
- Prohibiciones y restricciones de acceso, circulación y estacionamiento en vigor, aplicadas según el potencial contaminante de los vehículos.
- Sistemas de control de accesos, monitorización y seguimiento realmente operativos.
- Integración con el Punto de Acceso Nacional de Tráfico y Movilidad de la DGT.
- Aplicación efectiva del régimen sancionador.
El último punto es el que más consecuencias tiene. Un ayuntamiento puede tener la ordenanza perfecta y las cámaras instaladas, pero si no acredita que tramita y cobra las sanciones, la zona no consta como implantada.
Qué ocurre si el ayuntamiento no presenta la documentación
El párrafo final de la nueva redacción es tajante: «En tanto no se reciba dicha documentación, no se considerará correctamente implantada la ZBE».
Ahí está la grieta. La norma no ordena anular las multas ya puestas ni suspende de oficio los expedientes abiertos. Pero deja al conductor un argumento formal para discutirlas: si el consistorio no ha demostrado que su zona está implantada conforme al decreto, la restricción que sostiene la sanción pierde parte de su respaldo. Es la vía por la que entrarán buena parte de los recursos.
Conviene distinguir dos cosas. El decreto estatal no fija el importe de las multas de ZBE: eso lo decide cada ordenanza municipal, habitualmente en el entorno de los 200 euros. Lo que la reforma añade es una condición previa para que esa sanción sea defendible ante una reclamación.
La letra pequeña: quién gana y quién pierde con la acreditación
La medida corrige un vicio conocido. Durante los últimos años, varios municipios declararon sus zonas con toda la parafernalia administrativa y nunca llegaron a activar las cámaras ni a tramitar un solo expediente. La ZBE existía en el papel y desaparecía en la práctica. Poner la acreditación por delante del reconocimiento oficial es razonable, y llega tarde.
Dicho eso, la norma deja un flanco abierto. El texto no aclara qué ocurre con las sanciones dictadas entre la entrada en vigor y la recepción de los documentos, ni quién verifica el contenido real de esos papeles más allá de su entrega. Y las ciudades pequeñas, con plantillas escasas, afrontan un trabajo administrativo que no siempre pueden asumir con medios propios. Ahí pueden aparecer los primeros incumplimientos.
Para el conductor, la lectura práctica es otra. Si te llega una multa por circular o estacionar dentro de una ZBE, comprueba antes de pagar si tu ayuntamiento ha publicado la acreditación. Ese dato, y no la señal de la calle, es el que decide si el recurso tiene recorrido. La multa es inmediata; la acreditación, no.
🚨 Ficha de la Normativa
- Infracción / Novedad: Los ayuntamientos deben acreditar ante el Gobierno y la comunidad autónoma que su ZBE está en vigor, vigilada y sancionada; sin esa documentación la zona no se considera implantada.
- Sanción económica: No aplica a la nueva obligación. El importe por acceder a una ZBE lo fija cada ordenanza municipal, en torno a 200 euros.
- Puntos del carnet: No aplica.
- Entrada en vigor: 26 de noviembre de 2026.





