El Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado la disposición de más de 13.500 viviendas de la Sareb, el denominado ‘banco malo’, en Cataluña, de las que sólo 3.500 están disponibles para el alquiler social, el 25% del total en la comunidad autónoma. La cifra supera con creces las expectativas de la Generalitat, que había calculado hasta 1.000 viviendas para destinarlas al alquiler social. El Ejecutivo, por su parte, tan sólo apuntó a un total de 200 pisos disponibles, un número muy inferior al que se ha dado a conocer recientemente.
El Ejecutivo de Pere Aragonès ha tratado de negociar con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) para obtener un mayor control del parque público de viviendas en Cataluña. Sin embargo, el denominado banco malo no se allana a las primeras de cambio.
Cabe señalar que esta entidad, creada para almacenar el stock inmobiliario de la burbuja de 2008, no permite visitar los inmuebles, tampoco advierte de si necesita reforma o si tiene un ‘okupa’. La propia Sareb no sólo se desmiente, sino que supera con creces las mil viviendas estimadas por el Govern. En total, ha aflorado más de 3.539 pisos para uso social, cuando los anteriores cálculos del Gobierno apuntaban a tan sólo 200.
SAREB TIENE 13.500 VIVIENDAS EN CATALUÑA, PERO SÓLO AFLORAN 3.539 PISOS
El reparto, según el mapa de la Sareb, hay casi 7.000 viviendas en la provincia de Barcelona; otras más de 3.000 en Tarragona y más de 1.700 en Girona y Lleida. Sin embargo, apenas se cuentan viviendas en las capitales de provincia, con una ratio de apenas 47 viviendas por cada 100.000 habitantes en Barcelona. Hay que irse al extrarradio o el Área Metropolitana para encontrar el grueso de la bolsa de viviendas. En concreto, a L’Hospitalet, Badalona y Santa Coloma, zonas con una mayor inseguridad que la Ciudad Condal.
En Girona, por ejemplo, apenas existen dos viviendas, mientras que abundan en zonas más inseguras, como Caldes de Malavella, una población con apenas 7.500 habitantes y con graves problemas de ‘okupas’. Cabe señalar que el alcalde de este municipio echó a unos ‘okupas’ de una propiedad con un hacha en la mano.
Este stock de viviendas se formó tras el estallido de la burbuja inmobiliaria de 2008. Las cajas de ahorro rescatadas depositaron sus activos tóxicos bajo el paraguas de la Sareb, que fue fundada en 2012. Por una lado, estas entidades financieras se desprendían de suelos y viviendas, muchas de ellas sin terminar, en zonas aisladas y con una deuda alta. Son los activos tóxicos que no ha querido nadie en once años y que ahora se ponen a disposición de ‘okupas’ y familias sin recursos.
¿QUIÉN SE HACE CARGO DE LA REFORMA DE LAS VIVIENDAS DE LA SAREB?
De hecho, en estos últimos once años, la Sareb mantenía hasta ayer numerosos anuncios en diversas inmobiliarias, ofertas que han sido desactivadas con este anuncio de Pedro Sánchez. Esta medida, por otro lado, sólo tiene una lectura electoralista y es que los problemas de la vivienda no son de ahora, ni mucho menos, pero sí se han agravado en el último año y medio, con las subidas de los tipos de interés.
Según las últimas cifras, las familias sin acceso a la hipoteca se han disparado, mientras crecen con fuerza el número de consumidores vulnerables. Sólo Endesa ha señalado un incremento de 130.000 personas acogidas al bono social, hasta tener el medio millón desde 2020. Pero el Gobierno se ha movido apenas a un mes de las elecciones municipales, que se disputarán a finales de este próximo mes de mayo.
Con este escenario, las viviendas que destinará la Sareb en Cataluña tienen graves problemas a la hora de tener acceso a suministros, como electricidad y agua; están ‘okupadas’ por familias y personas que han abonado una cantidad a mafias para poder disponer libremente del inmueble, a un precio medio de entre 3.000 y 4.000 euros.
ACUERDOS EN ZONAS TENSIONADAS, PERO VIVIENDAS AISLADAS
Algunas de estas viviendas ‘okupadas’ fueron destinadas el pasado año para fines sociales, es decir, alquilarlas legalmente a los propios inquilinos ilegales. «Están legalizando la ocupación», ha asegurado una fuente del sector inmobiliario a MERCA2. Esta legitimación podría dar lugar a situaciones escandalosas. «Hay muchos esperando una vivienda social y los ‘okupas’ tienen preferencia, pese a carecer incluso de empadronamiento», han sostenido.
Las propias cifras de la Sareb muestran un pobre bagaje. En Girona, pese a aflorar más de 1.700 inmuebles, tan sólo tiene firmados acuerdos con cuatro Ayuntamientos para tener un parque público de vivienda social. Así, en plena Costa Brava, en Sant Feliú de Guíxols, hay tan sólo once inmuebles a disposición del Ayuntamiento, otros 10 en Blanes y seis en Llagostera y Sant Joan Les Fons, respectivamente. En Lleida, el acuerdo con el Ayuntamiento es de 60 viviendas.
El grueso de acuerdos, con más de 200 inmuebles en la Ciudad Condal, se produce en las poblaciones de Barcelona y su área metropolitana. Todos estos municipios «están tensionados», según los registros de la propia Generalitat, por lo que no solucionan el problema de fondo; y la salida al mercado de estas viviendas, no son otra cosa que «un mero parche», apuntan las fuentes del mercado consultadas.
¿PAGARÁ UN OKUPA UN ALQUILER SOCIAL?
La mayoría de las viviendas se ubican en zonas muy poco demandadas, alejadas de núcleos urbanos grandes y en Cataluña si de algo no se puede presumir es del transporte público, y más en las zonas de interior, donde se carece de tren y el autobús tiene un horario muy poco flexible. Asimismo, son pisos en los que no se pueden entrar inmediatamente.
Son grandes las dudas que asoman ahora. ¿Pagará un ‘okupa’ por vivir en la que considera su propiedad? ¿Quién asume el coste de la reforma, la propia Sareb? ¿La Generalitat? ¿El municipio de turno? Está claro que el inquilino no podrá negociar condiciones, pero la ley de vivienda de Cataluña exige un inmueble en condiciones a la hora de alquilarlo.
Asimismo, echar a un ‘okupa’ no es tan fácil. La débil mano de la administración ha permitido crear una red de mafias que actúan en grandes y pequeñas zonas urbanas. Esta situación ha derivado en un mercado negro de viviendas con inquilinos indeseables, donde se subcontratan los alquileres al mejor postor.
