La realidad del sector de las VTC puede cambiar, como todo en España, el próximo 29 de noviembre. El inicio de una nueva legislatura es un momento clave, pero la realidad es que para Uber, Cabify y Bolt puede suponer un gran cambio de esquema. La legislación actual, marcada por el «Decreto Ábalos», dejaba que cada comunidad autónoma y cada ayuntamiento tomaran su propia decisión sobre cómo regular las plataformas de la llamada «nueva movilidad».
En esta situación, la industria atraviesa un momento especialmente complejo. Cada una de las comunidades autónomas ha planteado la regulación de forma diferente, lo que ha generado grandes dolores de cabeza para las plataformas cada vez que se plantean operar en una nueva ciudad. Es uno de los grandes problemas para estas empresas en un momento clave del sector, marcado por la irrupción de los vehículos autónomos.
Uber, Cabify y Bolt siguen adaptándose a cada ley local
«Son 8.132 municipios, y a veces da la sensación de que hay 8.132 normativas», explican desde Cabify a Merca2. Ya han señalado en el pasado que, aunque se entiende que el transporte es competencia de las comunidades autónomas, sería importante que se planteen unas condiciones mínimas, que no existen desde que en 2022 venció el periodo transitorio del controvertido «Decreto Ábalos».
La posición de Bolt ha sido similar: «La próxima legislatura debería ser una oportunidad para avanzar hacia marcos normativos que sitúen a la ciudadanía y el interés público por delante de intereses particulares, con una mayor homogeneidad entre territorios y respetando las competencias de cada administración», explican desde la plataforma, y la posición de Uber no es demasiado distante en este aspecto.
«Sería necesario establecer criterios claros y objetivos para dimensionar la oferta y las licencias actuales, tanto de taxi como de VTC, y habilitar mecanismos que favorezcan la competencia cuando se determine que esa oferta es insuficiente», insisten desde Bolt.
Esto evitaría crisis como las que han tenido que afrontar en los últimos años, con territorios como Castilla-La Mancha, Aragón o Cataluña haciendo lo posible para limitar el funcionamiento de estas plataformas y retrasando en lo posible la concesión de licencias. Es una realidad diametralmente opuesta a la de comunidades como Madrid o Andalucía, donde la legislación ha buscado que convivan y compitan con el servicio de taxi.
El vehículo autónomo como nueva pieza del rompecabezas
Lo cierto es que si en algo insisten desde Bolt y Cabify como pieza necesaria para la nueva legislatura es en el vehículo autónomo. También llamado robotaxi, la llegada de estos coches sin conductor al mercado de las VTC obliga a revisar tanto las condiciones para operar en las grandes ciudades como el efecto que su desembarco puede tener en el empleo del sector, incluso si de momento el nivel 4 de autonomía exige la presencia de un conductor por motivos de seguridad.
«Creemos que España debe dar pasos en movilidad autónoma, una realidad ya presente en muchos de los mercados en los que operamos, mediante una transición ordenada que respete los derechos de los operadores actuales», han expresado desde Bolt. La empresa nacida en Estonia ha llegado a un acuerdo con el fabricante Lucid para recibir 25.000 vehículos sin conductor para el mercado europeo, y en España está trabajando de la mano de Stellantis.
Cabify está en un barco similar. Aunque la empresa no ha confirmado con qué colaborador está preparando su vehículo autónomo, sí que está dando pasos en esa dirección. Saben que es necesario un reglamento claro. Por su lado, Uber ya ha iniciado las primeras pruebas de sus vehículos autónomos en Madrid. Son decisiones normativas que deben abordarse con celeridad.
El número de licencias de VTC sigue en aumento
Mientras tanto, a pesar de la falta de un reglamento claro a nivel nacional, el número de licencias de VTC sigue subiendo en todo el país. Ya hay unas 27.706 licencias en el sector, un dato que refleja las casi 3.000 nuevas licencias que se han sumado en el territorio nacional solo este año, e incluyen zonas donde las asociaciones de taxistas han mantenido una alta tensión frente a las plataformas, como en los casos de Cataluña o Castilla-La Mancha. Mientras tanto, las licencias de taxi se han reducido en un número similar.
De hecho, dentro del sector se han señalado mucho los problemas que generan las leyes que van contra las empresas del ramo, incluida la catalana. «La realidad se ha impuesto a los intereses particulares que querían expulsar de Cataluña a las VTC y a cualquier modalidad que quisiera competir con el taxi en entornos urbanos. La redacción original está siendo cuestionada por Europa, la mayoría de agentes económicos y sociales de Cataluña… y ni siquiera aglutina el consenso dentro del propio sector del taxi. Ello hace que el trámite parlamentario necesite más tiempo», han expresado fuentes del sector a este diario sobre el caso catalán.
