Esquerra Republicana (ERC) y EH Bildu defenderán este jueves en la Comisión Mixta de Congreso y Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas una propuesta para analizar la ejecución y efectos reales de los «beneficios fiscales» que se producen en determinadas comunidades autónomas, con el objetivo de propiciar las bases para una asignación de recursos «más equitativa y justa entre los diferentes territorios del Estado».
Se trata de una petición que los independentistas hacen a tenor de un informe del Tribunal de Cuentas sobre la Cuenta General del Estado en el ejercicio de 2021, que el órgano fiscalizador presentó recientemente a las Cortes y donde advertía que en la actualidad no se registra información sobre el grado de ejecución del Presupuesto de Beneficios Fiscales, los cuales surgen de la disminución de los ingresos vía impuestos como consecuencia de incentivos tributarios en cada territorio.
«La ausencia de este seguimiento imposibilita conocer cada año las desviaciones entre las cantidades presupuestadas y las reales, lo que impide evaluar la calidad de las estimaciones y dificulta la detección de posibles deficiencias en los métodos empleados para su cálculo», decía el informe del Tribunal de Cuentas.
VER LO QUE DEJAN DE INGRESAR LAS COMUNIDADES
Por este motivo, el grupo conjunto de ERC y Bildu en el Senado ha registrado una propuesta de resolución al informe y que se votará en el Parlamento este jueves.
La intención de esta propuesta es que se amplíe la información recogida en las cuentas anuales y se presente el grado de ejecución del Presupuesto de los beneficios fiscales del ejercicio. Esto, según explican los grupos en su propuesta, serviría para cuantificar el impacto sobre los ingresos de las comunidades autónomas de los beneficios fiscales vigentes.
También piden recabar más información sobre los cambios normativos sobre figuras tributarias con impacto en el resultado del modelo de financiación autonómica, así como conocer el grado de ejecución territorializada de las inversiones estatales presupuestadas en las diferentes comunidades autónomas.
El motivo principal que justifica estas propuestas es instaurar un mecanismo de seguimiento y evaluación que permita no sólo anticipar el impacto presupuestario de los beneficios fiscales en la etapa de planificación, sino también analizar su ejecución y efectos reales sobre los recursos financieros de las comunidades.
DETERMINANTE PARA REPARTIR RECURSOS
«Este enfoque no solo fortalecerá las bases para una asignación de recursos más equitativa y justa entre los diferentes territorios del Estado, sino que también promoverá una mayor eficacia y eficiencia en la gestión de las finanzas públicas», defienden ERC y Bildu.
Por último, sostienen que un proceso de evaluación robusto ayudará a detectar las posibles áreas de mejora en la política fiscal y presupuestaria, lo que derivaría en una optimización continua de los recursos estatales y a una mejor adaptación de las estrategias financieras a las necesidades reales y cambiantes de las comunidades autónomas.
Esquerra Republicana, impulsora de la propuesta, viene denunciando lo que denomina ‘dumping fiscal’ de comunidades autónomas como Madrid que impulsan deducciones y beneficios fiscales, en ocasiones reduciendo sus ingresos, y ante ello ha reclamado en varias ocasiones al Gobierno una armonización tributaria en el conjunto del Estado.
