AWS despliega centros de datos en Aragón desde noviembre de 2022, pero paga el Impuesto sobre Actividades Económicas en Madrid. El Burgo de Ebro y Villanueva de Gállego han pasado de la queja a la reclamación formal y exigen cobrar por la actividad que se genera sobre su suelo.
Claves de la operación
- El IAE se cobra a 300 kilómetros del centro de datos. La Instrucción del impuesto permite elegir cuota municipal, provincial o nacional cuando la tarifa contempla más de una clase. Según Heraldo, AWS habría escogido la nacional.
- Las estimaciones del PIGA reparten 522.777 euros anuales. De ese total, 384.503 corresponderían a Zaragoza, 90.817 a Huesca, 33.400 a Villanueva de Gállego y 14.056 a El Burgo de Ebro.
- Aragón, Andalucía y Madrid ya han alegado contra el decreto estatal. El borrador exige operar desde la UE y cubrir al menos el 80% del consumo con renovables, y su tramitación sigue abierta.
El IAE que emigra a Madrid mientras la luz y el agua se quedan en Aragón
La mecánica es sencilla y demoledora para las arcas locales. Cuando la tarifa de una actividad prevé varias clases de cuota, la norma deja al contribuyente escoger cuál paga, y nada le obliga a quedarse con la del municipio que soporta el ruido, el tráfico y la ocupación del suelo. Amazon Web Services, según la información publicada por Heraldo, habría optado por la cuota de ámbito nacional.
Los dos consistorios reclaman cantidades desde 2022 y también las que no llegarán con los campus en construcción. Vicente Royo, alcalde de El Burgo de Ebro, lo dijo sin rodeos: ‘Es verdaderamente lamentable y vergonzoso que los impuestos no se queden en el territorio’. En el mismo frente, la segunda teniente de alcalde de Villanueva de Gállego, Susana González, añade un agravio previo: ambos municipios perdieron también el ICIO de las obras porque el proyecto se tramitó como Plan de Interés General de Aragón.
Royo ha anunciado que no firmará el convenio recogido en el PIGA hasta que exista un acuerdo económico que cubra el IAE y la compensación pendiente. La negativa convierte un trámite administrativo en una palanca de negociación. Y no es un caso aislado: en Cuarte, el movimiento vecinal logró que Amazon desviara una línea de alta tensión que iba a atravesar el casco urbano.
La factura eléctrica e hídrica que sostiene el hub aragonés
En 2025 el consumo eléctrico de Aragón creció un 7,1%, frente al 2,7% del conjunto de España, un salto que la prensa aragonesa atribuye al despegue del hub de AWS. Con las ampliaciones previstas completas —32 edificios y 11 fases repartidas en una década—, la demanda rondaría los 10.800 GWh anuales, más de lo que consumió toda la comunidad en 2024, cuando se quedó en 10.543 GWh.
El agua concentra tanta tensión como la electricidad. El plan estima 755.000 metros cúbicos anuales para refrigeración, con un tope autorizado de 36.461 metros cúbicos por centro y año. A finales de 2024 AWS pidió elevarlo un 48%, hasta 53.961. Amazon sostiene, en un comunicado de junio de 2026, que sus instalaciones aragonesas gastaron unos 68 millones de litros en 2025, el 0,03% de la demanda industrial de la demarcación del Ebro.
La expansión no se detiene. AWS eligió La Puebla de Híjar, un municipio de unos 935 habitantes, para su primer centro en Teruel, con 100 MW garantizados. Blackstone prepara en Calatorao un campus de hasta ocho centros, 650 MW y 11.800 millones de euros, y Microsoft proyecta otro junto a Puerto Venecia, en Zaragoza. El mismo modelo fiscal se replica en cada nuevo emplazamiento.
Mientras los ayuntamientos reclaman el IAE, la compañía aportará 13,8 millones de euros a un plan antiinundaciones. Una de cal y otra de arena.
Aragón pone el suelo, el agua y la red eléctrica; Madrid se queda el recibo. El hub se levanta, pero la caja municipal sigue esperando.
La fricción local se acumula. La mayoría de los municipios aragoneses que acogen estas instalaciones sigue sin ver un euro del impuesto. La plataforma Salvemos los Pinares de Venecia ha registrado 349 alegaciones contra el centro de Microsoft por el destino de las tierras excavadas, la comunidad de regantes de Gaén mantiene bloqueada la negociación del agua en Teruel y en Talavera de la Reina el proyecto de Meta reabrió el debate hídrico. En Extremadura, Ecologistas en Acción advierte de que cuatro proyectos necesitarían entre 3,5 y 4 GW, casi toda la electricidad que genera la región.
El precedente de Figueruelas y la pregunta que Amazon no responde
Aragón ya conoce este guion. Cuando General Motors instaló Opel en Figueruelas en 1982, la factoría quedó anclada al término municipal que la albergaba. Aquel modelo industrial asumía que la fábrica y su fiscalidad viajaban juntas. El negocio de los centros de datos rompe esa lógica: el activo es el cómputo y el domicilio fiscal, una elección contable.
Conviene medir el contraste. AWS cifra en 33.700 millones de euros su inversión total en España, tras elevar en marzo de 2026 los 15.700 millones que anunciaba en su web oficial para España, y proyecta 31.700 millones de aportación al PIB hasta 2035. Son estimaciones de la propia compañía. Al otro lado de la balanza están dos municipios que llevan cuatro años sin ingresar el impuesto que la actividad genera y que ni siquiera cobraron el ICIO de las obras.
El riesgo de fondo no es contable, es de legitimidad. Sin retorno fiscal, cada nuevo campus añade oposición vecinal y alegaciones, y la tramitación se alarga. Observamos que la cifra de inversión anunciada funciona como titular recurrente mientras el indicador que de verdad mide el encaje territorial —el impuesto efectivamente liquidado en el municipio— no aparece en ningún comunicado. Más contexto sobre este tipo de instalaciones en la entrada de Wikipedia sobre centros de datos.
Los picos de potencia, la suficiencia renovable y el agua seguirán sobre la mesa, y el borrador de decreto estatal que fijaría las reglas del juego acumula alegaciones de Aragón, Andalucía y Madrid sin fecha de resolución pública. La prueba inmediata es la reclamación conjunta de El Burgo de Ebro y Villanueva de Gállego y el convenio del PIGA que sigue sin firma. Si prospera, el criterio se extenderá a Teruel, Calatorao y a los cuatro proyectos extremeños. Y ahí sí habrá una cuenta que cuadrar.
