José Luis Escrivá, ministro de la Seguridad Social, trata de parchear la polémica reforma de las pensiones, que encarece las cotizaciones sociales de las empresas en cinco puntos, mientras reduce las pensiones máximas y dispara las mínimas. Todo ello, a poco menos de dos años de las masivas jubilaciones del baby boom -los nacidos en 1960-. El gasto de la Seguridad Social se ha disparado, hasta alcanzar el 11,7% del PIB, unos 12.000 millones de euros mensuales, un montante que se come prácticamente el 65% de la recaudación de la Agencia Tributaria.
Estos nuevos jubilados han cotizado durante años y sus salarios son de los mas elevados. Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez con la reforma de las pensiones les imputará un severo castigo para quienes alcancen la máxima pensión. De hecho, el Ministerio de la Seguridad Social no las tiene todas consigo cuando trata de favorecer un retraso de la edad para la jubilación con incentivos como pagos en efectivo y un aumento de la pensión.
Escrivá busca alargar la edad de jubilación para la mayor generación, eso sí, aportando de las arcas públicas un extra sustancial
Todo ello, tras asegurar que el pago de las pensiones está garantizado y quienes critican el sistema de las pensiones llevan 20 años errando el tiro. Según el nuevo parche anunciado por Escrivá, quienes decidan retirarse más tarde podrían cobrar un máximo de 12.000 euros por año o bien optar por un aumento de entre el 4% en la cuantía de la pensión por año adicional.
ESCRIVÁ PAGA EN EFECTIVO EL RETRASO DE LA JUBILACIÓN DEL BABY BOOM
El anuncio de Escrivá también contempla un pago mixto, entre el cheque en efectivo con una cuantía máxima de 6.000 euros anuales y un incremento del 2% de la pensión. Para ello, habrá un requisito esencial: retrasar la jubilación un mínimo de dos años, es decir, hasta los 67 años como mínimo. Cabe destacar que este 2023 entra en vigor la nueva normativa para acceder a la jubilación.
Aquellos que hayan cotizado más de 37 años y nueve meses podrán retirarse a los 65 años, mientras a partir de 2027 será necesario jubilarse con 38 años y medio para poder acceder a la pensión. En este sentido, Escrivá busca alargar la edad de jubilación para la mayor generación, eso sí, aportando de las arcas públicas un extra sustancial. En este sentido, cabe señalar que la jubilación a partir de 2027 será a partir de los 67 años, en caso de hacerlo antes hay sanciones y penalizaciones.
En este nuevo retoque de la reforma de las pensiones se establece un incentivo de hasta 60.000 euros para quienes trabajen hasta los 70 años. Mientras los que trabajen a partir de esa edad percibirán un 4% extra en la pensión por cada año. De esta forma, los jubilados con las pensiones máximas podrían recibir un nuevo plus por año cotizado, pese a que muchos de ellos perciben una nómina inferior a lo que les correspondería al superar con creces los límites.
ESCRIVÁ MODIFICA EL ACCESO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
En el caso de las pensiones mínimas, este nuevo empuje será un buen complemento, pero a costa de continuar en el mercado laboral. De hecho, las solicitudes de trabajadores que han pedido a la Seguridad Social retrasar su retiro se han disparado, si bien se trata de una demora de entre uno y dos años. Tan sólo el 25% de éstos alarga su vida laboral más de tres años.
Al calor de estos cambios, Escrivá ha relajado las condiciones de acceso a la pensión para las personas discapacidad superior al 45%. Para ellos, el Gobierno permitirá la jubilación para este colectivo a partir de los 56 años con tan sólo cinco años de cotización a partir del momento en el que fue reconocida la discapacidad. El colectivo podrá agregar diferentes dolencias para alcanzar el 45%, mientras que se ha reducido el procedimiento para incluir esas nuevas enfermedades en el registro para acceder a la jubilación anticipada. Los futuros prejubilados tan sólo deberán mostrar un informe médico que acredite que el trabajador ha padecido las patologías contempladas, donde se deberá dejar constancia del inicio de las mismas.
Todas estas medidas del Gobierno conllevan un sobrecoste para las empresas y autónomos. Las primeras verán incrementadas las cotizaciones sociales en un 5%, una situación que podría derivar en la destrucción de empleos. Según el Instituto de Estudios de Empresarios, el impacto de estas subidas podría conllevar la pérdida de un máximo de 190.000 empleos.
EL AUTÓNOMO, PRESIONADO POR LA SEGURIDAD SOCIAL Y LAS SUBCONTRATAS
Asimismo, otro de los colectivos más afectados por estas reformas es de los autónomos. Las condiciones impuestas ahora por Escrivá dispararán las cuotas de los autónomos al tener que tributar por los ingresos reales, sin tener en cuenta los gastos propios de la actividad económica.
En este sentido, no sólo tendrán que abonar más a las arcas públicas, sino que se ven golpeados por la inflación y las subidas de precios. Recientemente, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha cifrado en más de 300.000 trabajadores por cuenta propia en situación precaria. Según los cálculos, la situación laboral de estos trabajadores es nefasta, al facturar de media unos seis euros por hora, como los profesionales de tasación hipotecaria, duramente castigados por la falta de oferta en el mercado; o los médicos, que obtienen unos 16 euros por paciente atendido.
Según UPTA, la mayoría de estos autónomos están bajo un régimen de explotación por parte de los bufetes de abogados, despachos de arquitectura o tasadores inmobiliarios, entre otros. La mayoría de empresas subcontratan los servicios y los pagos se realizan bajo contratos por obra y servicios, un negocio en auge en varias plataformas tecnológicas.
Todos ellos exigen pagar lo mínimo posible para evitar perder márgenes en el contrato, mientras los autónomos aceptan las condiciones para poder facturar a fin de mes y obtener el ingreso, que no llega casi nunca a los 30 días, sino después.
