La gigafactoría de baterías de Volkswagen en Sagunto costó casi 64 millones de euros al grupo alemán, «un importe muy inferior al valor de los terrenos», según han asegurado fuentes conocedoras de la operación a MERCA2. Para la transacción, el Gobierno y la Generalitat Valenciana, presidida por Ximo Puig, crearon Espais Econòmics Empresarials (EEE), que después pagó precios muy inferiores por los terrenos expropiados a centenares de agricultores de la zona.
La Administración sigue considerando la cantidad excesivamente elevada y, en lugar de concluir la negociación, enfanga el conflicto por la vía judicial
Por un lado, el Gobierno valenciano y el central ofrecieron los terrenos a Volkswagen por 48,9 euros el metro cuadrado, unos 63,66 millones de euros por los 1,3 millones de metros cuadrados; mientras ofreció apenas entre 10 y 15 euros por metro cuadrado a los expropiados. Esta diferencia abismal entre la venta y la compra ha soliviantado los ánimos entre los propietarios de los terrenos expropiados.
Ante esta situación, los perjudicados exigieron que la propia Generalitat abonara un justiprecio calculado por el jurado provincial de expropiación, compuesto por un magistrado, un abogado del Estado, un notario, un interventor de Hacienda, un ingeniero agrónomo e incluso un técnico de la Conselleria de Política Territorial, y dependiente de la propia Administración valenciana. El Ejecutivo de Ximo Puig se negó a aceptar el nuevo precio.
LA GENERALITAT HA REBAJADO EL PRECIO DEL SUELO EN PARC SAGUNT
Para explotar los enormes polígonos industriales Parc Sagunt I y Parc Sagunt II, la Generalitat había pagado unos 40 euros por metro cuadrado en el primer caso y unos 20 euros para el segundo. No obstante, los cálculos de la Generalitat se redujeron drásticamente en la última ampliación, donde se asentaría la planta de Volkswagen, por los cuales ha ofrecido estas cantidades irrisorias, mientras las ha triplicado para el grupo alemán.
Aún así, el precio pagado por Volkswagen es muy inferior al que tuvieron que abonar otras empresas asentadas. «Fue una alfombra roja», han señalado las mismas fuentes. Según otras fuentes, algunas de las empresas instaladas en esas ubicaciones llegaron a abonar el doble que los alemanes.
Los precios ofrecidos en la última ampliación de Parc Sagunto II ha levantado una fuerte protesta por parte de los afectados, que han iniciado una serie de movilizaciones en la zona para denunciar el agravio de la Generalitat. Para alargar el proceso, el Gobierno de la capital del Turia ha llevado las expropiaciones a los tribunales, retrasando así tanto el pago de las indemnizaciones, como un coste de oportunidad para los propios expropiados, al no poder reinvertir el pago por sus tierras en un momento en el que el suelo se está revalorizando ante su escasez.
Los expropiados entienden que la estrategia de la Generalitat les perjudica gravemente al no aceptar el justiprecio, pese a ser estipulado por un órgano oficial de la propia Administración, que goza de los «principios de legalidad, veracidad y acierto», según han asegurado. Según los afectados, la maniobra de dirigir el justiprecio a los tribunales supondrá al menos tres años de juicios, junto con los gastos propios de abogados y procuradores, y con la incertidumbre de si los precios no sólo no subirán sino que podrían bajar, tal y como pide la Generalitat.
LA GENERALITAT LICITA 700.000 € CONTRA LOS EXPROPIADOS
«La Administración sigue considerando la cantidad excesivamente elevada y, en lugar de concluir la negociación, enfanga el conflicto por la vía judicial», han afirmado. Tal es la polémica, que la Generalitat ha tomado una decisión por situaciones tan surrealistas como interponer una demanda a un pequeño propietario para evitar pagar 1.073 euros de diferencia entre la cantidad ofrecida por el Gobierno autonómico y la establecida por el jurado provincial de expropiación. La cuantía en este litigio superará con creces al montante reclamado.
En concreto, la empresa conjunta entre el Gobierno y la Administración valenciana han licitado hasta 700.000 euros para contratar los servicios de asesoramiento y abogados ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia. En este sentido, ha adjudicado 95.000 euros para la contratación de procuradores para iniciar esta contienda judicial, con el despacho de María del Mar de Villa.
Los gastos del litigio podrían incrementarse si Espais Econòmics Empresarials contratara peritos y otros expertos para justificar ante el juez los precios propuestos para las expropiaciones. No obstante, los expropiados podrían tener sus opciones, a tenor de los precios anteriormente pagados, y la Generalitat se juega también ser condenada en costas, abonando los gastos de las defensas más los intereses de demora oficialmente estipulados y que se han disparado con los incrementos de las tasas oficiales. Este último montante podría alcanzar el 10% de la cantidad total del litigio.
LA GENERALITAT RINDE PLEITESIA A VOLKSWAGEN
«Es kafkiano y ridículo el teatro que está montando la Administración al recurrir contra la valoración del jurado de expropiación, con amplia presencia de la Administración, y al ofrecer a los expropiados que los defienda la abogacía del Estado si deciden no personarse, que naturalmente pagará con dinero del Estado para enfrentarse a la misma Administración», han criticado los afectados, quienes tachan de «beligerante» la actitud de la Generalitat hacía ellos. Un trato que contrasta con la «pleitesía» de la Administración hacia Volkswagen.
La Generalitat rebajó el precio a la multinacional alemana para atraer la inversión e instalar la gigafactoría de Sagunto, un operación que se materializará de cara a 2025, cuando el grupo sólo fabricará en Europa vehículos eléctricos.
Para evitar correr el riesgo a la inversión millonaria de Volkswagen, la Generalitat se apresuró a vender los terrenos a la firma alemana por «la mitad» de lo cobrado a otras empresas. «Se lo regaló», afirman las fuentes consultadas. Así, antes de que se confirme un justiprecio a pagar a los propietarios, el gobierno autonómico se ha quitado un problema de encima, pero a costa de perjudicar a unos agricultores cuya única culpa fue tener el terreno en esta ubicación.
LA CARA B DE LA ALFOMBRA ROJA A VOLKSWAGEN
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Los expropiados, junto con la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) y La Unió Llauradora, han iniciado las protestas por la «ignominia en el trato de las administraciones hacia los agricultores» y para denunciar que «si no se alcanza una solución urgente, las movilizaciones continuarán de cara a la campaña electoral».
Un día antes del acto de colocación de la primera piedra de Volkswagen presidido por el rey Felipe VI, los expropiados pretendían quemar una falla reivindicativa pero, al no autorizarles dicha ‘cremà’’’, han prendido fuego a una caja con carteles de manera simbólica y han decidido donar el ninot a la Comisión Picaio de Puçol que se había quedado sin terminar todo el monumento por incumplimiento del artista.
Bajo el lema «Sí a Volkswagen, pero no a costa del bolsillo de los agricultores», AVA-ASAJA y La Unió han solicitado a la Generalitat Valenciana y el Gobierno central que retiren las demandas interpuestas por la vía Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia y acepten pagar el justiprecio marcado por el jurado provincial de expropiación a los propietarios.
