La Universidad CEU San Pablo ha publicado una ‘Declaración sobre la proposición de ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social de Cataluña‘ en la que expresa su «preocupación» por la ley de Amnistía porque consideran que «rompe» los principios de igualdad y de separación de poderes, «ahonda en la división» e «incrementa la conflictividad».
«Expresamos nuestra profunda preocupación ante una iniciativa legislativa que ahonda en la división, incrementa la conflictividad social y política de nuestra nación, ignora la voluntad del pueblo expresada en las pasadas elecciones y rompe con los valores de consenso, tolerancia y diálogo que son la base sobre la que se asienta nuestro Estado democrático de Derecho», plantean los firmantes de la declaración.
Entre los firmantes del texto, se encuentran el exministro de Asuntos Exteriores y vicepresidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Marcelino Oreja Aguirre, o el también exministro de Exteriores, presidente del Real Instituto de Estudios Europeos de la Universidad CEU San Pablo y presidente de NEOS, Jaime Mayor Oreja, además de una decena de catedráticos de la Facultad de Derecho, el decano, la vicedecana de profesorado o el vicedecano de estudiantes.
UNA AMNISTÍA INCOMPATIBLE CON LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES
A su juicio, «la proposición de ley de amnistía rompe el principio de igualdad, pues la conducta punible penalmente recibe un tratamiento diferenciado dependiendo del sujeto que la comete» y «la división de poderes que se haya en la base del Estado de Derecho porque desautoriza al Poder Judicial, que actuó conforme a Derecho y cumplió con su misión constitucional».
«Con esta ley, el poder legislativo se convierte además en poder constituyente, haciendo una interpretación torticera de la Constitución», advierten.
Además, avisan de que dicha propuesta «ignora» y pone «en peligro» los «valores y principios» recogidos en el artículo 1 de la Constitución Española, como la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político; y consideran que las alusiones a la supremacía de la democracia sobre las leyes «parten de una falacia y una tergiversación».
Por otra parte, aunque no ponen en duda «la legalidad de las reivindicaciones independentistas», recuerdan que lo que los tribunales han castigado son «los ilícitos penales, la desobediencia reiterada de órdenes de las autoridades o el incumplimiento de resoluciones judiciales».
Por ello, consideran que «sacrificar la convivencia democrática de todo un país por lograr el apoyo parlamentario de un grupo político liderado por un prófugo de la justicia y que se arroga la representación del pueblo catalán es una sinécdoque que abandona a una inmensa mayoría de catalanes».
