El 29 de noviembre los españoles votan. Pero el resultado de esas generales se está cociendo esta misma semana, en los despachos, no en los mítines. En su último análisis, el canal de Juan Ramón Rallo sostiene que la aritmética parlamentaria que salga de las urnas depende menos de los votos que se emitan ese día que de los movimientos que los partidos registren —o dejen de registrar— antes del cierre de candidaturas del 26 de octubre. Sin cambiar una sola papeleta, esas maniobras pueden mover escaños y condicionar quién gobierna.
26 de octubre: la fecha que pesa más que la campaña
El plazo para coaliciones formales expiró el 16 de octubre, recuerda el creador. Lo que queda sobre la mesa no son alianzas electorales nuevas, sino reordenaciones internas de candidaturas: huecos en unas listas a cambio de silencios en otras circunscripciones. Es legal, es habitual y, sobre todo, es decisivo en un sistema provincial donde un puñado de votos cambia un diputado.
Rallo insiste en una idea que vertebra todo el vídeo: el reparto final no se mide en votos, se mide en escaños. Y en España los escaños se reparten provincia a provincia, con lo que una retirada estratégica en Teruel o en Cuenca vale mas que cien mil papeletas de diferencia en Madrid.
La izquierda se coordina en el Senado y negocia retiradas
Lo que ya es un hecho, según el vídeo, es la candidatura conjunta al Senado bautizada como Senado de Progreso, que integra a PSOE, Sumar, IU, Compromís, Más Madrid, Chunta Aragonesista y otras formaciones en 47 circunscripciones. En el Congreso, en cambio, no hay coalición: Podemos rompió con el Frente Amplio y concurre por su cuenta en casi toda España, salvo en Cataluña, donde respalda a Esquerra.
La negociación de fondo afecta a las provincias pequeñas, las que reparten cinco diputados o menos. Según distintos medios, el PSOE habría ofrecido al Frente Amplio no presentar listas al Congreso en una decena larga de ellas —Castilla y León, Extremadura y Castilla-La Mancha aparecen en la conversación— a cambio de integrar a sus candidatos. Los socialistas lo niegan; Emilio Delgado, candidato del Frente Amplio por Madrid, ha hablado de ‘optimizar’ los resultados del espacio. En Teruel la maniobra ya está hecha: Chunta y Frente Amplio han renunciado al Congreso para no dispersar el voto.
‘Aunque se vote el 29 de noviembre, este próximo 26 de octubre comenzaremos a tener algunas de las claves de quién puede terminar gobernando España.’
— Juan Ramón Rallo
Vox, el Senado y la batalla por los tres quintos
En la derecha el movimiento es simétrico y, según Rallo, algo más que un rumor. Santiago Abascal ofreció el lunes 19 de octubre algún tipo de entendimiento para que la alianza de la izquierda no se quede con la Cámara Alta. Génova no lo confirma; fuentes extraoficiales citadas en el vídeo sí reconocen que se busca un acuerdo. La fórmula sería que Vox no presente candidatos al Senado en la práctica totalidad del país —salvo quizá Almería y Murcia— y pida el voto para el PP.
El motivo es aritmético. En el Senado la mayoría absoluta no es la meta realmente valiosa: lo son los tres quintos, en torno a 160 senadores. Con PP y Vox compitiendo por separado, sostiene el análisis, la derecha llega a esa cota en apenas el 6% de los escenarios si se toma la media de las encuestas, y en ninguno si se usan los datos brutos del CIS. Incluso podría perder la mayoría absoluta de la Cámara Alta. Coordinados, la mayoría absoluta está garantizada y los tres quintos se alcanzan en el 95% de las simulaciones; con una transferencia de voto parcial, del 80% o 85%, la probabilidad sigue por encima del 90%.
La ley de nietos y los votos que llegan de fuera
El tercer factor es el voto exterior. El Tribunal Constitucional inadmitió el recurso del Defensor del Pueblo, pero siguen vivas las cautelares del Supremo que suspendían el derecho al voto de quienes se nacionalizaron bajo ciertos supuestos de la ley de nietos. Exteriores alega que no tiene medios ni tiempo para discriminar quién entra en esos supuestos, de modo que, en la práctica, podría acabar votando gente que en teoría no debería. Rallo lo califica abiertamente de pucherazo potencial.
¿Cuánto pesa? Sus simulaciones sitúan el umbral en cifras modestas: 14.000 votos colocados en las provincias donde bailan escaños arrebatarían a la derecha entre cuatro y cinco diputados. Con 37.000, la pérdida sube a siete u ocho. Aplicando los datos brutos del CIS, la probabilidad de que PP y Vox sumen mayoría absoluta caería del 92% al 68%. Nada dramático, pero suficiente para cambiar el tablero si el resto de piezas encajan.
La tormenta perfecta que Rallo no descarta
Sumemos los tres ingredientes con los supuestos más favorables a la izquierda: datos brutos del CIS, unidad efectiva del bloque progresista en el Congreso con retirada del Frente Amplio en las provincias pequeñas y 37.000 votos del exterior distribuidos con precisión quirúrgica. Resultado: PP, Vox y UPN se quedarían en torno a 175 diputados, la mayoría absoluta se decidiría a cara o cruz y la probabilidad de que gobierne la derecha caería al 47%. El bloque de investidura, sin contar a Junts, rondaría los 170 escaños, y los de Puigdemont volverían a ser decisivos.
El creador insiste en que ese escenario no es su previsión base, sino el extremo. Pero añade una condición dinámica: si en las próximas semanas el acuerdo de la izquierda se consolida y la distancia entre bloques se estrecha aunque sea un poco, un pucherazo exterior suficiente dejaría de ser ciencia ficción. Es decir, la tormenta perfecta no exige un vuelco electoral, solo que varias piezas pequeñas giren en la misma dirección.
Qué significa esto para el votante
La lectura editorial es incómoda. Durante años hemos contado las elecciones como una competición por votos; este análisis recuerda que, en la práctica, se compite por escaños y que las reglas permiten reordenar el tablero días antes de la cita. Un votante de Teruel que quería apoyar a la izquierda a la izquierda del PSOE se encontrará con que esa papeleta no existe. Uno de Almería que quería votar a Vox al Senado puede descubrir que tampoco. Ninguno de los dos habrá cambiado de opinión; simplemente, su opción habrá sido absorbida por la estrategia de su propio campo.
Hay también una cuestión de confianza institucional. Que el Supremo suspenda un derecho al voto y que la Administración admita que no sabe a quién aplicarlo no es un detalle administrativo: es el tipo de episodio que, se gane o se pierda, deja cicatriz. Rallo lo plantea como hipótesis de trabajo con cifras; que la hipótesis sea verosímil ya dice bastante del estado del sistema.
Queda una pregunta que el vídeo deja abierta. Si el 26 de octubre se cierran las candidaturas y el 29 de noviembre solo queda votar, ¿qué margen real tiene el ciudadano cuando la aritmética se negocia antes de que se abran los colegios electorales? La respuesta, mal que nos pese la darán las urnas y los despachos a partes iguales.
Puedes ver el análisis completo en el vídeo original de Juan Ramón Rallo en YouTube.
