A menos de tres meses de que entre en vigor la normativa que pone diques a la liberalización de las gasolineras, la venta fraudulenta de carburantes por debajo del precio de mercado ha alcanzado niveles críticos. Mientras esta práctica se extiende como la grasa, los representantes del sector, consultados por MERCA2, apuntan sin ambages a la causa de este problema: la Ley de Hidrocarburos de 2015, que autorizó el suministro entre distribuidores al por menor. T también piden responsabilidad a las gasolineras.
La prohibición de la venta de hidrocarburos entre minoristas está a la vuelta de la esquina, lo que ha provocado una suerte de ‘efecto rebote’: los defraudadores han multiplicado su actividad para aprovechar al máximo las pocas semanas que quedan antes de que se acabe la ‘bicoca’. Según datos del sector publicados por Vox Populi, desde el pasado mes de octubre en España se registran picos de 1.220 gasolineras que ofrecen precios ‘de derribo’, el 10% de las existentes. Antes de octubre apenas eran 50.
«Ya dijimos en su día que permitir la venta entre distribuidores abriría una gigantesca bolsa de fraude», declaran a MERCA2 fuentes de la Asociación Española de Operadores de Productos Petroleros (AOP).
UN POCO DE HISTORIA
Las raíces más profundas del fenómeno hay que buscarlas en 2013, con la liberalización del mercado de carburantes realizada durante el mandato ‘popular’ de Mariano Rajoy. Las gasolineras low cost irrumpieron como elefante en cacharrería; y desde entonces, como ha pasado en otros sectores -la televisión, las telecomunicaciones, la electricidad o el transporte ferroviario- un ecosistema empresarial hasta entonces apacible se convirtió en una jungla competitiva.
Dos años después, también durante la etapa de Gobierno del Partido Popular (PP) llegó la ya mencionada modificación de la Ley de Hidrocarburos, que dio permiso a los distribuidores minoristas a comerciar con los combustibles entre ellos y con los mayoristas. Esta disposición marcó, según los representantes de esta industria, el punto de inflexión que a la postre desembocaría en el rosario de prácticas anticompetitivas y fraudulentas que asolan el mundo del repostaje.
EL ‘MODUS OPERANDI’ DE LA MAFIA DE LOS CARBURANTES
La AOP -organización que agrupa, entre otros, a gigantes como Repsol, Cepsa, BP y Galp- explica a MERCA2 las dos vías que utilizan los defraudadores para ‘reventar los precios’: «La primera y más conocida es la del IVA» -relatan las fuentes de la entidad- «Se lo cobran al consumidor final, pero luego incumplen la obligación de ingresarlo a Hacienda, quedándose con la recaudación del tributo; esto les genera un beneficio extraordinario que les permite bajar los precios de venta».
La respuesta de la Administración a esta flagrante infracción es, como no podía ser de otra manera, iniciar el correspondiente proceso disciplinario, que deriva en el cierre de la empresa. «Pero es igual, porque cuando esto ocurre, simplemente abren una nueva», aseveran estas mismas fuentes.
El otro método para generar ganancias fraudulentas es el incumplimiento del imperativo legal de incorporar biocarburantes, ante lo que tampoco sirven de nada las medidas coercitivas impuestas por las autoridades: «Cuando el MITECO les sanciona por esta causa, no pagan la multa». Por último, la patronal petrolífera también menciona a vuela pluma los impagos al Fondo de Eficiencia Energética, que constituyen otra forma de burlar la legalidad para obtener un mayor rendimiento económico y rebajar aún más el precio de venta.
«La competencia desleal que sufrimos no procede de los distribuidores que ya estaban asentados, sino de organizaciones de delincuentes profesionales que han penetrado en el sector tras la Ley de Hidrocarburos de 2015»
Víctor García Nebreda, secretario general de la Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles (Aevecar)
Esta capacidad de escapar al control público responde a la naturaleza criminal que el secretario general de la Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes (Aevecar), Víctor García Nebreda, atribuye a los grupos que hay detrás del fenómeno: «Son bandas organizadas capaces de urdir complicados entramados de empresas que desembocan en paraísos fiscales».
