Repsol reivindica la capacidad industrial española como elemento de seguridad de suministro y reclama una transición energética que combine competitividad, renovables y tecnologías convencionales.
La energía ha dejado de ser únicamente una cuestión de precios o de transición medioambiental para convertirse en uno de los grandes asuntos estratégicos de Europa. Las tensiones geopolíticas, las dificultades en las cadenas internacionales de suministro y la elevada dependencia exterior de la Unión Europea han devuelto al primer plano actividades industriales que durante años parecían destinadas a perder protagonismo. Entre ellas, el refino.
Ese fue uno de los principales mensajes trasladados por el presidente de Repsol, Antonio Brufau, durante la Junta General de Accionistas de la compañía. Su planteamiento parte de una realidad que la actual coyuntura energética ha hecho más visible: disponer de capacidad propia para transformar crudo y producir combustibles continúa siendo una pieza relevante para garantizar el abastecimiento de economías altamente dependientes del transporte, la industria y el turismo.
España llega a este escenario con una situación diferente a la de buena parte de Europa. El país mantiene ocho refinerías capaces de trabajar con crudos de diferentes procedencias, mientras que en el conjunto europeo se han cerrado 35 instalaciones durante los últimos quince años. Brufau atribuye esa diferencia a las inversiones realizadas durante años por las compañías del sector y considera que esa capacidad industrial proporciona ahora un mayor margen de respuesta frente a episodios de tensión en los mercados internacionales.
El argumento cobra especial relevancia cuando aparecen problemas no sólo con el suministro de petróleo, sino con determinados productos ya refinados. Las alteraciones provocadas por el conflicto en Oriente Medio y las dificultades de tránsito por el estrecho de Ormuz han afectado especialmente al queroseno y al diésel, dos productos esenciales para la movilidad y la actividad económica. En el caso español, el combustible de aviación posee además una dimensión particularmente sensible por su relación directa con el turismo.
El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha situado precisamente la seguridad de suministro entre las prioridades de la compañía. La energética sostiene que las inversiones realizadas y la fortaleza de su estructura industrial permiten afrontar las necesidades de combustible de España y Portugal y reducir el impacto de la crisis internacional sobre actividades como el transporte aéreo. La compañía ha reforzado además sus inventarios y su capacidad de respuesta durante los últimos meses.
El debate planteado por Repsol va, sin embargo, más allá de una crisis concreta. Para Brufau, Europa debe reconsiderar el valor estratégico de disponer de industria energética propia en un contexto internacional cada vez más incierto. La elevada dependencia de las importaciones obliga, en su opinión, a analizar la transición energética no sólo desde la reducción de emisiones, sino también desde la seguridad de suministro, el coste de la energía y la competitividad de las empresas europeas.
Desde esa perspectiva, el presidente de Repsol reclamó eliminar obstáculos a la inversión industrial y defendió un marco que facilite la financiación de infraestructuras energéticas. También pidió que los combustibles renovables reciban un tratamiento regulatorio que les permita competir en condiciones equivalentes con otras tecnologías bajas en carbono. El planteamiento pasa, por tanto, por evitar un modelo basado en la sustitución inmediata de unas fuentes de energía por otras y avanzar hacia una combinación de soluciones.
Esta visión encaja con la estrategia multienergética que la compañía viene desarrollando: mantener y modernizar sus activos industriales mientras aumenta su presencia en electricidad renovable, combustibles de menor huella de carbono, hidrógeno renovable y nuevas tecnologías. Uno de los ejemplos más significativos se encuentra en Cartagena, donde Repsol y Enagás Renovable impulsan un electrolizador de 100 MW destinado a producir hidrógeno renovable a escala industrial.
La convivencia entre presente y futuro constituye precisamente uno de los mensajes que la compañía pretende situar en el debate energético. La descarbonización necesitará un despliegue creciente de renovables, pero durante los próximos años seguirán siendo necesarias otras fuentes para atender la demanda de movilidad, industria y materias primas. De ahí que el grupo defienda una transición que permita transformar progresivamente sus complejos industriales sin renunciar a la capacidad productiva existente.
En Generación Baja en Carbono, Repsol prevé incorporar aproximadamente un gigavatio de nueva capacidad anual y alcanzar los 9 GW a finales de 2028. Paralelamente, en el área comercial se ha fijado como objetivo superar los cuatro millones de clientes de electricidad y gas en ese mismo horizonte. El escenario dibuja así una transformación más compleja que una simple sustitución tecnológica: el desafío consiste en reducir las emisiones sin debilitar una infraestructura industrial que puede resultar decisiva en momentos de crisis.
La Junta de Accionistas dejó también decisiones relevantes en el terreno financiero. Repsol prevé destinar entre el 30% y el 40% del flujo de caja de las operaciones a la remuneración de sus accionistas entre 2026 y 2028. La compañía calcula que el dividendo por acción crecerá entre un 6% y un 9% anual durante ese periodo, condicionado a la evolución del negocio y de los mercados. Para 2026, la remuneración en efectivo alcanza 1,051 euros brutos por acción, un 7,8% más que el ejercicio anterior.
Más allá de estas cifras, la Junta dejó una tesis de fondo: Europa vuelve a descubrir que la política energética está estrechamente ligada a su política industrial. En un escenario marcado por tensiones geopolíticas, competencia internacional y necesidad de descarbonización, disponer de capacidad productiva propia vuelve a adquirir una importancia que durante años había quedado en segundo plano.
Y es precisamente ahí donde Repsol quiere situar el refino: no como una actividad enfrentada a la transición energética, sino como una infraestructura industrial que, mientras avanza su transformación hacia combustibles y procesos con menor huella de carbono, continúa desempeñando un papel en la seguridad de suministro de España y de Europa.
