Canarias prevé coordinar al menos 400 inspecciones anuales en centros sociales

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias reunió a los servicios de inspección, el Cuerpo General de la Policía Canaria, la Fiscalía, el viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, y la directora general de Dependencia, Concepción Ramírez, para compartir experiencias y propuestas de mejora.

El encuentro sirvió también para iniciar la elaboración de propuestas para el Plan Anual de Inspección, previsto para el próximo 1 de enero. El plan requerirá coordinación y planificación de al menos 400 inspecciones anuales en centros públicos y privados del Archipiélago.

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Seguimiento de los centros sociales

La Consejería indicó que las actuaciones inspectoras se desarrollan de forma continuada, con visitas periódicas a centros residenciales, centros de día y otros recursos sociales dirigidos a personas mayores, personas con discapacidad y personas en situación de dependencia.

Candil señaló que el objetivo es consolidar un modelo de inspección más sistemático, con capacidad para analizar y verificar las condiciones reales de atención. También afirmó que se busca evaluar la calidad de la atención, además de comprobar el cumplimiento de los requisitos administrativos.

En la reunión se revisó el funcionamiento de un sistema que contempla indicadores comparables, seguimiento de planes de mejora y evaluación de resultados. Según la Consejería, el servicio de apoyo técnico a la inspección ha permitido mejorar la calidad de las actuaciones, reforzar la verificación de estándares organizativos y reunir más información para la toma de decisiones.

Apoyo técnico y coordinación

Ese apoyo incluye revisión documental, asistencia en visitas, análisis de indicadores, seguimiento de planes de mejora y organización de la información obtenida en las inspecciones. También se compartieron datos de la empresa que vigila indicadores como la higiene y la satisfacción de usuarios y familiares; las demandas o denuncias se trasladan al Servicio de Inspección.

El viceconsejero Francisco Candil indicó que la potestad inspectora y la competencia para proponer medidas correctoras o sancionadoras siguen en manos de la Administración autonómica. Añadió que los contratos permiten aumentar la capacidad técnica de la Administración para inspeccionar y evaluar los recursos, y comprobar que los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia mantienen los niveles de calidad exigidos por la normativa.

La Consejería señaló que estas actuaciones forman parte del fortalecimiento del sistema público de dependencia y buscan mejorar la supervisión, evaluación y seguimiento de los recursos financiados por la Administración. La actividad inspectora se coordina con el Cuerpo General de la Policía Canaria, en virtud del acuerdo suscrito en marzo de 2024, y con la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Canarias.


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