El Gobierno no tiene previsto alterar su calendario y confía en poder presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2024 el próximo mes de marzo, pese al revés que ha puesto la decisión de Junts de no apoyar la Ley de Amnistía este martes en el Congreso, lo que obliga a seguir negociando esta norma con los de Carles Puigdemont.
Fuentes gubernamentales admiten que, tras lo sucedido en el Pleno, hay que esperar a ver «cómo respiran» los miembros del Junts. Ahora la proposición de Ley de Amnistía volverá a la Comisión de Justicia de la Cámara, que cuenta con un plazo máximo de un mes para emitir un nuevo dictamen y elevarlo al Pleno.
La intención del Ministerio de Hacienda es presentar el proyecto presupuestario en marzo, pero antes quiere tener garantías de que sus socios parlamentarios no registrarán ni apoyarán ninguna enmienda a la totalidad, para que puedan, por lo menos, arrancar su tramitación en el Congreso.
LAS NEGOCIACIONES PODRÍAN SOLAPARSE
Así, las cosas, si el calendario no se altera, todo indica que la negociación sobre la ley de amnistía y la búsqueda de esas garantías para no obstaculizar los Presupuestos podrían solaparse.
La tramitación parlamentaria de unas nuevas cuentas suele durar en torno a los dos meses y medio y la idea de Hacienda es que, tras su paso por el Congreso, el proyecto se remita al Senado en mayo y se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en junio para su entrada en vigor. Es el tope, ya que ir más allá se solaparía con la próxima senda de déficit y la presentación de los Presupuestos de 2025.
En todo caso, desde el Gobierno mantienen que el ‘no’ de Junts a la Ley de Amnistía no tiene por qué anticipar el final de la legislatura y recalcan que la convocatoria de elecciones corresponde al presidente del Gobierno, que está decidido a seguir adelante.
Al ser preguntado sobre si la legislatura está en riesgo, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha hecho hincapié en que al Gobierno de coalición le quedan «tres años y medio» de andadura.