«La competencia desleal que sufrimos no procede de los distribuidores que ya estaban asentados, sino de organizaciones de delincuentes profesionales que han penetrado en el sector tras la Ley de Hidrocarburos de 2015», asegura a MERCA2 García Nebreda, quien no duda en calificar a esta norma de «catástrofe para el sector», concebida con un «afán liberalizador» que «roza la inconstitucionalidad».
LA TORMENTA PREVIA A LA CALMA
Todo este cenagal ha llevado al Gobierno actual a aprobar un paquete de medidas que busca atajar el problema, imponiendo, entre otras cosas, la prohibición de que los distribuidores minoristas se vendan carburante entre ellos, eliminando así el canal comercial que incentiva la alteración fraudulenta de los precios. En esta legislación, contenida en el Real Decreto 8/2023 del 28 de diciembre, se introdujo un ‘período de gracia’ de tres meses antes de su entrada en vigor.
Esta moratoria, como se ha dicho, ha causado que los defraudadores aprovechen al máximo el poco tiempo que les queda, agravando aún más la situación. En general, los operadores consideran que se ha tocado fondo justo antes de mejorar, dando el visto bueno a la nueva normativa. Eso sí, piden agilizar los trámites para paliar los graves perjuicios que están sufriendo.
Aevecar solicita al Gobierno «que se agilicen todos los trámites pertinentes e incluso que se adelante la entrada en vigor del citado Real Decreto para evitar que sigan aumentando estas prácticas, o, en su defecto, que se redacte un Real Decreto específico con los cambios en la ley de Hidrocarburos ya contemplados en el RD 8/2023, que dé seguridad al sector y confianza a los consumidores».
«la Administración navega entre dos aguas, pues por un lado estos defraudadores contribuyen a mantener a raya la inflación, mientras que en el otro platillo de la balanza las arcas del Estado dejan de recaudar cantidades muy importantes, de hasta 700 millones de euros anuales»
Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES)
Por su parte, la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) se muestra bastante más suspicaz, proclamando en un comunicado que la Administración «navega entre dos aguas, pues por un lado estos defraudadores contribuyen a mantener a raya la inflación, mientras que en el otro platillo de la balanza las arcas del Estado dejan de recaudar cantidades muy importantes, de hasta 700 millones de euros anuales según los cálculos de la Agencia Tributaria».
«Es hora de que la Administración deje de hacerse trampas al solitario y cargue con todo el peso de la ley contra quienes quebrantan las reglas del juego» -continúa- «Por sí solo, el Real Decreto 8/2023, que entrará en vigor a finales del próximo mes de marzo, no solucionará todos los males que aquejan al sector de la distribución de carburantes. Antes al contrario, la moratoria de tres meses concedida por el Gobierno no ha hecho sino disparar el fraude desde la publicación del Real Decreto en el BOE a finales del pasado mes de diciembre».
«Si a un distribuidor alguien le ofrece carburante con un margen de beneficio de 40 céntimos, debería sospechar, por mucho que le presenten todos los documentos legales»
Víctor García Nebreda, secretario general de la Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles (Aevecar)
Otras fuentes del sector consultadas por MERCA2 se manifiestan en esta misma línea, opinando que el Real Decreto que entrará en vigor en marzo es bueno, pero no suficiente, y reclamando «cambios en la legislación sectorial y la de biocarburantes», a fin de acorralar a los operadores fraudulentos. De su lado, García Nebreda cree inadecuado que la regulación esté incluida en un decreto ómnibus, y reclama que este asunto tenga «un cuerpo legal propio».
El secretario general de Aevecar no descarga de responsabilidad a las gasolineras en la problemática del ‘pirateo’ de carburantes: «Si a un distribuidor alguien le ofrece carburante con un margen de beneficio de 40 céntimos, debería sospechar, por mucho que le presenten todos los documentos legales», argumenta, agregando que este aspecto debería ser otro factor susceptible de «control» por parte de las autoridades.
