Google ha congelado su gran centro de datos en España. La compañía espera a conocer el texto definitivo del decreto energético que prepara el Gobierno antes de comprometer miles de millones de euros en un campus hiperescalar. No es una renuncia. Es una pausa con condiciones.
La decisión deja en el aire la única infraestructura propia que la tecnológica tenía pendiente en el sur de Europa. Google Cloud, la filial que ejecuta estos proyectos, ha declinado hacer comentarios. Entre las fuentes del sector consultadas, la lectura coincide: la compañía llevaba meses tanteando a las autoridades españolas y la acogida en los niveles más altos ha sido fría, en pleno conflicto del Ejecutivo con las grandes tecnológicas.
El Ejecutivo mantiene su intención de aprobar el decreto de los centros de datos en octubre pese a la oleada de alegaciones recibidas. Ese texto situaría a España como el país con más restricciones a este tipo de instalaciones de todo su entorno, y lo haría siendo el tercero con menos capacidad instalada. El contraste cuesta de explicar fuera de nuestras fronteras.
Un plan de 650 millones de euros que ya está ejecutado
Google aterrizó en España en 2021 con una región en la nube en Madrid, el primer despliegue de centros de datos de la compañía en el país. Lo hizo de la mano de socios: instalaciones de terceros que Google llenaba con sus servidores. Entonces se comprometió un plan a cinco años de 650 millones de euros que incluía esa región y el tendido del cable submarino Grace Hopper, amarrado en Sopela (Vizcaya).
Desde entonces el plan se ha cumplido y se ha ampliado. El siguiente hito es el cable Sol, que conectará Santander con Palm Coast (Florida) con escalas en Bermudas y Azores. Para darle servicio, la compañía adquirió una parcela de 5.907 metros cuadrados en el Parque Científico y Tecnológico de Cantabria, donde levantará su estación de transmisión. La operación la cerró Sodercan, la sociedad pública de desarrollo regional.
La paradoja es de manual: España es el tercer país de su entorno con menos capacidad de centros de datos y prepara la normativa más restrictiva de la región.
El problema no es de suelo. Es de red, de permisos y de precio eléctrico. Cuando el cable entre en funcionamiento reforzará una red global que hoy suma 43 regiones en todo el mundo y que se queda corta: la propia compañía reconoce que no tiene infraestructura suficiente para atender la demanda que generan sus clientes de nube e inteligencia artificial.
El vacío del sur de Europa
El mapa europeo de Google se lee de norte a sur y termina en el Mediterráneo. Finlandia concentra la mayor apuesta: 13.000 millones de euros en dos años para levantar infraestructura de IA, anunciados en septiembre, la mayor inversión de su historia en el continente. Antes había comprometido 5.500 millones en Alemania hasta 2029, 5.000 millones en Bélgica, casi 4.000 millones en Países Bajos y su primer centro en los Alpes, en Kronstorf (Austria).
En ese reguero falta una pieza: un campus propio en España. Portugal, el rival natural, se gestiona desde Madrid. Y Google es asociada de Spain DC, la patronal española del sector, que ha calificado el decreto como una amenaza existencial y ha advertido de que podría ser el fin de toda la actividad. Su presidente de Asuntos Globales, Kent Walker, estuvo en Madrid hace unos días con este asunto sobre la mesa.
La chequera no es el problema. Sundar Pichai justificó en la conferencia de resultados de julio una inversión proyectada de 205.000 millones de dólares, 182.617 millones de euros al cambio, y dejó abierta la puerta a una cifra aún mayor en 2027 si se mantiene la guía. El mercado, eso sí, empieza a mirar con lupa ese ritmo de gasto en inteligencia artificial.
Un decreto que llega antes que la infraestructura
Hay una contradicción de fondo. El decreto no regula un exceso de capacidad, sino un déficit. España parte de una base instalada inferior a la de Francia, Alemania o Países Bajos, y el texto que salga del Consejo de Ministros añadiría restricciones de consumo, de conexión y de ubicación a un mercado que todavía no ha arrancado. En mi lectura, el Ejecutivo ha decidido ordenar el sector antes de que exista, y eso tiene un coste: la inversión se decide con un calendario de dos o tres años, no con el de un ciclo político.
El precedente más cercano no está en los centros de datos, sino en el almacenamiento energético y en la tramitación de renovables. Cada vez que España ha endurecido un marco regulatorio con efecto retroactivo, el capital extranjero ha tardado entre cuatro y seis trimestres en volver, y ha vuelto con prima de riesgo. No sostengo que el decreto sea un error de planteamiento; sostengo que el volumen de alegaciones presentadas demuestra que buena parte del sector no lo vio venir.
Hay un riesgo de sustitución más concreto. Google no necesita España para cumplir su guía de capex: tiene Finlandia, Bélgica, Austria y Países Bajos esperando. Si el decreto hace insostenible el número, el campus español se cae del calendario y el cable Sol se queda sin su ancla industrial. Ahí no pierde la compañía. Pierde el país, que se queda con la estación de transmisión de 5.907 metros cuadrados y sin los servidores.
La pelota está en el Consejo de Ministros. El texto que salga de ahí definirá si España compite de verdad por el sur de Europa o si se limita a mirar cómo se reparte el mapa. La compañía ha dicho que espera. La chequera, también.
Veredicto Merca2
Cotización al cierre o apertura: Alphabet no registra un movimiento relevante asociado a esta noticia: la decisión no altera la guía de capex de 205.000 millones de dólares comunicada en julio. El impacto bursátil se traslada a la cadena de valor española, no al emisor del anuncio.
Clave técnica: Los 5.907 metros cuadrados del Parque Científico y Tecnológico de Cantabria son la única pieza española ya comprometida y obligan a mantener una presencia mínima aunque el campus se enfríe. La conexión eléctrica, no el suelo, decide el proyecto.
Apunte macro: Google ha comprometido 13.000 millones en Finlandia en dos años y 5.500 millones en Alemania hasta 2029, frente a los 650 millones del plan español de 2021: una ratio de 20 a 1 que mide la pérdida relativa de atractivo.
