Los vuelos subvencionados de Cerdeña se quedan sin las dos aerolíneas que los operaban y encienden la alerta en Baleares y Canarias. Aeroitalia e ITA Airways han comunicado que abandonan las rutas de continuidad territorial con la isla porque, con los costes actuales, el servicio no se sostiene.
La retirada será ordenada, pero es una retirada. Gaetano Intrieri, consejero delegado de Aeroitalia, dejó claro que su prioridad es no armar un caos y no poner en peligro la compañía: se irán, sí, pero poco a poco. Traducido al viajero sardo: menos frecuencias, menos horarios y una red que se descosa por los bordes.
El detonante tiene nombre de carburante. Las dos adjudicatarias pujaron con una previsión de queroseno estable y esa previsión saltó por los aires. Cuando el coste real supera el precio que el Estado se comprometió a garantizar, la ruta se convierte en una sangría que ninguna cuenta de resultados aguanta demasiado tiempo.
Cerdeña: el concurso que se rompió cuando subió el queroseno
El sistema italiano se llama de continuidad territorial y funciona por concurso. Cada año se convocan los concursos, se fijan los precios y el Estado paga a las aerolíneas para que la tarifa se mantenga. Es un precio cerrado de antemano, y ahí está la trampa: quien puja se compromete a volar a un coste que no controla.
El modelo español es otra cosa. Aquí no hay concurso que fije tarifas, sino un descuento: el Estado cubre el 75% de la mayor parte de los conceptos que integran el billete de los residentes en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. El descuento se aplica en la compra y la aerolínea cobra después la parte pública. La tarifa no está congelada, pero el residente tampoco paga el precio real.
Un concurso que fija precios antes de saber cuánto costará volar es una apuesta; el descuento del 75% reparte la factura, no la elimina.
La diferencia importa. En Italia, cuando el coste se dispara, la aerolínea pierde por cada asiento y acaba plantándose. En España la tarifa sube, el residente sigue pagando una cuarta parte y el Estado asume el resto: el sobrecoste viaja al presupuesto público. Nadie quiebra por la ruta, pero alguien paga.
Por qué el 75% español tapa la grieta que ha hundido el modelo italiano
Hay una lectura menos amable del caso sardo. El sector reconoce que los precios prefijados fallan por los dos extremos: o la aerolínea gana demasiado y nadie revisa el contrato, o pierde y devuelve el problema al ministerio. Aeroitalia ha elegido la salida lenta, que es la forma más elegante de decir que el contrato ya no era rentable.
En España el riesgo es de otra naturaleza, no menor. Basta con que el queroseno se dispare una temporada para que la factura del descuento al residente se infle sin que nadie haya tocado una sola ruta. Si el combustible vuelve a los máximos de 2022, la subvención cuesta más y el debate deja de ser aeronáutico para volverse presupuestario.
España combina ese descuento con un puñado de rutas declaradas de obligación de servicio público (OSP): la figura por la que el Estado obliga a volar aunque la ruta no sea rentable y, a cambio, limita el acceso de competidores. Bruselas tolera el descuento al residente como ayuda de carácter social, no como rescate al operador. El marco de estas ayudas se consulta en la web del Mitma.
Hoja de Ruta: Claves del Viaje
El impacto inmediato se mide en el bolsillo del residente. Para el viajero de Baleares y Canarias, el caso italiano no es una amenaza directa: su descuento no depende de que una aerolínea gane un concurso, sino de que el Presupuesto lo financie. El riesgo es de calendario: una subida sostenida del combustible puede empujar a operadores como Binter, Air Europa, Iberia, o Air Nostrum a recortar frecuencias en temporada baja, cuando el avión vuela medio vacío.
La zona cero es insular. El pulso se libra entre islas: Cerdeña en Italia; en España, los dos archipiélagos más Ceuta y Melilla, donde el avión no es un lujo sino el puente laboral y familiar. Son los mercados donde el 75% mueve más volumen y donde cualquier repliegue de frecuencias se nota antes.
El dato que resume la asimetría es ese 75%: el Estado paga tres cuartas partes de la mayor parte de los conceptos de la tarifa, sin concurso y sin techo explícito ligado al combustible. El pulso entre agentes está claro. Los operadores defienden el modelo porque garantiza demanda; el Ministerio de Transportes italiano negocia para que el servicio no se rompa; y en España nadie ha abierto formalmente una revisión, aunque el precedente sardo deja una pregunta incómoda sobre la mesa.
El precedente histórico sitúa el problema. La liberalización aérea europea de los noventa convirtió el cielo en mercado y desde entonces los Estados intervienen por dos vías: obligar a volar o abaratar el billete. Italia ha probado las dos y ha terminado con dos aerolíneas diciendo que no. España ha elegido la segunda, más resistente al coste pero más opaca: nadie sabe cuánto costará el descuento hasta que se cierra el ejercicio.
El hueco que dejan Aeroitalia e ITA abre la puerta a Volotea, que ya había tejido una alianza con ITA en el mercado sardo, y a cualquier operador dispuesto a pujar con un queroseno que nadie le garantiza. El próximo examen no llegará con una ley, sino con la próxima factura del carburante. Y eso, en un archipiélago, se llama continuidad.




