TRC, participada al 30% por Indra, retiró el 12 de noviembre su recurso ante el TACRC y despejó la adjudicación a Telefónica del contrato de ciberseguridad del Estado. Orange traslada el pulso a la Audiencia Nacional con dos recursos.
Un recurso que duró seis días
El sexto episodio del expediente se cerró en apenas una semana. TRC presentó el 6 de noviembre un recurso ante ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) que obligó a suspender la licitación; el desistimiento formal se notificó el 12 de noviembre, según la documentación del expediente. Con ese movimiento queda despejada la vía administrativa para que el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública que dirige Óscar López formalice la adjudicación definitiva del lote 3 a la UTE de Telefónica.
La explicación del giro es accionarial. TRC concurrió a la licitación en unión temporal de empresas junto a MasOrange —hoy Orange España— y Mnemo, frente a la UTE de Telefónica. Su entrada en el perímetro de Indra, articulada a través de IndraMind desde finales de septiembre y con opción de compra sobre el 70% restante en dos años, alteró su posición estratégica: Indra es socio prioritario de Telefónica en ciberseguridad, ambas pujaron juntas por otros lotes de CORA III y negocian una joint venture para este tipo de concursos.
El contrato en juego no es menor. El lote 3 del acuerdo marco CORA III tiene un valor estimado de 103,92 millones de euros con prórrogas incluidas y de 63,06 millones sin impuestos. La UTE de Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones y Telefónica de España es la única licitadora en liza desde que la mesa validara su solvencia técnica y económica el 28 de septiembre. Los servicios críticos siguen cubiertos por una prórroga forzosa de nueve meses aprobada en mayo de 2026, vigente hasta marzo de 2027.
Del TACRC a la Audiencia Nacional: cuatro bloqueos en 20 meses
Desde marzo de 2025, el lote 3 acumula cuatro bloqueos. La UTE de MasOrange, TRC y Mnemo se llevó la adjudicación provisional el 10 de marzo de 2025 con una oferta de 55,26 millones de euros, 7,8 millones por debajo de la propuesta de Telefónica. El TACRC la excluyó entre septiembre y octubre de 2025 al comprobar que Mnemo carecía de plan de igualdad inscrito. La mesa excluyó después a Telefónica por el mismo motivo —la subcontratada Govertis— y declaró desierta la licitación; el tribunal estimó su reclamación el 30 de abril de 2026.
El cierre administrativo no agota el contencioso. MasOrange, hoy Orange España, mantiene dos recursos ante la Audiencia Nacional contra las resoluciones del expediente: impugna su propia exclusión y la decisión del TACRC de no excluir a Telefónica por incumplimientos en los planes de igualdad. El cuarto bloqueo, en mayo de 2026, llegó por la pérdida sobrevenida de cobertura presupuestaria tras la retirada de fondos del Imserso, el Ingesa y la DGRCC; el tribunal inadmitió esa impugnación el 29 de octubre por falta de legitimación activa. Nadie firma todavía.
La retirada del recurso no cierra el conflicto: lo cambia de arena, del Tribunal Administrativo a la Audiencia Nacional.
| Magnitud | UTE MasOrange, TRC y Mnemo | UTE Telefónica |
|---|---|---|
| Oferta económica | 55,26 millones de euros | 7,8 millones por encima |
| Adjudicación provisional | 10 de marzo de 2025 | Excluida |
| Exclusión por el TACRC | Septiembre-octubre de 2025 | 29 de noviembre de 2025 |
| Readmisión | No | 30 de abril de 2026 |
| Posición actual | Dos recursos en la Audiencia Nacional | Única licitadora, pendiente de formalización |

CORA III: 340 millones y más de 85 organismos en juego
CORA III funciona como paraguas: presupuestado en 340 millones de euros, cubre a más de 85 organismos públicos y los otros tres lotes ya están resueltos —el 1 a Telefónica, el 2 a MasOrange y el 4 a Evolutio—. La prórroga extraordinaria, articulada por procedimiento negociado sin publicidad, contempla otros nueve meses si el retraso persiste. TRC, por su parte, es adjudicataria del acuerdo marco de telecomunicaciones del Ministerio de Defensa, valorado en hasta 258,4 millones de euros.
Qué gana Indra y qué arriesga Telefónica
Para Indra, la operación tiene lógica de perímetro antes que de contrato. La compañía que preside Ángel Simón se asegura el control estratégico de TRC —con opción al 100% en dos años— sin romper su alianza con Telefónica en ciberseguridad, y evita que su nueva participada siga litigando contra el socio con el que negocia una sociedad conjunta. El coste es de imagen: TRC ha pasado de impugnar el concurso a retirar el recurso en seis días. El precedente pesa.
Telefónica gana el lote, pero no la tranquilidad. La adjudicación llega con dos recursos vivos en la Audiencia Nacional y con un contrato suspendido cuatro veces; el precedente de 2025, cuando el TACRC tumbó la adjudicación inicial por un plan de igualdad no inscrito, demuestra que el formalismo documental puede volver a mover el contrato de manos. En términos económicos, 63,06 millones sin impuestos son marginales para un grupo que factura decenas de miles de millones, pero el valor está en la referencia: ser proveedor de ciberseguridad de la Administración General del Estado.
El fondo del asunto es procedimental, no tecnológico. Dos de los cuatro bloqueos se apoyaron en la ausencia de un plan de igualdad inscrito en el registro oficial, un requisito que el TACRC aplica como condición de solvencia y que ha convertido un contrato de 63,06 millones en un laberinto de 20 meses. La otra mitad del conflicto es económica: la pérdida de cobertura presupuestaria de mayo de 2026 dejó el lote sin dotación y obligó a la prórroga de emergencia.
Queda la incógnita de la Audiencia Nacional.
📊 Las Claves para el Inversor
- Qué vigilar: La formalización del lote 3 por el Ministerio y la admisión a trámite de los dos recursos de Orange en la Audiencia Nacional, sin fecha pública confirmada.
- Reacción del valor: El importe no altera las estimaciones de consenso: es marginal para Telefónica y su valor para Indra es estratégico, ligado a la integración de TRC.
- Precedente sectorial: El TACRC ya tumbó una adjudicación por planes de igualdad no inscritos en 2025; la justicia ordinaria podría replicar ese patrón.





