El escándalo del concurso público para licitar el servicio de abastecimiento y alcantarillado en San Javier (Murcia) se ha convertido en el principal foco de atención de la campaña electoral del municipio. Pleamar San Javier, la oposición del actual alcalde José Miguel Luengo, dio el plazo de cinco días para que recibir explicaciones desde el Consistorio. A horas de expirar este plazo, Pleamar no ha recibido ningún razonamiento ni palabra alguna desde el Ayuntamiento, según ha asegurado el líder de la formación Antonio Javier López-Alemán a preguntas de MERCA2.
La formación surgida del hartazgo de la política tradicional busca conocer qué ha ocurrido exactamente con los 247 millones de euros de la licitación entregada por el Ayuntamiento a FCC Aqualia durante los próximos 20 años. El concurso se realizó por Ingeagua, que invitó a la compañía controlada por el magnate mexicano Carlos Slim. La misma gestora del concurso público fue la encargada de valorar las ofertas y conceder la adjudicación, juez y parte del proceso, que algunas fuentes apuntan que se ha hecho a medida para la empresa.
La denuncia de Pleamar por San Javier se centra en las informaciones publicadas en varios medios de comunicación. Las mismas apuntan que la licitación ha estado bajo sospecha, con presuntas irregularidades cometidas por la consultoría externa Ingeagua, encargada de la redacción y valoración, así como la propia invitación a uno de sus clientes, como FCC Aqualia.
FCC AQUALIA, INVITADA Y ADJUDICADA DE 247 M€
En la apertura de los sobres, Ingeagua otorgó una puntuación técnica muy elevada, la máxima calificación en los criterios técnicos y una oferta económica que superó los límites máximos permitidos por el concurso. «Son acusaciones gravísimas que deben ser investigadas», ha afirmado el político murciano a este medio.
Asimismo, ha señalado que la Fiscalía debería actuar de oficio en esta adjudicación, más cuando el técnico del Ayuntamiento, vinculado en su día con FCC Aqualia, debe decidir si mantiene a la empresa en el concurso o bien la excluye.
Hemos presentado un escrito directamente al Ayuntamiento para conocer si todo se ha hecho con la correcta transparencia y por qué se ha perjudicado el buen nombre de San Javier y de sus funcionarios
«Le dimos un plazo de cinco días al alcalde para que diera las explicaciones ante las graves acusaciones», ha señalado. Sin embargo, no se ha producido comunicación alguna, pese al plazo del tiempo. Ni declaración pública ni tampoco privada, según ha sostenido la formación. En un escrito presentado en el Ayuntamiento, Pleamar pidió al alcalde las explicaciones oportunas sobre este caso que ha agitado la campaña electoral en el municipio.
El partido político señala directamente a Luengo Gallego y considera que si hay pruebas suficientes para iniciar pesquisas y una investigación. «Hablamos de una licitación de 247 millones de euros y un escándalo que hay indagar hasta el final, caiga quien caiga», ha sostenido.
UN PRESUNTO AMAÑO CON EL SILENCIO DEL AYUNTAMIENTO
«Había implicados en otros proyectos que favorecían a Aqualia. Asimismo, hemos presentado un escrito directamente al Ayuntamiento para conocer si todo se ha hecho con la correcta transparencia y por qué se ha perjudicado el buen nombre de San Javier y de sus funcionarios», ha aseverado. La formación política considera que podría haber «un presunto amaño o tráfico de influencias». «Somos el único partido que ha exigido explicaciones; los demás dan la callada por respuesta», ha criticado.
El propio Consistorio cambió las especificaciones del concurso, un paso atrás en un proceso que se ha llevado de la mano de un presunto juez y parte en el proceso. La consultora Ingeagua exigió la lectura telemática en el proyecto, una condición que allanó el terreno a FCC Aqualia para poder competir en condiciones más ventajosas en la licitación. De hecho, la solución pedida para la telelectura es exactamente la misma que ofrece la filial de la constructora con sede en Cataluña.
Los anteproyectos, además, fueron realizados por la propia Ingeagua, estableciendo las inversiones que deberían realizar las oferentes, unos requisitos de obligado cumplimiento para la gestión del agua potable. En este sentido, se pidieron casi 4 millones de euros para instalar la telelectura de los contadores de agua de San Javier. Para este pliego se pidió expresamente la solución del proveedor Arson Metering, aunque no se mostró en ningún momento el nombre en las condiciones, sí aparecían las marcas comerciales del mismo, con fotos incluidas.
INGEAGUA COBRÓ 18.000 € PARA PONER LA ALFOMBRA A SU CLIENTE
Algunos licitadores impugnaron el anteproyecto al exigir una solución tan particular y única en el mercado. Es decir, eran condiciones que impedían presentarse al aportar otras herramientas. Tan sólo FCC Aqualia había utilizado esta herramienta para la telelectura.
El Consistorio rectificó, pero mantuvo las especificaciones y marcas apuntadas en el anterior. Si bien, permitió el uso de otras competidoras.
El Ayuntamiento contrató a Ingeagua por un total de 18.029 euros para este concurso. A pesar del notable conflicto de interés, no tuvo miramiento a la hora de invitar a uno de sus propios clientes, que obtuvo una puntuación de 49 sobre 49 en los criterios técnicos subjetivos. La parte económica supera con creces el límite de oferta temeraria y un montante muy por encima del resto de compañías.
Por este motivo, la competencia de FCC Aqualia ha exigido la retirada de la empresa, una decisión que debe tomar ahora Juan Gabriel Lizán, vinculado con Aqualia e investigado por la justicia.
