El impuesto cripto de Grecia ya tiene borrador: un 15% sobre las ganancias y los primeros 500 euros de beneficio anual exentos. El Ministerio de Finanzas heleno ha redactado un proyecto de ley para cubrir el vacío legal que, hasta ahora, dejaba la fiscalidad de las criptomonedas sin reglas claras en el país, según adelantaron Reuters y medios locales.
Porque eso es, en la práctica, lo que ocurría: quien vendía bitcoin en Atenas no tenía una casilla específica donde declarar lo ganado. El borrador llega para tapar ese hueco con un tipo bajo si se compara con los países vecinos, aunque con una letra pequeña que conviene leer despacio.
Qué dice el borrador: 15% al vender y los primeros 500 euros exentos
El diseño se apoya en una idea sencilla: pagar solo cuando el dinero sale del universo cripto. Pasar de bitcoins a ether, o cualquier otro intercambio entre monedas digitales, no activa el tributo. La factura fiscal llega cuando las monedas se convierten en euros u otra moneda tradicional, o cuando se emplean para pagar bienes y servicios.
El cálculo tampoco se hace sobre el importe total de la venta. Se descuenta primero el coste de adquisición y después las comisiones, de modo que tributa únicamente la plusvalía, la diferencia entre lo que costó comprar y lo que se ingresa al vender. Sobre el resultado se restan los 500 euros anuales exentos y, si sale una pérdida, esta puede compensarse con ganancias futuras durante un máximo de cinco ejercicios fiscales.
Hay dos detalles más que conviene retener. Las recompensas obtenidas por staking, el mecanismo por el que se bloquean monedas para ayudar a mantener una red a cambio de un rendimiento, no se gravan al recibirse: se gravan cuando se venden. Y quien compre, venda, y cambie de moneda dentro del mercado cripto no activará el impuesto por esos movimientos intermedios.
El borrador también mira hacia atrás. Las nuevas reglas se aplicarían con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2025, lo que significa que las plusvalías acumuladas desde esa fecha deberán declararse en la campaña de la renta de 2027. El texto tiene previsto entrar en el Parlamento en noviembre.
Gravar solo lo que se convierte en euros deja fuera del radar buena parte del mercado cripto: ese es el punto que más discusión generará.
A quién afecta: cuánto pagaría un inversor medio
Para el ahorrador pequeño, el cambio es casi testimonial. Quien venda con menos de 500 euros de beneficio anual no pagará nada, y buena parte de los inversores que operan con cantidades modestas se quedará en esa franja. El impacto real aparece en carteras medianas y en quienes llevan años acumulando sin vender.
Pongamos un caso concreto. Alguien compró cripto por valor de 10.000 euros y vende por 12.000, con 100 euros de comisiones por el camino en la operación. Ganancia neta: 1.900 euros. Restados los 500 exentos, quedan 1.400 sujetos al 15%, es decir, 210 euros de impuesto. La cuenta cambia poco respecto a lo que se paga en otros países europeos, pero cambia muchísimo respecto a lo que se pagaba en Grecia hasta hoy: cero.
La letra pequeña que más dudas genera es la retroactividad. Afecta a operaciones ya cerradas, algunas de hace casi dos años, y obliga a reconstruir compras y ventas antiguas con extractos y registros que no todo el mundo conserva.
Por qué Grecia mueve ficha ahora: MiCA, DAC8 y un mapa fiscal sin criterio común
El calendario no es casual. Grecia se mueve dentro del paraguas de el reglamento europeo MiCA, la norma que armoniza cómo se autorizan y supervisan los proveedores de servicios cripto en la Unión. En el caso griego, la Comisión de Mercados de Capitales es la encargada de autorizar y vigilar a estas empresas, mientras que el Banco de Grecia asume la supervisión de los emisores de stablecoins, las monedas digitales diseñadas para mantener un valor estable.
La autorización ha ido lenta. El primer proveedor griego no llegó al registro europeo hasta septiembre, unos dos meses después de que expirara el periodo transitorio de MiCA, que terminó el 1 de julio. A eso se suma la directiva DAC8, en vigor desde enero de 2026, que obliga a los exchanges a recopilar datos detallados de sus clientes y a comunicárselos a las haciendas nacionales, igual que los bancos ya informan de las cuentas corrientes. Grecia trasladó esas reglas a su ley en mayo.
El resultado es un mapa europeo sin criterio común. El 15% griego queda por debajo del 30% que se aplica en Francia y muy por encima del 8% de Chipre. Alemania y Portugal, en cambio, eximen las plusvalías cuando las monedas se han mantenido en cartera más de un año: un año exacto en el caso alemán y 365 días en el portugués. En España, las ganancias por cripto tributan en la base del ahorro del IRPF, con una escala que arranca en el 19%.
Hay una lectura optimista y otra menos amable. La primera dice que un tipo del 15%, con 500 euros exentos y sin gravar los intercambios entre monedas, es una de las fiscalidades más suaves de la Unión. La segunda recuerda que el impuesto llega con retroactividad, en un país que hasta ahora no tenía ni marco legal ni costumbre recaudatoria sobre cripto, y que la maquinaria para cruzarlo con los datos de DAC8 todavía se está montando.
El precedente más cercano lo dejaron los países que aprobaron sus reglas cripto entre 2023 y 2024 a rebufo de la directiva de intercambio de información. Casi todos aprendieron lo mismo: el problema no es fijar el tipo, es cobrarlo. Cuando la obligación de informar recae sobre plataformas que operan fuera del país, la capacidad real de la administración depende de la cooperación internacional, y ahí los plazos se estiran más de lo previsto.
Queda por ver qué ocurre en el Parlamento. El texto puede endurecerse o suavizarse en el trámite y la retroactividad es el punto más expuesto a enmiendas. La fecha a marcar es noviembre. A partir de ahí, la pregunta interesante no será cuánto se paga, sino cuántos contribuyentes acaban declarando operaciones que hasta ahora nadie preguntaba.
