La Generalitat y Renfe ultiman estos días la firma del contrato programa de Rodalies, el documento que blinda la gestión de la operadora pública en Cataluña hasta 2028 y allana la transición hacia la empresa mixta de Cercanías. El acuerdo, pendiente desde el traspaso de competencias de 2010, incluirá una compensación de unos 1.400 millones de euros para el trienio.
Según ha podido saber La Vanguardia, el documento podría sellarse en una semana si se liman los últimos flecos que aún se resisten. Ambas partes trabajan sobre una cifra de más de 460 millones de euros anuales, muy por encima de los alrededor de 300 millones que el Estado transfiere cada ejercicio para compensar el déficit de explotación del ferrocarril catalán.
Qué cambia en el día a día del servicio
El texto fija las condiciones jurídicas, técnicas y económicas de Rodalies. Incluye la definición de la asistencia que debe prestar Renfe, los estándares de calidad, el régimen económico y los mecanismos de seguimiento. Se creará además una comisión de control con capacidad para supervisar el cumplimiento, introducir modificaciones, resolver controversias y aprobar liquidaciones.
El importe recoge el conjunto de obligaciones económicas, los refuerzos del servicio y los planes alternativos de transporte. Para el Govern de Salvador Illa, el contrato ordena unos derechos y obligaciones que hasta ahora se daban por inercia, con rifirrafes constantes entre las dos administraciones.
La firma llega tras casi dos décadas de enfrentamiento. Desde el traspaso parcial de 2010, bajo el gobierno de José Montilla, la Generalitat asumió tarifas, horarios y frecuencias; Adif mantuvo las vías, las catenarias, y las estaciones; y Renfe conservó trenes y personal. El contrato programa quedó entonces en el tintero y el servicio se convirtió en instrumento de presión política.
El contrato no arregla la infraestructura, pero convierte en obligación jurídica lo que durante veinte años fue una pelea política.
Los choques llegaron incluso a los tribunales. Una sentencia obligó a la Generalitat a pagar más de 80 millones de euros a Renfe por las circulaciones de Mataró a Arenys de Mar, un pago que se cerró en 2024 con un acuerdo con ERC. En 2013 se pactó una versión del documento que nunca se tramitó; en 2020, con José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, se acordó un contrato a quince años que el Govern de Quim Torra frenó por motivos políticos.
El escudo europeo y el pulso por el modelo
Hay una derivada que explica buena parte de la prisa. Un reglamento europeo obliga a que, a medio plazo, los servicios ferroviarios considerados obligaciones de servicio público (OSP) —entre ellos Rodalies y todas las Cercanías autonómicas— salgan a concurso. Solo la adjudicación directa a una empresa pública de ámbito regional sortea esa exigencia. La empresa mixta de Rodalies de Catalunya, con un 50,1% en manos de Renfe y un 49,9% de la Generalitat, es esa fórmula.
El diseño evita que operadores públicos o privados de otros países —la SNCF francesa, sin ir más lejos— puedan hacerse con los servicios regionales, como ya ocurrió en los corredores de alta velocidad liberalizados. El consejo de administración de la sociedad se constituyó en enero, pero sigue teniendo un único trabajador, su consejero delegado, Òscar Playà, que compagina el cargo con la dirección operativa de Rodalies en Renfe. La licencia de empresa ferroviaria y el certificado de seguridad se acaban de empezar a tramitar y se alargarán durante todo 2027.
La fórmula catalana se mirará con lupa desde Madrid, porque probablemente deba replicarse en el resto de núcleos de Cercanías con sus respectivos gobiernos autonómicos. Si da resultados, Renfe podría extender el modelo por toda España.
Hoja de Ruta: Claves del Viaje
El impacto es doble. En el bolsillo del viajero, el contrato fija el dinero que sostiene la operación, pero no garantiza por sí solo menos incidencias: los 35 robos de cable contabilizados en septiembre, con la línea R3 como foco predilecto, se convirtieron en la principal causa de retrasos según el Ministerio de Transportes. Los Mossos han activado el plan Via y esta semana detuvieron a dos reincidentes con 27 arrestos acumulados.
La zona cero es Cataluña, aunque el efecto se proyecta sobre toda la red de Cercanías. El precedente es claro: cada traspaso ferroviario entre el Estado y las comunidades ha tardado años en cerrarse y ha terminado, más de una vez, en los tribunales. La diferencia ahora es que el contrato blinda a Renfe como operador y le concede tres años de aire hasta 2028.
El dato que resume la operación son los 1.400 millones en tres años, casi cinco veces lo que costaría un ejercicio de déficit ordinario. El calendario exige que el acuerdo sea ratificado en las próximas semanas por el Consell Executiu y el Consejo de Ministros. Hasta entonces, ningún fleco está cerrado del todo.
