La tentación de rellenar el depósito con gasolina a un coste muy inferior al de mercado es una forma muy tentadora de reducir la cuenta de gastos, pero supone contribuir a un fraude de proporciones gigantescas perpetrado, en gran parte, por grupos delictivos escondidos tras empresas ‘fantasma’. Y es que las ‘bicocas’ que pueden encontrarse en algunas estaciones de servicio son servidas por mafias que evaden la fiscalidad montando sociedades pantalla que desaparecen tan rápido como surgen.
El modus operandi de estos defraudadores es sencillo: abren una empresa ‘pantalla’ dedicada al comercio de combustible, el cual venden a otros minoristas a un precio irrisorio, mucho más competitivo que el natural en el mercado. Si pueden ofrecer gasolina a precios tan bajos es porque no pagan el IVA ni el impuesto de hidrocarburos. La normativa tributaria del sector obliga a las compañías a regularizar el pago del impuesto cada tres meses, así que su táctica es cerrar la sociedad antes de que se cumpla el plazo.
LOS DEFRAUDADORES VENDEN TODO EL CARBURANTE QUE PUEDEN A PRECIOS ‘DE DERRIBO’, ELUDIENDO EL FISCO A TRAVÉS DE SOCIEDADES ‘PANTALLA’ DONDE COLOCAN TESTAFERROS
Abren el negocio, venden todo el carburante que pueden y se esfuman sin pagar impuestos; después, montan otra empresa con otra denominación social y vuelta a empezar. Así consiguen burlar al fisco y contar con un buen margen de beneficios que les permite ofrecer tarifas de ganga. ¿Y qué está haciendo la Agencia Tributaria?
LAS ARMAS DEL FISCO
MERCA2 ha hablado con el secretario general del sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), José María Mollinero. Este especialista detalla el funcionamiento de la nueva normativa de suministro inmediato de información: «Cada cuatro días, hay obligación de remitir a Hacienda los registros de las facturas», lo que, explica, se ha demostrado «muy eficaz» para evitar la proliferación de facturas falsas en el comercio de combustible.
Otra de las armas con las que cuenta el fisco para luchar contra la piratería en la distribución de gasolina es «la apertura de expedientes de derivación de responsabilidad» sobre los administradores que saltan de empresa a empresa. Para fajarse de esta responsabilidad, los defraudadores llegan al extremo de pagar a testaferros que figuren al frente de la sociedad, «normalmente indigentes o inmigrantes que firman con gusto a cambio del dinero».
Mollinero defiende la eficacia de la Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal, que rebajó de 2.500 a 1.000 euros el máximo de dinero en efectivo con el que se puede pagar en las transacciones entre los minoristas de gasolina. «Esta medida hace más factible rastrear al beneficiario real de los fondos», sostiene.
Esta última afirmación ha sido puesta en solfa por el el secretario general de la Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes (Aevecar), Víctor García Nebreda. «Cuando hablamos de este tipo de transacciones, no suelen hacerse en efectivo», dice a MERCA2– «Las operaciones frecuentemente superan los 40.000 euros, así que no tiene ningún sentido que reducir la limitación de 2.500 euros al cash ayude a perseguir el fraude», apuntó.
LA RAÍZ DE LA VENTA FRAUDULENTA DE GASOLINA
La prohibición de la venta de hidrocarburos entre minoristas está a la vuelta de la esquina, lo que ha provocado una suerte de ‘efecto rebote’: los defraudadores han multiplicado su actividad para aprovechar al máximo las pocas semanas que quedan antes de que se acabe el ‘chollo’. Según datos del sector publicados por VozPópuli, desde el pasado mes de octubre en España se registran picos de 1.220 gasolineras con precios ‘de derribo’, el 10% de las existentes. Antes de octubre apenas eran 50.
Las raíces más profundas del fenómeno hay que buscarlas en 2013, con la liberalización del mercado de carburantes realizada durante el mandato ‘popular’ de Mariano Rajoy. Las gasolineras low cost irrumpieron como elefante en cacharrería; y desde entonces, como ha pasado en otros sectores -la televisión, las telecomunicaciones, la electricidad o el transporte ferroviario- un ecosistema empresarial hasta entonces apacible se convirtió en una jungla competitiva.
LA LIBERALIZACIÓN DEL MERCADO DE HIDROCARBUROS DERIVÓ, SEGÚN LAS FUENTES DEL SECTOR, EN EL ROSARIO DE PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS Y FRAUDULENTAS QUE ASOLAN EL REPOSTAJE DE GASOLINA
Dos años después, también durante la etapa de Gobierno del Partido Popular (PP) llegó la ya mencionada modificación de la Ley de Hidrocarburos, que dio permiso a los distribuidores minoristas a comerciar con los combustibles entre ellos y con los mayoristas. Esta disposición marcó, según los representantes de esta industria, el punto de inflexión que a la postre desembocaría en el rosario de prácticas anticompetitivas y fraudulentas que asolan el mundo del repostaje.
Las fuentes del sector consultadas por MERCA2 son claras al respecto: «Ya dijimos en su día que permitir la venta entre distribuidores abriría una gigantesca bolsa de fraude». El tamaño del problema se refleja en las arcas públicas, que según los cálculos que se manejan en el sector dejan de ingresar cada año hasta 700 millones de euros por culpa de esta práctica.
Todo este cenagal ha llevado al Gobierno actual a aprobar la prohibición de que los distribuidores minoristas se vendan gasolina entre ellos, eliminando así el canal comercial que incentiva la alteración fraudulenta de los precios. En esta legislación, contenida en el Real Decreto 8/2023 del 28 de diciembre, se introdujo un ‘período de gracia’ de tres meses antes de su entrada en vigor. Entretanto, los ‘piratas’ sacan el máximo partido del poco tiempo que les queda.
