Las VTC ya no tienen la buena relación que tenían con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Y es que tras varios años disfrutando de la famosa «ley Uber», ahora se acerca un nuevo «reglamento VTC» que bien puede complicar la vida de varias de estas empresas, pero que, sobre todo, apunta a que Uber será la principal afectada y puede que tenga que preocuparse más si es que las nuevas políticas del PP siguen en otras regiones la línea de la Comunidad de Madrid.
El nuevo reglamento parece inspirado precisamente en los errores de Uber como empresa de transporte en el Mad Cool de 2022. Es justamente el día que Ayuso usa como ejemplo para hablar de la necesidad de controlar precios en este tipo de aplicaciones, asegurando que la famosa tarifa dinámica genera «precios abusivos». Junto con esta media, el nivel mínimo de conocimiento del idioma español y las indemnizaciones por cancelar viajes han encendido las alarmas en todo el sector.
Tras varios años disfrutando de la famosa «ley Uber» ahora se acerca un nuevo «reglamento VTC»
Sumado a que la famosa y criticada «ley Uber» de la capital aplicó medidas para liberalizar el funcionamiento de los taxis, liberando sus horarios y permitiendo en casos puntuales que los precios se reduzcan hasta un 15%, la competencia puede ser más complicada que antes. Es cierto que ya hay momentos en los que un taxi cuesta menos que el precio cerrado de las plataformas de VTC, pero si además se les limita en otros factores, pueden pasar por una situación complicada.
Es cierto que algunas ya tienen tiempo preparándose para esta realidad. Cabify reaccionó de inmediato a la situación tras el Mad Cool aplicando un control de precios similar al que se adelanta se aplicará en la nueva ley y tiene filtros a través de Vecttor, la empresa del grupo que maneja las licencias de VTC, para que sus conductores tengan un mínimo de español. Son decisiones menores que se convierten en ventajas importantes con este nuevo reglamento, aunque ninguna plataforma es fanática de las nuevas limitaciones de Madrid.
Ahora el peligro para Uber es si otras comunidades gobernadas por los populares aplican medidas similares. Aunque es cierto que hasta ahora Madrid era la que les daba más libertades, y sigue dándoles mayor libertad de movimiento, no sería extraño ver que Andalucía o Galicia apliquen medidas similares en cuanto a control de precios o las exigencias del español.
De todos modos, el reglamento aún no ha sido aprobado, por lo que aún quedan esperanzas de que Uber pueda esquivar esa bala. Al mismo tiempo, en un momento en que seguramente pensaban que estarían disfrutando de su victoria en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), la empresa ha tenido que lidiar con varios flancos abiertos, y este choque con Ayuso seguramente no era un problema que tenían previsto.
UBER Y LAS DEMÁS PREOCUPADOS POR LOS LÍMITES EN LAS LICENCIAS DE AYUSO
Pero además de los límites de precios y el español, hay al menos un punto que puede afectar a Uber, Cabify y Vecttor de la misma forma: las limitaciones a la hora de otorgar licencias tanto de VTC como de taxi.
Según el nuevo reglamento, será necesario que los titulares de las licencias tengan nacionalidad española «o la de algún otro Estado miembro de la Unión Europea», lo que ya complica que algunos perfiles de inmigrantes puedan apostar por estas opciones para trabajar, aunque en ocasiones sean las únicas. Pero más allá de eso, obligará a los propietarios de varias licencias a tener «al menos» un conductor por cada una de las licencias que tienen disponibles. Esto es justo lo contrario a lo que se pedía hace unos meses desde el sector.
A esto se debe sumar que en muchos casos los conductores de cualquiera de estas aplicaciones, o los de los taxis, no son dueños de las licencias, sino que salen de empresas como Auro o Vecttor. Por tanto, pueden verse obligados a enfrentar un paradigma nuevo a la hora de plantearse su funcionamiento, aunque el reglamento no entra a mínimos de pago para los conductores.
LAS ETIQUETAS ECOLÓGICAS: UN PUNTO A FAVOR
En lo que sí tienen una ventaja tanto Uber como las demás empresas afectadas es el estar dando los pasos necesarios para operar de forma sostenible en los próximos años. Aunque el reglamento en efecto les permite un salvoconducto hasta 2026 para los vehículos que ya se encuentran en circulación, siempre y cuando su etiqueta sea la C o superior, ya estas empresas están dando los pasos para electrificar su flota.
Tanto Uber como Cabify están trabajando desde hace tiempo en proyectos para llegar a las cero emisiones, con el de la empresa transnacional recibiendo incluso el apoyo de Ayuso. Es, al menos, un punto en el que tienen la tarea adelantada.
