Teresa Ribera ha ampliado su parcela de poder sobre el sector energético español, y lo ha hecho conquistando las funciones de un regulador independiente. Y es que, en realidad, la resurrección de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) no será más que el trasvase de una de las atribuciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMV) al Ministerio de Ribera, que a partir de finales de este año controlará la supervisión del mercado que hasta ahora ejercía la CNMV. La industria, por el momento, se muestra cauta respecto al cambio, aunque pide que no se adultere el diálogo en el sector.
La CNE inició su primera etapa como entidad reguladora del mercado energético en 1995, hasta que en 2013 fue absorbida por la CNMV. El pasado martes, el actual Gobierno inició los trámites legales para ‘revivirla’ con la remisión a información pública del anteproyecto de ley por el que se restablece la CNE como un ente regulador separado.
LA RESUCITADA CNE TENDRÁ NUEVAS FUNCIONES, COMO reforzar la regulación y apoyar la descarbonización; además de una mayor dotación de recursos y un fondo específico PARA LA GESTIÓN DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICO Y GASÍSTICO
La nueva configuración legal del organismo traerá una actualización de sus funciones, entre las que figuran reforzar la regulación y apoyar la descarbonización, además de una mayor dotación de recursos y la habilitación de un fondo específico dedicado a la gestión y liquidación de los sistemas eléctrico y gasista. Esto, según Ribera, permitirá garantizar «precios competitivos para los consumidores y señales eficientes para la inversión».
Además, el anteproyecto de ley prevé también la creación del Fondo para la Gestión Económico-Financiera de las Liquidaciones del Sector Eléctrico y del Sector del Gas (FGLSEG), para gestionar los ingresos y pagos correspondientes a las liquidaciones de peajes, cargos, cánones, precios y retribuciones reguladas de los sectores eléctrico y gasista, así como las transferencias previstas en los Presupuestos Generales del Estado para estos sectores.
UNA CNE SUBORDINADA AL GOBIERNO
La propuesta legislativa configura la nueva CNE como una entidad con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, con funciones de carácter externo sobre sectores económicos o actividades determinadas, autonomía orgánica y funcional y plena independencia del Gobierno, de las Administraciones Públicas y del mercado.
La Comisión Nacional de la Energía, por tanto, resurge cual Ave Fénix, con más alcance y medios, pero lo hace adscrita al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO), que dirige Ribera. Esto, de facto, implica que muchas de sus decisiones y actividades dependerán del visto bueno del Gobierno.
Por ejemplo, en el caso de la supervisión de las tomas de participaciones empresariales en el sector energético, la CNE se encargará de instruir el expediente y de hacer una propuesta al Ministerio, que éste resolverá fijando las condiciones que considere oportunas.
MERCA2 se ha puesto en contacto con la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (AELEC) para conocer su postura sobre esta transfusión de competencias entre la CNMC y el Ministerio. La patronal eléctrica, que agrupa a compañías como Endesa, Iberdrola y EDP, se ha limitado a remarcar que «la separación de organismos no debe interferir en el buen hacer regulatorio».
Por su parte, Rubén Sánchez, secretario general de la asociación de consumidores FACUA, en principio no ve con malos ojos la iniciativa: «En su día no vimos bien que la antigua CNE desapareciera para integrarse en un macroorganismo» -comenta en declaraciones a MERCA2- «Puesto que, cuanto más grande es una organización, más se diluye su atención». Sí es categórico el activista a la hora de concretar los ‘deberes’ que tiene pendientes la Comisión: «ser dura sancionando prácticas como las altas fraudulentas o las facturaciones irregulares, impulsar límites normativos a fenómenos como la refacturación y desarrollar protocolos de investigación más eficaces».
UN NUEVO ORGANISMO PARA UN NUEVO ESCENARIO CLIMÁTICO
El Ejecutivo justifica el revival del organismo en las necesidades derivadas de la emergencia climática y la transición energética, las cuales «exigen disponer de un regulador y supervisor de los mercados energéticos que añada la descarbonización de la economía española a los objetivos». Por ello, Ribera consideró «indispensable» reinterpretar la figura del regulador energético para incrementar su especialización y ampliar su ámbito de actuación.
Así, una novedad fundamental en la propuesta es el énfasis en la descarbonización como objetivo claro dentro de las funciones de la Comisión. «A la hora de tomar esas decisiones regulatorias, debe favorecer ese objetivo común a nivel europeo de avanzar hacia la descarbonización», indicó Ribera, subrayando la importancia de alinear la regulación energética con las metas de sostenibilidad y transición ‘verde’.
El organismo también tomará un papel consultivo y de resolución de conflictos entre operadores ENERGÉTICOS
La integración de la descarbonización entre los objetivos de la CNE se puede traducir, por ejemplo, en que a la hora de establecer la metodología de retribución de las redes eléctricas se incluyan incentivos para las distribuidoras que tramiten rápidamente los expedientes de conexión de nuevos puntos de recarga para vehículos eléctricos, así como penalizaciones para las que mantengan plazos temporalmente dilatados.
El organismo también tomará un papel consultivo y de resolución de conflictos entre operadores. A su vez, ejercerá las funciones de inspección y sanción, así como de arbitraje, información, atención y tramitación de las reclamaciones planteadas por agentes y consumidores. Igualmente, liquidará los peajes, cargos, precios, cánones y retribuciones reguladas de los sectores a su cargo.
La CNE, destacó la ministra, incorpora nuevos vectores energéticos como los gases renovables o el hidrógeno ‘verde’, por lo que «ya no se trata solamente de electricidad, gas o hidrocarburos».
EL ORGANIGRAMA DE LA NUEVA CNE
Esta comisión ejercerá sus funciones a través de dos figuras principales: el Consejo y el Presidente, que también lo será del Consejo. De ellos dependerán, además de la Secretaría General y la Secretaría del Consejo, tres direcciones de instrucción: la de Electricidad, la de Hidrocarburos y Nuevos combustibles y la de Inspección.
El Consejo será el órgano colegiado de decisión y estará integrado por siete miembros: el presidente, el vicepresidente y cinco consejeros, que tendrán un mandato de seis años sin posibilidad de reelección.
Según los plazos previstos en el Anteproyecto, la nueva entidad debe haberse constituido y estar plenamente operativa en un plazo de cuatro meses desde la aprobación de la Ley de creación. Teniendo en cuenta los ritmos legislativos, esto significa que la CNE no estará operativa al menos hasta finales del presente año; hasta entonces, aseguró Ribera, la CNMC seguirá desempeñando con total normalidad sus responsabilidades en el sector de la energía.
